La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a los 57 diputados y diputadas de la República, solicitando adopten la decisión política de impulsar una Auditoria Ciudadana sobre la deuda del Gobierno Central.
Categoría: Gobierno Central
Sala IV acoge recurso de amparo constitucional presentado por la ANEP contra el Presidente y la Ministra de la Presidencia
La Sala le da un plazo de tres días al Presidente Rodrigo Chaves Robles y la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, para presentar un informe ante el recurso de amparo.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acogió el recurso de amparo constitucional presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contra el decreto presidencial N 44634 MP, denominado “Reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención” (UIE).
Según ordena la Sala, se le da un plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación, al Presidente, Rodrigo Chaves Robles y a la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, para presentar un informe ante el recurso de amparo presentado por nuestra organización.
La ANEP presentó el amparo constitucional contra el decreto 44634 MP, el viernes 22 de noviembre del presente año; posteriormente, el lunes 25 de noviembre, también presentó un adendum a este recurso de amparo.
El decreto cuestionado fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el pasado jueves 21 de noviembre de 2024, firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, modificando el que estaba vigente desde el 27 de julio del año 2005.
Dentro de los argumentos presentados por nuestra organización en el recurso de amparo en contra del decreto, se encuentran intromisión de funciones, vulneración al principio de separación de poderes, así como violación de derechos fundamentales y abusos potenciales de autoridad.
Para la ANEP, dicho decreto convierte a la UEI en una policía al servicio del Presidente de la República quien no solo podría nombrar y remover a sus altos mandos; sino que, también, discrecionalmente, podría otorgar rangos policiales y tener la última palabra para la aprobación o denegación de operativos policiales. Además, que la subordinación de la Unidad a autoridades políticas podría generar la politización de órganos de seguridad, la potencial afectación de su independencia y limitar el control judicial.
En el recurso, nuestra organización establece que, mediante la vía reglamentaria, como lo viene a decir el decreto del Poder Ejecutivo, no podría modificarse una ley por el orden jerárquico inferior que tiene un reglamento con respecto de una ley. La modificación de una ley le compete a la Asamblea Legislativa y pretender modificar las facultades que tiene la policía, consagradas en los artículos 18,19 y 20 de la Ley General de Policía, no puede ser modifica mediante decreto.
Para la ANEP, estas argumentaciones deben ser consideradas por los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, para declarar con lugar nuestro recurso de amparo constitucional.
Narcotráfico y la administración Chaves Robles: 10 puntos a considerar sobre esta aterradora hipótesis
Nunca en la historia de nuestro país surgieron tantos cuestionamientos sobre la posibilidad de una colaboración entre estructuras dedicadas al crimen organizado con el Gobierno de la República. Como es natural, la exposición de tan grave teoría enerva los ánimos de los máximos representantes de la Administración Pública, especialmente, a quienes se encuentran directamente relacionados con la Seguridad Pública. Sin embargo, alcanza un rápido recorrido informativo sobre las decisiones y omisiones de la Administración Chaves Robles, en lo relativo a Seguridad Ciudadana, para comprender la raíz de este horroroso señalamiento.
Las palabras agresivas, el sarcasmo, la ironía y la desacreditación del mensajero, y nunca del mensaje de fondo, son las típicas conductas del mandatario -apegadas al estilo de corte populista, cuando se encuentra carente de bases técnicas y verdades, que le imposibilitan constituir un debate de altura. Identificar esta sencilla estrategia, aunque eficaz antes los ojos de las masas desinformadas, es suficiente para detectar en qué situaciones específicas se están realizando mal las cosas en esta Administración. Y, desafortunadamente, es justo ese el accionar que se ha visto en el presidente y miembros de su gabinete, cuando se le cuestionan aspectos relacionados a la Seguridad Ciudadana y especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
Sin perder la humildad, pero con categoría, debemos recordar que la organización sindical, ANEP, y nuestras bases, están llenas de personas profesionales en criminología, derecho, sociología, ciencias policiales, con una considerable cantidad de personas pertenecientes a las seccionales de Cuerpos Policiales, y personas externas con experiencia en puestos políticos con quienes hemos interactuado, nos permiten tener una opinión técnica e informada.
De esta manera, consideramos que la reacción de Mario Zamora Cordero, Manuel Jiménez Steller, o el propio Rodrigo Chaves Robles, de enfado por ser señalados como ineficientes en la lucha contra la narco-actividad, o incluso, por posibles nexos con estructuras criminales, es un completo descaro. Es su absoluto deber como funcionarios públicos rendir cuentas y DEMOSTRAR que las decisiones y actuaciones son las mejores.
Desgraciadamente, para el país, sus actuaciones son cada vez más cuestionables, y la férrea resistencia de la fracción oficialista (en complicidad con la de la Unidad Social Cristiana), el día de ayer 09 de octubre, echando mano de estratagemas dilatorias obvias para impedir que se votara la moción que conforma una comisión investigadora sobre los supuestos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo arroja más sospechas sobre el asunto. ¿Por qué evitar una investigación a menos que haya elementos incriminadores?
Ahora bien, es más que necesario recordar rápidamente el contexto nacional con respecto al tema del narcotráfico. Costa Rica no es un simple punto en la ruta de paso de la droga que viene del cono sur del continente y va hacia norte américa, tampoco somos solo un centro de bodegaje; nuestro bello país, desafortunadamente, es una zona que funge como una base de operaciones de los carteles narcos. En Costa Rica se recibe la droga, se abastecen de hidrocarburos, se celebran reuniones de coordinación, se ejecutan objetivos, se envía la droga directamente a distintos destinos del orbe y, lo más importante, lo que da vida al ilícito, se legitiman capitales. Por ello, nos encontramos en el “top 3” de países que más exportan cocaína, (sin ser productores). Es tal la cantidad de droga que circula en el país, que sus precios han bajado significativamente, un kilo de cocaína de costar aproximadamente 3.5 millones de colones, ahora ronda los 2.3 millones.
Con esta triste realidad, es más que lógico que el gobierno de turno, si es que busca mitigar los impactos de este flagelo, por el bien de la población, debe trabajar con prontitud en la toma de las mejores decisiones. Entre estas acciones básicas se encuentra: establecer una política nacional de seguridad enfocada en la prevención, articulación con los otros poderes de la república para atacar el problema de manera integral, elegir a las personas más idóneas en las jerarquías de los Cuerpos Policiales, tomar las acciones encaminadas a fortalecer las policías, adoptar estrategias operativas que permitan dotar de mayor eficacia a unidades especializadas, blindar las fronteras…entre muchas otras.
Es lo más lógico ¿No es así? Pero una breve comparación con las decisiones del gobierno de Chaves Robles, con Mario Zamora y Jiménez Steller al mando del Ministerio de Seguridad Pública (por solo mencionar una institución), no concuerdan en lo absoluto con las conductas esperadas. Visualicémoslo con 10 rápidos puntos:
1)Falta de políticas preventivas: La Política Costa Rica Segura Plus, es una propuesta que no ha pasado de ser un documento más, según ha admitido de manera escrita el propio Mario Zamora Cordero (tenemos la respuesta). Los alcances se han limitado a algunas reuniones de coordinación; es decir, pese a la emergencia, Costa Rica sigue sin tener una política de Seguridad y prevención real, mientras seguimos caminando la misma ruta de otros países que se han convertido en un narco-estado.
2)Pelearse con los Poderes de la República: Así es, lejos de ver una articulación entre poderes, desde Casa Presidencial atestiguamos como un día sí, y el otro también, se crea una mayor separación y desorganización contra la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. ¿Han visto la pugna contra el OIJ? ¿Cuál es la razón si se persigue el mismo fin? ¿O no es así? Un Estado dividido en la lucha contra el hampa y el crimen organizado, es un factor beneficioso para la delincuencia.
3)Jerarquías cuestionadas: Afirmar o negar que quienes se encuentran al frente de los Cuerpos Policiales son las personas más idóneas, puede ser muy subjetivo, no obstante, las estadísticas, los cuestionamientos, y hasta las causas penales que se persiguen contra algunas personas, les restan mucha credibilidad. Mientras las y los policías de base se enfrentan a estudios sociales y de antecedentes para ingresar, tenemos a un viceministro de Seguridad Pública, por ejemplo, que posee una causa en la fiscalía por supuestas comunicaciones con personas dedicadas a actividades ilícitas.
4)Problemas con la adquisición de equipo policial: Son casi diarias las noticias de chalecos antibalas vencidos, uniformes rotos, falta de equipo policial y delegaciones “cuchitriles”. Existen problemas administrativos para la compra de estos equipos, y, nuevamente, desde el propio despacho del Ministerio de Seguridad, se afirmó que no hay ningún problema, pese a que, se reitera, sobran las fotos que le desmienten.
5)Debilitamiento en la movilidad de Cuerpos Policiales: El año 2025 será el tercer año consecutivo sin comprar NI UNA SOLA PATRULLA en el Ministerio de Seguridad Pública. Además, en este momento, el Servicio de Vigilancia Aérea solo tiene 1 AVIÓN activo. Una vez más, este debilitamiento de las policías solo beneficia a la criminalidad y las estructuras delictivas.
6)Debilitamiento en la cantidad de policías: En el Servicio de Vigilancia Aérea, se ordenó distraer recurso humano de los aeropuertos (la mayor frontera del país) para ir a hacer funciones iguales a la seguridad privada en APM Terminals. Es obvio que esto debilita la atención a la seguridad portuaria, por donde ingresan o salen, de manera legal las personas que mueven dinero, especies y hasta personas, relacionadas al crimen organizado. Concatenado a esto, para el año 2025, según dijo el propio Ministro de Seguridad, la Fuerza Pública no contratará con más personal.
7)Debilitamiento de las labores investigativas de droga: Es necesario recordar que el viceministro de seguridad, quien, reiteramos, se encuentra cuestionado, tiene bajo mando los Cuerpos Policiales especializados en el resguardo de cielo (Vigilancia Aérea), mar (Guardacostas) y la lucha contra las Drogas (PCD); además, forma parte del Consejo Directivo del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD). Con tal responsabilidad y posición estratégica, utilizó su poder para SACAR a la Policía de Control de Drogas, de muelles aeropuertos y fronteras (los lugares donde se obtiene la información para las investigaciones contra el narco a nivel internacional).
8)Debilitamiento de la capacitación policial en Guardacostas: De nuevo, de la mano de un viceministro cuestionado y carente de experiencia policial, se dio un traslado de la academia de Guardacostas a un lugar donde no tienen acceso al mar, por lo que no es posible llevar a cabo las capacitaciones. Un Cuerpo Policial que se enfrenta directamente contra el narcotráfico, que ve debilitada la formación operativa, es un retroceso a favor de los ilícitos.
9)Omisión de estrategias migratorias, en aspectos de seguridad: A través de figuras migratorias como la solicitud de refugio (debido al bochornoso retraso existente y los años que tardan en resolverse), integrantes de bandas narcos (y otras modalidades de crimen organizado), se mantienen en Costa Rica de manera legal, haciendo uso de esta figura. Se preguntó al ministro de seguridad sobre las políticas para combatir este y otras problemáticas migratorias que inciden en la seguridad ciudadana. La respuesta resumida es que no existe ninguna.
10) Costa Rica y la legitimación de capitales: Varios de los incesantes ataques del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, radican en la supuesta falta de aprobación de leyes. No obstante, no existe ni un solo proyecto de ley de parte del Ejecutivo que persiga el dinero producto de la venta de drogas y su incorporación a la economía formal. Un verdadero golpe al narco se da a través de la incautación de dinero, inmovilización de cuentas, activos e investigaciones especializadas.
Los anteriores puntos, entre muchas otras razones, conforman los cimientos del porqué nos parece un descaro que el gobierno se enfade cuando le cuestionan de tener vínculos con el crimen organizado. Puesto que, cada vez observamos más situaciones que incrementan los cuestionamientos y se continúa en esa línea. Desde ANEP pensamos que una de dos, o el tema de seguridad está siendo manejado con total ignorancia, inexperiencia e ineficacia, o se están protegiendo intereses que no son los de la gente honesta…
San José, 10 de octubre de 2024.
Tribunal de la Inspección Judicial reafirma suspensión de la ley antihuelgas, mientras que Corte IDH la sepulta
La ratificación que realiza el tribunal de la inspección judicial se da en el proceso disciplinario que se sigue en contra de una jueza de apellidos Brenes Quesada, luego de la denuncia de ANEP, ya que la jueza en el año 2023 calificó la huelga de 2 días realizada por los trabajadores de la Municipalidad de Abangares como ilegal, pese a existir la resolución de la Sala Constitucional que imposibilita dictar una resolución final sobre las huelgas.
Chaves: golpista en potencia
Empleados del sector Público sin reajuste por costo de vida para el 2025
Ineficacia e irresponsabilidad del MSP en la compra de patrullas
–MSP tiene 6.326 vehículos de uso terrestre, de los cuales solo 2147 están activos
– Para el año 2025, no se contemplaría ni un solo colón para compra de vehículos.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como un sindicato preocupado por la seguridad ciudadana, y como una institución que una y otra vez ha cuestionado, y hemos constatado, la improvisación de los actuales jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), denunciamos el debilitamiento sistemático de los cuerpos policiales, específicamente en la compra y mantenimiento de vehículos.
Según datos extraídos del oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-161-2024, actualmente el MSP cuenta con 6.326 vehículos de uso terrestre, de los cuales solo 2.147 están activos (un 34%), mientras que 4.179 vehículos, es decir un preocupante 66% de la flotilla está fuera de servicio, 2437 (39%) de estos de manera permanente y solo 99 vehículos se encuentran en reparación.
A pesar de estos datos y los cuestionamientos, el MSP, sigue sin adquirir nuevas unidades durante este 2024, situación que se extenderá un año más, Así queda plasmado en el oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-177-2024 en poder de la ANEP, en el cual se observa que, en el anteproyecto presupuestario, no se contempla ni un solo colón para compra de vehículos para el año 2025.
A estas situaciones se suma las compras agrupadas, según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública Nº9986, lo que ha venido a constituir un riesgo para la adquisición de equipamiento y recurso de los cuerpos policiales.
Sobre este último tema, desde la ANEP, se le consultó al Ministro de Seguridad Mario Zamora, si estaba al tanto y qué acciones se tomarían para mitigar o subsanar estos riesgos, pues la merma de equipo policial influye directamente en el servicio de seguridad ciudadana. Zamora respondió con el oficio MSP-DM-0588-2023, diciendo que “no existía riesgo alguno y que todo está bien”.
Otra de las situaciones que llaman la atención, es que en el año 2023 no se ejecutaron ₡600 millones del Instituto Costarricenses sobre Drogas (ICD), en Fuerza Pública, según oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SDGFP-B-2092-2024. La Subdirectora General de Fuerza Pública, Yadelly Noguera Corea, indica que “todo ese dinero fue reasignado para reparación y mantenimiento de vehículos, y no para compra de vehículos”. Esto a pesar de que solo 99 vehículos se encuentran en reparación, según datos del propio MSP.
En el mismo documento, esta jerarca indicó que ₡1.533 millones no podrán ser ejecutados por falta de procedimiento de contratación.
Esta situación ha generado decisiones como la de la Subdirectora General de FP, quien, en el oficio, MSP-DM-DVURFP-DGAF-SDGFP-B-2491-2024, asume la responsabilidad de mandar a reparar un vehículo (placa08-5132), que cuenta con un criterio técnico para no repararla. Poniendo en riesgo la seguridad de oficiales y ciudadanía.
Para la ANEP es preocupante observar la cantidad considerable de recursos destinados al servicio de seguridad ciudadana, que el MSP no está ejecutando. En momentos de crisis fiscal o bien con procesos mal ejecutados.
Procedimientos de compra fracasados, según datos de SICOP:
Procedimiento | Acto Final | Motivo |
2022LA-000023-0007100001 Adquisición & Canje Vehículos 2022. PCD | Infructuoso | El punto 1.6.1.3.4 del cartel, no se ajustaba a la formalidad de certificación notarial. La contratación era por un estimado de ¢452.837.255. Se declara infructuosa por no presentar a una certificación notarial. |
2023LE-000002-0007100001 Compra de vehículos. PCD_097 | Infructuoso | La contratación era por un estimado de ¢264.498.436 colones, para adquirir 9 vehículos, y se declara infructuosa por una nota al plazo de entrega; esto, a pesar de que se indica que el análisis legal y el análisis técnico indicaron que una de las ofertas presentadas cumplía. |
2024LY-000004-0007100001 COMPRA INSTITUCIONAL DE VEHICULOS TIPO PICK UP, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | Declarado Infructuoso por el MSP. Tiene dos recursos de revocatoria ante la CGR | La contratación era por un estimado de ¢31.858.397.858,53 Es declarado infructuoso por diferencias en precios (+ $15,14, +$319.74, y -$101,91) Es decir: $232.97 |
0062024000400011 Solicitud | Rechazado | Orden de la Viceministra Administrativa de Seguridad Pública, se desconocen justificaciones. |
Del cuadro anterior, llama la atención los motivos que parecen ser fácilmente subsanables para no dejar perder todo un procedimiento y la complejidad que esto conlleva. Especialmente es cuestionable que un departamento político sin conocimientos técnicos, como es el despacho de la viceministra de Seguridad Pública mande la orden a Proveeduría de rechazar un procedimiento, sin ningún tipo de justificación. Tal y como se constata en el oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-177-2024 en poder de la ANEP.
Si algo ha quedado claro, lamentablemente, en la Administración Chaves Robles, es la falta de claridad en lo referente a la seguridad ciudadana. La improvisación y las decisiones irresponsables, que incluso, desde la óptica de varias personas estudiosas en temas de seguridad, entre ellas el equipo de trabajo de ANEP, han tildado como más beneficiosas para la delincuencia y el crimen organizado, que, para la seguridad de la población costarricense, son la principal característica del MSP desde que el ministro Zamora tomó el mando.
Más allá del debilitamiento por la falta de aviones, de extraer a la PCD de los lugres donde se obtiene la información para detectar los movimientos de los carteles narcotraficantes internacionales, de la ausencia de verdaderas acciones preventivas, el equipo de trabajo de Mario Zamora incluso está fallando en los aspectos básicos de la articulación de este ministerio, que debería trabajar en pro de la seguridad ciudadana.
San José, martes 10 de setiembre de 2024.
Seccionales de ANEP se sumaron a la marcha por la Educación Pública
ANEP mantiene lucha contra el congelamiento salarial en el sector público
Ante este escenario nuestra organización envió una carta al Ministro de Hacienda, solicitando indicar cuál es la cifra presupuestada para reconocer reajustes por costo de vida, contenida en el proyecto del Presupuesto de la República para el 2025, el cual se entregará en próximas horas a la Asamblea Legislativa por parte del Gobierno.
Multitudinaria movilización pacífica por un “Pacto Nacional por la Educación Pública”
Bajo el lema “Educación hoy, paz mañana”, miles de personas marcharon hacia la Plaza de la Democracia para exigir un Pacto Nacional que resuelva la peor crisis educativa de los últimos 40 años.
Este movimiento nacional lo integran más de 70 organizaciones sociales y productivas en defensa del presupuesto para la educación en todos sus niveles, una transformación tributaria justa y la agenda social para el bienestar en Costa Rica.
El jueves 29 de agosto continúa la movilización con más acciones pacíficas en todas las regiones del país.
Como una manera proactiva de enfrentar la grave crisis educativa y la ausencia de liderazgo del MEP, miles de personas de todo el país marcharon hacia la Plaza de la Democracia, en San José, para demandar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”; el cual fue propuesto en junio del 2023, desde las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y otros sectores.
Estudiantes de primaria, secundaria y universidad entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa y diputaciones presentes, un documento con las principales demandas y propuestas para reactivar el proceso de diálogo y concertación que permita alcanzar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”.
La intención es que este pacto una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para progresivamente resolver la actual crisis educativa.
De lo contrario, no sería posible evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya sucedió en la década de 1980. Urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la actual crisis educativa, como se explica con claridad en el documento dirigido al Presidente de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes.
La inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2% del PIB, a pesar del mandato constitucional de destinar un 8% a la educación en todos sus niveles, lo cual significa un retroceso de casi 20 años. Si no se cambia el actual rumbo se continuará profundizando el deterioro no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino también disminuirá la productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, empeorando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo.
Por lo tanto, se propone un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, en donde se definirá la inversión en educación. Además, en los próximos días se lanzará una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas que fortalezcan el sistema educativo. Estas y otras propuestas serán la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Este movimiento nacional continúa el día de mañana con acciones regionales pacíficas, culturales y propositivas en Limón, Río Frío, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, El Palmar, Ciudad Neily, San Vito, San Carlos, Upala, Puntarenas, Quepos y San José.