Categoría: Comunicados de Prensa

Posibles represalias en contra de la ANEP en el ICE ante su posición fuerte de denuncia

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– Hoy fue despedido un líder sindical de la ANEP en el ICE

Desde que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) realizó su incursión en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), hace ya algunos meses, se ha destacado por su estilo directo y serio de denuncias ante las irregularidades que llegan a nuestro conocimiento dentro de la institución, tanto en el sector de energía como en el de Telecomunicaciones, Proyectos y las empresas subsidiarias parte del Grupo ICE.

El mensaje de la ANEP ha tenido una gran recepción entre las y los trabajadores de los proyectos del ICE, debido a las malas condiciones de trabajo que se presentan en este sector de la institución, en donde nuestra organización ha adquirido un fuerte compromiso de lucha por la mejora de las condiciones laborales de esta población, que también es parte del ICE y en donde aspiramos a llegar incluso a negociar una convención colectiva en el futuro próximo.

En el marco de ese crecimiento que ha tenido la ANEP entre el personal de los proyectos del ICE, se dio el nacimiento de la Seccional ANEP Proyectos ICE, presidida por Sidney Ortiz Flores, organismo que desde hace unos meses viene creciendo y trabajando en la lucha por mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de los proyectos del ICE.

Hay que decir que el trabajo sindical en los proyectos es particularmente difícil pues los valientes compañeros que se sindicalizan y más aún quienes lideran la lucha por mejores condiciones para las y los trabajadores de este sector del ICE se enfrentan a una férrea resistencia antisindical que nace desde la Dirección de Gestión de Servicios No Regulados (DGSNR), ocupada por un personaje abiertamente antisindical como Daniel Mata Brenes.

El día de hoy se dio el despido Óscar Castillo Mora, secretario de Acción Social de la Seccional ANEP – Proyectos ICE. Su despido se habría dado por salir en defensa de un compañero de trabajo que estaba siendo maltratado por una jefatura, a quien Óscar Castillo  le dio acompañamiento y orientación, como es su deber como sindicalista.

La reacción por parte de la administración contra un dirigente de la ANEP se da justo en momentos en que nuestra organización ha realizado fuertes denuncias respecto a posibles irregularidades en algunos nombramientos de la Gerencia de Telecomunicaciones, por lo que consideramos que esta acción de despido en contra de nuestro afiliado y dirigente sindical, Óscar Castillo Mora podría ser un intento para tratar de acallar la voz disidente de la ANEP.

Despedir a un dirigente sindical por actuar en defensa de los derechos laborales es una acción gravísima que atenta contra la libertad sindical y contra la defensa de los Derechos Humanos pues, como hemos explicado ya en otras ocasiones, la lucha que llevan adelante los compañeros sindicalistas ha sido elevada a la categoría de defensa de los Derechos Humanos, dicho así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su opinión consultiva OC-27-21.

La ANEP, por supuesto, anuncia que saldrá en defensa inmediata del compañero Óscar Castillo Mora, utilizando todos los elementos que nos da la legalidad para combatir un despido que consideramos, a todas luces, es una práctica antisindical por parte de la administración de Proyectos del ICE.

Nuestro mensaje para las y los compañeros de proyectos del ICE es que continuamos fuertes, avanzando y creciendo en este sector de la institución y que nada podrá detener la justa lucha que la ANEP está levantando en defensa de los derechos laborales de los compañeros y compañeras de proyectos.

¡Pueden estar seguros de que la ANEP no dará ni un paso atrás en esta justa lucha!

Errores administrativos provocados por la jerarquía del SINART agudizan la crisis de la institución

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Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SIANRT, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:

Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.

El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.

El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.

Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.

Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.

Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.

Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.

Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SIANRT para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.

¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.

El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí  por su demostrada incapacidad para hacer del SIANRT la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SIANRT es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.

Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.

Ineficacia e irresponsabilidad del MSP en la compra de patrullas

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–MSP tiene 6.326 vehículos de uso terrestre, de los cuales solo 2147 están activos

– Para el año 2025, no se contemplaría ni un solo colón para compra de vehículos.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como un sindicato preocupado por la seguridad ciudadana, y como una institución que una y otra vez ha cuestionado, y hemos constatado, la improvisación de los actuales jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), denunciamos el debilitamiento sistemático de los cuerpos policiales, específicamente en la compra y mantenimiento de vehículos.

Según datos extraídos del oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-161-2024, actualmente el MSP cuenta con 6.326 vehículos de uso terrestre, de los cuales solo 2.147 están activos (un 34%), mientras que 4.179 vehículos, es decir un preocupante 66% de la flotilla está fuera de servicio, 2437 (39%) de estos de manera permanente y solo 99 vehículos se encuentran en reparación.

A pesar de estos datos y los cuestionamientos, el MSP, sigue sin adquirir nuevas unidades durante este 2024, situación que se extenderá un año más, Así queda plasmado en el oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-177-2024 en poder de la ANEP, en el cual se observa que, en el anteproyecto presupuestario, no se contempla ni un solo colón para compra de vehículos para el año 2025.

A estas situaciones se suma las compras agrupadas, según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública Nº9986, lo que ha venido a constituir un riesgo para la adquisición de equipamiento y recurso de los cuerpos policiales.

Sobre este último tema, desde la ANEP, se le consultó al Ministro de Seguridad Mario Zamora, si estaba al tanto y qué acciones se tomarían para mitigar o subsanar estos riesgos, pues la merma de equipo policial influye directamente en el servicio de seguridad ciudadana. Zamora respondió con el oficio MSP-DM-0588-2023, diciendo que “no existía riesgo alguno y que todo está bien”.

Otra de las situaciones que llaman la atención, es que en el año 2023 no se ejecutaron ₡600 millones del Instituto Costarricenses sobre Drogas (ICD), en Fuerza Pública, según oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SDGFP-B-2092-2024.  La Subdirectora General de Fuerza Pública, Yadelly Noguera Corea, indica que “todo ese dinero fue reasignado para reparación y mantenimiento de vehículos, y no para compra de vehículos”. Esto a pesar de que solo 99 vehículos se encuentran en reparación, según datos del propio MSP.  

En el mismo documento, esta jerarca indicó que ₡1.533 millones no podrán ser ejecutados por falta de procedimiento de contratación.

Esta situación ha generado decisiones como la de la Subdirectora General de FP, quien, en el oficio, MSP-DM-DVURFP-DGAF-SDGFP-B-2491-2024, asume la responsabilidad de mandar a reparar un vehículo (placa08-5132), que cuenta con un criterio técnico para no repararla. Poniendo en riesgo la seguridad de oficiales y ciudadanía.

Para la ANEP es preocupante observar la cantidad considerable de recursos destinados al servicio de seguridad ciudadana, que el MSP no está ejecutando. En momentos de crisis fiscal o bien con procesos mal ejecutados.

Procedimientos de compra fracasados, según datos de SICOP:

ProcedimientoActo FinalMotivo
2022LA-000023-0007100001 Adquisición & Canje Vehículos 2022. PCDInfructuosoEl punto 1.6.1.3.4 del cartel, no se ajustaba a la formalidad de certificación notarial. La contratación era por un estimado de ¢452.837.255. Se declara infructuosa por no presentar a una certificación notarial.
2023LE-000002-0007100001 Compra de vehículos. PCD_097InfructuosoLa contratación era por un estimado de ¢264.498.436 colones, para adquirir 9 vehículos, y se declara infructuosa por una nota al plazo de entrega; esto, a pesar de que se indica que el análisis legal y el análisis técnico indicaron que una de las ofertas presentadas cumplía.
2024LY-000004-0007100001  COMPRA INSTITUCIONAL DE VEHICULOS TIPO PICK UP, REPUESTOS Y MANTENIMIENTODeclarado Infructuoso por el MSP. Tiene dos recursos de revocatoria ante la CGRLa contratación era por un estimado de ¢31.858.397.858,53 Es declarado infructuoso por diferencias en precios (+ $15,14, +$319.74, y -$101,91) Es decir: $232.97
0062024000400011 SolicitudRechazadoOrden de la Viceministra Administrativa de Seguridad Pública, se desconocen justificaciones.
Fuente: SICOP

Del cuadro anterior, llama la atención los motivos que parecen ser fácilmente subsanables para no dejar perder todo un procedimiento y la complejidad que esto conlleva. Especialmente es cuestionable que un departamento político sin conocimientos técnicos, como es el despacho de la viceministra de Seguridad Pública mande la orden a Proveeduría de rechazar un procedimiento, sin ningún tipo de justificación.  Tal y como se constata en el oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-177-2024 en poder de la ANEP.

Si algo ha quedado claro, lamentablemente, en la Administración Chaves Robles, es la falta de claridad en lo referente a la seguridad ciudadana. La improvisación y las decisiones irresponsables, que incluso, desde la óptica de varias personas estudiosas en temas de seguridad, entre ellas el equipo de trabajo de ANEP, han tildado como más beneficiosas para la delincuencia y el crimen organizado, que, para la seguridad de la población costarricense, son la principal característica del MSP desde que el ministro Zamora tomó el mando.

Más allá del debilitamiento por la falta de aviones, de extraer a la PCD de los lugres donde se obtiene la información para detectar los movimientos de los carteles narcotraficantes internacionales, de la ausencia de verdaderas acciones preventivas, el equipo de trabajo de Mario Zamora incluso está fallando en los aspectos básicos de la articulación de este ministerio, que debería trabajar en pro de la seguridad ciudadana.

San José, martes 10 de setiembre de 2024.

Multitudinaria movilización pacífica por un “Pacto Nacional por la Educación Pública”

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Bajo el lema “Educación hoy, paz mañana”, miles de personas marcharon hacia la Plaza de la Democracia para exigir un Pacto Nacional que resuelva la peor crisis educativa de los últimos 40 años.

Este movimiento nacional lo integran más de 70 organizaciones sociales y productivas en defensa del presupuesto para la educación en todos sus niveles, una transformación tributaria justa y la agenda social para el bienestar en Costa Rica.

El jueves 29 de agosto continúa la movilización con más acciones pacíficas en todas las regiones del país.

Como una manera proactiva de enfrentar la grave crisis educativa y la ausencia de liderazgo del MEP, miles de personas de todo el país marcharon hacia la Plaza de la Democracia, en San José, para demandar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”; el cual fue propuesto en junio del 2023, desde las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y otros sectores.

Estudiantes de primaria, secundaria y universidad entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa y diputaciones presentes, un documento con las principales demandas y propuestas para reactivar el proceso de diálogo y concertación que permita alcanzar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”.

La intención es que este pacto una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para progresivamente resolver la actual crisis educativa.

De lo contrario, no sería posible evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya sucedió en la década de 1980. Urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la actual crisis educativa, como se explica con claridad en el documento dirigido al Presidente de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes.

La inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2% del PIB, a pesar del mandato constitucional de destinar un 8% a la educación en todos sus niveles, lo cual significa un retroceso de casi 20 años. Si no se cambia el actual rumbo se continuará profundizando el deterioro no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino también disminuirá la productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, empeorando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo.

Por lo tanto, se propone un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, en donde se definirá la inversión en educación. Además, en los próximos días se lanzará una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas que fortalezcan el sistema educativo. Estas y otras propuestas serán la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

Este movimiento nacional continúa el día de mañana con acciones regionales pacíficas, culturales y propositivas en Limón, Río Frío, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, El Palmar, Ciudad Neily, San Vito, San Carlos, Upala, Puntarenas, Quepos y San José.

ANEP respeta el debido proceso pero rechaza toda acción delictiva

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Ante los hechos recientes dentro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en los que estaría supuestamente involucrada la vicepresidenta de la Junta Directiva de ANEP, nuestra organización es enfática en lo siguiente:

La presunción de inocencia es un Derecho Humano fundamental y siendo fieles a esto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) esperará como avanza la investigación judicial.

Por otra parte, de forma categórica, ANEP rechaza y condena toda acción criminal que se desarrolle y aún más, cuando se trate de la niñez y la adolescencia.

Tanto la Junta Directiva Nacional de ANEP como la de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-PANI, analizan todas las circunstancias y los hechos en desarrollo del caso.

Cabe aclarar, que el fuero sindical que cobija a cualquier dirigente sindical aplica meramente para asuntos y procesos laborales, no para otras competencias o instancias.

Esperaremos el avance de las pesquisas que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

Valga aclarar que al interior del PANI, se vive una fuerte acción institucional de hostigamiento y acoso laboral de corte dramático en no pocos casos y que la actual Presidencia Ejecutiva no se decide a enfrentarla pese a documentada información que la Seccional ANEP-PANI le ha proporcionado.

San José, domingo 18 de agosto de 2024.

ANEP solicita antel Tribunal Contencioso medida cautelar para detener adjudicación de áreas de salud

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–CGR también investiga luego de la denuncia interpuesta por ANEP.

–Estudios arrojan un sobre precio de ¢170 mil millones.

Por medio de una medida cautelar, presentada este lunes 12 de agosto, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la ANEP, pretende frenar la adjudicación otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de 10 áreas de salud a cooperativas para su administración.

La acción de la ANEP, obedece a que hay un sobrepago excesivo para el desarrollo de este negocio, que rondaría los ¢170 mil millones.

“La pretensión que se busca con la medida cautelar es la suspensión de la adjudicación de los EBAIS en virtud de la urgencia y de la gravedad que implica esa resolución tomada por la Junta Directiva de la CCSS. Por el gran riesgo de carácter económico es que se les está pidiendo al Tribunal Contencioso la suspensión de dicha adjudicación”, manifestó Rodrigo Rosales Arce, Asesor Legal externo de la ANEP.

Semanas atrás desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se denunció como, aparentemente, directivos de la CCSS pretendían modificar ciertos informes que beneficiarán la escogencia de las cooperativas

El pasado 10 de julio, la Contraloría General de la República, indicó que dio curso a la denuncia presentada por la ANEP, para identificar el supuesto favorecimiento de las cooperativas y el sobreprecio que este generaría para la institución y la Hacienda Pública.

La ANEP ha identificado aparentes irregularidades en la adjudicación de los EBAIS a cooperativas y una asociación, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre las principales, se destacan:

• Sobreprecios: Se ha reportado un aumento del 60% en los costos de los servicios adjudicados, sin que se haya justificado adecuadamente el incremento en la cobertura de atención y en nuevos servicios. Este incremento en términos absolutos estaba determinado por más de 200 mil millones de colones, sin embargo, por descuentos realizados por los oferentes posterior a la declaración de excesividad de precios se disminuyó a 170 mil millones.

• El posible daño a la hacienda pública y la Seguridad Social se podrían dejar de construir más de 300 EBAIS o financiar medicamentos de alta importancia para los pacientes, así como el uso en otras prioridades institucionales. Es un monto tan cuantioso que inclusive podría financiar la construcción de un hospital como Cartago o Limón.

• Tráfico de influencias: Se han presentado denuncias que sugieren la existencia de posible tráfico de influencias en el proceso de adjudicación por la aparente manipulación de los criterios con la creación de grupos o el uso de información de una unidad que no es la competente para fundamentar una decisión de alta relevancia, lo que podría haber afectado la transparencia de este.

• Decisiones sin quórum: La Junta Directiva de la CCSS, tomó la decisión de adjudicar la administración de 138 EBAIS, en una sesión extraordinaria donde no contaban con el quórum estructural necesario, lo que plantea dudas sobre la legalidad del proceso.

• Recomendaciones ignoradas: A pesar de advertencias de Gerencia Financiera, la Dirección Financiero Contable, el Área de Contabilidad de Costos sobre los sobreprecios, así como la recomendación de la Junta de Adquisiciones de declarar la infructuosidad, sin existir una justificación técnica y financiera contundente, la Junta Directiva de la CCSS procedió con la adjudicación.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ha comenzado a investigar estas denuncias, junto con la Contraloría General de la República, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el proceso, así como las posibles implicaciones financieras que se podrían generar a los costarricenses por pagar un sobreprecio sin que se traduzca en mejoras sustanciales de los servicios.

La ANEP irá hasta las últimas consecuencias y pide a las instancias a las que ya se denunció celeridad y que se sienten las acciones correctivas pertinentes, cuando se encuentren a los responsables.

Cantante es víctima de presunto acoso laboral y de género por director de Compañía Lírica y Centro Nacional de la Música

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La Soprano Sofía Corrales atribuye de presunto acoso laboral y violencia de género una serie de hechos realizados por el español Calio Alonso el director de la Compañía Lírica Nacional y Ricardo Chávez , director de Centro Nacional de la Música, quienes de distintas maneras han impedido que la cantante cumpla con su contrato para cantar en la Ópera La Flauta Mágica en el Teatro Nacional.

“Cómo mujer y como profesional no voy a quedarme callada, con prácticas intimidatorias para que yo no hable sobre las condiciones laborales de los artistas sobre condiciones que no son de recibo, por respeto a la profesión y a los artistas costarricenses“

Corrales afirma que la molestia de Alonso hacia ella inicia desde el momento que ella realiza un posteo diciendo la importancia de que en el país se regule los salarios de los artistas, por eso el director me regaña y la obliga a borrarlo. De ahí en adelante no había una buena disposición del director de la Compañía Lírica hacia la soprano costarricense.

Corrales detalló que “El miércoles 24, acudí al llamado horas antes de la función, para preparar el maquillaje y calentar y prueba de sonido, pero faltando una hora para iniciar la función Calio y Ricardo me llevan al camerino, cierran la puerta y me indican que no voy a cantar esa noche, sin justificación alguna. En ese momento los dos se posan sobre la puerta impidiendo que yo salga, por lo que me empiezo a sentirme asustada e intimidada”.

“El viernes en horas de la tarde recibo una llamada de Ricardo y Calio donde me indican que el domingo tengo que presentarme a cantar, en cumplimiento de mi contrato, no obstante el sábado en la noche recibo un correo electrónico firmado por Ricardo Chávez donde asegura, que hay una denuncia judicial presentada en mi contra y que por medidas cautelares no me puedo presentar”, dijo Corrales

Al respecto el Lic Álvaro Valverde, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, afirmó que el código de trabajo es muy claro “esto es una violación al debido proceso, a Sofía no se le abrió un órgano director, no fue notificada por ningún juzgado de instancia judicial sobre una causa en su contra y no existe una resolución de un juez. Las medidas cautelares son potestades de un juez de la República”.

Por su parte el abogado penalista Doctor Rodrigo Rosales afirmó que “Me parece que las conductas represivas infundadas contra la artista a efecto de excluirla de su participación en el Teatro Nacional con fundamento en una supuesta denuncia penal es abiertamente abusivo y violenta el principio del debido proceso, que es un principio consagrado por la sala constitucional, consagrado por todos los cuerpos normativos no solo a nivel nuestro si no a nivel de derecho comparado”.

Rosales agregó que “Con la existencia de una supuesta denuncia penal en contra de ella, ellos toman cómo base esa denuncia supuesta para violentar la presunción de inocencia, por que aún y cuando ella realmente estuviera denuncia lo cierto. Del caso ella tiene el derecho legítimo de ejercer su defensa técnica, su defensa material y la presunción de inocencia cómo derecho constitucional la protege durante todo el proceso. A mi me parece una posición de ignorancia o ignorancia intencional tratar de invocar la existencia de una denuncia penal para atropellar de una manera tan vil los derechos de esta ciudadana. Me resulta grave que a una persona se le persiga por defender los derechos laborales de sus compañeros, ese me parece atroz”.

Sobre las supuestas causas Corrales no ha sido notificada, ni indagada y desconoce las medidas cautelares que indica Chaves en el oficio donde no indica número de expediente.

Sofía Corrales presentó un recurso de amparo ante estos hechos y esta semana tomará las acciones legales pertinentes, que ya están siendo valoradas por sus abogados.

Continúa la intermitencia en el servicio de internet de Kölbi

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  • Seccional ANEP-Grupo ICE había denunciado problemática hace una semana.
  • ANEP pide que nuevo Gerente trabaje en pro del ICE_

A una semana de que esta organización sindical se pronunció sobre la problemática que sufre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a raíz de una avería en parte del segmento submarino perteneciente al Consorcio MAYA, los problemas parecen persistir pues, según hemos sabido, la avería presentada no ha podido ser resuelta de forma completa. Sinceramente, esperamos que esta sea realmente la justificación, pues de no ser así, podría significar que esta situación tiene otro origen.

Por el momento, en horas pico muchos clientes continúan percibiendo un servicio intermitente y con alta latencia, situación que hemos experimentado en carne propia en esta organización, que es cliente de los servicios de Internet de Kölbi y que hemos podido verificar con otros usuarios también.

Esperamos que no se mueva ninguna pezuña peluda que provoque que la administración busque una manera de justificarse por lo que está sucediendo, como ha ocurrido en otras oportunidades, pues consideramos que los esfuerzos y el tiempo deberían estar dirigidos a buscar soluciones y no a tratar de justificar las fallas que se presentan, algo que se ejecutó en el pasado como práctica común para ocultar la realidad del sector.

Lo cierto del caso es que no importa la justificación que se intente brindar, el hecho ocurrió, el ICE lo informó mediante el ZZ institucional y se evidenció en las redes sociales de Kölbi, donde muchos se quejaron y hasta la competencia aprovechó para tratar de “pescar” a los clientes descontentos que les dejamos servidos en bandeja de plata.

El sector de Telecomunicaciones lleva muchos años sin proyectos importantes, con fuertes cuestionamientos, con una red en desactualización, con la mayoría de sus equipos en estado o cercanos a la obsolescencia, un área de Estrategia sin estrategia y un área de Planificación que no planifica. Problemas todos que se terminan reflejando en la pérdida de mercado de Kölbi.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) insistimos en que la administración superior deberá nombrar a un gerente de Telecomunicaciones idóneo, que realmente venga a trabajar por el ICE y que tenga mano dura con las personas que están en puestos estratégicos y que, lejos de aportar, son sólo un problema para el sector y la institución.

Faltante de 463 policías pone en estado crítico a la Policía Profesional de Migración

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–Actualmente la policía profesional de migración solo cuenta con 492 oficiales para cubrir todo el territorio nacional

-Falta de recursos e infraestructura es otra de las problemáticas de este cuerpo policial

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPM) denunció en conferencia de presa, la realidad que vive la Policía de Migración y Extranjería, la cual enfrenta una situación crítica, debido a la falta de personal, recursos frescos, equipamiento, infraestructura y capacitación.

A esto se suma, la falta de voluntad política para aprobar leyes, que generen recursos para este importante cuerpo policial, encargado de la seguridad migratoria de nuestro país.

“Actualmente la Policía Profesional de Migración (PPM), cuenta con un total de 492 oficiales, distribuidos en 23 puntos en todo el territorio nacional. Algunos de estos puntos son estratégicos para el control y flujo migratorio. A pesar de esto, muchos de esos puntos son vulnerables por la falta de personal”, manifestó Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la Seccional ANEP-PPM

Por ejemplo, en la zona de Golfito solo permanecen 3 oficiales, cuando lo ideal serían 12 policías; mismo escenario se da en Upala, donde deberían estar al menos 14 policías. En una zona fronteriza como es Los Chiles,  solo hay 4 efectivos,  sin embargo, lo ideal sería 16 policías migratorios. En la zona de Sixaola,  7 oficiales controlan el fuljo migratorio, lo ideal sería que permanecieran 18 efectivos. Este escenario se repite en diversos puntos del país. Sumado a que se le debe de dar cobertura durante las 24 horas del día. (ver cuadro adjunto).

Incluso, denunciaron que muchos oficiales ni cuentan con el curso básico policial, sumado a la carencia de equipos e infraestructura. 

La seccional, también detalló, que “por la falta de personal no se está yendo a los centros penales a notificar el proceso de control migratorio a los extranjeros que cumplen una condena, se tienen que enviar las citas por fax para que los oficiales de la Policía Penitenciaria nos hagan el favor de notificar, pero no es una obligación de ellos, por lo que no es seguro si lo hicieron, y esto puede ser que se le abra un procedimiento administrativo sin justa causa al oficial”.

Otras de las denuncias expuestas durante la conferencia de prensa, es la inseguridad que viven los propios oficiales en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ya que los aprehendidos “se suben a las cerchas, despedazan el techo y no hay personal para todas las actividades que se requieren”.

A estas problemáticas, se suma  las custodias de deportados, ya que los itinerarios no dan tiempo de descansar a los oficiales, debido a que estos deben acompañar a los detenidos hasta su lugar de deportación y  los boletos se compran de ida y vuelta.

Se intento captar recursos

Debido a todas estas afectaciones, la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración propuso insistentemente con dos proyectos de ley (expedientes 20.323 y 22.463 ambos archivados) en la Asamblea Legislativa, en los Gobiernos de turno y la misma Dirección de Extranjería, captar recursos, por medio La Ley del impuesto a las Sociedades Anónimas, otorgando un 5% a la PPM, sin embargo, no fue posible.

“Recientemente al OIJ se le otorgó un 10% más de ese impuesto a las Sociedades Anónimas, a pesar de que ellos no dependen del Gobierno Central. Esto demuestra que nuestra propuesta fue viales y completamente aplicable a la Policía de Migración, así lo demostramos con datos y documentos oficiales de los órganos involucrados para no afectar los objetivos originales de dicha ley”, explicó Mora Ordóñez.

Para la seccional, queda claro, la apatía y falta de trabajo de las distintas jerarquías de la Dirección General de Migración y Extranjería, Por lo que ven necesario que el Gobierno de la República le ponga atención a este problema de la falta de recursos. A la vez que, realizan una invitación para que el Presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, haga una visita a las instalaciones de la Policía Profesional de Migración en Los Lagos de Heredia.

Propuesta

Nuevamente la Seccional ANEP-PPM, con la colaboración del despacho de la diputada, Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, presentó dos nuevos proyectos de ley expedientes Nº24.133 y Nº24.134, para fortalecer la Policía Profesional de Migración.

De no darse la aprobación y recursos a la Policía Profesional de Migración, la seccional, propone que este cuerpo policial pase a ser parte del Ministerio de Seguridad Pública.

ANEP-AyA solicita al Gobierno intervenir ante el congelamiento de 148 plazas vitales en Acueductos y Alcantarillados

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La Seccional ANEP-AyA solicitó por medio de una carta dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y al Consejo de Gobierno, intervenir ante la decisión de la Gerente General de Acueductos y Alcantarillados, Alejandra Mora Segura, de congelar el nombramiento de almenos 148 plazas vitales para el funcionamiento de la institución.

Para la seccional ANEP-AyA, lo anterior podría poner en riesgo la estabilidad y continuidad del servicio público que se brinda desde esta importante institución.

“Hay 148 plazas por jubilación vacantes hace seis meses, de agosto de 2023 a enero 2024. Algunas de estas plazas son vitales para el adecuado funcionamiento dentro de la Institución. Además, hay que ejecutar un plan anual operativo y las funciones correspondientes a esas plazas son fundamentales para su ejecución. Por ejemplo, desde diciembre de 2023 no hay un director financiero.” Indica la carta de la seccional.

La orden del congelamiento en el nombramiento de plazas se dio por correo electrónico el lunes 12 de febrero del 2024, donde la Gerente General de AyA indicó “Por este medio se comunica que hasta nueva instrucción no se deben de solicitar nombramientos en plazas de exfuncionarios jubilados, plazas vacantes, o trámite para solicitud de concurso, por cuanto ambos temas están siendo analizados con base a lo dispuesto en el artículo 39 de la Convención Colectiva”.

Algunas de las plazas vitales que se encuentran desocupadas son: Auditoría Interna, Dirección Financiera, Subgerencia GAM, Dirección de Planificación y Subgerencia Sistemas Comunales. (En el documento enviado se detallan las 148 plazas congeladas)

“Varias de las plazas no se han ocupado a falta de gestión por parte de la Dirección de Gestión de Capital Humano de A y A, y ahora se incrementa el problema por la directriz emitida” indica la denuncia.

La ANEP y la seccional AyA, solicitan con suma urgencia, una intervención política ante la gravedad de la situación más que evidente, tomando en cuenta la reacción de diversas comunidades, especialmente, metropolitanas, ante el problema de amplio conocimiento público sobre el suministro oportuno de agua potable.