Seccional ANEP-Policía de Control de Drogas insta a la DEA y autoridades judiciales investigar a actual y pasadas jerarquías de seguridad pública

Evidentemente, por ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, como es la ANEP, creemos firmemente en el debido proceso y en principios fundamentales como la presunción de inocencia. Por ello, no nos aventuramos a aseverar como ciertas las acusaciones por narcotráfico internacional que pesan sobre Celso Gamboa Sánchez.

No obstante, para las y los oficiales destacados en Cuerpos Policiales, ligados al ámbito de investigación del crimen organizado, la noticia no es ninguna sorpresa. Por cuanto, los cuestionamientos por estas supuestas relaciones con redes de crimen organizado datan de varios años atrás.

Aprovechando que la noticia captura las miradas del país, es necesario hacer hincapié en una serie de aspectos que, pensando en la seguridad ciudadana y el bien común, nos preocupan y venimos advirtiendo desde hace tiempo.

Debemos estar claros que la persona señalada de un delito tan grave como el tráfico internacional de drogas ocupó cargos del más alto perfil: director de la DIS, Fiscal Adjunto, Viceministro y Ministro de Seguridad Pública y Magistrado de Sala III (penal). Tuvo a su haber la más sensible información de la operatividad policial y la soberanía nacional. Figurarse que alguien con ese recorrido y vínculos políticos carezca de influencia o de redes operativas dentro del Estado sería, cuando menos, ingenuo.

Por eso, es angustiante conocer la existencia de supuestos audios en los que el implicado asegura que estaba garantizado el paso de la droga por las fronteras de nuestro país.

Hoy se avivan más que nunca los cuestionamientos que desde la Seccional ANEP-PCD, hemos venido haciendo desde setiembre del 2023, cuando se alertó a toda la población sobre la decisión sin asidero técnico-científico de los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, de retirar al personal de la PCD de muelles, aeropuertos y fronteras.

Jerarcas que aglutinan en su autoridad la operatividad policial del cielo (Vigilancia Aérea), Mar, (Guardacostas), Fronteras como aeropuertos y muelles, e investigación contra la narco-actividad (PCD); no deben tomar a la ligera los cuestionamientos de parte del personal policial que ejecuta en el campo las investigaciones, con años de experiencia. A menos que esté respondiendo a intereses distintos a los de la ciudadanía honesta.

“Será una facilitación para que las narco-estructuras ingresen y exporten la droga hacia y desde nuestro territorio”. Lo advertimos. Las investigaciones poco a poco nos dan la razón, lamentablemente. En concordancia, personas expertas en la materia insisten en que Costa Rica necesita ejercer un verdadero control territorial, especialmente en los puntos fronterizos.

Desde ANEP queremos recordar algunos de los cuestionamientos hechos a la Administración Chaves Robles, disponibles en este enlace:

https://anep.cr/narcotrafico-y-la-administracion-chaves-robles-10-puntos-a-considerar-sobre-esta-aterradora-hipotesis/.

Desde la Seccional ANEP-PCD, como policías que arriesgamos la vida a diario por el país, eximimos al Gobierno de la República, que demuestre con hechos que no está del lado de la delincuencia organizada.

Para empezar: que haga públicos los estudios técnicos y científicos que utilizó para retirar a la única policía investigativa contra el tráfico de sustancias psicotrópicas del Poder Ejecutivo de los puntos por donde entra y sale la droga; muelles, aeropuertos y fronteras.

De seguido, recordar que el Ministerio de Seguridad ha incumplido las promesas hechas por el presidente cuando nos visitó, luego de la primera conferencia de prensa en 2023, específicamente en los siguientes puntos:

-Modificación del reglamento de roles, atendiendo los criterios vinculantes de salud ocupacional (6×6).

  • Dotación de recursos tecnológicos para optimizar las pesquisas de investigación.
  • Dotar vehículos para utilizar en las investigaciones.
  • Regreso del área informática destacada en PCD, para la atención y gestión, pronta y satisfactoria, de los conflictos con los sistemas informáticos.

Finalmente, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado tanto a la propia DEA como al Poder Judicial, para que dirijan sus investigaciones hacia las jerarquías del Ministerio de Seguridad Pública, pasadas y actuales, especialmente a aquellas que han tomado decisiones que han afectado negativamente la lucha contra el crimen organizado.

SECCIONAL ANEP-PCD
27 junio, 2025.

CCSS deberá pagar más de 1.1 millones de dólares anuales para mantener sistema ERP-SAP

Así se desprende del documento GG-PIMG-1282-2025, fechado el 24 de junio de 2025, enviado por la Dirección de Plan Innovación de la Caja Costarricense del Seguros Social, luego de la consulta realizada por nuestra organización, para conocer los costos económicos asociados a las licencias del sistema administrativo ERP-SAP, a nivel nacional, desde el inicio de su implementación hasta la finalización de los contratos vigentes. Así como los costos económicos correspondientes al mantenimiento del sistema informático.

Según se establece en el documento, la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá pagar anualmente una suma de $1.155.000 para el mantenimiento, actualización y licencias de dicho programa.

A esto se suma que la institución ya ha pagado la suma de $1.624.904 en dos contratos adicionales a la licitación original de $52 millones para implementar el sistema ERP-SAP.

“ Finalmente, para dar continuidad a los servicios de actualización y soporte de las 12,071 licencias SAP S/4 HANA posterior al año 2025, se tramitó una nueva contratación mediante el SICOP, bajo el procedimiento 2025LY-000002-0001101161. De este procedimiento se derivó el Contrato N.º 0432025116100044-00, por un monto de $1,155,000.00 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil dólares con 00/100) anuales, el cual actualmente se encuentra en etapa de refrendo jurídico institucional.  Este contrato tiene como objetivo cubrir los servicios de actualización y soporte correspondientes a los años 2026 y 2027, por un total de $2,310,000.00.”, indica el documento.

Por su parte, el Secretario General de la ANEP, cuestionó el monto millonario que deberá desembolsar la CCSS anualmente por estas licencias y actualización del sistema 

“Las cifras que estamos conociendo del costo de ese proceso informático, del costo de las licencias y de lo que hay que pagar en los próximos años para que el sistema opere, es realmente escandaloso, es más, debería generarse ya una investigación de oficio del Ministerio Público”, declaro Vargas.

En el documento también se establece que, la CCSS, debió realizar una modificación del contrato inicial por un monto cercano al millón de dólares.

“Posteriormente, se realizó una modificación unilateral del contrato N° 2020-09, amparada en el artículo 208 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta modificación dio origen a la Adenda N° 2, correspondiente al Entregable N.º 47, cuyo objeto fue la contratación de los servicios de actualización, soporte y mantenimiento de las licencias SAP S/4 HANA.”, se indica en el archivo.

Además agrega “El monto asociado a esta adenda es de $955,500.00 (novecientos cincuenta y cinco mil quinientos dólares estadounidenses), con una vigencia comprendida entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2024.”

Pero este no sería el único desembolso realizado por la institución, luego de la implementación del sistema ERP-SAP, que habría costado la suma de 52 millones de dólares, ya que se debió gestionar una nueva contratación, esta vez por un monto cercano a los 670 mil dólares

“Como se desprende de lo anterior, la vigencia del soporte contratado mediante la Adenda N.°2 concluyó en noviembre de 2024. Por tal motivo, se gestionó una nueva contratación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), bajo el procedimiento 2024XE-000002-0001101161, del cual se derivó el Contrato N.º 0432024116100272-00, por un monto de $669,404.24 (seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuatro dólares con veinticuatro centavos), con vigencia para todo el año 2025.

El pasado lunes 2 de junio, la ANEP, solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS, abrir una investigación sobre la ejecución y desarrollo de este sistema, al considerar que se encuentra rodeado de una serie de irregularidades, entre estas un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

El 10 de junio la ANEP, también solicitó, al Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), investigar una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP en la CCSS.

ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto y ahora se suman estos nuevos datos.

Este 24 de junio la Contraloría General de la República informó que ya ha dado tramite a la denuncia de la ANEP,  la cual fue trasladada como insumo al Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social (BIS), con la finalidad de que sea considerado para la planificación de una acción de fiscalización, en el marco de las competencias de la Contraloría General.    

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.  

Renuncia de Directora de Comunicación del AyA evidencia posible uso indebido de recursos públicos y abuso de interinazgos

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en AyA, manifiesta su profunda preocupación ante la renuncia presentada por la Directora de Comunicación Institucional (interina) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), María Jesús Chavarría Montero, quien en su carta denuncia limitaciones estructurales, falta de visión estratégica y una preocupante instrumentalización de la comunicación institucional con fines personalistas.

Este hecho no puede verse como un caso aislado. Se trata de una señal clara del deterioro en la gobernanza interna de una institución estratégica para el país, en donde la comunicación —en lugar de servir al interés público— ha sido utilizada como un mecanismo de promoción de la figura del Presidente Ejecutivo, Juan Manuel Quesada, ignorando su verdadero rol institucional: informar, educar, conectar y generar confianza con la ciudadanía.

Interinazgos cuestionables y prácticas contrarias a la ley

A pesar de que la señora Chavarría fue seleccionada mediante un concurso externo, su puesto se mantuvo en condición interina. Tras su salida, la Presidencia Ejecutiva nombra nuevamente de forma interina a otra persona, sin abrir el proceso para un nombramiento en propiedad, lo cual evidencia un patrón de prácticas administrativas que violentan la legalidad y perpetúan la discrecionalidad en el acceso a cargos estratégicos.

Desde ANEP denunciamos esta situación como una clara violación al marco regulatorio vigente, en particular a la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.º 10159), que en su artículo 38 establece que los interinazgos deben ser temporales, debidamente justificados y no pueden utilizarse para evadir los concursos públicos. El artículo 39 de la misma ley advierte que el abuso de estas figuras puede acarrear responsabilidad administrativa para los jerarcas que incurran en estas prácticas.

Estas acciones debilitan la institucionalidad, erosionan la confianza en los procesos de selección, y excluyen a profesionales calificados que desean aportar desde el servicio público bajo condiciones estables y justas.

Comunicación institucional al servicio de una persona y no de la ciudadanía

La carta de renuncia deja en evidencia que la Dirección de Comunicación ha sido reducida a una función reactiva y operativa, sin planificación estratégica ni articulación real con los objetivos institucionales. Lejos de utilizarse para informar sobre los grandes retos del AyA en saneamiento, infraestructura y acceso al agua, la comunicación ha sido dirigida principalmente a reforzar la imagen pública del jerarca, en detrimento de una verdadera rendición de cuentas.

Campañas institucionales, recursos humanos y esfuerzos técnicos han sido dirigidos, según lo denunciado, más al posicionamiento de una figura que a la misión institucional. Esto representa un uso indebido de los recursos públicos que no puede pasar inadvertido.

ANEP solicita la intervención urgente de la Junta Directiva de AyA, para que se de:

  1. La apertura inmediata de un concurso para el nombramiento en propiedad de la Dirección de Comunicación Institucional.
  2. La revisión administrativa y legal de los nombramientos interinos en el AyA, especialmente en puestos estratégicos.
  3. El cese inmediato de toda campaña institucional orientada a beneficiar la imagen del Presidente Ejecutivo.
  4. La publicación de un informe detallado sobre el uso de recursos en comunicación durante los últimos 12 meses.

Desde ANEP reiteramos que el servicio público debe regirse por principios de legalidad, mérito, equidad y eficiencia. La renuncia de una profesional calificada, motivada por razones éticas y estructurales, debe encender las alertas institucionales y ciudadanas.

La comunicación institucional no es una herramienta de propaganda para campañas políticas con recursos públicos.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La niñez no debe ser utilizada como escudo político ni justificación de fallas institucionales

La protección de la niñez y adolescencia es un deber del Estado, no un recurso para eludir responsabilidades.

La ANEP exige respeto y compromiso real con los derechos de la niñez costarricense.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su más enérgico rechazo a las declaraciones emitidas por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, durante la conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado 25 de junio.

En esa comparecencia pública, de manera alarmista e irresponsable, se expuso información sensible sobre personas menores de edad bajo la protección del Estado, instrumentalizándolas como argumento político para intentar justificar las falencias del sistema de protección y las tensiones existentes con otros Poderes de la República.

Todas las personas menores de edad merecen un tratamiento legal, ético y comunicacional acorde con su condición, el interés superior de la persona menor de edad y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.

No es admisible que un día se invoque el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, y al siguiente se les exponga ante el país con afirmaciones estigmatizantes y discriminatorias.

No es coherente rechazar el uso de la imagen de la niñez en convocatorias ciudadanas, y luego convertirles en el centro de un discurso con fines políticos y mediáticos.

¿Desde cuándo es aceptable que el Estado utilice a las personas menores de edad bajo su tutela como recurso argumentativo para encubrir deficiencias institucionales?

Lo más grave de las declaraciones de la Presidenta Ejecutiva del PANI es que convierten una obligación del Estado —la protección integral de toda persona menor de edad, sin excepción, incluyendo a quienes enfrentan procesos judiciales— en un mecanismo para desviar responsabilidades y alimentar temores. Con ello:

  • Se revictimiza a quienes ya han sido vulnerados por el propio sistema de protección.
  • Se profundizan estigmas sociales hacia adolescentes en condición de vulnerabilidad.
  • Se distorsiona el rol esencial del PANI, que no es castigar ni etiquetar, sino garantizar derechos y proteger integralmente.

La discusión sobre los presupuestos institucionales, incluyendo los ₡13.000 millones destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG), los ₡3.600 millones para tutores, los ₡1.865 millones para servicios de apoyo profesional y los casi ₡4.000 millones para la operación ordinaria de albergues, no puede ni debe fundamentarse en cuántas personas menores de edad enfrentan causas judiciales. El debate debe centrarse en cómo garantizar efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia, y no en administrar temores ni buscar culpables externos.

Lo sucedido constituye un acto irresponsable que lesiona gravemente la imagen institucional del PANI y traiciona el mandato legal, ético y social de protección que le corresponde cumplir como ente rector en materia de niñez y adolescencia. Ningún objetivo político puede ni debe justificar la exposición pública de personas menores de edad ni la utilización de su situación para encubrir crisis institucionales.

La ANEP hace un llamado a la reflexión responsable de las autoridades y a la urgente necesidad de devolver al PANI su verdadero propósito: la protección integral y digna de la niñez y la adolescencia, sin instrumentalizaciones ni exposiciones que desvíen la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la institución.

La niñez y la adolescencia merecen respeto, compromiso y acciones efectivas, no discursos que alimenten el miedo ni intentos de trasladar responsabilidades.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Resultados contradicen pronunciamientos de jerarcas del ICE

  • La objetividad que exige el caso de la avería en plataforma del ICE

En los últimos meses, algunos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han manifestado públicamente que la institución “está volando”, en alusión a un supuesto buen desempeño de sus operaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, las evidencias técnicas y los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como diversas publicaciones en medios de comunicación como AM Prensa, Diario Extra y La Teja, contradicen esa afirmación de forma contundente.

Según el más reciente informe técnico elaborado por SUTEL en conjunto con la firma especializada Opensignal, la empresa Claro obtuvo mejores calificaciones que sus competidores en 8 de las 10 categorías analizadas, incluyendo velocidad de descarga, experiencia en video y juegos, estabilidad de red y confiabilidad del servicio. Kölbi, marca de telecomunicaciones del ICE, apenas logró destacar en dos categorías, disponibilidad 4G y cobertura general. Este informe técnico, de carácter objetivo y basado en millones de mediciones de usuarios reales, representa una radiografía clara del estado actual de la competencia en telecomunicaciones.

Estos resultados no sólo evidencian un rezago evidente de Kölbi frente a Claro, sino que contradicen de forma directa el discurso optimista que ha sostenido parte de la alta jerarquía institucional del ICE. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad empírica debe preocupar, pues genera un desfase entre la percepción interna y las verdaderas condiciones del mercado, debilitando la toma de decisiones estratégicas y afectando la credibilidad institucional.

Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza pública, este desfase no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de falta de responsabilidad administrativa. El Estatuto del Personal del ICE y la Ley General de la Administración Pública establecen principios claros de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración que deben regir las actuaciones de la administración superior y del Consejo Directivo. El ocultamiento o maquillaje de datos objetivos, así como la omisión de acciones correctivas frente a deficiencias identificadas por los órganos reguladores, podría eventualmente constituir una omisión grave en el ejercicio del deber funcional.

Además, la negativa a reconocer y actuar sobre estas deficiencias tiene implicaciones directas en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Medios como La Teja recogen testimonios de usuarios molestos por los constantes problemas de conectividad, la lentitud del servicio y la falta de respuesta efectiva por parte de Kölbi. Cuando una empresa estatal, cuyo mandato es precisamente garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, deja de escuchar a sus usuarios y se aferra a una narrativa institucional autocomplaciente, se pone en riesgo no sólo su legitimidad, sino también su sostenibilidad en el mercado.

Cabe recordar que el ICE, a través de Kölbi, es el único operador público que compite en un mercado abierto y liberalizado. Su existencia no sólo tiene valor comercial, sino un peso estratégico para mantener el equilibrio entre los intereses privados y el bien público. Sin embargo, si esta empresa no responde con agilidad, calidad y responsabilidad institucional, su deterioro podría ser irreversible.

Ante esta situación, resulta urgente que la Administración Superior y el Consejo Directivo del ICE, establezcan mecanismos internos de rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan inmediato y transparente para la mejora del servicio, así como fortalecer el vínculo con sus usuarios mediante una política de atención eficiente y honesta.

En conclusión, el ICE no está “volando”. Está siendo superado por sus competidores en aspectos clave de calidad, velocidad y percepción del usuario. Insistir en un discurso que ignora los datos sólo profundiza la desconexión institucional y pone en entredicho el liderazgo de quienes hoy están llamados a conducir a la institución en un mercado cada vez más exigente. La verdadera fortaleza del ICE no está en frases grandilocuentes, sino en su capacidad para actuar con visión, técnica y transparencia.

ANEP denuncia grave violación de derechos hacia una funcionaria y su hijo lactante por parte del PANI

• La institución rectora en materia de niñez y adolescencia vulnera los derechos laborales y humanos de una trabajadora y su hijo.

• Omisión institucional impide el ejercicio efectivo del derecho a la lactancia materna y contradice el mandato legal del PANI en el DARI de Alajuela.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente una grave vulneración de derechos humanos y laborales ejecutada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución rectora en materia de niñez y adolescencia, que afecta directamente a una funcionaria en periodo de lactancia y a su hijo, persona menor de edad, en el Departamento de Atención Inmediata (DARI) de la Dirección Regional de Alajuela.

Mediante el oficio S.G. 21-25-3961-25, la ANEP planteó una gestión urgente y sólidamente fundamentada en favor de la funcionaria y su hijo lactante, ante la respuesta institucional tardía, insuficiente y omisiva que le ha impedido ejercer de manera plena y oportuna su derecho irrenunciable a la lactancia materna directa. A pesar de la solicitud expresa para que se resolviera de forma inmediata —considerando que el niño no puede esperar—, la institución ha mantenido un silencio absoluto, prolongando la vulneración de derechos fundamentales y demostrando una preocupante falta de compromiso con su mandato legal y ético.

Desde el 9 de mayo de 2025, la funcionaria ha solicitado formalmente un ajuste en su jornada laboral que le permita ejercer el derecho irrenunciable a la lactancia materna. Sin embargo, el PANI ha incurrido en una inaceptable omisión institucional, sin ofrecer respuesta o solución efectiva después de más de veinte días, vulnerando gravemente derechos fundamentales que garantizan la salud, bienestar y desarrollo integral tanto de la madre como del menor.

Este caso no es una falla administrativa aislada, sino un reflejo de una práctica sistemática que contradice el compromiso institucional del PANI, institución creada para proteger y promover el interés superior de la persona menor de edad. Resulta inadmisible que una institución con ese mandato permita la vulneración constante de derechos en su propia estructura, exponiendo a una madre trabajadora y a su hijo a condiciones laborales que dificultan el ejercicio pleno de la lactancia materna, lo cual afecta directamente su salud física y emocional.

La funcionaria se desempeña en un contexto de turnos rotativos, atención a emergencias y ambientes de alta tensión, condiciones que agravan el riesgo para su bienestar y el de su hijo. La normativa vigente es clara: las madres lactantes deben ser excluidas de jornadas nocturnas, giras extensas y funciones que comprometan su derecho a la lactancia y su salud, disposiciones que el PANI no ha respetado ni aplicado.

La ANEP hace un llamado urgente a la Presidencia Ejecutiva del PANI y a la Dirección Regional de Alajuela para que asuman su responsabilidad institucional, cumpliendo de manera inmediata con la legislación vigente y garantizando la modificación efectiva y urgente del horario laboral de la funcionaria para permitir el cumplimiento pleno del derecho a la lactancia materna.

ANEP reitera la importancia de que el PANI actúe con responsabilidad y compromiso real para proteger los derechos de sus funcionarias y, por ende, el bienestar de la niñez que debe tutelar. La lactancia materna no es solo un derecho individual, sino un pilar fundamental para el desarrollo saludable de los niños y una obligación institucional que no admite dilaciones ni excusas.

La omisión y la falta de respuestas concretas no solo afectan a una madre y a su hijo, sino que también representan un daño directo al cumplimiento del mandato legal y ético del PANI como garante del interés superior de la persona menor de edad.

Por ello, la ANEP solicita a la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, que asuma con urgencia y responsabilidad las acciones necesarias para resolver esta situación de manera inmediata.

El respeto pleno a los derechos laborales y humanos no es opcional; es la base para construir una institución digna, coherente y verdaderamente comprometida con su misión de proteger a la niñez y a quienes trabajan en ella.

Compartimos declaraciones de Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.

Respuesta de ANEP al pronunciamiento del AyA: la información es verídica y la realidad institucional es indefendible

En relación con el comunicado emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) rechaza de forma categórica cualquier insinuación de que este sindicato haya divulgado información falsa sobre la adquisición del vehículo de lujo para la Presidencia Ejecutiva.

La cifra de 14.831 kilómetros reportada para el vehículo BPL438, Toyota Land Cruiser Prado TX año 2017, fue obtenida directamente del Sistema de Gestión de Transporte GETRANS, herramienta institucional, cuya confiabilidad en la sana teoría debería cumplir con lo que establece la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno, que exigen la integridad y trazabilidad de los sistemas de información.

Es importante señalar que dicha información fue consultada días antes de que la unidad fuera entregada a la empresa proveedora, y ya ha sido formalmente remitida a las entidades de fiscalización como parte de la denuncia presentada por ANEP.

Frente a las afirmaciones del AyA de que el vehículo tenía 178.000 kilómetros, solo caben dos posibilidades:

1.  Que el AyA cuenta con sistemas de información institucional poco confiables o incluso manipulables, lo cual compromete gravemente la transparencia en la gestión pública.
  1. O que el vehículo recorrió en pocas semanas una distancia equivalente a un viaje de ida y vuelta al Polo Norte, lo cual resulta francamente absurdo.

Este intento de justificar lo injustificable agrava la ya deteriorada credibilidad de la administración del AyA.

Además, es aún más cuestionable la compra de un nuevo vehículo de lujo, valorado en más de USD $90.000, cuando la institución ya dispone de vehículos en operación y asignados a los más altos niveles jerárquicos, entre ellos:

•   Unidad 102-2325, Pick-Up 4x4 año 2021, prestado a la Presidencia Ejecutiva desde septiembre 2023.

•   Unidad 102-2225, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Subgerencia General.

•   Unidad 102-2224, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Gerencia General.

¿Cómo se justifica entonces la adquisición de otra unidad de alta gama si ya existe un parque vehicular disponible y funcional en la institución?

Más aún, ¿cómo es posible que la empresa proveedora aceptara como parte del trato un vehículo en mal estado mecánico? Esto evidentemente, no corresponde con la realidad técnica ni comercial, ya que agencias como Grupo Purdy Motor solo reciben unidades en buenas condiciones y luego las revenden a un precio acorde con el mercado.

Además es importante señalar otros gastos suntuosos que ya ha realizado la institución, como:

• El alquiler de vehículos para el transporte discrecional del Presidente Ejecutivo.

•   La remodelación de su oficina con acabados de lujo, en momentos en que muchas regiones operativas carecen de vehículos en condiciones funcionales para cumplir tareas esenciales.

Mientras se despilfarran recursos públicos en lujos para jerarcas, las unidades operativas enfrentan carencias críticas. Además, con las decisiones administrativas que se están tomando, la ejecución del presupuesto 2025 podría verse comprometida, e incluso, configurarse un eventual fraccionamiento presupuestario o ineficiencia administrativa.

Desde ANEP, ratificamos nuestra denuncia formal ante las autoridades competentes, y advertimos que daremos seguimiento firme y continuo a este caso hasta que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, hacemos un llamado enérgico a la Asamblea Legislativa para que cite a comparecer a la Gerente General Alejandra Mora Segura y a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, para que rindan cuentas ante el país sobre estas decisiones que atentan contra el interés general.

La ciudadanía merece instituciones responsables, no administraciones al servicio del confort personal de sus jerarcas.

¡Basta de privilegios con fondos públicos!

ANEP – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANEP denuncia despilfarro de recursos públicos en la compra de vehículo de lujo en el AyA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a la opinión pública, que ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes contra la Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Alejandra Mora Segura, y la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, por el uso injustificado de recursos públicos en la compra de un vehículo de lujo para uso de la Presidencia Ejecutiva.

Mucho se ha dicho en los medios de comunicación sobre la adquisición de dicho vehículo, sin embargo, los verdaderos responsables de tramitar y facilitar esta compra, para complacer los gustos personales del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, permanecen sin ser llamados a cuentas. Este sindicato ha decidido actuar con responsabilidad institucional y denunciar los hechos concretos, con base en pruebas y fundamentos jurídicos claros.

Según consta en la documentación oficial, la institución contaba con un vehículo en excelente estado, con apenas 14.831 kilómetros recorridos, y en buen estado de conservación, el cual fue entregado como parte del pago de una nueva unidad valorada en más de $92.000, sin que existiera una justificación técnica válida para su reemplazo. Esta decisión se tomó a pesar de que la institución aún debe ejecutar un presupuesto millonario para la compra de vehículos esenciales, como camiones y unidades pick-up, indispensables para las tareas operativas del AyA.

Este tipo de decisiones administrativas comprometen gravemente la eficiencia del gasto público, violan los principios de legalidad y probidad que deben regir en la función pública, y representan un claro acto de despilfarro institucional.

La ANEP considera de suma importancia, que la Asamblea Legislativa también asuma su responsabilidad en el control político y cite a comparecer tanto a la Gerente General, Alejandra Mora Segura, como a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, a fin de que den cuentas ante el país sobre estos hechos.

Desde la ANEP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos públicos, el combate a la discrecionalidad administrativa y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los fondos que pertenecen a toda la población.

¡El país no tolera más lujos ni privilegios con dinero público mientras tantas necesidades básicas siguen sin ser atendidas!.

 AyA compromete más de 218 millones en servicios profesionales que podrían asumirse internamente

-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?

En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.

Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.

Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?

Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.

Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?

En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.

Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.

Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Personas menores de edad duermen en colchonetas en oficina del DARI Huetar Caribe del PANI.

– Denuncias evidencian vulneraciones sistemáticas a los derechos de la niñez bajo protección del PANI.

– ANEP exige renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva para restaurar la confianza institucional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en cumplimiento de su deber de defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, así como de vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, denuncia ante la opinión pública una serie de hechos gravísimos ocurridos en la oficina del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la Región Huetar Caribe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Estos hechos constituyen no solo una vulneración directa de las condiciones laborales del personal técnico institucional, sino también una violación alarmante a los derechos fundamentales de personas menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección. Las actuaciones denunciadas reflejan una preocupante improvisación institucional, un desacato a los protocolos de protección integral y una exposición inaceptable de personas menores de edad a tratos indignos y riesgosos.

Desde el mes de mayo de 2025, la Directora Regional a.i., ha ordenado que adolescentes varones sean alojados de manera improvisada dentro de las oficinas administrativas del DARI Huetar Caribe. Estos menores han sido obligados a dormir sobre colchonetas en el piso, permanecer en las oficinas hasta por tres días consecutivos, sin posibilidad de salir del inmueble, sin condiciones mínimas de habitabilidad, sin acceso pleno a servicios básicos y sin acompañamiento técnico especializado.

Además, se ha instruido al personal técnico del DARI —profesionales en trabajo social, psicología, derecho, criminología, entre otros— a asumir funciones totalmente ajenas a su formación y perfil profesional, tales como la custodia directa, la supervisión continua y la contención conductual de estos adolescentes. Estas tareas han sido impuestas incluso fuera de la jornada laboral y durante días libres del personal, bajo promesas informales de pago de horas extra, lo cual agrava aún más la situación.

Estas prácticas representan una violación directa a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y los protocolos técnicos de la institución. Utilizar oficinas administrativas como albergues improvisados constituye una forma de trato degradante, contraria a la dignidad humana y al deber reforzado de protección que el Estado costarricense debe garantizar.

De igual forma, se infringen normas del ordenamiento jurídico-laboral costarricense, al imponer funciones no contempladas en los perfiles de puesto, alterar jornadas sin acuerdo previo ni justificación legal, y exponer al personal a responsabilidades de alto riesgo sin respaldo institucional, lo que podría derivar en consecuencias administrativas, penales y éticas para los funcionarios afectados.

Una vez más, bajo la administración de la señora Kennly Garza Sánchez, se registran hechos en los que los derechos de las personas menores de edad son vulnerados de forma sistemática y alarmante. La ANEP cuenta con fotografías y videos que evidencian estas prácticas y que demuestran la gravedad de las decisiones adoptadas por la Dirección Regional.

En oficio enviado a la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, la ANEP solicita de manera inmediata y categórica:

1- La intervención urgente y directa de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, a fin de detener de inmediato estas prácticas irregulares y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.

2- La prohibición expresa y definitiva del uso de oficinas administrativas como espacios de abrigo temporal (albergues), dado que carecen de las condiciones mínimas legales, técnicas y éticas para la atención de personas menores de edad bajo medida de protección.

3- Que se dispongan medidas correctivas inmediatas que garanticen el cumplimiento de los protocolos de atención integral, el respeto al principio de legalidad y el resguardo de los derechos humanos de las personas menores de edad en protección.

4- Que se asegure el pleno respeto a las condiciones laborales, profesionales y humanas del personal institucional, protegiéndoles de decisiones arbitrarias que los expongan a escenarios ilegales, de riesgo o contrarios a su formación.

La ANEP, en el ejercicio de su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez costarricense y la integridad institucional del Patronato Nacional de la Infancia, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples irregularidades que persisten bajo la actual administración del PANI.

Dichas irregularidades han derivado en graves vulneraciones a los derechos de personas menores de edad que se encuentran bajo protección institucional, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas para corregir esta situación. La ausencia de respuestas contundentes, así como el incumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo, han comprometido seriamente la misión y el funcionamiento del PANI.

Por lo tanto, la ANEP exige la renuncia inmediata de la señora Presidenta Ejecutiva del PANI, como medida indispensable para restaurar la confianza en la institución y garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez costarricense.

San José, 13 de junio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)