Nunca en la historia de nuestro país surgieron tantos cuestionamientos sobre la posibilidad de una colaboración entre estructuras dedicadas al crimen organizado con el Gobierno de la República. Como es natural, la exposición de tan grave teoría enerva los ánimos de los máximos representantes de la Administración Pública, especialmente, a quienes se encuentran directamente relacionados con la Seguridad Pública. Sin embargo, alcanza un rápido recorrido informativo sobre las decisiones y omisiones de la Administración Chaves Robles, en lo relativo a Seguridad Ciudadana, para comprender la raíz de este horroroso señalamiento.
Las palabras agresivas, el sarcasmo, la ironía y la desacreditación del mensajero, y nunca del mensaje de fondo, son las típicas conductas del mandatario -apegadas al estilo de corte populista, cuando se encuentra carente de bases técnicas y verdades, que le imposibilitan constituir un debate de altura. Identificar esta sencilla estrategia, aunque eficaz antes los ojos de las masas desinformadas, es suficiente para detectar en qué situaciones específicas se están realizando mal las cosas en esta Administración. Y, desafortunadamente, es justo ese el accionar que se ha visto en el presidente y miembros de su gabinete, cuando se le cuestionan aspectos relacionados a la Seguridad Ciudadana y especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
Sin perder la humildad, pero con categoría, debemos recordar que la organización sindical, ANEP, y nuestras bases, están llenas de personas profesionales en criminología, derecho, sociología, ciencias policiales, con una considerable cantidad de personas pertenecientes a las seccionales de Cuerpos Policiales, y personas externas con experiencia en puestos políticos con quienes hemos interactuado, nos permiten tener una opinión técnica e informada.
De esta manera, consideramos que la reacción de Mario Zamora Cordero, Manuel Jiménez Steller, o el propio Rodrigo Chaves Robles, de enfado por ser señalados como ineficientes en la lucha contra la narco-actividad, o incluso, por posibles nexos con estructuras criminales, es un completo descaro. Es su absoluto deber como funcionarios públicos rendir cuentas y DEMOSTRAR que las decisiones y actuaciones son las mejores.
Desgraciadamente, para el país, sus actuaciones son cada vez más cuestionables, y la férrea resistencia de la fracción oficialista (en complicidad con la de la Unidad Social Cristiana), el día de ayer 09 de octubre, echando mano de estratagemas dilatorias obvias para impedir que se votara la moción que conforma una comisión investigadora sobre los supuestos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo arroja más sospechas sobre el asunto. ¿Por qué evitar una investigación a menos que haya elementos incriminadores?
Ahora bien, es más que necesario recordar rápidamente el contexto nacional con respecto al tema del narcotráfico. Costa Rica no es un simple punto en la ruta de paso de la droga que viene del cono sur del continente y va hacia norte américa, tampoco somos solo un centro de bodegaje; nuestro bello país, desafortunadamente, es una zona que funge como una base de operaciones de los carteles narcos. En Costa Rica se recibe la droga, se abastecen de hidrocarburos, se celebran reuniones de coordinación, se ejecutan objetivos, se envía la droga directamente a distintos destinos del orbe y, lo más importante, lo que da vida al ilícito, se legitiman capitales. Por ello, nos encontramos en el “top 3” de países que más exportan cocaína, (sin ser productores). Es tal la cantidad de droga que circula en el país, que sus precios han bajado significativamente, un kilo de cocaína de costar aproximadamente 3.5 millones de colones, ahora ronda los 2.3 millones.
Con esta triste realidad, es más que lógico que el gobierno de turno, si es que busca mitigar los impactos de este flagelo, por el bien de la población, debe trabajar con prontitud en la toma de las mejores decisiones. Entre estas acciones básicas se encuentra: establecer una política nacional de seguridad enfocada en la prevención, articulación con los otros poderes de la república para atacar el problema de manera integral, elegir a las personas más idóneas en las jerarquías de los Cuerpos Policiales, tomar las acciones encaminadas a fortalecer las policías, adoptar estrategias operativas que permitan dotar de mayor eficacia a unidades especializadas, blindar las fronteras…entre muchas otras.
Es lo más lógico ¿No es así? Pero una breve comparación con las decisiones del gobierno de Chaves Robles, con Mario Zamora y Jiménez Steller al mando del Ministerio de Seguridad Pública (por solo mencionar una institución), no concuerdan en lo absoluto con las conductas esperadas. Visualicémoslo con 10 rápidos puntos:
1)Falta de políticas preventivas: La Política Costa Rica Segura Plus, es una propuesta que no ha pasado de ser un documento más, según ha admitido de manera escrita el propio Mario Zamora Cordero (tenemos la respuesta). Los alcances se han limitado a algunas reuniones de coordinación; es decir, pese a la emergencia, Costa Rica sigue sin tener una política de Seguridad y prevención real, mientras seguimos caminando la misma ruta de otros países que se han convertido en un narco-estado.
2)Pelearse con los Poderes de la República: Así es, lejos de ver una articulación entre poderes, desde Casa Presidencial atestiguamos como un día sí, y el otro también, se crea una mayor separación y desorganización contra la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. ¿Han visto la pugna contra el OIJ? ¿Cuál es la razón si se persigue el mismo fin? ¿O no es así? Un Estado dividido en la lucha contra el hampa y el crimen organizado, es un factor beneficioso para la delincuencia.
3)Jerarquías cuestionadas: Afirmar o negar que quienes se encuentran al frente de los Cuerpos Policiales son las personas más idóneas, puede ser muy subjetivo, no obstante, las estadísticas, los cuestionamientos, y hasta las causas penales que se persiguen contra algunas personas, les restan mucha credibilidad. Mientras las y los policías de base se enfrentan a estudios sociales y de antecedentes para ingresar, tenemos a un viceministro de Seguridad Pública, por ejemplo, que posee una causa en la fiscalía por supuestas comunicaciones con personas dedicadas a actividades ilícitas.
4)Problemas con la adquisición de equipo policial: Son casi diarias las noticias de chalecos antibalas vencidos, uniformes rotos, falta de equipo policial y delegaciones “cuchitriles”. Existen problemas administrativos para la compra de estos equipos, y, nuevamente, desde el propio despacho del Ministerio de Seguridad, se afirmó que no hay ningún problema, pese a que, se reitera, sobran las fotos que le desmienten.
5)Debilitamiento en la movilidad de Cuerpos Policiales: El año 2025 será el tercer año consecutivo sin comprar NI UNA SOLA PATRULLA en el Ministerio de Seguridad Pública. Además, en este momento, el Servicio de Vigilancia Aérea solo tiene 1 AVIÓN activo. Una vez más, este debilitamiento de las policías solo beneficia a la criminalidad y las estructuras delictivas.
6)Debilitamiento en la cantidad de policías: En el Servicio de Vigilancia Aérea, se ordenó distraer recurso humano de los aeropuertos (la mayor frontera del país) para ir a hacer funciones iguales a la seguridad privada en APM Terminals. Es obvio que esto debilita la atención a la seguridad portuaria, por donde ingresan o salen, de manera legal las personas que mueven dinero, especies y hasta personas, relacionadas al crimen organizado. Concatenado a esto, para el año 2025, según dijo el propio Ministro de Seguridad, la Fuerza Pública no contratará con más personal.
7)Debilitamiento de las labores investigativas de droga: Es necesario recordar que el viceministro de seguridad, quien, reiteramos, se encuentra cuestionado, tiene bajo mando los Cuerpos Policiales especializados en el resguardo de cielo (Vigilancia Aérea), mar (Guardacostas) y la lucha contra las Drogas (PCD); además, forma parte del Consejo Directivo del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD). Con tal responsabilidad y posición estratégica, utilizó su poder para SACAR a la Policía de Control de Drogas, de muelles aeropuertos y fronteras (los lugares donde se obtiene la información para las investigaciones contra el narco a nivel internacional).
8)Debilitamiento de la capacitación policial en Guardacostas: De nuevo, de la mano de un viceministro cuestionado y carente de experiencia policial, se dio un traslado de la academia de Guardacostas a un lugar donde no tienen acceso al mar, por lo que no es posible llevar a cabo las capacitaciones. Un Cuerpo Policial que se enfrenta directamente contra el narcotráfico, que ve debilitada la formación operativa, es un retroceso a favor de los ilícitos.
9)Omisión de estrategias migratorias, en aspectos de seguridad: A través de figuras migratorias como la solicitud de refugio (debido al bochornoso retraso existente y los años que tardan en resolverse), integrantes de bandas narcos (y otras modalidades de crimen organizado), se mantienen en Costa Rica de manera legal, haciendo uso de esta figura. Se preguntó al ministro de seguridad sobre las políticas para combatir este y otras problemáticas migratorias que inciden en la seguridad ciudadana. La respuesta resumida es que no existe ninguna.
10) Costa Rica y la legitimación de capitales: Varios de los incesantes ataques del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, radican en la supuesta falta de aprobación de leyes. No obstante, no existe ni un solo proyecto de ley de parte del Ejecutivo que persiga el dinero producto de la venta de drogas y su incorporación a la economía formal. Un verdadero golpe al narco se da a través de la incautación de dinero, inmovilización de cuentas, activos e investigaciones especializadas.
Los anteriores puntos, entre muchas otras razones, conforman los cimientos del porqué nos parece un descaro que el gobierno se enfade cuando le cuestionan de tener vínculos con el crimen organizado. Puesto que, cada vez observamos más situaciones que incrementan los cuestionamientos y se continúa en esa línea. Desde ANEP pensamos que una de dos, o el tema de seguridad está siendo manejado con total ignorancia, inexperiencia e ineficacia, o se están protegiendo intereses que no son los de la gente honesta…
San José, 10 de octubre de 2024.
