San José, 1 de febrero de 2009.
S.G. 09-11-0370-10
¡URGENTE!
Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo
Honorables señoras y señores
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Sus despachos
Asunto: Privatización camuflada del servicio agua potable vía pozos propios para empresas privadas
Estimados señores y estimadas señoras:
Con el respeto de siempre, les hacemos llegar de nuestra parte atento saludo.
Con carácter de urgencia nos dirigimos a vuestras autoridades con la finalidad de que, con toda transparencia, con absoluta contundencia, con la más pronta celeridad y de cara a la opinión pública nacional; se nos informe de lo que consideramos una gravísima situación que, según informes ya en poder de la ANEP, representaría un seriesísimo atentado en contra de la institucionalidad de bien público que para la sociedad costarricense representa A y A; y, a la vez, lo que constituiría un atentado no menos grave para la salud de la población que depende del vital líquido que nos suministra esta entidad emblemática del sistema republicano de nuestro país.
Se nos ha indicado de que el pasado martes 19 de enero, en sesión de la Junta Directiva de A y A y a instancias de la Presidencia Ejecutiva de la institución, además de presuntamente atendiendo instrucciones políticas al más alto nivel (del Ministerio de la Presidencia, en concreto); se presentó iniciativa para una modificación del espacio físico-territorial correspondiente a la zona protectora de Puente de Mulas que abastece de agua, en gran medida, a la población habitante del área metropolitana.
Tal modificación tiene, según nuestra perspectiva, la perversa finalidad de que poderosas empresas privadas puedan construir sus propios pozos de abastecimiento de agua, con lo cual eliminarían el pago de tal servicio que hasta la fecha les provee A y A, estableciéndose así las primeras medidas de carácter estratégico hacia una privatización, en este caso camuflada, de A y A.
Entendemos que la primera empresa potencialmente beneficiaria de tal nefasta decisión, sería la transnacional INTEL, misma que dejaría de pagarle a la institución, la cantidad de 500 millones de colones al año, que es, más o menos, lo que la institución viene recibiendo de parte de tal firma por el servicio de agua que se le suministra desde A y A.
Según reportes en nuestro poder, INTEL tiene fuertes directrices corporativas de reducción sustancial de costos operativos en la región; y, específicamente, dejar de pagarle a A y A tal cantidad de dinero, iría en la dirección empresarial apuntada, pues el agua a emplear le saldría gratis luego de la decisión política-institucional adoptada en la fecha del 19 de enero anterior.
Dos gravísimas consecuencias tiene tal decisión lo que debemos compartir con la opinión pública, en cuanto a si ya se concretó ó está por hacerse realidad la misma.
Por un lado, constituye un gigante paso hacia la privatización de A y A, algo que jamás, bajo ninguna circunstancia, la sociedad debe permitir y para lo cual hay que desarrollar todas las formas de oposición posibles.
Por otro, representaría un acto criminal contra las economías familiares de la mayoría de la población costarricense pues los dineros dejados de percibirse, al permitir a las gigantescas empresas tener sus propios pozos de agua, se generará una sustancia reducción de ingresos que deberá ser sustituidos por una elevación sustancial de tarifas (más de los altos niveles que éstas están mostrando ya); lo cual, desafortunadamente, implicará que será la clase trabajadora asalariada y no asalariada, la principal sacrificada con este tipo de decisiones adoptadas y/por adoptarse, al parecer, sin pudor alguno y sin un debate nacional previo.
Por tanto y de la manera más respetuosa, les solicitamos lo siguiente:
1) Ser atendidos con suma urgencia para no solamente enfatizar en la gravedad de esta situación y abrir la institución a la más completa auscultación ciudadana sobre lo que se está discutiendo intramuros al respecto.
2) Anular, inmediatamente, cualquier acuerdo que en tal sentido abra la posibilidad de la privatización camuflada de A y A por esta perniciosa vía
3) Se nos proporcione el listado de grandes y medianos consorcios empresariales privados, tanto nacionales como extranjeros que, potencialmente, o que ya, tienen depositadas y/o definidas expectativas de proveerse de agua, potable y/o no potable, para sus actividades productivas, esperanzados en un suministro “propio”.
4) Todos los estudios que han mediado para que se haya tomado el acuerdo del 19 de enero en la indicada sesión de la Junta Directiva.
5) Abordar cualquier otra perspectiva informativa y/o de análisis que arroje del urgente intercambio de pareceres que con urgencia estamos solicitando por esta vía.
Invocamos para la respuesta a la presente el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Quedando en espera, reiterámosles nuestro respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
c.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
c.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
c.: Lic. Roberto Thompson Chacón, Viceministro de la Presidencia.
c.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.: Honorable Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
c.: Honorable Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).
c.: Empresa transnacional INTEL.
c.: Seccionales y delegados sindicales, ANEP-A y A.
c.: Población trabajadora del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).
c.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
c.: Grupo socioproductivo “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.
c.: Movimiento Sindical Costarricense.
c.: Movimiento ecologista y ambientalista costarricense.
c.: Organizaciones político-partidistas y sociocívicas nacionales.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.
