Categoría: Comunicados de Prensa

Imagen con fines ilustrativos. Diario Extra.

Contraloría confirma deterioro de la Policía de Tránsito y refuerza denuncias realizadas por ANEP

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• Informe de la Contraloría revela que la Policía de Tránsito cuenta con apenas 708 oficiales, cerca del 50% de sus motocicletas están fuera de servicio y los tiempos de despacho de emergencias se triplicaron.

• La seccional ANEP-Policía de Tránsito advierte que estos hallazgos respaldan las denuncias expuestas durante la protesta realizada la semana anterior y evidencian la urgencia de fortalecer este cuerpo policial.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su seccional ANEP-Policía de Tránsito, considera que el más reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirma la gravedad de las deficiencias operativas que enfrenta este cuerpo policial y refuerza las denuncias realizadas públicamente por sus oficiales.

El informe DFOE-CIU-IAD-00003-2026, del 12 de octubre de 2026, denominado “Acciones implementadas para reducir la siniestralidad vial y promover el valor público”, advierte sobre un deterioro progresivo en la capacidad de atención y cobertura de la Dirección General de la Policía de Tránsito.

Los resultados coinciden con los señalamientos realizados por la seccional durante la protesta de la semana anterior, cuando los oficiales denunciaron falta de personal, patrullas insuficientes, deterioro de las delegaciones, carencia de uniformes y afectaciones relacionadas con los roles de trabajo.

Contraloría revela cifras preocupantes

Entre los principales hallazgos del órgano contralor destacan:

  • Menos policías: la cantidad de oficiales de tránsito pasó de casi 1.000 a solamente 708 en todo el país.
  • Flotilla deteriorada: alrededor del 50% de las motocicletas institucionales se encuentra fuera de servicio.
  • Menos unidades operativas: la flotilla útil, entre patrullas, motocicletas y grúas, disminuyó de 518 unidades en 2023 a 386 en marzo de 2026.
  • Mayor tiempo de despacho: el promedio nacional para asignar un oficial ante un siniestro vial pasó de 9 minutos y 46 segundos a 31 minutos y 53 segundos. En algunas regiones, el tiempo ronda una hora.
  • Delegaciones con personal insuficiente: algunas dependencias operan con apenas uno a cuatro oficiales por turno.
  • Deficiencias en la cobertura: el 64,97% de la actividad policial se concentra entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., pese a que los horarios nocturnos presentan una alta siniestralidad.

Es importante aclarar que los tiempos de despacho señalados por la Contraloría corresponden únicamente al lapso que transcurre desde que se recibe el reporte de un siniestro vial a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 hasta que se asigna un oficial de tránsito para atenderlo. Este indicador no contempla el tiempo adicional que requiere el oficial para llegar al lugar del accidente, el cual, según denuncia la seccional ANEP-Policía de Tránsito, puede extenderse entre dos y hasta seis horas.

Esta situación se presenta debido a que, en numerosas ocasiones, los oficiales se encuentran atendiendo otros incidentes, mantienen varios reportes pendientes o carecen del personal y los vehículos necesarios para desplazarse oportunamente. Por lo tanto, el tiempo real que deben esperar los ciudadanos para recibir atención policial podría ser considerablemente mayor al reflejado en las estadísticas del órgano contralor.

El informe también señala deficiencias en los procesos de reclutamiento que provocaron la devolución de 132 plazas al Ministerio de Hacienda entre 2020 y 2022, así como problemas de planificación en la adquisición de repuestos y el mantenimiento de los vehículos policiales.

Declaraciones de Lizeth Quesada Ramírez, Presidenta de la Seccional ANEP-Policia de Tránsito sobre el informe

ANEP: las denuncias no son infundadas

Para la seccional ANEP-Policía de Tránsito, los resultados de esta auditoría demuestran que las carencias denunciadas por los oficiales no constituyen situaciones aisladas, sino que forman parte de un problema estructural que afecta la capacidad de respuesta de la institución y la seguridad de quienes transitan por las carreteras nacionales.

La organización sindical considera especialmente preocupante que la reducción de personal y vehículos operativos esté afectando la cobertura policial y los tiempos de atención de emergencias.

Asimismo, insiste en que deben atenderse las demás denuncias planteadas por los trabajadores, relacionadas con la dotación de uniformes, las condiciones de infraestructura de las delegaciones y la revisión de los roles de trabajo, aspectos que requieren soluciones específicas por parte de la Administración.

La ANEP recalca que fortalecer las condiciones laborales de los oficiales de tránsito también significa fortalecer la seguridad vial y la protección de la vida humana.

Declaraciones de Gustavo Mora Marín, Seccional ANEP-Policía de Tránsito sobre las condiciones de patrullas en la delegación de Cañas

ANEP exige soluciones concretas y no más postergaciones

Ante los hallazgos de la Contraloría, la seccional solicita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la Dirección General de la Policía de Tránsito y al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI):

  1. Establecer un plan urgente para recuperar y renovar la flotilla policial.
  2. Atender el déficit de oficiales mediante procesos efectivos de reclutamiento y nombramiento.
  3. Garantizar uniformes, equipamiento adecuado y condiciones dignas en las delegaciones.
  4. Revisar la distribución de los roles y jornadas laborales, tomando en consideración las necesidades operativas y los derechos del personal.
  5. Fortalecer la coordinación institucional y ejecutar las medidas correctivas establecidas por la Contraloría.

El órgano contralor dispuso que la Policía de Tránsito y el COSEVI elaboren e implementen coordinadamente un procedimiento para mejorar la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla policial, con plazos de cumplimiento durante 2027.

La ANEP considera que las autoridades no deben esperar al vencimiento de esos plazos para comenzar a resolver las deficiencias más urgentes.

Finalmente, la organización reitera que las denuncias realizadas por los oficiales no buscan únicamente mejores condiciones laborales, sino garantizar que Costa Rica cuente con una Policía de Tránsito fortalecida, equipada y con capacidad real para proteger la vida de las personas en carretera.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Seccional ANEP-Policía de Tránsito

Informe de la Contraolría General de la República.

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ANEP advierte que traslado de Policía de Migración a Seguridad Pública debe resolver falta de personal y recursos

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– Seccional ANEP-PPM no se opone a la reorganización institucional, pero exige garantías para fortalecer la Policía Profesional de Migración.

-Organización solicitará audiencia al ministro Gerald Campos para abordar necesidades presupuestarias, operativas y laborales.

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM) manifestó que no se opone al eventual traslado de la Dirección General de Migración y Extranjería al Ministerio de Seguridad Pública, pero advirtió que esta reorganización debe acompañarse de medidas concretas para fortalecer el cuerpo policial y atender las limitaciones que actualmente enfrenta.

La organización sindical considera que el proceso legislativo relacionado con el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía representa una oportunidad para mejorar la seguridad migratoria del país, siempre que se garantice el personal, presupuesto, equipamiento y las condiciones necesarias para cumplir sus funciones.

“No queremos que simplemente trasladen a la Policía Profesional de Migración de un ministerio a otro y que las mismas carencias de personal, presupuesto y recursos viajen con ella. Queremos que este proceso sirva para fortalecerla”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la Seccional ANEP-PPM.

La Policía Profesional de Migración desarrolla funciones especializadas en control migratorio, seguridad fronteriza, atención de puestos migratorios, centros de aprehensión, operaciones e investigación. Además, de participar en acciones relacionadas con la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.

Falta de personal y presupuesto preocupa a ANEP-PPM

Uno de los principales señalamientos de la organización es la falta de recurso humano para atender las labores de control migratorio, seguridad fronteriza, investigación y combate a delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el crimen organizado transnacional.

ANEP-PPM cuestiona que, según la información suministrada por la Administración, el anteproyecto de presupuesto 2027 no contempla nuevas plazas policiales, pese a las necesidades operativas existentes.

Asimismo, insiste en la urgencia de realizar un estudio técnico nacional que determine la cantidad de oficiales requeridos, ya que el último estudio integral identificado corresponde al año 2016.

“No podemos planificar la seguridad migratoria del 2027 con un diagnóstico de hace diez años. Se necesita conocer cuántos oficiales hacen falta, dónde se requieren y cuáles recursos son indispensables para garantizar la seguridad del país”, señaló Mora Ordóñez.

Exigen respeto a la especialización policial y derechos laborales

Ante el eventual traslado, ANEP-PPM solicita que la Policía Profesional de Migración conserve su condición de cuerpo policial especializado, con autonomía técnica y operativa, una cadena de mando acorde con sus funciones y un presupuesto claramente identificado.

También exige que se respeten sus competencias legales, se fortalezcan los procesos de formación y capacitación policial, incluido el acceso a la Academia Nacional de Policía, y se garanticen los derechos laborales de los oficiales y del personal administrativo.

Otro aspecto fundamental es la continuidad de los procesos de revisión de la clasificación y valoración de puestos policiales.

Sobre este punto, la Dirección General de Migración y Extranjería informó, mediante el oficio DG-01340-10-2026, que para el año 2027 está prevista la actualización integral del Manual Descriptivo de Clases y Cargos Policiales, así como el análisis de una eventual diferenciación de la clase Policía de Migración 1 (PM1), entre personal en formación inicial y oficiales en servicio activo.

Para la organización, estos procesos no deben verse afectados por una eventual reorganización institucional.

Solicitarán audiencia al ministro Gerald Campos

La Seccional ANEP-PPM solicitará formalmente una audiencia con el ministro Gerald Campos Valverde, con el propósito de presentar las principales preocupaciones y propuestas de los funcionarios policiales.

Entre los temas prioritarios figuran la creación de plazas, el fortalecimiento presupuestario, la estructura y cadena de mando, la capacitación, el equipamiento, la clasificación de puestos y la protección de los derechos laborales.

ANEP-PPM reiteró su disposición al diálogo y a participar en la construcción de una estructura institucional que fortalezca la seguridad migratoria.

“No nos oponemos al traslado, pero exigimos que se haga correctamente. La Policía Profesional de Migración cumple una función especializada que debe respetarse y fortalecerse. La seguridad migratoria también es seguridad nacional”, concluyó Mora Ordóñez.

Gerardo Mora Ordóñez
Presidente Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM)

ANEP reprueba cierre total de la tesorería nacional y exige explicaciones a sus autoridades

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y reprobación ante la decisión comunicada por el Tesorero Nacional, Michael Contreras Solera, y la Subtesorera Nacional, Francini Córdoba Herrera, de disponer el cierre de las oficinas de la Tesorería Nacional durante toda la jornada del viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial MH-TN-COM-0012-2026, durante ese día no se brindará atención al público ni se tramitarán servicios bancarios relacionados con pagos, cobros, transferencias, autorizaciones u otras gestiones asociadas, trasladándose a las instituciones usuarias la responsabilidad de adoptar anticipadamente las previsiones necesarias para afrontar dicho cierre.

Para ANEP, resulta particularmente preocupante que una dependencia de la trascendencia constitucional, legal, financiera y operativa de la Tesorería Nacional, llamada a cumplir un papel esencial dentro de la Hacienda Pública y en la administración de los recursos líquidos del Estado, suspenda integralmente sus servicios durante un día hábil por la realización de una actividad interna denominada “jornada de fortalecimiento organizacional”.

El fortalecimiento institucional no puede realizarse a costa de paralizar el servicio público que precisamente se pretende fortalecer y crear una ilusión de un ambiente sano laboral, cuando miembros de este Sindicato, son hostigados laboralmente.

La Tesorería Nacional presta servicios que inciden directamente en el funcionamiento financiero de ministerios, poderes de la República, órganos desconcentrados, municipalidades, entidades públicas y demás instituciones comprendidas dentro del Sistema de Cuentas del Sector Público. El propio comunicado está dirigido a ese amplio conjunto de entidades estatales, lo que evidencia la dimensión, trascendencia e irresponsabilidad de la decisión adoptada.

ANEP considera que no es de recibo dejar suspendida toda la operativa y la atención a las personas e instituciones usuarias, particularmente tratándose de servicios relacionados con pagos, cobros, transferencias y autorizaciones financieras.

Una actividad de carácter organizacional puede y debe planificarse de manera que permita garantizar simultáneamente la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio público, mediante turnos, distribución de personal, modalidades escalonadas u otros mecanismos administrativos que eviten el cierre total de una dependencia estratégica para el funcionamiento financiero del Estado.

La decisión resulta todavía más preocupante en un contexto en el cual existen serias inquietudes relacionadas con procesos de pago y salarios, insuficiencia de personal y sobrecarga laboral dentro de la Tesorería Nacional.

ANEP reconoce especialmente el esfuerzo de los compañeros y compañeras trabajadoras de la Tesorería Nacional, quienes diariamente sostienen la operación institucional y, aun en condiciones de alta carga de trabajo y limitaciones de recurso humano, continúan dando todo de sí para garantizar la prestación de los servicios bajo responsabilidad de esa Dirección.

Por ello, llama poderosamente la atención que, mientras el personal debe enfrentar esas cargas y responsabilidades, las máximas autoridades de la Tesorería Nacional hayan optado por disponer el cierre completo de sus oficinas durante una jornada laboral y al final son las mismas personas funcionarias, que afrontan las consecuencias de atrasarse en sus labores, añadiendo más presión y estrés.

Asimismo, ANEP solicita aclarar públicamente si esta decisión fue adoptada exclusivamente por el Tesorero y la Subtesorera Nacional o si contó con conocimiento, autorización o anuencia previa del Despacho Ministerial del Ministerio de Hacienda, sea el señor Rodrigo Chaves Robles en su condición de Ministro de Hacienda o de alguno de sus Viceministros, señor Luis Antonio Molina Chacón y Víctor Carvajal Porras.

No resulta suficiente trasladar a todas las entidades públicas usuarias y menos a la ciudadanía que no tiene días libres para hacer sus trámites, la obligación de “tomar previsiones” para adaptarse al cierre de la Tesorería Nacional. Corresponde, en primer término, a las autoridades responsables garantizar que la organización administrativa interna no produzca afectaciones innecesarias a la continuidad del servicio público.

Ante esta situación, ANEP solicita al Ministro de Hacienda formalmente:

  • Explicar las razones técnicas, administrativas y jurídicas que sustentan la decisión de cerrar completamente la Tesorería Nacional durante un día hábil.
  • Informar quién autorizó la suspensión integral de los servicios y si la medida contó con conocimiento o autorización del Despacho Ministerial.
  • Indicar cuáles alternativas fueron valoradas para efectuar la actividad de fortalecimiento organizacional sin interrumpir totalmente la atención y los servicios esenciales de la Tesorería Nacional.
  • Informar cuáles medidas fueron adoptadas para evitar afectaciones sobre pagos, salarios, transferencias, cobros, autorizaciones y demás operaciones financieras del Estado.
  • Explicar por qué, ante la situación de escasez de personal y sobrecarga laboral que enfrentan funcionarios y funcionarias de la Tesorería Nacional, se consideró procedente detener completamente la operación ordinaria de la institución.
  • ANEP remitirá este planteamiento para conocimiento de las instancias internas y externas competentes en materia de fiscalización, control y tutela del adecuado funcionamiento de la Administración Pública, a efectos de que, dentro de sus respectivas competencias, valoren la actuación adoptada y determinen si resulta compatible con las obligaciones inherentes al funcionamiento de una dependencia estratégica como la Tesorería Nacional.

La organización sindical considera indispensable determinar también si se efectuó previamente una valoración de riesgos operativos, financieros y de continuidad del servicio, así como de las eventuales consecuencias que la suspensión pudiera ocasionar a las instituciones públicas y a la ciudadanía.

La Tesorería Nacional constituye una pieza esencial del sistema financiero público costarricense. Precisamente por esa condición, su funcionamiento continuo no puede considerarse un asunto secundario ni quedar subordinado a la conveniencia de una actividad administrativa interna.

ANEP defenderá tanto los derechos de las personas trabajadoras de la Tesorería Nacional —quienes merecen condiciones adecuadas, suficiente recurso humano y una distribución razonable de las cargas de trabajo— como el derecho de la ciudadanía y de las instituciones públicas a recibir servicios estatales continuos, eficientes y oportunos.

Trabajadores de JASEC son destinados a labores de limpieza ante falta de continuidad del servicio contratado

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Cartago, Costa Rica. — La seccional ANEP- Jasec manifiesta su seria preocupación ante la situación que se presenta en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), donde trabajadores de la institución están siendo requeridos para realizar labores de limpieza ante la falta de continuidad del servicio contratado para esos fines.

Resulta preocupante que una situación administrativa relacionada con la contratación o renovación del servicio de limpieza termine trasladándose al personal institucional, cuyas plazas, responsabilidades y jornadas laborales están destinadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo para las cuales fueron contratados.

La administración de una institución pública debe procurar una adecuada planificación de sus contrataciones y garantizar oportunamente la continuidad de aquellos servicios necesarios para su funcionamiento. La falta de un servicio de limpieza no debería resolverse desviando personal de sus funciones ordinarias para asumir tareas que corresponden a un servicio específicamente contratado para ese propósito.

¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LA FALTA DE PLANIFICACIÓN?

La situación obliga a plantear públicamente varias interrogantes:

¿Por qué no se realizaron oportunamente las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de limpieza?

¿Por qué las consecuencias de una situación administrativa deben recaer sobre los trabajadores?

¿Qué funciones institucionales están dejando de ejecutarse, retrasándose o siendo afectadas mientras el personal es destinado a labores de limpieza?

¿Quién asume la responsabilidad administrativa por no haber garantizado oportunamente la continuidad de este servicio?

El recurso humano de JASEC debe estar concentrado en las labores para las cuales fue contratado y que resultan necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que brinda la institución.

Destinar trabajadores a realizar funciones ajenas a sus responsabilidades habituales no puede convertirse en la solución frente a deficiencias de planificación administrativa.

LAS LABORES SUSTANTIVAS DE JASEC NO DEBEN VERSE AFECTADAS

Nuestra principal preocupación no se limita únicamente a que trabajadores deban realizar labores de limpieza. También nos preocupa el impacto que esta decisión pueda generar sobre las funciones institucionales que dejan de atenderse mientras esos funcionarios son apartados de sus responsabilidades ordinarias.

JASEC presta servicios públicos esenciales y cuenta con personal técnico, administrativo y operativo cuyas funciones responden a necesidades concretas de la institución y de la ciudadanía.

Por ello, los problemas administrativos no deben trasladarse a los trabajadores ni poner en riesgo la continuidad, oportunidad o calidad de las labores sustantivas de JASEC.

EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN INMEDIATA

Desde la representación sindical solicitamos a la Gerencia de JASEC:

  1. Restablecer de manera inmediata y conforme al ordenamiento jurídico el servicio de limpieza requerido por la institución.
  2. Evitar que trabajadores sean apartados de las funciones propias de sus puestos para suplir labores correspondientes a un servicio contratado.
  3. Informar las razones por las cuales no se garantizó oportunamente la continuidad de la contratación del servicio de limpieza.
  4. Determinar el impacto que esta situación está generando sobre las labores ordinarias y sustantivas de JASEC.
  5. Adoptar las medidas administrativas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Los trabajadores de JASEC no deben cargar con las consecuencias de problemas de planificación administrativa.

Nuestra organización sindical continuará vigilante y defendiendo que cada trabajador pueda desempeñar las funciones propias de su puesto, así como que los recursos humanos de la institución sean utilizados adecuadamente para garantizar los servicios públicos que merece la ciudadanía cartaginesa.

Los problemas de contratación se resuelven con gestión y planificación, no trasladando sus consecuencias a los trabajadores.

ANEP-JASEC

Gerardo Cascante. Asesor Sondical de ANEP

ANEP cuestiona negativa de jefe de RECOPE en otorgar media hora de permiso a madre para cirugía de su hijo

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  • Tras la intervención sindical, la Asesoría Jurídica de RECOPE determinó que es legalmente viable conceder el permiso solicitado por la trabajadora.
  • Madres bajo el cargo del jefe señalado, denuncian que no es la primera vez que niega un permiso de esta índole

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona la actuación del jefe del Departamento de Administración de Almacenes de RECOPE, ante la negativa de otorgar a una trabajadora un permiso para acompañar a su hijo de 10 años a una cirugía menor, bajo el argumento de que debía aportar una norma específica que autorizara ese tipo de ausencia.

Para ANEP, resulta reprochable que una madre deba enfrentar obstáculos administrativos para atender la salud de su hijo, particularmente cuando la solicitud más reciente consistía en retirarse apenas media hora antes de finalizar su jornada laboral. En especial, porque no es la primera vez que niega un permiso a una madre para temas de esta índole.

Ante esta situación, nuestra organización sindical intervino mediante el oficio ANEP-UDO-0656-2026, denunciando que la negativa colocaba a la trabajadora en la injusta posición de tener que escoger entre cumplir sus obligaciones laborales y acompañar a su hijo a recibir atención médica.

La gestión sindical obtuvo un importante respaldo mediante el oficio AJ-1014-2026, del 28 de septiembre, en el cual la Asesoría Jurídica de RECOPE concluyó que es legalmente viable otorgar el permiso solicitado, sujeto a la presentación de la justificación y certificación médica correspondientes.

El criterio jurídico recuerda que la protección de la salud de las personas menores de edad y su interés superior cuentan con respaldo constitucional e internacional. Asimismo, recoge jurisprudencia de la Sala Constitucional que reconoce la necesidad de garantizar condiciones para conciliar las responsabilidades laborales y familiares.

ANEP considera que este pronunciamiento evidencia la necesidad de que las jefaturas actúen con sensibilidad, razonabilidad y respeto por los derechos fundamentales, en lugar de imponer interpretaciones administrativas restrictivas ante situaciones que involucran la salud de una persona menor de edad.

Una hora de permiso no debería convertirse en una lucha sindical para que una madre pueda acompañar a su hijo a una cita médica.

Afortunadamente tras el criterio emitido por la Unidad Jurídica de RECOPE, se le otorgó el permiso a la funcionaria y el menor pudo asistir a la cita médica.

ANEP presenta recurso de amparo solicitando evaluación psicológico-forense del ministro Rodrigo Chaves

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• Recurso pide determinar mediante una valoración profesional e independiente si existen rasgos o patrones de conducta que puedan incidir en el ejercicio de sus funciones públicas.

• ANEP también recurre a la Presidencia de la República por su responsabilidad constitucional en el nombramiento y eventual remoción de ministros.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó este lunes 21 de septiembre de 2026 un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidencia de la República y contra Rodrigo Chaves Robles, en su condición de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

La pretensión principal planteada por ANEP consiste en que se determine, mediante una evaluación psicológico-forense multimétodo, si las conductas de Chaves Robles, documentadas en el recurso podrían estar asociadas con determinados rasgos o patrones de personalidad y, especialmente, si estos podrían comprometer aspectos como el juicio ponderado, la proporcionalidad de las decisiones, la tolerancia al control institucional y el trato igualitario en el ejercicio de dos ministerios de impacto nacional.

Para sustentar su solicitud, la organización incorpora una recopilación de acontecimientos, declaraciones y actuaciones públicas de Chaves Robles, ocurridas entre 2022 y septiembre de 2026, dirigidas o relacionadas con diputados, autoridades de órganos de control, integrantes del Poder Judicial, periodistas, medios de comunicación, universidades, mujeres y distintos sectores de la ciudadanía. El recurso sostiene que estos hechos deben analizarse integralmente para establecer si existe algún patrón relevante para el ejercicio de la función pública.

La ANEP también plantea que la Sala valore medidas dirigidas a garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, particularmente en lo relacionado con la obligación estatal de procurar el mayor bienestar de las personas habitantes del país.

Recurso también se dirige contra la Presidencia de la República

La acción constitucional también se presenta contra la Presidencia de la República, encabezada por Laura Fernández Delgado, debido a que fue quien nombró a Rodrigo Chaves como ministro.

ANEP fundamenta esta parte de su recurso en el artículo 139 de la Constitución Política, señalando que la Presidencia posee la potestad constitucional de nombrar y remover ministros, y relaciona esa responsabilidad con las obligaciones atribuidas al Poder Ejecutivo para mantener el orden y la tranquilidad de la Nación y resguardar las libertades públicas.

La organización considera que corresponde a la Presidencia adoptar las previsiones que resulten procedentes mientras se analiza la situación planteada ante la jurisdicción constitucional.

Además, ANEP solicita valorar medidas que garanticen el adecuado funcionamiento institucional y plantea restricciones relacionadas con decisiones que puedan afectar a órganos de control y al Poder Judicial mientras se resuelve el asunto principal.

Será ahora la Sala Constitucional la encargada de determinar la admisibilidad y procedencia de las pretensiones formuladas, así como el alcance de cualquier medida que eventualmente corresponda.

Declaraciones de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP sobre Recurso de Amparo

Ante recurso de amparo de la ANEP: Sala Constitucional ordena al ICE detener demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón

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• Medida se mantendrá mientras la Sala resuelve el recurso de amparo presentado por ANEP.

• ICE deberá rendir informe y aportar la documentación relacionada con la decisión de demolición.

La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ejecutar la demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, sede histórica de sus oficinas centrales en La Sabana, mientras se resuelve el recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La resolución corresponde al expediente N.° 26-033856-0007-CO y fue emitida este 18 de setiembre de 2026. La Sala dispuso expresamente que las autoridades recurridas no podrán ejecutar la orden de demolición “hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa”.

Además, el Tribunal Constitucional solicitó al Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo del ICE rendir un informe sobre los hechos planteados en el recurso. Ese informe deberá ser presentado dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación y acompañado de copia certificada de la documentación y demás soportes relacionados estrictamente con el objeto del recurso.

Para ANEP, esta resolución constituye un paso importante para garantizar que antes de adoptar una decisión irreversible se conozcan y analicen los fundamentos técnicos, estructurales, económicos y patrimoniales que sustentan la eventual demolición.

La organización reiteró que la discusión no puede limitarse únicamente a demoler o sustituir el inmueble, sino que deben conocerse los estudios correspondientes y valorarse las posibilidades de reforzamiento, rehabilitación y conservación de un edificio ligado a la historia institucional del ICE y al desarrollo de la infraestructura pública costarricense.

ANEP dará seguimiento al proceso ante la Sala Constitucional y a la documentación que deberá aportar el ICE.

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Sala Constitutional protege la libertad sindical y anula restricción impuesta por el CONAI

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• ANEP logra que se elimine filtro administrativo que obstaculizaba la comunicación directa de la organización sindical con las distintas dependencias de la institución.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto con su Comité de Enlace en la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), obtuvo una importante victoria en defensa de la libertad sindical, luego de que la Sala Constitucional declarara parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado contra disposiciones adoptadas por esa institución.

Mediante la resolución n.º 2026031967, correspondiente al expediente 26-020687-0007-CO, dictada el 20 de agosto de 2026, la Sala Constitucional anuló el punto 3 del Acuerdo 10 del Acta 04-2026 de la CONAI.

Dicha disposición obligaba a que toda interacción, traslado de información o remisión de documentación hacia las organizaciones sindicales fuera canalizada obligatoriamente por medio de la Dirección Ejecutiva de la CONAI.

Para la Sala Constitucional, esta centralización obligatoria constituía un obstáculo para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de la organización sindical, particularmente la libertad sindical, el derecho de petición y pronta respuesta y el acceso a la información pública.

El Tribunal Constitucional determinó que no existe justificación para establecer una centralización de las comunicaciones que termine obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales de una organización sindical.

ANEP podrá mantener comunicación directa con las dependencias

Con esta resolución se elimina una barrera administrativa que condicionaba la posibilidad del sindicato de comunicarse directamente con las distintas oficinas y dependencias de la CONAI.

Para ANEP, la importancia del fallo radica en que reafirma que la libertad sindical no consiste únicamente en el derecho de las personas trabajadoras a organizarse, sino también en garantizar las condiciones necesarias para ejercer efectivamente la representación sindical.

Esto incluye presentar gestiones, solicitar información, obtener respuestas oportunas y mantener una comunicación directa y fluida con aquellas dependencias institucionales competentes para resolver las solicitudes planteadas.

La Sala también reconoce que obligar a que todas las comunicaciones sindicales pasen previamente por una autoridad superior puede generar atrasos y afectar la efectividad de la actividad sindical.

Un precedente relevante para el sector público

ANEP considera que esta resolución trasciende la situación particular presentada en la CONAI y reafirma un principio fundamental para las organizaciones sindicales que desarrollan su labor dentro del sector público.

Las instituciones no pueden establecer filtros administrativos que controlen, retrasen o dificulten injustificadamente la comunicación de los sindicatos con las dependencias públicas.

El criterio coincide además con el aplicado recientemente por la Sala Constitucional frente a una disposición semejante adoptada en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), fortaleciendo la protección constitucional de la acción sindical.

La resolución también advirtió al presidente de la CONAI sobre las consecuencias legales derivadas de un eventual incumplimiento de lo ordenado y condenó a la institución al pago de las costas, daños y perjuicios correspondientes, que deberán determinarse en la vía contencioso-administrativa.

ANEP aclara que el recurso fue declarado parcialmente con lugar, pues la Sala no acogió otros extremos relacionados con los lineamientos de evaluación del desempeño y la confidencialidad de determinados documentos preparatorios.

Sin embargo, la anulación de la disposición que centralizaba obligatoriamente las comunicaciones sindicales representa una victoria sustantiva en defensa de la libertad sindical y del derecho de las organizaciones de trabajadores a desarrollar su actividad sin obstáculos administrativos injustificados.

La ANEP y su Comité de Enlace en la CONAI continuarán firmes en la defensa de la libertad sindical, el respeto de los derechos fundamentales y las garantías de las personas trabajadoras.

Declaraciones de Javier Camacho, Comité de Enlace ANEP-Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).

Seccionales policiales de ANEP piden estudios y diálogo ante propuesta de rotación de policías

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-Rotar funcionarios cada tres meses entre provincias podría afectar la operatividad de los cuerpos policiales y la estabilidad económica y familiar de sus trabajadores.

Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria manifiestan su preocupación ante el anuncio de la Presidencia de la República sobre la intención de establecer una rotación de funcionarios policiales entre diferentes provincias cada tres meses, como mecanismo para evitar el arraigo territorial y prevenir eventuales vínculos con estructuras del narcotráfico o actos de corrupción.

Desde ANEP reconocemos la obligación del Estado de combatir frontalmente la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier intento de infiltración en los cuerpos policiales. Sin embargo, consideramos que combatir la corrupción no puede significar trasladar indiscriminadamente a cientos de policías y afectar a quienes cumplen honestamente con sus responsabilidades.

La corrupción no se combate simplemente trasladando policías

Una medida de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos que demuestren su viabilidad y efectividad.

Trasladar a una persona funcionaria de una provincia a otra no garantiza por sí mismo que se eliminen eventuales prácticas de corrupción. Para enfrentar este problema se requiere fortalecer la investigación, inteligencia policial, controles internos, supervisión, mecanismos disciplinarios, evaluación de riesgos y seguimiento institucional.

Tampoco consideramos correcto partir de una premisa que pueda colocar bajo sospecha generalizada a los policías por permanecer durante determinado tiempo en una región.

La gran mayoría son trabajadores honestos que diariamente enfrentan situaciones de riesgo y que, además, han desarrollado conocimiento sobre las comunidades, rutas, dinámicas criminales y características geográficas de las zonas donde trabajan. Ese conocimiento también constituye una herramienta para la seguridad pública.

Cada cuerpo policial tiene una realidad diferente

ANEP advierte que una política general de rotación no puede desconocer las particularidades de cada cuerpo policial.

La Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria desarrollan funciones distintas y especializadas en comunidades, carreteras, fronteras, aeropuertos, centros penitenciarios, lucha contra el narcotráfico y otros puntos estratégicos del territorio nacional.

Además, varios de estos cuerpos enfrentan limitaciones de personal, presupuesto, infraestructura, transporte y equipamiento.

Declaraciones de Benjamín Sevilla García, Asesor Sindical ANEP en Fuerza Pública y Policía Penitenciaria

Por ello, resulta necesario responder una pregunta fundamental:

¿Cómo se pretende trasladar periódicamente policías entre provincias si previamente no están garantizadas las condiciones de alojamiento, transporte, alimentación, infraestructura, presupuesto y recurso humano necesarias?

No podemos “desvestir un santo para vestir otro”. Trasladar funcionarios de una región a otra sin aumentar las plazas disponibles y los recursos podría terminar debilitando la presencia policial en determinados puntos del país y aumentando las cargas de trabajo del personal que permanece en las unidades de origen.

Detrás de cada uniforme existe una familia

Una política de rotación también debe valorar el impacto sobre las personas trabajadoras.

Una rotación cada tres meses puede significar separación familiar, mayores gastos de transporte y alimentación, problemas de alojamiento y dificultades para atender hijos, adultos mayores o personas dependientes.

Declaraciones de Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP Policía Profesional de Migración

Los policías no son piezas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin consecuencias. Son trabajadores y trabajadoras con derechos y responsabilidades familiares.

Las necesidades de seguridad del país deben ser compatibles con condiciones laborales dignas para quienes tienen precisamente la responsabilidad de proteger a la población.

ANEP solicita transparencia y diálogo

Antes de implementar cualquier política general de rotación, las seccionales policiales de ANEP solicitan al Gobierno de la República hacer públicos los estudios técnicos y jurídicos que sustentan la propuesta, su impacto presupuestario, los criterios para determinar los traslados y las condiciones de alojamiento, transporte y permanencia que se garantizarían a los funcionarios.

Declaraciones de Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical ANEP en Policía Control de Drogas, Policía de Tránsito y Servicio de Vigilancia Aérea

También resulta indispensable determinar cómo se aplicaría la medida a cuerpos policiales especializados y cuáles mecanismos se utilizarían para evitar que determinadas regiones o unidades queden debilitadas como consecuencia de las rotaciones.

ANEP solicita además que las organizaciones sindicales y las representaciones de los distintos cuerpos policiales sean escuchadas antes de adoptar una decisión que podría tener consecuencias directas sobre las condiciones laborales y familiares de cientos de personas trabajadoras.

Las seccionales policiales de ANEP respaldan el combate firme contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, pero consideran que las políticas de seguridad deben construirse con evidencia, planificación, recursos suficientes y respeto a los derechos laborales.

La seguridad nacional no se fortalece trasladando problemas de una provincia a otra.

Se fortalece con más recurso humano, capacitación, inteligencia e investigación policial, controles efectivos, infraestructura adecuada, equipamiento y condiciones laborales dignas.

Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de la República para que antes de implementar una rotación generalizada de policías abra un proceso de diálogo y presente los estudios que demuestren la viabilidad y efectividad de la propuesta.

Costa Rica necesita cuerpos policiales fortalecidos, profesionales y con recursos suficientes para cumplir su labor; no policías sobrecargados, trasladados constantemente y sin las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente su trabajo.

ANEP presenta recurso de amparo contra recortes y congelamientos al presupuesto del Poder Judicial

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• Organización sindical sostiene que las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda amenazan la independencia judicial, el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana.

• ANEP solicita a la Sala Constitucional suspender los recortes y ordenar la restitución íntegra de los recursos presupuestarios correspondientes al Poder Judicial.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su secretario general, Albino Vargas Barrantes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles y la Asamblea Legislativa, por los recortes, congelamientos y condicionamientos aplicados o planteados sobre el presupuesto del Poder Judicial.

La acción constitucional sostiene que las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo representan una intervención indebida sobre los recursos de un Poder de la República constitucionalmente independiente y podrían comprometer seriamente la capacidad del sistema judicial para brindar una justicia pronta, cumplida y efectiva.

Para el ejercicio económico 2026, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Judicial un presupuesto de ₡541 mil millones. Sin embargo, mediante el oficio MH-DM-OF-0901-2026, del 18 de agosto, el Ministerio de Hacienda impuso un denominado “ajuste técnico complementario” por ₡23.721 millones sobre un presupuesto que ya se encontraba aprobado y en ejecución.

Según se expone en el recurso, Hacienda analizó 544 líneas presupuestarias y ordenó reducciones específicas en 362 de ellas, correspondientes a 85 subpartidas, determinando directamente en cuáles áreas y programas debía reducirse el gasto del Poder Judicial.

OIJ recibe el mayor impacto

ANEP advierte que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra el mayor impacto de este ajuste, con una rebaja aproximada de ₡9.536 millones, equivalente al 40,2 % del monto establecido por Hacienda.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP, presenta recurso de amparo contra recortes en el Poder Judicial. Foto: Esteba Ortiz Forero.

También se contemplan afectaciones a Dirección y Administración, Servicio Jurisdiccional, Defensa Pública, Ministerio Público, Atención y Protección de Víctimas y Testigos y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

A esta situación se suma, según el recurso, el bloqueo de ₡8.688 millones que ya habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa para reforzar al OIJ y al Ministerio Público en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la ola de homicidios que enfrenta Costa Rica.

La acción de amparo señala que, considerando las distintas medidas, la afectación al presupuesto judicial durante 2026 alcanzaría alrededor de ₡35.330 millones, además de un recorte adicional del 42 % en la partida de gasto operativo para lo que resta del año.

Recortes amenazan acceso a la justicia

Para la ANEP, reducir recursos destinados a investigación criminal, Ministerio Público, Defensa Pública y atención de víctimas no constituye únicamente una discusión administrativa o presupuestaria.

La organización sostiene que estas decisiones pueden traducirse directamente en una menor capacidad institucional para investigar delitos, atender a las víctimas, perseguir al crimen organizado y garantizar a la ciudadanía el derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida.

El recurso argumenta que el artículo 41 de la Constitución Política garantiza ese derecho y advierte que el peso de los recortes sobre áreas fundamentales del sistema judicial podría comprometer materialmente su cumplimiento.

ANEP advierte riesgo para la independencia judicial

La organización sindical también cuestiona que el Ministerio de Hacienda condicione la liberación de recursos a auditorías, informes y decisiones de carácter político en la Asamblea Legislativa.

Para ANEP, obligar al Poder Judicial a solicitar autorizaciones para disponer de recursos previamente presupuestados lo coloca en una situación de subordinación financiera frente a otros Poderes de la República.

El recurso recuerda que los artículos 9 y 154 de la Constitución Política establecen la separación e independencia entre los Poderes del Estado y que el Poder Judicial únicamente está sometido a la Constitución y a la ley.

Asimismo, la ANEP sostiene que la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para reducir partidas presupuestarias opera durante la elaboración del proyecto de presupuesto, y no una vez que este ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se encuentra en ejecución.

Por esa razón, la organización considera que el Ministerio de Hacienda estaría excediendo las competencias que le otorga el artículo 177 constitucional al intervenir directamente un presupuesto judicial vigente.

Preocupación también alcanza presupuesto de 2027

La ANEP manifiesta además su preocupación por lo planteado para el presupuesto del próximo año.

De acuerdo con el recurso, el proyecto de presupuesto ordinario para 2027 reduce la asignación al Poder Judicial de ₡541 mil millones a aproximadamente ₡530 mil millones y contempla la posibilidad de congelar ₡30 mil millones adicionales mediante normas de ejecución presupuestaria.

De concretarse esas medidas, los recursos efectivamente disponibles podrían reducirse hasta aproximadamente ₡500 mil millones y quedar condicionados nuevamente al cumplimiento de requisitos establecidos desde otros Poderes del Estado.

Para la ANEP, garantizar constitucionalmente un porcentaje presupuestario al Poder Judicial pierde sentido si parte de esos recursos se mantienen congelados o sujetos a decisiones políticas posteriores.

ANEP pide suspensión inmediata de las medidas

En el recurso de amparo, la ANEP solicita a la Sala Constitucional, entre otras medidas:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.
  • Anular el oficio MH-DM-OF-0901-2026 y cualquier otra actuación mediante la cual se hayan impuesto unilateralmente rebajas, congelamientos o condicionamientos al presupuesto del Poder Judicial.
  • Ordenar la liberación íntegra e incondicionada de los recursos presupuestarios correspondientes al ejercicio económico 2026.
  • Poner a disposición del Poder Judicial los ₡23.721 millones afectados por el denominado “ajuste técnico complementario”.
  • Girar los ₡8.688 millones previamente aprobados para fortalecer al OIJ y al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.
  • Impedir nuevos recortes o condicionamientos que no respeten los procedimientos establecidos por la Constitución Política.
  • Evitar el congelamiento de ₡30 mil millones planteado para el presupuesto judicial de 2027.
  • Como medida cautelar, suspender inmediatamente los efectos del oficio emitido por el Ministerio de Hacienda mientras la Sala Constitucional resuelve el fondo del recurso.
Albino Vargas Barrantes sobre recurso de amparo ante recortes al Poder Judicial

La ANEP considera que lo que está en juego trasciende la discusión sobre cifras presupuestarias.

Defender los recursos del Poder Judicial significa defender su independencia, la seguridad ciudadana, el combate contra el crimen organizado y el derecho de todas las personas habitantes de Costa Rica a acceder a una justicia pronta y cumplida.

La organización sindical reafirma que continuará utilizando las herramientas constitucionales y legales necesarias para impedir cualquier medida que pueda debilitar las instituciones democráticas, deteriorar los servicios públicos o afectar los derechos fundamentales de la población costarricense.

ANEXO NOTAS PERIODÍSTICAS-RECURSO DE AMPARODescarga