07-01-2021 | Entrevista – ANEP en el programa Horizontes: Jonathan Flores; Directivo Nacional de ANEP: Inacción y falta de interés por defender el recorte del presupuesto de Migración: «ANEP pide destitución de la Directora de Migración y Extranjería»
Categoría: Institucional
7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI
– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público
7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.
Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.
Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.
7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.
Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.
Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.
Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.
Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.
Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!
San José, miércoles 06 de enero de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Jerarca despide a trabajadores del INTA-MAG pese a fuero sindical
El Director Ejecutivo del INTA-MAG, José Arturo Solórzano, despidió a dos trabajadores del instituto, pese a tener fuero sindical, el pasado 31 de diciembre.
Se trata de Juan Díaz Díaz, vicepresidente de la Seccional INTA-MAG y Alejandra Ángulo González, afiliada a nuestra organización sindical.
En el caso del vicepresidente, es la tercera vez que lo despiden en una fecha similar y para la ANEP dicha acción se interpreta como persecución sindical. Por otra parte, aunque la administración justifica los despidos por la falta de presupuesto, el jercarca de la institución continúa realizando contrataciones.
Es importante destacar que los trabajadores se presentaron a la ANEP para ser representados por la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de acudir a la vía judicial y hacer valer sus derechos.
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Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida
– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.
En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.
El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.
ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.
ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.
Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.
Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.
San José, jueves 10 de diciembre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
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Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería dejaría en jaque las deportaciones y diversas funciones administrativas
Las Seccionales ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y ANEP-Administrativa, denuncia ante la opinión pública qué el rebajo del Presupuesto Ordinario asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para el ejercicio 2021, aprobado por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, afecta al 100% los recursos como viáticos en el interior y exterior del país, impresión de material para información de usuarios sobre trámites y prevención de delitos, así como el seguimiento a proyectos administrativos de la institución.
Lo señalado anteriormente, no permite que la labor que se realiza sea efectiva, pues afecta a nivel operativo a la Policía Profesional de Migración y a los usuarios, ya que limita la labor policial y aumenta el desconocimiento de los alcances, reglamentos y leyes costarricenses; situación que vendría afectar la buena aplicación de las mismas, ya que afecta en gran parte las deportaciones de las personas extranjeras.
La DGME, también debe velar por la seguridad nacional, y en los últimos días ha circulado una noticia en medios de comunicación ante la encuesta sobre la percepción de la seguridad en Costa Rica durante el año 2019, realizada por el Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (PMCSI) del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), de la cual se obtuvo que un 69% de la población nacional se siente en un país inseguro, por lo que esto es una razón más por la cual apelamos a no realizar un recorte presupuestario de tal magnitud.
Es de conocimiento, la necesidad de hacer recortes económicos por el bienestar del país; sin embargo, en el caso migratorio, se estaría también generando un problema a nivel de seguridad, por lo que sería un doble daño al país. Recortar el contenido presupuestario del Ministerio de Gobernación es afectar de forma directa a una de las instituciones de que ha cobrado en la contención de las fronteras, la cual ha tomado mayor relevancia durante la emergencia sanitaria por el COVID -19 en nuestro país.
La DGME cuenta con proyectos a nivel nacional que se verían afectados, cómo la administración de las Estaciones Migratorias del Bicentenario y la atención a poblaciones vulnerables a través de Migramóviles (visitas a las comunidades), Mantenimiento Preventivos y Correctivos de los equipos tecnológicos, Mantenimientos de edificios, solicitudes de refugio en fronteras según el estado de vulnerabilidad, apoyo administrativo y logístico en operativos policiales, atención medica de los funcionarios destacados en las regionales.
Ante este escenario las seccionales de la ANEP en la PPME y Administrativa apelamos a una revaloración de las medidas, ya que todos debemos trabajar por el bienestar de Costa Rica.
Gerardo Mora Ordóñez
Presidente de la Seccional ANEP-PPME
Directivo Nacional de ANEP.
Paolo Cascante Marín
Presidente de la Seccional ANEP ADMINISTRATIVA
ANEP rechaza, de manera contundente, proyecto de Empleo Público
De manera contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, con toda contundencia, el Expediente Legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, a punto de dictaminarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Esta decisión, unánime y firme, de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización, se adoptó en su sesión No. 2217, de este viernes 30 de octubre de 2020.
Luego de un profundo análisis de dicho proyecto de ley, en sus distintas versiones, todas surgidas de la más irresponsable improvisación gubernamental, los defectos y las aberraciones de naturaleza político-jurídica contenidas en ese proyecto, provocan el más fuerte rechazo de la ANEP, así como de todo el mundo obrero y gremial de la clase trabajadora asalariada del sector Público.
El Expediente Legislativo 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público constituye una “colección” de violaciones al orden constitucional todavía vigente en el país, surgido en 1949; atropella compromisos-país, mediando las correspondientes legislaciones, contraídos con el orden jurídico-legal global: tanto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de los sistemas continental y mundial en materia de Derechos Humanos (DD.HH.); los correspondientes al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tutela la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, la creación de una mega-ministerio, una súper-cartera ministerial, por encima de la división constitucional de poderes, convertiría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en una entidad de verticalista corte autoritario, al mejor estilo de estados totalitarios que sumieron a sus respectivos pueblos en vivencias de inenarrable dolor y sufrimiento. Esta circunstancia, quizás la más aberrante de este nefasto proyecto de ley, le desnuda en cuanto su carácter profundamente antidemocrático.
La desaparición, prácticamente explícita, del concepto filosófico-político que animó la estipulación constitucional de Servicio Civil, lleva a la Dirección General de Servicio Civil a un estadio peor que el que presenta en la actualidad: del control de la Casa Presidencial pasa a “departamentalizarse” dentro del ente totalitario del Mideplan. El retroceso aquí es inaceptable para las conciencias democráticas de verdad.
El confuso e incomprensible sistema de evaluación de desempeño que propone este proyecto 21.336, convierte a la persona trabajadora empleada pública, en “esclava” de la jefatura intermedia, dado que dos evaluaciones consecutivas negativas, inferiores al 70 % produce el despido, ipso facto, sin indemnización alguna.
Decimos “esclava” por cuanto la negativa de concesión de favores sexuales, la diferencia de color partidario, los celos subjetivos por capacidades, malas relaciones interpersonales no canalizadas y más bien acumuladas, rencillas, militancia sindical, etc.; pueden convertirse en factores de peso al momento de la evaluación anual, sin que los derechos a la debida defensa y al debido proceso, sean considerados de peso como para imponer la máxima objetividad posible en el proceso evaluativo. Prácticamente, será la indefensión, la característica fundamental en tal sentido.
Las consideraciones críticas presentadas por la ANEP ante la indicada comisión legislativa, jamás fueron tomadas en cuenta. Pese a ser elaboradas por prestigiosos profesionales en el Derecho Laboral, de sólida formación y experiencia más que sobrada, nos sentimos burlados en cuanto al magno esfuerzo que realizamos para demostrar la perversidad antijurídica y anticonstitucional de ese proyecto 21.336.
Es por ello que pensamos que el sensible tema del empleo público debe discutirse en un foro “descontaminado” de los prejuicios ideológico-políticos y mediáticos que han vulnerabilizado las posibilidades de una discusión objetiva y transparente. Además, es más que notorio cuál es el clima sociopolítico reinante en el país y la naturaleza ultra-sensible de la paz social en estos momentos. Ese proyecto 21.336. solamente significa más gasolina en el fuego ardiente de la disconformidad social, prácticamente, generalizada.
El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), ofrece la posibilidad de que una discusión sana se dé en materia de empleo público. ANEP aspira a que así sea.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
San José, viernes 30 de octubre de 2020.
Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería suspendería operativos, deportaciones y servicios que brinda la institución
– La institución entraría prácticamente a un cierre técnico
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) envió una carta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, solicitando no realizar recortes al presupuesto 2021 destinado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ya que esto significaría un cierre técnico de la institución, afectando directamente los servicios que ofrece dentro y fuera del país, así como el trabajo operativo que realiza la Policía Profesional de Migración en todo el territorio nacional.
Incluso, la discusión del recorte presupuestario llega en el momento que también se discute el Expediente Legislativo No.20.323 Reforma del artículo 11 de la ley No. 9428 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, del 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de Policía Profesional de Migración.
Los recortes al presupuesto 2021 a la Dirección General de Migración y Extranjería, afectara de forma negativa la imagen de la institución y la del país, al no disponer de los recursos requeridos para brindar los servicios que por Ley y competencias le corresponde; lo anterior, sin obviar las consecuencias legales que se podrían presentar.
Servicios que se suspenderían:
• Envío de equipo a los consulados en todo el mundo para a emisión de pasaportes y atención a los costarricenses que radican fuera del país.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar deportaciones, con la afectación en viáticos y transporte al exterior, según el rebajo que plantean, la PPM se vería en la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 18 inciso 4 de la Ley N° 8764, el cual reza: ‘Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras, cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente Ley’, ello por cuanto a través del proyecto supra se financian las subpartidas de viáticos y transporte al exterior.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar operativos y apoyo en diferentes puestos a lo largo y ancho del país, con la afectación en viáticos y transporte dentro del país.
• El servicio en Aeropuertos se vería perjudicado ya que los viáticos no alcanzarían para desplazar Policías a reforzar, cómo lo hemos dicho el Cuerpo Policial de la Policía Profesional es pequeño hay un gran faltante de personal para la gran operación que se tiene que desplegar de frontera a frontera
• El servicio podría ser lento y nuevamente se verían esas largas filas en los puestos de Control Migratorio.
• No se dotaría a los oficiales de la PPM del equipo e insumos necesarios e indispensables para la ejecución de sus funciones, tales como: chalecos antibalas, armas, uniformes, entre otros. Debido a la peligrosidad a la que se encuentran expuestos los oficiales durante sus labores operativas, y de no contar con este tipo de equipo, prácticamente se estaría limitando el accionar policial, lo cual incurriría incluso en un debilitamiento de la seguridad nacional e incumplimientos de las competencias que por ley corresponden.
• Algunas Oficinas Regionales se podrían cerrar porque la administración no podría pagar alquileres, en los últimos años el presupuesto ha disminuido y no se ha podido realizar construcción de oficinas o edificios propios de la institución.
• La atención a las personas víctimas de trata y tráfico de personas no seguirían atendiendo de la misma forma y la Ley la 9095 nos obliga a cierta atención a estas personas.
• La atención en los Centros de Atención de Personas Migrantes podría llegar a cerrar.
En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta requiere de mayor cantidad de plazas policiales, para cumplir de forma más eficiente y oportuna, sus responsabilidades de control migratorio establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería (No. 8764).
En los años anteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha solicitado a la STAP, la creación de plazas policiales; sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias y directrices presidenciales, no ha sido posible la aprobación de mayor cantidad de plazas por parte del Ministerio de Hacienda. A la fecha se requieren 245 oficiales según oficio GRH-3760-08-2017 de fecha 22/08/2014 del Gestor de Recursos Humanos, Célimo Rodríguez Pagani
Otro de los señalamientos realizado por la seccional ANEP-PPME, son las dificultades que tienen para la capacitación en los cursos policiales a oficiales de nuevo ingreso; así como para la Carrera Policial a los que están de alta en la Policía Profesional de Migración.
ANEP solicita votar negativamente proyecto de Empleo Público por estar cargado de vicios de inconstitucionalidad y por no ser producto de un proceso participativo
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa formulando una exhortación pública a fin de que el Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, no reciba voto afirmativo según se tiene previsto dictaminar mañana martes 20 de octubre, en esa comisión parlamentaria.
La solicitud de la ANEP radica en que serios especialistas de las ciencias jurídicas, con énfasis en los campos del Derecho Laboral y del Derecho Constitucional, han estado advirtiendo que este proyecto está plagado de vicios de inconstitucionalidad, lo que augura que será la Sala Constitucionalidad, la entidad institucional que, en última instancia, determinará la suerte final de este proyecto.
“El proyecto original ha sufrido transformaciones en su caminar por el seno de esa comisión parlamentaria, de suerte que las tres versiones del mismo, han imposibilitado tener una idea lo más razonable y concreta de las pretensiones del Poder Ejecutivo con el impulso a esta iniciativa; destacando de nuestra parte que es la ocurrencia circunstancial-coyuntural la que ha venido determinando contenidos centrales del mismo. Media, en consecuencia, gran inseguridad jurídica con relación a su texto final, pronosticándose importantes señalamientos de violación a la carta magna de 1949.”, indica el documento enviado a la comisión.
Para la ANEP no puede dejarse impune, desde el punto de vista del señalamiento público y crítico, la circunstancia de que el Poder Ejecutivo pretenda la instauración de un mega-ministerio, una institución todopoderosa y centralista en materia de Empleo Público y todos los factores asociados al mismo.
“Este tipo de entidades “totales” han sido frecuentes en regímenes autoritario-dictatoriales de diferente signo ideológico, pero en todos los casos, han generado grandes sufrimientos a los pueblos que las han padecido. En tal sentido, el quebranto al espíritu central de la Constitución Política de 1949, la que aún rige la vida social en la Costa Rica actual, es de extrema gravedad si tal pretensión se impone”, indicó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Proyecto no fue consultado
Otro de los argumentos plasmados por la ANEP, es que no puede argumentarse que este proyecto cuente con el beneplácito, en todo o en parte, de las entidades sindicales y profesionales aglutinadoras de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.
“En el caso de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, esta situación es mucho más grave pues no fuimos consultados en forma directa, es decir, con participación activa en formato de audiencia; y, con relación al documento oficial que entregamos conteniendo nuestro análisis y las fundamentadas razones que oposición a este proyecto, no tenemos la más mínima idea de cómo fue tratado nuestro planteamiento”, detalló Vargas.
Para la organización sindical que aglutina a cientos de trabajadores del sector público, quedan muchos argumentos por puntualizar sobre el proyecto, los cuales no pudieron exponer ante la Comisión de Gobierno y Administración, junto al ejercicio reflexivo de los especialistas que colaboraron al respecto.
La situación sociopolítica del país es de alta tensión, como se ha podido constatar en los últimos días; multiplicándose los llamados al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de acuerdos en los distintos ámbitos en que estamos conflictuados y confrontados como costarricenses. El empleo público es uno de esos ámbitos. Bien ha hecho el diputado Pedro Muñoz Fonseca en formular un llamado a la sensatez y a la prudencia al respecto, llamado que compartimos”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.
Bajo estos argumentos, la ANEP plantea la necesidad de votar negativamente el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, someter la cuestión a un verdadero diálogo social con negociación efectiva, tal y como a gritos lo está reclamando la sociedad en muchísimos ámbitos de nuestra convivencia como nación, determinantes de la calidad de vida tanto para la generación actual como para las venideras.
San José, miércoles 14 de octubre de 2020.
