Categoría: Gobierno Central

Seccionales policiales de ANEP advierten que Presupuesto 2027 no responde a necesidades de seguridad del país

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–Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas y Servicio de Vigilancia Aérea plantean necesidades urgentes de recurso humano, infraestructura, equipamiento y capacidad operativa.

–• ANEP solicita que la discusión presupuestaria incorpore las necesidades reales de cada cuerpo policial y establezca una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad.

Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en los diferentes cuerpos policiales advierten sobre las limitaciones que presenta el Presupuesto Nacional 2027 para responder a las necesidades operativas, de recurso humano, infraestructura y equipamiento que enfrentan quienes tienen bajo su responsabilidad diferentes áreas de la seguridad nacional.

Representantes de Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas (PCD) y Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) coinciden en la necesidad de que el país avance hacia una política presupuestaria que permita fortalecer de manera sostenida a los cuerpos policiales.

Para ANEP, la seguridad pública no puede sostenerse únicamente sobre el compromiso, sacrificio y disponibilidad de los funcionarios. Se requieren personal suficiente, infraestructura adecuada, vehículos y equipos operativos, tecnología, protección policial, capacitación y condiciones laborales dignas. En el caso de la Policía Penitenciaria, el documento presentado por la Seccional resume precisamente estas necesidades como elementos indispensables para el desempeño de sus funciones.

Migración: necesidades de personal sin respuesta suficiente

Una de las principales preocupaciones se encuentra en la Policía Profesional de Migración, donde la información aportada por la Seccional evidencia necesidades de recurso humano para atender funciones relacionadas con fronteras, aeropuertos, investigaciones, aprehensiones, deportaciones, expulsiones y atención de denuncias.

ANEP-PPM ha advertido que la discusión presupuestaria debe partir de un estudio técnico que determine cuánto personal necesita realmente este cuerpo especializado y, posteriormente, establecer los recursos necesarios para financiar esas plazas.

Para ANEP, fortalecer la Policía Profesional de Migración significa también fortalecer la capacidad del Estado para ejercer adecuadamente el control migratorio y contribuir a la seguridad nacional.

Policía Penitenciaria enfrenta un déficit acumulado

La situación de la Policía Penitenciaria constituye otro punto de especial preocupación.

La documentación analizada por ANEP recoge que la Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025, frente a un déficit de 1.754 en 2023.

Paralelamente, la población penitenciaria ha mantenido una tendencia creciente: pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 en 2024; para marzo de 2025 se reportaban 17.692.

Aunque el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado, ANEP considera necesario un plan progresivo que permita atender también el déficit acumulado y las necesidades de los centros penitenciarios existentes.

Además, el proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz para 2027 asciende a ₡219.728,7 millones, ₡5.654,3 millones menos que en 2026, equivalente a una disminución del 2,51 %.

PCD y Vigilancia Aérea: reducciones en partidas operativas

Las seccionales de la Policía de Control de Drogas y del Servicio de Vigilancia Aérea también advierten sobre reducciones en partidas directamente relacionadas con sus capacidades operativas.

Según el análisis aportado por ambas representaciones, el presupuesto de Seguridad Pública presenta para 2027 una disminución de ₡6.154,6 millones con respecto a 2026.

En el SVA, se identifican reducciones de ₡12,7 millones en mantenimiento y reparación de equipo de transporte y aproximadamente ₡9,8 millones en repuestos y accesorios. Además, para 2027 no se contemplan recursos en las partidas de textiles y vestuario ni útiles y materiales de resguardo y seguridad.

En la PCD, las reducciones identificadas incluyen ₡26,94 millones en textiles y vestuario, aproximadamente ₡54,6 millones en útiles y materiales de resguardo y seguridad y ₡208,6 millones en bienes duraderos. También se señalan disminuciones en equipo y programas de cómputo, así como en maquinaria, equipo y mobiliario diverso.

Para ANEP resulta necesario revisar estas partidas considerando que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere inversión permanente en inteligencia, investigación, tecnología, transporte, equipos especializados, mantenimiento, capacitación y recurso humano.

Fuerza Pública también requiere fortalecimiento

En el caso de la Fuerza Pública, ANEP ha planteado una agenda integral que contempla necesidades de recurso humano, infraestructura policial adecuada, equipamiento, renovación y mantenimiento de vehículos y motocicletas, equipos de comunicación y protección, sistemas tecnológicos y capacitación permanente.

La organización considera que el fortalecimiento policial no puede medirse únicamente por la cantidad de recursos asignados, sino también por la capacidad real de convertirlos en mejores condiciones operativas para los funcionarios y en un mejor servicio de seguridad para la ciudadanía.

ANEP pide una política integral de fortalecimiento policial

Las diferentes realidades identificadas por las seccionales muestran que no todos los cuerpos policiales enfrentan los mismos problemas, pero sí existen necesidades comunes que requieren planificación presupuestaria de corto, mediano y largo plazo.

Por ello, ANEP solicita que durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027 se valoren las necesidades técnicas y operativas de cada cuerpo policial y se establezcan prioridades en materia de:

  • Creación y ocupación de plazas policiales.
  • Infraestructura y condiciones adecuadas en los centros de trabajo.
  • Renovación y mantenimiento de vehículos, aeronaves y flotillas.
  • Equipamiento y protección personal.
  • Tecnología, inteligencia y sistemas de comunicación.
  • Capacitación y especialización.
  • Revisión de las condiciones salariales y laborales.

ANEP considera además necesario establecer mecanismos permanentes de diálogo y seguimiento entre las autoridades y las representaciones de las personas trabajadoras, con metas, plazos e indicadores que permitan verificar la ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento policial.

La discusión presupuestaria no puede limitarse a determinar cuánto dinero recibe cada institución. Debe responder una pregunta fundamental: ¿cuáles son los recursos humanos, materiales y tecnológicos que necesitan realmente los cuerpos policiales para cumplir eficazmente sus responsabilidades?

Costa Rica necesita cuerpos policiales con suficiente personal, equipados, capacitados y con condiciones laborales dignas. Fortalecer a quienes tienen la responsabilidad de enfrentar el narcotráfico, crimen organizado y otras amenazas a la seguridad significa fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población.

SECCIONALES CUERPOS  POLICIALES – ANEP

Seccionales policiales de ANEP piden estudios y diálogo ante propuesta de rotación de policías

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-Rotar funcionarios cada tres meses entre provincias podría afectar la operatividad de los cuerpos policiales y la estabilidad económica y familiar de sus trabajadores.

Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria manifiestan su preocupación ante el anuncio de la Presidencia de la República sobre la intención de establecer una rotación de funcionarios policiales entre diferentes provincias cada tres meses, como mecanismo para evitar el arraigo territorial y prevenir eventuales vínculos con estructuras del narcotráfico o actos de corrupción.

Desde ANEP reconocemos la obligación del Estado de combatir frontalmente la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier intento de infiltración en los cuerpos policiales. Sin embargo, consideramos que combatir la corrupción no puede significar trasladar indiscriminadamente a cientos de policías y afectar a quienes cumplen honestamente con sus responsabilidades.

La corrupción no se combate simplemente trasladando policías

Una medida de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos que demuestren su viabilidad y efectividad.

Trasladar a una persona funcionaria de una provincia a otra no garantiza por sí mismo que se eliminen eventuales prácticas de corrupción. Para enfrentar este problema se requiere fortalecer la investigación, inteligencia policial, controles internos, supervisión, mecanismos disciplinarios, evaluación de riesgos y seguimiento institucional.

Tampoco consideramos correcto partir de una premisa que pueda colocar bajo sospecha generalizada a los policías por permanecer durante determinado tiempo en una región.

La gran mayoría son trabajadores honestos que diariamente enfrentan situaciones de riesgo y que, además, han desarrollado conocimiento sobre las comunidades, rutas, dinámicas criminales y características geográficas de las zonas donde trabajan. Ese conocimiento también constituye una herramienta para la seguridad pública.

Cada cuerpo policial tiene una realidad diferente

ANEP advierte que una política general de rotación no puede desconocer las particularidades de cada cuerpo policial.

La Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria desarrollan funciones distintas y especializadas en comunidades, carreteras, fronteras, aeropuertos, centros penitenciarios, lucha contra el narcotráfico y otros puntos estratégicos del territorio nacional.

Además, varios de estos cuerpos enfrentan limitaciones de personal, presupuesto, infraestructura, transporte y equipamiento.

Declaraciones de Benjamín Sevilla García, Asesor Sindical ANEP en Fuerza Pública y Policía Penitenciaria

Por ello, resulta necesario responder una pregunta fundamental:

¿Cómo se pretende trasladar periódicamente policías entre provincias si previamente no están garantizadas las condiciones de alojamiento, transporte, alimentación, infraestructura, presupuesto y recurso humano necesarias?

No podemos “desvestir un santo para vestir otro”. Trasladar funcionarios de una región a otra sin aumentar las plazas disponibles y los recursos podría terminar debilitando la presencia policial en determinados puntos del país y aumentando las cargas de trabajo del personal que permanece en las unidades de origen.

Detrás de cada uniforme existe una familia

Una política de rotación también debe valorar el impacto sobre las personas trabajadoras.

Una rotación cada tres meses puede significar separación familiar, mayores gastos de transporte y alimentación, problemas de alojamiento y dificultades para atender hijos, adultos mayores o personas dependientes.

Declaraciones de Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP Policía Profesional de Migración

Los policías no son piezas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin consecuencias. Son trabajadores y trabajadoras con derechos y responsabilidades familiares.

Las necesidades de seguridad del país deben ser compatibles con condiciones laborales dignas para quienes tienen precisamente la responsabilidad de proteger a la población.

ANEP solicita transparencia y diálogo

Antes de implementar cualquier política general de rotación, las seccionales policiales de ANEP solicitan al Gobierno de la República hacer públicos los estudios técnicos y jurídicos que sustentan la propuesta, su impacto presupuestario, los criterios para determinar los traslados y las condiciones de alojamiento, transporte y permanencia que se garantizarían a los funcionarios.

Declaraciones de Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical ANEP en Policía Control de Drogas, Policía de Tránsito y Servicio de Vigilancia Aérea

También resulta indispensable determinar cómo se aplicaría la medida a cuerpos policiales especializados y cuáles mecanismos se utilizarían para evitar que determinadas regiones o unidades queden debilitadas como consecuencia de las rotaciones.

ANEP solicita además que las organizaciones sindicales y las representaciones de los distintos cuerpos policiales sean escuchadas antes de adoptar una decisión que podría tener consecuencias directas sobre las condiciones laborales y familiares de cientos de personas trabajadoras.

Las seccionales policiales de ANEP respaldan el combate firme contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, pero consideran que las políticas de seguridad deben construirse con evidencia, planificación, recursos suficientes y respeto a los derechos laborales.

La seguridad nacional no se fortalece trasladando problemas de una provincia a otra.

Se fortalece con más recurso humano, capacitación, inteligencia e investigación policial, controles efectivos, infraestructura adecuada, equipamiento y condiciones laborales dignas.

Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de la República para que antes de implementar una rotación generalizada de policías abra un proceso de diálogo y presente los estudios que demuestren la viabilidad y efectividad de la propuesta.

Costa Rica necesita cuerpos policiales fortalecidos, profesionales y con recursos suficientes para cumplir su labor; no policías sobrecargados, trasladados constantemente y sin las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente su trabajo.

ANEP presenta recurso de amparo contra recortes y congelamientos al presupuesto del Poder Judicial

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• Organización sindical sostiene que las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda amenazan la independencia judicial, el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana.

• ANEP solicita a la Sala Constitucional suspender los recortes y ordenar la restitución íntegra de los recursos presupuestarios correspondientes al Poder Judicial.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su secretario general, Albino Vargas Barrantes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles y la Asamblea Legislativa, por los recortes, congelamientos y condicionamientos aplicados o planteados sobre el presupuesto del Poder Judicial.

La acción constitucional sostiene que las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo representan una intervención indebida sobre los recursos de un Poder de la República constitucionalmente independiente y podrían comprometer seriamente la capacidad del sistema judicial para brindar una justicia pronta, cumplida y efectiva.

Para el ejercicio económico 2026, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Judicial un presupuesto de ₡541 mil millones. Sin embargo, mediante el oficio MH-DM-OF-0901-2026, del 18 de agosto, el Ministerio de Hacienda impuso un denominado “ajuste técnico complementario” por ₡23.721 millones sobre un presupuesto que ya se encontraba aprobado y en ejecución.

Según se expone en el recurso, Hacienda analizó 544 líneas presupuestarias y ordenó reducciones específicas en 362 de ellas, correspondientes a 85 subpartidas, determinando directamente en cuáles áreas y programas debía reducirse el gasto del Poder Judicial.

OIJ recibe el mayor impacto

ANEP advierte que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra el mayor impacto de este ajuste, con una rebaja aproximada de ₡9.536 millones, equivalente al 40,2 % del monto establecido por Hacienda.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP, presenta recurso de amparo contra recortes en el Poder Judicial. Foto: Esteba Ortiz Forero.

También se contemplan afectaciones a Dirección y Administración, Servicio Jurisdiccional, Defensa Pública, Ministerio Público, Atención y Protección de Víctimas y Testigos y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

A esta situación se suma, según el recurso, el bloqueo de ₡8.688 millones que ya habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa para reforzar al OIJ y al Ministerio Público en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la ola de homicidios que enfrenta Costa Rica.

La acción de amparo señala que, considerando las distintas medidas, la afectación al presupuesto judicial durante 2026 alcanzaría alrededor de ₡35.330 millones, además de un recorte adicional del 42 % en la partida de gasto operativo para lo que resta del año.

Recortes amenazan acceso a la justicia

Para la ANEP, reducir recursos destinados a investigación criminal, Ministerio Público, Defensa Pública y atención de víctimas no constituye únicamente una discusión administrativa o presupuestaria.

La organización sostiene que estas decisiones pueden traducirse directamente en una menor capacidad institucional para investigar delitos, atender a las víctimas, perseguir al crimen organizado y garantizar a la ciudadanía el derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida.

El recurso argumenta que el artículo 41 de la Constitución Política garantiza ese derecho y advierte que el peso de los recortes sobre áreas fundamentales del sistema judicial podría comprometer materialmente su cumplimiento.

ANEP advierte riesgo para la independencia judicial

La organización sindical también cuestiona que el Ministerio de Hacienda condicione la liberación de recursos a auditorías, informes y decisiones de carácter político en la Asamblea Legislativa.

Para ANEP, obligar al Poder Judicial a solicitar autorizaciones para disponer de recursos previamente presupuestados lo coloca en una situación de subordinación financiera frente a otros Poderes de la República.

El recurso recuerda que los artículos 9 y 154 de la Constitución Política establecen la separación e independencia entre los Poderes del Estado y que el Poder Judicial únicamente está sometido a la Constitución y a la ley.

Asimismo, la ANEP sostiene que la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para reducir partidas presupuestarias opera durante la elaboración del proyecto de presupuesto, y no una vez que este ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se encuentra en ejecución.

Por esa razón, la organización considera que el Ministerio de Hacienda estaría excediendo las competencias que le otorga el artículo 177 constitucional al intervenir directamente un presupuesto judicial vigente.

Preocupación también alcanza presupuesto de 2027

La ANEP manifiesta además su preocupación por lo planteado para el presupuesto del próximo año.

De acuerdo con el recurso, el proyecto de presupuesto ordinario para 2027 reduce la asignación al Poder Judicial de ₡541 mil millones a aproximadamente ₡530 mil millones y contempla la posibilidad de congelar ₡30 mil millones adicionales mediante normas de ejecución presupuestaria.

De concretarse esas medidas, los recursos efectivamente disponibles podrían reducirse hasta aproximadamente ₡500 mil millones y quedar condicionados nuevamente al cumplimiento de requisitos establecidos desde otros Poderes del Estado.

Para la ANEP, garantizar constitucionalmente un porcentaje presupuestario al Poder Judicial pierde sentido si parte de esos recursos se mantienen congelados o sujetos a decisiones políticas posteriores.

ANEP pide suspensión inmediata de las medidas

En el recurso de amparo, la ANEP solicita a la Sala Constitucional, entre otras medidas:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.
  • Anular el oficio MH-DM-OF-0901-2026 y cualquier otra actuación mediante la cual se hayan impuesto unilateralmente rebajas, congelamientos o condicionamientos al presupuesto del Poder Judicial.
  • Ordenar la liberación íntegra e incondicionada de los recursos presupuestarios correspondientes al ejercicio económico 2026.
  • Poner a disposición del Poder Judicial los ₡23.721 millones afectados por el denominado “ajuste técnico complementario”.
  • Girar los ₡8.688 millones previamente aprobados para fortalecer al OIJ y al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.
  • Impedir nuevos recortes o condicionamientos que no respeten los procedimientos establecidos por la Constitución Política.
  • Evitar el congelamiento de ₡30 mil millones planteado para el presupuesto judicial de 2027.
  • Como medida cautelar, suspender inmediatamente los efectos del oficio emitido por el Ministerio de Hacienda mientras la Sala Constitucional resuelve el fondo del recurso.
Albino Vargas Barrantes sobre recurso de amparo ante recortes al Poder Judicial

La ANEP considera que lo que está en juego trasciende la discusión sobre cifras presupuestarias.

Defender los recursos del Poder Judicial significa defender su independencia, la seguridad ciudadana, el combate contra el crimen organizado y el derecho de todas las personas habitantes de Costa Rica a acceder a una justicia pronta y cumplida.

La organización sindical reafirma que continuará utilizando las herramientas constitucionales y legales necesarias para impedir cualquier medida que pueda debilitar las instituciones democráticas, deteriorar los servicios públicos o afectar los derechos fundamentales de la población costarricense.

ANEXO NOTAS PERIODÍSTICAS-RECURSO DE AMPARODescarga

Gobierno recula: Democracia de la calle sí impacta

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio de Hacienda de liberar los ₡3.053 millones del presupuesto 2026 del Poder Judicial que inicialmente pretendía retener. Este cambio de postura ocurre luego de las acciones emprendidas en defensa de estos recursos y en un contexto de creciente movilización social y ciudadana frente a decisiones que amenazan la división de poderes.

Para ANEP, lo ocurrido reafirma la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto. Cuando distintos sectores sociales levantan su voz de manera democrática y responsable, el país demuestra que no está dispuesto a permanecer indiferente ante medidas que puedan debilitar la justicia, la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. La movilización social sí tiene sentido y la defensa democrática debe continuar.

Esta coyuntura también deja una enseñanza fundamental: la unidad en la diversidad es nuestra principal fortaleza. Costa Rica necesita que organizaciones sindicales, sectores sociales, personas trabajadoras y ciudadanía sean capaces de anteponer la defensa del país a intereses gremiales particulares. Podemos tener diferencias, pero cuando están en juego la democracia, el Estado Social de Derecho y nuestras instituciones, debemos encontrar los puntos que nos unen.

ANEP se alegra de que finalmente estos recursos, que ya estaban aprobados dentro del presupuesto del Poder Judicial y que no representan dinero adicional, sean liberados. Al mismo tiempo, instamos al Gobierno de la República a abandonar posiciones extremas y cualquier visión ideológica que convierta el diálogo social, la protesta democrática o la organización sindical en enemigos. Quienes defienden las instituciones democráticas no son adversarios del país: son parte esencial de una democracia viva.

Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso de continuar participando, denunciando y movilizándonos cuando sea necesario para defender la institucionalidad costarricense. Costa Rica está primero. Por encima de diferencias sectoriales, gremiales o políticas debe prevalecer la defensa de la justicia, la democracia, los servicios públicos y el bienestar colectivo. Este episodio demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, las instituciones actúan y los distintos sectores encuentran puntos de encuentro, Costa Rica puede hacerse escuchar.

Posición de la Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración ante la investigación judicial que involucra a una oficial de la PPM

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Ante la investigación judicial que involucra a una oficial de la Policía Profesional de Migración, la Seccional ANEP-PPM manifiesta lo siguiente:

Como organización sindical respetuosa del Estado de Derecho, reiteramos nuestro absoluto respeto por la independencia de las autoridades judiciales y por el debido proceso, así como por el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a toda persona mientras no exista una sentencia firme.

La determinación de los hechos y de las eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.

En consecuencia, la Seccional no emitirá juicios anticipados sobre un proceso que se encuentra en investigación.

Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética en el servicio público y la lucha contra toda forma de corrupción.

En caso de comprobarse responsabilidades individuales, estas deberán ser sancionadas conforme a la legislación vigente.

También consideramos importante señalar que una investigación sobre una persona no puede utilizarse para desacreditar a toda la Policía Profesional de Migración.

La abrumadora mayoría de sus oficiales desempeñan diariamente sus funciones con honestidad, profesionalismo y un profundo compromiso con la seguridad nacional, muchas veces en condiciones de limitación de personal, recursos y tecnología.

Finalmente, este caso también debe servir para fortalecer institucionalmente a la Policía Profesional de Migración, mediante mayores controles, mejor tecnología, procesos de supervisión, capacitación especializada y la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado transnacional.

La Seccional ANEP-PPM mantendrá una posición responsable, respetuosa del proceso judicial y firme en la defensa de una institución fortalecida, transparente y al servicio de Costa Rica.

La Policía Profesional de Migración no puede seguir siendo invisibilizada en la política de seguridad del Estado costarricense

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La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración expresa su profunda preocupación por el hecho de que, durante la reciente actividad oficial sobre el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la señora Presidenta de la República omitió hacer cualquier referencia a la Policía Profesional de Migración, institución que constituye la primera línea de control migratorio y una pieza estratégica en la protección de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de Costa Rica.

Esta omisión resulta preocupante, pues la Policía Profesional de Migración desempeña una labor permanente en la detección de personas requeridas por la justicia, el combate a los delitos transnacionales, el control de los flujos migratorios y la cooperación con las demás fuerzas policiales en la defensa de la seguridad nacional.

Foto: MSP

De igual forma, consideramos indispensable que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública expliquen al país por qué durante la administración anterior se eliminó la presencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) en fronteras y aeropuertos, mientras que hoy se anuncia el fortalecimiento de esa misma capacidad mediante la asignación de investigadores especializados e incluso de un analista antidrogas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Ante este cambio de estrategia, surgen interrogantes legítimas: ¿Reconoce el Gobierno que aquella decisión debilitó las capacidades del Estado para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en los principales puntos de ingreso y salida del país? ¿Qué motivó este cambio de rumbo?

Asimismo, resulta oportuno recordar que tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el Organismo de Investigación Judicial cuentan desde hace muchos años con analistas policiales y de conducta criminal como parte de sus estructuras especializadas. En consecuencia, ¿cuándo se fortalecerá también a la Policía Profesional de Migración con más recurso humano, tecnología, inteligencia, analistas criminales y capacidades de investigación que le permitan enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado transnacional?

La seguridad nacional exige una visión integral. No basta con fortalecer una institución mientras otras continúan enfrentando enormes limitaciones de personal, presupuesto y recursos operativos. La protección efectiva de nuestras fronteras requiere que la Policía Profesional de Migración sea reconocida como un actor estratégico dentro de la política de seguridad del Estado.

La Seccional ANEP–PPM hace un respetuoso pero enérgico llamado al Gobierno de la República para que la Policía Profesional de Migración deje de ser invisibilizada en los anuncios oficiales y sea incorporada plenamente en las decisiones estratégicas relacionadas con la seguridad nacional.

Fortalecer la Policía Profesional de Migración es fortalecer las fronteras, combatir con mayor eficacia el crimen organizado y proteger la seguridad de todas las personas que habitan Costa Rica.

Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración (ANEP-PPM)

Reajuste salarial a trabajadoras de los CEN CINAI se pagará retroactivo a partir de abril de 2026

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La ANEP solicitó formalmente explicaciones sobre el aumento salarial anunciado por el Gobierno para el sector público, especialmente para las personas con salarios más bajos, dentro de quienes están las personas trabajadoras de los CEN CINAI.

Tras aprobación del expediente 24.642, ANEP plantea avanzar en proyecto clave para fortalecer financieramente al PANI

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–ANEP impulsa conversaciones con diputadas y diputados para promover el expediente 24.173, iniciativa orientada a dotar de mayores recursos al PANI y permitir la contratación de más personal.

– Mientras otros únicamente señalan los problemas, ANEP impulsa propuestas concretas y mantiene gestiones legislativas orientadas a mejorar la capacidad de atención del PANI y fortalecer la protección de la niñez y adolescencia.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) considera importante la aprobación del expediente legislativo 24.642, denominado “Ley para el mejoramiento de la gestión del Patronato Nacional de la Infancia y fortalecimiento del proceso especial de protección de las personas menores de edad”, iniciativa que incorpora reformas relevantes para fortalecer distintos mecanismos de protección de la niñez y adolescencia en Costa Rica.

Desde ANEP respaldamos el avance de esta iniciativa y sostuvimos acercamientos y conversaciones con distintas diputaciones sobre la importancia de fortalecer los procesos de protección, el seguimiento de casos y distintas competencias técnicas institucionales del PANI.

No obstante, aunque este proyecto representa un avance relevante, resulta necesario señalar que el expediente 24.642 no resuelve uno de los principales problemas estructurales que actualmente enfrenta el Patronato Nacional de la Infancia: las limitaciones presupuestarias y operativas que afectan la capacidad institucional y limitan la contratación de más personal especializado.

Por esa razón, ANEP considera fundamental que la discusión legislativa avance ahora hacia el expediente 24.173, denominado “Ley para proteger la inversión social en niñez y adolescencia”, iniciativa que busca blindar financieramente al PANI frente a las restricciones derivadas de la regla fiscal y fortalecer la capacidad operativa de la institución.

Actualmente, el expediente 24.173 aún no ha sido convocado para avanzar en su discusión legislativa, pese a que busca dotar al PANI de herramientas financieras indispensables para fortalecer su capacidad operativa y humana.

Desde hace varias semanas, nuestra organización sindical mantiene conversaciones y gestiones con diputadas y diputados de la República para impulsar el conocimiento y eventual avance de este proyecto de ley, debido a la importancia que tiene para la sostenibilidad operativa de la institución.

El expediente 24.173 busca fortalecer financieramente al Patronato Nacional de la Infancia mediante medidas orientadas a proteger la inversión social en niñez y adolescencia. Entre sus principales propuestas destacan:

• Garantizar que el PANI reciba al menos el 4% de los recursos de Fodesaf.

• Impedir que el Ministerio de Hacienda deje de presupuestar recursos que legalmente corresponden a la institución.

• Permitir que determinados superávits actualmente limitados por la regla fiscal puedan ser utilizados por el PANI.

• Fortalecer la capacidad operativa institucional mediante mayores recursos para atención, funcionamiento y respuesta técnica.

• Generar condiciones para ampliar la capacidad institucional y fortalecer la atención de personas menores de edad frente al crecimiento sostenido de denuncias y casos de intervención.

La propia exposición de motivos del proyecto advierte que las restricciones fiscales han generado afectaciones sobre la capacidad operativa del PANI, incluyendo limitaciones para la contratación de personal, fortalecimiento territorial y atención de programas dirigidos a la niñez y adolescencia.

Asimismo, el expediente señala que el crecimiento sostenido de denuncias y la saturación institucional hacen necesario fortalecer progresivamente las Oficinas Locales, Direcciones Regionales y equipos técnicos especializados del Patronato Nacional de la Infancia.

ANEP ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo el colapso operativo que enfrentan las personas trabajadoras de las distintas oficinas y departamentos del PANI, situación que se refleja en sobrecarga laboral, acumulación de casos, recargos funcionales y dificultades institucionales para responder oportunamente al crecimiento de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos de personas menores de edad.

Nuestra organización incluso compareció ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, donde expuso las graves afectaciones operativas y humanas que enfrenta actualmente la institución.

Para ANEP, fortalecer verdaderamente al PANI implica no solamente reformar procedimientos y mecanismos de protección, sino también garantizar recursos suficientes para ampliar la capacidad operativa institucional, contratar más personal especializado y mejorar las condiciones de atención a la niñez y adolescencia costarricense.

La protección integral de las personas menores de edad requiere decisiones estructurales que permitan al Patronato Nacional de la Infancia responder adecuadamente al crecimiento de la demanda institucional y garantizar una atención oportuna, humana y efectiva.

Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, del Estado Social de Derecho y de un PANI fortalecido, con recursos suficientes y capacidad real para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Victoria para la clase trabajadores: la Corte Internacional de Justicia confirma el derecho de huelga de la OIT

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En una victoria para los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos y los servicios públicos, la Corte Internacional de Justicia ha confirmado la interpretación establecida desde hace tiempo de que el derecho de huelga forma parte del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

La Opinión Consultiva de la CIJ supone un espaldarazo para el Sistema de Control de la OIT, que hace que los Estados rindan cuentas sobre las normas laborales mundiales. La sentencia confirma la autoridad de la Comisión de Expertos de la OIT para interpretar el ámbito de aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT, y debe permitir a la OIT retomar sus funciones habituales tras más de una década de estancamiento.

El miembro de la ISP Asad Ur Rehman Aasi, de la Federación de Empleados del Sector Público de Pakistán, declaró

«Los trabajadores van a la huelga cuando se ignora el diálogo, cuando se incumplen las promesas y cuando se imponen decisiones sin consultar. El reconocimiento internacional del derecho de huelga es muy importante para lxs trabajadores de Pakistán y de todo el mundo. Recuerda a los gobiernos y a los empleadores que la huelga pacífica no es un delito».

En todo el mundo, la ISP ha apoyado a los sindicatos en el uso del derecho de huelga: cuando los lxs trabajadorxs de la electricidad toman las calles para resistirse a la privatización, cuando las enfermeras mantienen la línea de piquete para exigir una dotación de personal segura, cuando nuestros miembros hacen frente a los ataques contra los servicios vitales de los que dependen nuestras comunidades.

El Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, declaró: «Nuestra libertad de parar nuestro trabajo, si y cuando es necesario, siempre ha formado parte de nuestra libertad de organización. Hoy, la más alta corte del mundo ha afirmado nuestro derecho a la huelga».

La decisión llega en un momento en que las huelgas pacíficas y las protestas en general están siendo criminalizadas en todo el mundo y se están produciendo cada vez más ataques contra el derecho de huelga de los lxs trabajadores de los servicios públicos. La decisión proporciona apoyo internacional a los sindicatos de todo el mundo para que luchen cuando se atacan los derechos de huelga a escala nacional.

«La ISP apoyará a nuestros miembros para que utilicen la protección de la OIT cuando se ataque nuestra libertad sindical y nuestro derecho de huelga. La sentencia de hoy demuestra que lxs trabajadorxs se levantarán y serán escuchadxs, y que tenemos el derecho internacional de nuestro lado.»

Bertossa agradeció a la Corte por su Opinión Consultiva y dijo que proporciona una base autorizada para la resolución del impasse en la OIT. Refuerza el sistema de control de la OIT al proporcionar certidumbre y confianza. Afirmó que se trata de una decisión importante en un momento difícil para el multilateralismo, que fortalecerá a la OIT tripartita.

Por muy positiva que sea esta decisión, la capacidad de hacer realidad el derecho de huelga —en la OIT y a escala nacional— exigirá que profundicemos en nuestra organización y construyamos nuestro poder. Los tribunales pueden aclarar las normas, pero no consiguen el cambio por sí solos. La conquista y protección de los derechos sigue dependiendo de la sindicalización colectiva, de unos sindicatos fuertes y de un poder sostenido de los lxs trabajadores.

—

¿Y ahora qué?

La evaluación de la decisión y sus implicaciones puede llevar algún tiempo. Se ha pedido a la OIT que establezca directrices para aclarar su aplicación. La próxima Conferencia Internacional del Trabajo no abordará estas cuestiones y, en su lugar, el Consejo de Administración de la OIT de noviembre de 2026 será probablemente la primera oportunidad para que los mandantes de la OIT den los siguientes pasos a escala internacional.

Dado que los lxs trabajadorxs de los servicios públicos tienen algunas de las limitaciones legales más restrictivas y singulares del derecho de huelga, la ISP ha creado un grupo de trabajo jurídico para estudiar cómo se aplicará e interpretará la decisión en los servicios públicos. Este grupo se reunirá en breve, con el fin de informar nuestro asesoramiento a los sindicatos y nuestra aportación a los procesos de la OIT.

La ISP elaborará en las próximas semanas un informe para nuestras afiliadas, analizando la decisión y sus implicaciones, y organizará un seminario web para las afiliadas sobre la sentencia.

Antecedentes

El derecho de huelga se defiende a través de otros mecanismos. En toda la UE, tanto la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (CCFSRW) como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CFREU) reconocen el derecho de huelga. Asimismo, instrumentos legislativos como el «Reglamento Monti» y la «Directiva de servicios» de la UE contemplan el derecho de huelga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha reconocido el derecho de huelga en los asuntos Viking y Laval.

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) identifica la huelga como un medio legítimo para defender y promover los intereses de lxs trabajadores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyó la huelga en el ámbito de los derechos sindicales, una opinión consultiva de 2021, que reconoce explícitamente el derecho de huelga como un derecho humano fundamental y una parte inseparable de la libertad de asociación en virtud de las normas laborales internacionales.

Casi 100 países, entre estos Costa Rica, reconocen el derecho de huelga en su legislación superior, como las Constituciones nacionales, las leyes de derechos y las Cartas, donde los sindicatos lo ejercen a diario.

Recortes presupuestarios a programas sociales: grave violación a Derechos Humanos

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Recortes presupuestarios a programas sociales: grave violación a Derechos Humanos

– Se refuerza el carácter aporofóbico de la política social

Con estupor recibimos noticia de prensa que da cuenta de un señalamiento critico de parte de la Contraloría General de la República (CGR), acerca de fuertes recortes presupuestarios para este año en curso, 2026, en programas sociales que pretenden aliviar la grave situación de pobreza, de pobreza extrema y de exclusión social que sufren cientos de familias en nuestro país.

De manera particular, se destaca de que la reducción presupuestaria de más de 42 mil millones de colones afecta a las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), a Comedores Escolares y al programa de becas Avancemos.

Tales recortes refuerzan el carácter aporofóbico de la política social que se viene imponiendo en este país, cual es el de golpear más cruelmente a quienes están en los estratos más bajos de la pobreza y de la excusión socioeconómica; carácter consustancial a la política económica de signo neoliberal volcada completamente a darle prioridad al pago de los intereses de la deuda pública para satisfacción de la plutocracia financiero-bancaria que tiene el real poder en nuestra sociedad.

ANEP expresa su más enérgica condena por estos recortes presupuestarios y exhorta, con vehemencia, al nuevo gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado para que tome las decisiones políticas correctivas urgentes y necesarias.

Tenemos la certeza de que varios miles de las personas que le dieron a ella su voto en las pasadas elecciones de febrero anterior, pertenecen a esos sectores sociales condenados por el sesgo aporofóbico de los indicados recortes presupuestarios.

A la vez, exhortaciones a las personas diputadas de todas las fracciones parlamentarias para que aborden este grave problema y hagan los señalamientos y emplazamientos críticos necesarios para restauran los dineros cercenados en política social para las personas más desafortunadas de nuestro país.

San José, lunes 19 de mayo de 2026.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General