La ANEP solicitó formalmente explicaciones sobre el aumento salarial anunciado por el Gobierno para el sector público, especialmente para las personas con salarios más bajos, dentro de quienes están las personas trabajadoras de los CEN CINAI.
Categoría: Gobierno Central
Tras aprobación del expediente 24.642, ANEP plantea avanzar en proyecto clave para fortalecer financieramente al PANI
–ANEP impulsa conversaciones con diputadas y diputados para promover el expediente 24.173, iniciativa orientada a dotar de mayores recursos al PANI y permitir la contratación de más personal.
– Mientras otros únicamente señalan los problemas, ANEP impulsa propuestas concretas y mantiene gestiones legislativas orientadas a mejorar la capacidad de atención del PANI y fortalecer la protección de la niñez y adolescencia.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) considera importante la aprobación del expediente legislativo 24.642, denominado “Ley para el mejoramiento de la gestión del Patronato Nacional de la Infancia y fortalecimiento del proceso especial de protección de las personas menores de edad”, iniciativa que incorpora reformas relevantes para fortalecer distintos mecanismos de protección de la niñez y adolescencia en Costa Rica.
Desde ANEP respaldamos el avance de esta iniciativa y sostuvimos acercamientos y conversaciones con distintas diputaciones sobre la importancia de fortalecer los procesos de protección, el seguimiento de casos y distintas competencias técnicas institucionales del PANI.
No obstante, aunque este proyecto representa un avance relevante, resulta necesario señalar que el expediente 24.642 no resuelve uno de los principales problemas estructurales que actualmente enfrenta el Patronato Nacional de la Infancia: las limitaciones presupuestarias y operativas que afectan la capacidad institucional y limitan la contratación de más personal especializado.
Por esa razón, ANEP considera fundamental que la discusión legislativa avance ahora hacia el expediente 24.173, denominado “Ley para proteger la inversión social en niñez y adolescencia”, iniciativa que busca blindar financieramente al PANI frente a las restricciones derivadas de la regla fiscal y fortalecer la capacidad operativa de la institución.
Actualmente, el expediente 24.173 aún no ha sido convocado para avanzar en su discusión legislativa, pese a que busca dotar al PANI de herramientas financieras indispensables para fortalecer su capacidad operativa y humana.
Desde hace varias semanas, nuestra organización sindical mantiene conversaciones y gestiones con diputadas y diputados de la República para impulsar el conocimiento y eventual avance de este proyecto de ley, debido a la importancia que tiene para la sostenibilidad operativa de la institución.
El expediente 24.173 busca fortalecer financieramente al Patronato Nacional de la Infancia mediante medidas orientadas a proteger la inversión social en niñez y adolescencia. Entre sus principales propuestas destacan:
• Garantizar que el PANI reciba al menos el 4% de los recursos de Fodesaf.
• Impedir que el Ministerio de Hacienda deje de presupuestar recursos que legalmente corresponden a la institución.
• Permitir que determinados superávits actualmente limitados por la regla fiscal puedan ser utilizados por el PANI.
• Fortalecer la capacidad operativa institucional mediante mayores recursos para atención, funcionamiento y respuesta técnica.
• Generar condiciones para ampliar la capacidad institucional y fortalecer la atención de personas menores de edad frente al crecimiento sostenido de denuncias y casos de intervención.
La propia exposición de motivos del proyecto advierte que las restricciones fiscales han generado afectaciones sobre la capacidad operativa del PANI, incluyendo limitaciones para la contratación de personal, fortalecimiento territorial y atención de programas dirigidos a la niñez y adolescencia.
Asimismo, el expediente señala que el crecimiento sostenido de denuncias y la saturación institucional hacen necesario fortalecer progresivamente las Oficinas Locales, Direcciones Regionales y equipos técnicos especializados del Patronato Nacional de la Infancia.
ANEP ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo el colapso operativo que enfrentan las personas trabajadoras de las distintas oficinas y departamentos del PANI, situación que se refleja en sobrecarga laboral, acumulación de casos, recargos funcionales y dificultades institucionales para responder oportunamente al crecimiento de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos de personas menores de edad.
Nuestra organización incluso compareció ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, donde expuso las graves afectaciones operativas y humanas que enfrenta actualmente la institución.
Para ANEP, fortalecer verdaderamente al PANI implica no solamente reformar procedimientos y mecanismos de protección, sino también garantizar recursos suficientes para ampliar la capacidad operativa institucional, contratar más personal especializado y mejorar las condiciones de atención a la niñez y adolescencia costarricense.
La protección integral de las personas menores de edad requiere decisiones estructurales que permitan al Patronato Nacional de la Infancia responder adecuadamente al crecimiento de la demanda institucional y garantizar una atención oportuna, humana y efectiva.
Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, del Estado Social de Derecho y de un PANI fortalecido, con recursos suficientes y capacidad real para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Victoria para la clase trabajadores: la Corte Internacional de Justicia confirma el derecho de huelga de la OIT
En una victoria para los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos y los servicios públicos, la Corte Internacional de Justicia ha confirmado la interpretación establecida desde hace tiempo de que el derecho de huelga forma parte del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
La Opinión Consultiva de la CIJ supone un espaldarazo para el Sistema de Control de la OIT, que hace que los Estados rindan cuentas sobre las normas laborales mundiales. La sentencia confirma la autoridad de la Comisión de Expertos de la OIT para interpretar el ámbito de aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT, y debe permitir a la OIT retomar sus funciones habituales tras más de una década de estancamiento.
El miembro de la ISP Asad Ur Rehman Aasi, de la Federación de Empleados del Sector Público de Pakistán, declaró
«Los trabajadores van a la huelga cuando se ignora el diálogo, cuando se incumplen las promesas y cuando se imponen decisiones sin consultar. El reconocimiento internacional del derecho de huelga es muy importante para lxs trabajadores de Pakistán y de todo el mundo. Recuerda a los gobiernos y a los empleadores que la huelga pacífica no es un delito».
En todo el mundo, la ISP ha apoyado a los sindicatos en el uso del derecho de huelga: cuando los lxs trabajadorxs de la electricidad toman las calles para resistirse a la privatización, cuando las enfermeras mantienen la línea de piquete para exigir una dotación de personal segura, cuando nuestros miembros hacen frente a los ataques contra los servicios vitales de los que dependen nuestras comunidades.
El Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, declaró: «Nuestra libertad de parar nuestro trabajo, si y cuando es necesario, siempre ha formado parte de nuestra libertad de organización. Hoy, la más alta corte del mundo ha afirmado nuestro derecho a la huelga».
La decisión llega en un momento en que las huelgas pacíficas y las protestas en general están siendo criminalizadas en todo el mundo y se están produciendo cada vez más ataques contra el derecho de huelga de los lxs trabajadores de los servicios públicos. La decisión proporciona apoyo internacional a los sindicatos de todo el mundo para que luchen cuando se atacan los derechos de huelga a escala nacional.
«La ISP apoyará a nuestros miembros para que utilicen la protección de la OIT cuando se ataque nuestra libertad sindical y nuestro derecho de huelga. La sentencia de hoy demuestra que lxs trabajadorxs se levantarán y serán escuchadxs, y que tenemos el derecho internacional de nuestro lado.»
Bertossa agradeció a la Corte por su Opinión Consultiva y dijo que proporciona una base autorizada para la resolución del impasse en la OIT. Refuerza el sistema de control de la OIT al proporcionar certidumbre y confianza. Afirmó que se trata de una decisión importante en un momento difícil para el multilateralismo, que fortalecerá a la OIT tripartita.
Por muy positiva que sea esta decisión, la capacidad de hacer realidad el derecho de huelga —en la OIT y a escala nacional— exigirá que profundicemos en nuestra organización y construyamos nuestro poder. Los tribunales pueden aclarar las normas, pero no consiguen el cambio por sí solos. La conquista y protección de los derechos sigue dependiendo de la sindicalización colectiva, de unos sindicatos fuertes y de un poder sostenido de los lxs trabajadores.
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¿Y ahora qué?
La evaluación de la decisión y sus implicaciones puede llevar algún tiempo. Se ha pedido a la OIT que establezca directrices para aclarar su aplicación. La próxima Conferencia Internacional del Trabajo no abordará estas cuestiones y, en su lugar, el Consejo de Administración de la OIT de noviembre de 2026 será probablemente la primera oportunidad para que los mandantes de la OIT den los siguientes pasos a escala internacional.
Dado que los lxs trabajadorxs de los servicios públicos tienen algunas de las limitaciones legales más restrictivas y singulares del derecho de huelga, la ISP ha creado un grupo de trabajo jurídico para estudiar cómo se aplicará e interpretará la decisión en los servicios públicos. Este grupo se reunirá en breve, con el fin de informar nuestro asesoramiento a los sindicatos y nuestra aportación a los procesos de la OIT.
La ISP elaborará en las próximas semanas un informe para nuestras afiliadas, analizando la decisión y sus implicaciones, y organizará un seminario web para las afiliadas sobre la sentencia.
Antecedentes
El derecho de huelga se defiende a través de otros mecanismos. En toda la UE, tanto la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (CCFSRW) como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CFREU) reconocen el derecho de huelga. Asimismo, instrumentos legislativos como el «Reglamento Monti» y la «Directiva de servicios» de la UE contemplan el derecho de huelga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha reconocido el derecho de huelga en los asuntos Viking y Laval.
La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) identifica la huelga como un medio legítimo para defender y promover los intereses de lxs trabajadores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyó la huelga en el ámbito de los derechos sindicales, una opinión consultiva de 2021, que reconoce explícitamente el derecho de huelga como un derecho humano fundamental y una parte inseparable de la libertad de asociación en virtud de las normas laborales internacionales.
Casi 100 países, entre estos Costa Rica, reconocen el derecho de huelga en su legislación superior, como las Constituciones nacionales, las leyes de derechos y las Cartas, donde los sindicatos lo ejercen a diario.
Recortes presupuestarios a programas sociales: grave violación a Derechos Humanos
– Se refuerza el carácter aporofóbico de la política social
Con estupor recibimos noticia de prensa que da cuenta de un señalamiento critico de parte de la Contraloría General de la República (CGR), acerca de fuertes recortes presupuestarios para este año en curso, 2026, en programas sociales que pretenden aliviar la grave situación de pobreza, de pobreza extrema y de exclusión social que sufren cientos de familias en nuestro país.
De manera particular, se destaca de que la reducción presupuestaria de más de 42 mil millones de colones afecta a las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), a Comedores Escolares y al programa de becas Avancemos.
Tales recortes refuerzan el carácter aporofóbico de la política social que se viene imponiendo en este país, cual es el de golpear más cruelmente a quienes están en los estratos más bajos de la pobreza y de la excusión socioeconómica; carácter consustancial a la política económica de signo neoliberal volcada completamente a darle prioridad al pago de los intereses de la deuda pública para satisfacción de la plutocracia financiero-bancaria que tiene el real poder en nuestra sociedad.
ANEP expresa su más enérgica condena por estos recortes presupuestarios y exhorta, con vehemencia, al nuevo gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado para que tome las decisiones políticas correctivas urgentes y necesarias.
Tenemos la certeza de que varios miles de las personas que le dieron a ella su voto en las pasadas elecciones de febrero anterior, pertenecen a esos sectores sociales condenados por el sesgo aporofóbico de los indicados recortes presupuestarios.
A la vez, exhortaciones a las personas diputadas de todas las fracciones parlamentarias para que aborden este grave problema y hagan los señalamientos y emplazamientos críticos necesarios para restauran los dineros cercenados en política social para las personas más desafortunadas de nuestro país.
San José, lunes 19 de mayo de 2026.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Rodrigo Chaves deja la Presidencia con dos querellas interpuestas en su contra por la ANEP
Este próximo 8 de mayo, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, deja su cargo con un serie de denuncias y querellas en su contra, dos de estas últimas, fueron presentadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por delitos contra el honor.
La primera de estas por aseveraciones graves contra el honor realizadas por Chaves Robles en contra de la ANEP y toda su afiliación. Mientras que la segunda se da luego de que achacara que el aparente robo de fentanilo en algunas farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) era responsabilidad del Secretario General de la ANEP.
Las querellas interpuestas
El viernes 18 de julio del año 2025, la ANEP interpuso una querella de acción privada por delito contra el honor, ante la Fiscalía General de la República, por un delito contra el honor ante declaraciones difamantes y calumniosas realizada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, en contra de nuestra organización y toda su afiliación.
Lo anterior debido a que Chaves Robles no tuvo la hidalguía de disculparse del ataque al honor de las miles de personas trabajadoras asociadas a la ANEP, acusando de «corrupta» a la organización.
Las aseveraciones de Chaves Robles, fueron realizadas el 18 de marzo de año 2025, en una marcha convocada para solicitar la salida del Fiscal General de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez.
Segunda querella
La segunda querella fue presentada el lunes 9 de febrero del año en curso, por el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, ha ante la Corte Suprema de Justicia, mediante acción privada por delitos contra el honor.
Las acciones denunciadas por el Secretario General de la ANEP, se remontan a setiembre del año 2025, cuando Chaves Robles manifestó, durante la inauguración del Ebais de San Rafael Arriba de Desamparados, que Vargas Barrantes se oponía a la implementación del programa ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), porque quería ocultar el robo y faltante de fentanilo.
Sin embargo, dicha información calumniosa, emitida por el Presidente de la República, fue desmentida por la propia presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, quien en el cumplimiento de su deber como funcionaria pública, evitó ser una caja de resonancia de las falacias emitidas en contra del Secretario General de la ANEP, manifestando que el faltante de fentanilo obedecía a una falla presentada en el sistema contable del ERP-SAP tras su implementación
Ante esta situación, el Secretario General de la ANEP presentó la querella contra el presidente de la República, siendo la segunda de estas características.
Desde la ANEP hacemos un llamado a que el respeto entre las personas y organizaciones con pensamientos políticos, sociales y económicos, distintos en una democracia, se deben respetar y no es el insulto, ni la descalificación, ni la amenaza y mucho menos la intimidación lo que debe prevalecer en las relaciones propias de la convencías
Nuestras consignas para este Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora
Presidencia electa debe aclarar versión sobre eventual nombramiento de Fabricio Alvarado en el PANI
Ante la información de fuentes internas del PANI y que circula en redes sociales sobre un eventual nombramiento del diputado Fabricio Alvarado como Ministro de la Niñez y la Adolescencia (PANI), resulta indispensable que la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, aclare de forma inmediata si esta versión es cierta o falsa.
Se trata de un cargo de la más alta sensibilidad, vinculado directamente con la protección de la niñez y la adolescencia. En ese contexto, no puede ignorarse que sobre esta figura han circulado señalamientos y cuestionamientos públicos de carácter grave, lo que eleva el nivel de escrutinio que la ciudadanía exige frente a cualquier eventual designación.
La transparencia y la idoneidad en este tipo de nombramientos son fundamentales. La ciudadanía merece una aclaración clara, categórica y oportuna que confirme o descarte esta información y garantice que las decisiones en materia de niñez se adopten con los más altos estándares.
Incluso, la propia Laura Fernández acusó a Fabricio Alvarado de un supuesto acoso sexual ocurrido cuando ella era asesora en la Asamblea Legislativa.
En aquel entonces, La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández Delgado, acusó al aspirante presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, de haber incurrido en actos de acoso cuando ella trabajó como asesora en la Asamblea Legislativa.
El señalamiento ocurrió durante el debate presidencial organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina de Costa Rica, el pasado mes de enero.
Ante estas graves situaciones, es que ANEP solicita una aclaración ante las informaciones que trasciende sobre el eventual futuro en la dirección del PANI.
ANEP Diversidad rechaza el retiro de Costa Rica del foro de la OEA y señala un retroceso en derechos humanos
– Salida del foro de la OEA debilita la incidencia de Costa Rica en agendas clave de igualdad y no discriminación.
– Se configura un patrón preocupante que pone en riesgo avances en Derechos Humanos
San José, Costa Rica — La Seccional ANEP Diversidad rechaza la decisión del Gobierno de Costa Rica de retirarse del foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dedicado a la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, por constituir un debilitamiento del compromiso del Estado costarricense con los derechos humanos en el ámbito internacional. Lejos de ser una medida administrativa, esta determinación refleja un retroceso en la posición histórica del país en materia de igualdad y no discriminación.
El espacio del que Costa Rica se retira, conocido como “Core Group LGBTI”, ha sido un mecanismo de articulación entre Estados para el impulso de estándares internacionales, el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y la coordinación de acciones frente a la discriminación. La participación en estos espacios no es meramente simbólica: representa un compromiso concreto con el desarrollo progresivo de derechos y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
La salida de este foro implica una reducción directa de la presencia e incidencia del país en escenarios donde se definen agendas estratégicas para la protección de derechos. En consecuencia, debilita tanto la proyección internacional de Costa Rica como su capacidad de influir en procesos regionales que inciden en la garantía efectiva de los derechos humanos.
Este hecho no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un contexto político más amplio en el que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y el gobierno por iniciar de Laura Fernández configuran, con creciente evidencia, un escenario regresivo en materia de derechos humanos, particularmente en lo que respecta a las personas LGBTIQ+. Esta orientación resulta especialmente preocupante en un país que aún enfrenta importantes desafíos en materia de igualdad, dignidad y justicia.
En este contexto, se vuelve imprescindible promover una reflexión crítica sobre el rumbo que se está consolidando y sobre el impacto que determinadas decisiones políticas pueden tener en la protección y ampliación de derechos. La defensa de los derechos humanos no puede asumirse como irreversible ni garantizada.
Hoy más que nunca, es necesario fortalecer el debate público, la participación ciudadana y el compromiso democrático. La defensa de los derechos conquistados —y de aquellos que aún están pendientes— constituye una responsabilidad colectiva frente a cualquier intento de retroceso.
En esa misma línea, ANEP Diversidad señala que esta decisión forma parte de un conjunto de acciones y omisiones que evidencian un distanciamiento progresivo de las agendas de derechos humanos, particularmente aquellas vinculadas a la diversidad, la inclusión y la equidad. Este patrón preocupa, ya que debilita el liderazgo histórico de Costa Rica en la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en América Latina.
Si bien los derechos conquistados en el país no desaparecen de forma inmediata, resulta fundamental señalar que los retrocesos en derechos humanos suelen iniciar con el debilitamiento de compromisos internacionales, la desarticulación de espacios de cooperación y la reducción de mecanismos de vigilancia externa. La salida de este foro constituye una señal clara en esa dirección.
Rechazamos categóricamente la premisa de que Costa Rica ha alcanzado una “protección plena” de los derechos de todas las personas. Esta afirmación desconoce las realidades que aún enfrentan las personas LGBTIQ+, incluyendo situaciones persistentes de discriminación, exclusión y violencia, que requieren políticas públicas sostenidas y un compromiso permanente tanto a nivel nacional como internacional.
La defensa de los derechos humanos exige coherencia, participación activa y presencia en los espacios donde estos se construyen, se fortalecen y se vigilan. Apartarse de dichos espacios contradice los principios que históricamente han orientado la política exterior costarricense.
Ante este escenario, ANEP Diversidad hace un llamado a las personas de la comunidad LGBTIQ+, así como a las organizaciones sociales, al movimiento sindical, a las instituciones públicas y a la ciudadanía en general, a mantenerse vigilantes, informados y activos. La defensa de sus derechos y de todas las personas frente a la discriminación es una responsabilidad colectiva que no puede ser debilitada por decisiones políticas de esta naturaleza.
ANEP Diversidad reitera su compromiso firme con la construcción de una Costa Rica inclusiva, equitativa y respetuosa de la dignidad de todas las personas, y continuará alzando la voz frente a cualquier acción que represente un retroceso en derechos humanos.
Caso Barrenador sigue más vivo que nunca
Unidad especializada de la CCSS ratifica “nulidad evidente, absoluta y manifiesta” de licitación relacionada con el Caso Barrenador
La Dirección Jurídica de la CCSS explicó que la Junta Directiva declaró la lesividad en nueve de los contratos, al adolecer de vicios de nulidad y dispuso el inicio del respectivo proceso judicial.
El criterio de los funcionarios del CIPA ratifica la resolución de la CGR del 17 de octubre del 2024, en la cual se declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la partida tres, y se llamó a la administración a analizar si en las demás partidas se encontraba presente el mismo vicio.
Compartimos el documento
Posición de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración ante el proyecto de ley de modificación presupuestaria 2025
La Seccional ANEP en la Policía Profesional de Migración (PPM) manifiesta su profunda preocupación por el impacto que el Proyecto de Ley de la Segunda Modificación Legislativa a la Ley N.° 10.620 (Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2025), tendrá sobre nuestra institución.
En dicho proyecto se establece una rebaja de ₡147.350.000 al Programa 055-00 Migración y Extranjería, principalmente en subpartidas relacionadas con insumos y materiales administrativos. Estos recursos serán redirigidos al financiamiento de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).
Si bien la justificación técnica del recorte señala la existencia de inventarios suficientes (cintas DIMEX y libretas de pasaporte), este ajuste no toma en cuenta las verdaderas necesidades estructurales de la Policía Profesional de Migración, entre ellas:
• Falta crónica de personal policial y administrativo, lo cual limita gravemente la capacidad operativa en puestos fronterizos, aeropuertos y centros de atención migratoria.
• Carencia de recursos tecnológicos y logísticos que permitan cumplir de forma eficiente y segura las competencias asignadas por ley.
• Ausencia de creación de nuevas plazas para la PPM, a pesar de que el mismo proyecto sí contempla la creación de puestos en otros ministerios (MOPT y MINAE).
Con esta decisión, se evidencia una política de desatención hacia la Policía Profesional de Migración, la cual sigue siendo utilizada como fuente de rebajos presupuestarios, en lugar de ser fortalecida para enfrentar los crecientes retos en materia de control migratorio, seguridad fronteriza y atención a la población extranjera.
La Seccional ANEP–PPM insta respetuosamente al Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública y a la Asamblea Legislativa a que reconozcan públicamente esta situación y tomen medidas concretas para:
1. Solicitar un presupuesto adicional para atender las necesidades urgentes de personal y recursos de la PPM.
2. Implementar un plan de reclutamiento, capacitación y dotación de equipo que permita cumplir con las funciones legales y operativas asignadas.
3 Garantizar que futuras modificaciones presupuestarias no debiliten aún más a Migración, sino que fortalezcan sus capacidades estratégicas.
La Policía Profesional de Migración cumple un rol fundamental en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Negarle recursos en un momento de tanta vulnerabilidad es una decisión que puede tener consecuencias graves para la seguridad del país.
Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP–PPM
Teléfono celular 8384-9686
