Ahora que ha quedado confirmado y de manera contundente de que los salarios que devengan las personas trabajadoras para el Estado no son los responsables del déficit fiscal, tal y como en nuestro propio caso lo estuvimos demostrando y afirmando durante los últimos treinta meses; ahora que se deja en evidencia que el principal “disparador” del gasto público es el pago de los intereses de la deuda pública del país, pues está implicando ya casi tres puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡al año!; pareciera emerger con potencia empezar a auscultar las verdaderas causas del déficit fiscal, detectar la realidad de los despilfarros de los fondos públicos y empezar a pedir cuentas exhibiendo a las personas y a las entidades responsables de esas ineficiencias y esas ineficacias que atentan contra la estabilidad financiero-económico del país.
En tal sentido y si el principal “disparador” del gasto público lo representa el pago de los intereses de la deuda pública nacional, uno de los ámbitos más necesarios para abordar el problema lo representa el tema de los créditos que el país pide prestado y el grave problema de la tardanza y de la lentitud en cuanto a la ejecución de cada uno de esos empréstitos, pese a que el pago de intereses y de comisiones no se detiene ni un minuto.
Al respecto y con datos proporcionados por el señor diputado don Mario Redondo Poveda, les compartimos los siguientes comentarios nuestros acompañados de algunas interrogantes.
Prácticamente, en estos momentos el país tiene por concepto de créditos en ejecución, unos tres mil millones de dólares ($3.000.000.000). Pasando esta cifra a colones con base en el tipo de cambio por estas fechas, tenemos C.1.650.000.000.000, un billón seiscientos cincuenta mil millones de colones. ¡5.5 puntos de Producto Interno Bruto PIB! (A razón de 300 mil millones de colones por cada punto porcentual de PIB).
Pero he aquí el gran problema: Por una serie de problemas de ejecución de esos dineros prestados solamente ha sido desembolsado al 30 de junio de 2016, el 37.14% de aquella gigantesca cantidad.
Apenas se está ejecutando $1.083.459.976 de dólares: mil ochenta y tres millones 459 mil 976 dólares. Redondeemos a mil 85 millones de dólares. En colones: 596.750.000.000: quinientos noventa y seis mil 750 millones de colones: Casi 2 puntos de PIB.
Veámoslo “al revés”. El país tiene, en estos momentos, sin desembolsar créditos por unos 3.5 puntos PIB, es decir, un billón 50 mil millones de colones: C.1.050.000.000.000.
Sin embargo, Costa Rica sigue pagando intereses y sigue pagando comisiones de compromiso por toda esa plata prestada, aunque no esté toda ejecutada.
Los datos que nos fueron proporcionados indican que, al terminar el primer semestre del año anterior, sumando ambos conceptos, se ha tenido que desembolsar 46 millones de dólares, unos 25 mil 300 millones de colones: C.25.300.000.000.
Dentro de todos esos créditos, resaltan tres que muestran esos graves problemas de ejecución, de ineficiencia, de ineficacia pero que obligan al país al pago de intereses y de comisiones.
UNO: Le prestaron a Costa Rica 132.4 millones de dólares para un programa de prevención de la violencia y a favor de la inclusión social, pero al empezar este año 2017, apenas se ha ejecutado un 38.9%. Por cierto, que desde la propia ANEP se han venido formulando muchos cuestionamientos públicos al respecto de este empréstito.
DOS: Le prestaron a Costa Rica 167.5 millones de dólares para infraestructura educativa (aprobado en 2014), pero solamente se ha ejecutado un ¡3.5%!
TRES: La prestaron al país 450 millones de dólares para infraestructura de transporte y solamente ha sido ejecutado un 3.6%, pese a las presas, los malos caminos, la “platina”, el colapso de vías y similares.
Hemos venido planteando la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda pública nacional. Sin duda alguna, el tema de los créditos adquiridos por el país, su lentísimo desembolso pese a que el pago de intereses y el pago de comisiones corre todos los días, sería de gran relevancia en una auscultación cívica para determinar las razones por las cuales esto está pasando.
Como se habrá notado, el país tiene un alto endeudamiento, el país está ahogado por el pago de intereses y de comisiones; pero, inversamente, no se materializan las obras proyectadas en el tiempo requerido, con la calidad deseada y con gran tardanza en la presentación de mejoras para la población y para el bien común.
¿Qué hay de fondo en todo ello? ¿Qué lo explica? ¿Cuáles son los cambios legales, reglamentarios, procedimentales…? ¿Hay corruptelas compartidas entre los agentes públicos y los del corporativismo privado para lucrar con estas tardanzas? ¿Habría que cambiar el sistema licitatorio y emitir una gran legislación para la construcción de obra e infraestructura pública, con carácter de emergencia y por única vez?
¿Habrá que reestructurar oficinas, despachos y hasta entidades cuyos mandos medios podrían estar involucrados en propiciar atrasos con el fin de acelerar procesos a cambio de mordidas, sobreprecios, comisiones por debajo de la mesa, favorecimiento empresarial…? ¿Hay despachos duplicados, planillas paralelas pagadas en dólares, consultorías a montón, personal profesional de la planilla estatal subutilizado, relegado?…
Liberados ya (al menos transitoriamente) de la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, la más infame, injusta e injuriosa en toda la historia del mismo; se abre espacio para la formulación de convenientes cuestionamientos bien intencionados de parte de quienes creemos en los postulados de un sindicalismo ciudadano que con vocación cívica ha de replantearse el rol del Estado para una sociedad realmente inclusiva, verdaderamente solidaria y con la corrupción reducida al mínimo.
Jaime Robert dice:
Comparto argumento sobre relevancia que sobre el déficit fiscal tiene el pago de intereses y de comisiones constante por créditos que el país pide prestado y subejecuta, así como la denuncia de los intereses que se ocultan tras la culpabilización del empleo público como principal responsable del déficit, pero me queda una duda respecto a ésto último: lo que me dejó del debate reciente sobre el empleo público por los diarios nacionales, es que la señora Contralora General de la República afirmó que el proyecto de empleo público no tenía efecto significativo alguno sobre el déficit fiscal, de lo que se colige que lo que anima a aquellos que se oponen a las reformas fiscales del gobierno hasta tanto no se apruebe este proyecto no es en lo sustantivo otra cosa que el interés por ocultar y desviar la atención pública respecto a sus voraces y egoístas intereses lucrativos; ahora bien que del hecho de que el proyecto de empleo público no tenga relevancia para el déficil fiscal no veo que se pueda concluir que ello significa que “ha quedado confirmado y de manera contundente que los salarios que devengan las personas trabajadoras para el Estado no” son disparadores importantes, aunque sí necesarios creo yo, del déficit fiscal, ¿hay acaso otra información complementaria para llegar a esa conclusión de que los salarios del sector público no inciden en el déficit fiscal?