ANEP Diversidad rechaza el retiro de Costa Rica del foro de la OEA y señala un retroceso en derechos humanos

Salida del foro de la OEA debilita la incidencia de Costa Rica en agendas clave de igualdad y no discriminación.

Se configura un patrón preocupante que pone en riesgo avances en Derechos Humanos

San José, Costa Rica — La Seccional ANEP Diversidad rechaza la decisión del Gobierno de Costa Rica de retirarse del foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dedicado a la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, por constituir un debilitamiento del compromiso del Estado costarricense con los derechos humanos en el ámbito internacional. Lejos de ser una medida administrativa, esta determinación refleja un retroceso en la posición histórica del país en materia de igualdad y no discriminación.

El espacio del que Costa Rica se retira, conocido como “Core Group LGBTI”, ha sido un mecanismo de articulación entre Estados para el impulso de estándares internacionales, el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y la coordinación de acciones frente a la discriminación. La participación en estos espacios no es meramente simbólica: representa un compromiso concreto con el desarrollo progresivo de derechos y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

La salida de este foro implica una reducción directa de la presencia e incidencia del país en escenarios donde se definen agendas estratégicas para la protección de derechos. En consecuencia, debilita tanto la proyección internacional de Costa Rica como su capacidad de influir en procesos regionales que inciden en la garantía efectiva de los derechos humanos.

Este hecho no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un contexto político más amplio en el que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y el gobierno por iniciar de Laura Fernández configuran, con creciente evidencia, un escenario regresivo en materia de derechos humanos, particularmente en lo que respecta a las personas LGBTIQ+. Esta orientación resulta especialmente preocupante en un país que aún enfrenta importantes desafíos en materia de igualdad, dignidad y justicia.

En este contexto, se vuelve imprescindible promover una reflexión crítica sobre el rumbo que se está consolidando y sobre el impacto que determinadas decisiones políticas pueden tener en la protección y ampliación de derechos. La defensa de los derechos humanos no puede asumirse como irreversible ni garantizada.

Hoy más que nunca, es necesario fortalecer el debate público, la participación ciudadana y el compromiso democrático. La defensa de los derechos conquistados —y de aquellos que aún están pendientes— constituye una responsabilidad colectiva frente a cualquier intento de retroceso.

En esa misma línea, ANEP Diversidad señala que esta decisión forma parte de un conjunto de acciones y omisiones que evidencian un distanciamiento progresivo de las agendas de derechos humanos, particularmente aquellas vinculadas a la diversidad, la inclusión y la equidad. Este patrón preocupa, ya que debilita el liderazgo histórico de Costa Rica en la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en América Latina.

Si bien los derechos conquistados en el país no desaparecen de forma inmediata, resulta fundamental señalar que los retrocesos en derechos humanos suelen iniciar con el debilitamiento de compromisos internacionales, la desarticulación de espacios de cooperación y la reducción de mecanismos de vigilancia externa. La salida de este foro constituye una señal clara en esa dirección.

Rechazamos categóricamente la premisa de que Costa Rica ha alcanzado una “protección plena” de los derechos de todas las personas. Esta afirmación desconoce las realidades que aún enfrentan las personas LGBTIQ+, incluyendo situaciones persistentes de discriminación, exclusión y violencia, que requieren políticas públicas sostenidas y un compromiso permanente tanto a nivel nacional como internacional.

La defensa de los derechos humanos exige coherencia, participación activa y presencia en los espacios donde estos se construyen, se fortalecen y se vigilan. Apartarse de dichos espacios contradice los principios que históricamente han orientado la política exterior costarricense.

Ante este escenario, ANEP Diversidad hace un llamado a las personas de la comunidad LGBTIQ+, así como a las organizaciones sociales, al movimiento sindical, a las instituciones públicas y a la ciudadanía en general, a mantenerse vigilantes, informados y activos. La defensa de sus derechos y de todas las personas frente a la discriminación es una responsabilidad colectiva que no puede ser debilitada por decisiones políticas de esta naturaleza.

ANEP Diversidad reitera su compromiso firme con la construcción de una Costa Rica inclusiva, equitativa y respetuosa de la dignidad de todas las personas, y continuará alzando la voz frente a cualquier acción que represente un retroceso en derechos humanos.

Caso Barrenador sigue más vivo que nunca

Unidad especializada de la CCSS ratifica “nulidad evidente, absoluta y manifiesta” de licitación relacionada con el Caso Barrenador

La Dirección Jurídica de la CCSS explicó que la Junta Directiva declaró la lesividad en nueve de los contratos, al adolecer de vicios de nulidad y dispuso el inicio del respectivo proceso judicial.

El criterio de los funcionarios del CIPA ratifica la resolución de la CGR del 17 de octubre del 2024, en la cual se declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la partida tres, y se llamó a la administración a analizar si en las demás partidas se encontraba presente el mismo vicio.

Compartimos el documento

Caso Barrenador sigue más vivo que nunca by EugenioGuerrero

Posición de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración ante el proyecto de ley de modificación presupuestaria 2025

La Seccional ANEP en la Policía Profesional de Migración (PPM) manifiesta su profunda preocupación por el impacto que el Proyecto de Ley de la Segunda Modificación Legislativa a la Ley N.° 10.620 (Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2025), tendrá sobre nuestra institución.

En dicho proyecto se establece una rebaja de ₡147.350.000 al Programa 055-00 Migración y Extranjería, principalmente en subpartidas relacionadas con insumos y materiales administrativos. Estos recursos serán redirigidos al financiamiento de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

Si bien la justificación técnica del recorte señala la existencia de inventarios suficientes (cintas DIMEX y libretas de pasaporte), este ajuste no toma en cuenta las verdaderas necesidades estructurales de la Policía Profesional de Migración, entre ellas:

• Falta crónica de personal policial y administrativo, lo cual limita gravemente la capacidad operativa en puestos fronterizos, aeropuertos y centros de atención migratoria.

• Carencia de recursos tecnológicos y logísticos que permitan cumplir de forma eficiente y segura las competencias asignadas por ley.

• Ausencia de creación de nuevas plazas para la PPM, a pesar de que el mismo proyecto sí contempla la creación de puestos en otros ministerios (MOPT y MINAE).

Con esta decisión, se evidencia una política de desatención hacia la Policía Profesional de Migración, la cual sigue siendo utilizada como fuente de rebajos presupuestarios, en lugar de ser fortalecida para enfrentar los crecientes retos en materia de control migratorio, seguridad fronteriza y atención a la población extranjera.

La Seccional ANEP–PPM insta respetuosamente al Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública y a la Asamblea Legislativa a que reconozcan públicamente esta situación y tomen medidas concretas para:

1. Solicitar un presupuesto adicional para atender las necesidades urgentes de personal y recursos de la PPM.

2. Implementar un plan de reclutamiento, capacitación y dotación de equipo que permita cumplir con las funciones legales y operativas asignadas.

3 Garantizar que futuras modificaciones presupuestarias no debiliten aún más a Migración, sino que fortalezcan sus capacidades estratégicas.

La Policía Profesional de Migración cumple un rol fundamental en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Negarle recursos en un momento de tanta vulnerabilidad es una decisión que puede tener consecuencias graves para la seguridad del país.

Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP–PPM

Teléfono celular 8384-9686

Administración Chaves: ¿ingenuos en seguridad, o pro Delincuencia?

Por: Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP-Criminólogo

De los autores de: “se matan entre ellos”; se estrena la obra maestra: “la crisis en seguridad pública no es tan grande”. Disculpe ilustre lector-lectora si la introducción le parece algo folclórica, pero lamentablemente esta mala comedia oscura responde a la realidad de las expresiones del presidente.

En un primer momento podría entenderse que esté pesimamente asesorado y no supiera de la cantidad de víctimas colaterales, incluso niños, niñas y adolescentes, inocentes, que se han visto atrapados en la ola de violencia que tiñe de sangre nuestras calles. Pero, luego de que le han estrellado en la cara las estadísticas, con un récord por partida doble (y este año será triple) de homicidios, justo en el tiempo de su mandato, las cifras de delitos contra la propiedad, femicidios y violencia intrafamiliar, no existe justificación alguna que alcance para la falta de respeto que significa su aberrante aseveración.

¿Falta de respeto? Por supuesto, a menos que Chaves viva en una realidad alterna donde no hay delincuencia, su intento por minimizar el fenómeno de la violencia que nos golpea más fuerte que nunca es funesto. Irrespeta el dolor de las más de 2500 familias (de los últimos tres años) que han perdido sus seres queridos en la batalla a cielo abierto que libran las agrupaciones criminales. Irrespeta el temor que siente la sociedad costarricense que ha pasado por la terrible experiencia de estar cerca de una balacera, a plena luz del día en medio de la ciudad. Irrespeta el pánico de quienes han debido esconderse bajo sus camas al escuchar detonaciones frente a sus casas de habitación.

Chaves irrespeta la caída en el cumplimiento del deber de policías de Tránsito, de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial, al decir que la situación no es tan grave. ¡DIGALE A LAS FAMILIAS DE ESTAS VALIENTES PERSONAS QUE SU DOLOR ES UNA EXAGERACIÓN! (Lo siento, me exalté).

Pero es que más allá del irrespeto cometido al querer minimizar lo evidente, de seguro el presidente cree firmemente que el pueblo carece de información, e inteligencia, y por eso busca engañarnos con sus frases vacías de criterio técnico y realidad.

Antes de continuar, demos un rápido repaso por algunas (si, solo algunas) de las decisiones del Poder Ejecutivo, que se han ganado una mención honorífica en lo relacionado a Seguridad Ciudadana:

1) Quitar a la Policía de Control de Drogas de muelles, aeropuertos y fronteras (lugares estratégicos por donde ingresa y sale la droga del país).

2) Sacar a Guardacostas de Bahía Drake y Sixaola (puntos de mayor ingreso de la droga que viene del cono sur).

3) Negarse a transferir al Organismo de Investigación Judicial recursos económicos para fortalecer las investigaciones. (Debilitar a la Policía Judicial, no requiere mayor explicación).

4) Uso de la Policía Aeroportuaria en funciones diferentes, lo que debilita la vigilancia de aeropuertos. (Distraer recurso policial especializado).

5) Oposición al proyecto de ley de ampliación de horario para allanamientos. (Sin palabras). Un bonus: También se opuso a la pensión anticipada, tanto de OIJ, como del resto de Policías.

Recordemos que ninguna de estas decisiones obedece a criterios técnicos o estudios científicos. ANEP ha pedido los mismos y se nos respondió con el envío de un Manual de Puestos; correcto, don Mario Zamora parece no saber la diferencia entre un Manual Descriptivo de Puestos y estudios técnico-científicos.

Cualquier persona que tenga medio gramo de conocimiento en materia de Seguridad Ciudadana identifica todas estas acciones como incidencias que facilitan el accionar del crimen organizado. Asì lo han manifestado una importante cantidad de personas expertas en seguridad, policías, analistas criminales, exjerarcas de diferentes niveles y hasta el mismo extraditable en una entrevista reciente. Aun así, Chaves no solo se ha apegado a esta línea de acción, también mantiene en el cargo al Ministro de Seguridad y al Viceministro de Seguridad (que carga en sus espaldas sendos cuestionamientos por aparentes nexos con el crimen organizado, cabe destacar); sino que, hasta aplaude de labor exaltando un trabajo de cooperación internacional (que, por cierto, funciona desde hace casi tres décadas).

Los logros en materia de Seguridad Ciudadana para Chaves y su Gobierno son nulos, mientras que el crimen organizado ha avanzado con los pasos más grandes de la historia, en buena medida, gracias a las geniales decisiones (sarcasmo) de esta Administración.

Y aun así tienen el descaro de enfadarse cuando se les cuestiona por tener nexos con la narco-actividad.

En el mejor de los casos, este camino, lleno de desaciertos, obedece a una tozudez reforzada por la vanidad política de las altas esferas del ejecutivo, que se conjuga con una gigante ignorancia en lo relacionado a Seguridad Ciudadana. La otra alternativa es que estamos presenciando el cumplimiento de disposiciones enfocadas a favorecer al narco.

¡COSTA RICA, ABRAMOS LOS OJOS Y POR NADA DEL MUNDO PERMITAMOS QUE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO NOS ROBE EL PAÍS

ANEP, 21 de agosto 2025.

¡Logramos grandes avances! Ley 9635

La ANEP interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo Fiscal), en defensa de los derechos de las personas trabajadoras del sector público.

La Sala Constitucional ha emitido su fallo, logrando importantes avances para nuestros derechos laborales

Junta Directiva Nacional de la ANEP emite su primer pronunciamiento tras fallo de la Sala IV

Fallo constitucional contra Ley 9635 (Combo Fiscal): Junta Directiva Nacional de la ANEP emite su primer pronunciamiento.

No se deje engañar: proyecto jornada 4×3 busca eliminar pago de horas extras

ANEP reitera su oposición al Poyecto de Ley N° 24.290: “Establecimiento De Jornadas Laborales Excepcionales Para Casos Determinados Que Sean Excepcionales Y Muy Calificados”, denominado Jornadas 4×3.

Retraso en implementación de la Tecnología 5G es culpa del Gobierno y las administraciones del ICE

Recordamos bien claro que hace un par de meses, en su show mediático habitual de los miércoles, (conferencia de prensa semanal), el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en compañía del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, y Paula Bogantes Zamora, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), salió a achacar la culpa a “Raimundo y a todo el mundo” por el estancamiento que hay en el desarrollo de la tecnología 5G en el ICE.

La 5G es el futuro inmediato del negocio de las telecomunicaciones en el mundo y permitirá, gracias a conexiones más rápidas y eficientes, el desarrollo de industrias de alta tecnología como las fábricas inteligentes, por citar sólo un ejemplo. Es decir, negar al ICE la posibilidad de desarrollar esta tecnología es darle una estocada de muerte al sector de Telecomunicaciones, lo que presumiblemente provocará la caída de la institución como una insignia del desarrollo tecnológico del país y traerá consecuencias graves para la sostenibilidad del sector y, por supuesto, para sus trabajadores y trabajadoras porque “no hay chocolate sin cacao”, es así de simple. Si la institución se cae, será insostenible el trabajo de cientos y cientos de personas en ICE – Telecomunicaciones.

Durante la administración Cañas – Cepeda, binomio que estuvo al mando del ICE en el período 2018 – 2022, la institución sufrió, quizá, los momentos más difíciles de toda su historia.

La falta de visión de Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE en aquel momento, la llevó a declarar en un programa radial que se rehusaba a creer que se estaba generando toda una problemática alrededor de mayor velocidad para bajar películas o jugar videojuegos. Finalmente, durante su período al frente del ICE, 5G “durmió el sueño de los justos”, no se movió absolutamente nada.

Posteriormente, con la llegada a Sabana norte de Marco Acuña Mora, actual presidente ejecutivo de la institución, se afirmó que 5G sería una prioridad durante su administración, puntualmente el Señor Acuña Mora declaró el 30 de abril de 2022 a Diario Extra que: “5G es una tecnología que tiene que ser implementada en el país de una u otra manera, entonces el ICE tiene un rol fundamental en ello, pero no está sólo el ICE, también tenemos otras instituciones y también tenemos subsidiarias del grupo ICE con parte de las bandas del 5G y todo eso es parte de lo que tenemos que ir a analizar para tomar las decisiones adecuadas con el fin de que Costa Rica no se quede atrás sin esta tecnología.”

Durante esta administración, el ICE terminó devolviendo las frecuencias de 3.500 Megahercios (MHz), de las más apetecidas para el desarrollo de la tecnología 5G y lo hizo obedeciendo servilmente los deseos del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien a través del MICITT se encargó de arrebatarle esas frecuencias a la institución.

Precisamente, este jueves 23 de enero se realizará la subasta de las bandas bajas y medias, en las que el ICE no pudo participar, debido a que el MICITT sancionó a la institución con un impedimento de participar en licitaciones de espectro por un plazo de tres años y, además, le quitó 70 MHz de su bloque de 2.600 MHz.

Al quedar el ICE fuera de la posibilidad de participar como oferente en la subasta que se efectuará este jueves, sin duda la institución entra de atrás en la competencia por el desarrollo de redes de quinta generación, tal y como les gusta a sus competidores.

Si aunado a estas situaciones sumamos la politización que se ha dado en torno al desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Ejecutivo, luego de la visita del presidente de la República a Washington, estamos ante un panorama que podría resultar tremendamente nefasto para el ICE.

Después de la visita que el presidente Rodrigo Chaves Robles realizó en agosto de 2023 a su entonces homólogo estadounidense Joe Biden Jr., surgió una repentina inquietud en el Ejecutivo respecto a la ciberseguridad y, mediante un decreto del MICITT, se excluyó a las empresas de los países que no hayan suscrito el Convenio de Budapest de poder desarrollar tecnología 5G en Costa Rica. Esto, a pesar de que el mencionado convenio trata sobre cibercrimen y no sobre ciberseguridad. De hecho, el convenio es del año 2001, cuando ni por asomo se hablaba de 5G en el mundo.

Además, si la preocupación del Gobierno del presidente Chaves fuera tan genuina, Costa Rica debería estar haciendo esfuerzos constantes en materia de ciberseguridad, para estar a la vanguardia en este tema. Sin embargo, la realidad es que el país está entre los cinco países menos ciberseguros de todo el mundo, como lo informó ayer el periódico La República.

A todas luces, parece ser que el tema del convenio de Budapest fue una movida política para dejar por fuera del desarrollo de la tecnología 5G en el país a algunas empresas puntuales. Hecho que pudiera resultar contraproducente para el ICE si se toma en cuenta que gran parte de su infraestructura es desarrollada por una de esas empresas.

La politización del desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Poder Ejecutivo a través del MICITT y el propio ICE, ha influido negativamente en que la institución y el país puedan brindar lo más pronto posible y al precio más accesible esta tecnología al público en general y, sobre todo, a la industria.

El Poder Ejecutivo es culpable del estancamiento del desarrollo de la tecnología 5G en el país, por politizar una situación que debía ser meramente técnica y que ahora ha colocado al país en medio de una pugna geopolítica entre dos potencias mundiales, pero también las administraciones del ICE han sido responsables por no desarrollar a tiempo un plan estratégico que permitiera avanzar hacia la implementación de 5G, por entregar y subutilizar frecuencias de su espectro y por omitir por completo la autonomía institucional.

El MICITT, por su parte, también jugó su papel, pues ha sido el caballo de batalla con el que el Ejecutivo se encargó de “limpiar la cancha” relegando al ICE en la pugna con los competidores privados por el desarrollo de redes de quinta generación. Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostenemos que son los criterios técnicos y financieros los que deben imperar para ejecutar el desarrollo de la tecnología 5G en el país, por encima de cualquier conflicto político en el que el pueblo costarricense no tiene absolutamente nada que ver y mucho menos tiene por qué “pagar los platos rotos.”