¡Cuerpos policiales excluidos de la regla fiscal!: Triunfa tesis de ANEP

Desde la aprobación de la Ley 9635 nuestra organización fue claro en que los cuerpos policiales no debían quedar amarrados presupuestariamente hablando y con el tiempo y la lucha dada por ANEP nuestra tesis queda comprobada.

ANEP mantendrá demanda legal contra el Estado por deuda de reajuste salarial con el sector público

Pese a que se diera a conocer que el Gobierno de la República pagará de forma retroactiva a los empleados públicos la deuda por reajuste salarial de 7.500 colones a la base por costo de vida, acumulada desde enero de 2020 a diciembre de 2023, la ANEP no desistirá del proceso legal entablado contra el Estado, por dicha deuda.

Se acerca juicio laboral para que paguen el reajuste por costo de vida adeudado desde el 2020

ANEP presentó una demanda contra el Estado por no realizar el pago por reajueste salarial por costo de vida de 7.500 colones a la base, decretado a finales de 2019. En la demanda se contemplas las deudas de los años 2020,2021,2022 y lo que va del 2023.

Fuerza Pública sin patrullas, 594 se mantienen fuera de servicio

En la Seccional ANEP Fuerza Pública, vemos con suma preocupación el anunció hecho por el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, en torno de que decenas de vehículos no podrán ser reparados, debido al recorte presupuestario de 350 millones de colones. Esto, luego de que hace poco se dijera que se contaba con un presupuesto extraordinario para la compra de nuevas patrullas.

En datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, luego de una consulta de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se indicó que, a la fecha, hay 594 patrullas y 358 motocicletas fuera de servicio. Entre las principales causas se encuentran fallas mecánicas, falta de repuestos y accidentes de tránsito.  

Tal como hemos denunciado otras veces, en los últimos años se ha presentado escases de botas tácticas, botas para operación en montaña, uniformes, jackets, capas impermeables, focos, fundas para la portación del arma de reglamento, chalecos antibalas, se ha reducido la dieta alimenticia, en fin, se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, medida que afecta la operación de los cuerpos policiales y, por ende, se podría agudizar la situación de inseguridad que afronta nuestro país.

En la Seccional ANEP Fuerza Pública, de manera responsable habíamos señalado el riesgo para el país en materia de seguridad pública, si se incluía al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “Regla Fiscal”, que, efectivamente vino a repercutir negativamente en la gestión de seguridad ciudadana. Ahora, anuncia el ministro como medida paliativa que las comunidades “adopten” una patrulla, o sea, que se encarguen de su reparación, lo cual, deja ver que los cuerpos policiales nunca debieron entrar el la Ley 9635 y de manera urgente deben ser excluidos de la aplicación de la misma.

Nuestra patria vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, como si tratara de todo un plan maquiavélico, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos. Además de estar en primera línea, enfrentando el crecimiento delincuencial, ¿será que también deban los cuerpos policiales salir en defesa de recursos?

Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración constata faltante de personal y oficinas ante la llegada del primer Ferry proveniente de El Salvador

En visita de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPM), a Puerto Caldera, en el arribo del primer Ferry desde El Salvador, se pudo constatar que no existe espacio físico para que los oficiales de la Policía Profesional de Migración puedan trabajar y realizar los respectivos controles.

Los oficiales realizan el Control Migratorio, primeramente en las oficinas de Puntarenas, donde tienen los sistemas tecnológicos 24 horas antes del pre chequeo y luego en el Puerto donde realizan la inspección física de acuerdo con el manifiesto de salida de la embarcación..

Esta informacion fue confirma por Viviana Moscoso, funcionaria del INCOP, quien manifestó que la Policía de Migración no cuenta con un espacio físico en estas instalaciones, situación también confirmada por el Servicio Nacional de Guardacostas.

Desde la Seccional ANEP-PPM denunciamos que para atender la llegada del Ferry no se dio capacitación al personal, ya que fue suspendida, esta se daría en principio el 9 y 10 de agosto.

Otro de las situaciones detectadas es el faltante de personal, que sigue siendo abrumador, hoy se encontraba en la Oficina Polícial Regional de Puntarenas solamente la coordinadora, quien indicó que “al menos se necesitan 10 plazas nuevas para cubrir todas las funciones de toda esta Regional”

Hacemos un llamado a todas las autoridades de Puerto Caldera para que se le dé una oficina a la Policía Profesional de Migración, así como el equipo necesario para atender esta nueva ruta de Ferry entre Costa Rica y El Salvador.

La Seccional, también hace un llamado al Gobierno de la República, para que se saque de la Regla Fiscal a los Cuerpos Policiales, entre estos a la Policía Profesional de Migración y se le den los recursos que realmente se necesita para atender y resguardar de la mejor manera los puntos y controles migratorios de país.

ANEP acude a Derechos Humanos-Naciones Unidas con relación a pensiones IVM-CCSS

•ANEP presenta acción urgente a favor de personas trabajadoras que estaban listas a pensionarse

•Caja les varió las condiciones a pesar de que ya estaban en etapa final de tener todos los requisitos

ANEP acaba de acudir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, recurriendo a sus Procedimientos Especiales, solicitando, con urgencia, intervención protectora relativa al derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En su lenguaje diplomático-técnico y especializado al efecto, se conoce como petición para la emisión de una Other Letter.

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.

El 14 de diciembre de 2021, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la reforma de los artículos 5, 23 y 24, y la derogación de las disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; cambios que frustran seriamente las expectativas de pensionarse de un gran número de personas trabajadoras, de los sectores público y privado, mismas que estaban ya cerca de lograr la totalidad de los requisitos antes de la entrada en vigencia de esos cambios, el 12 de enero de 2024.

Las personas trabajadoras afectadas cotizantes al régimen de IVM-CCSS, pese a que obligatoriamente han venido cumpliendo los compromisos que el mismo les ha demandado, abruptamente, se les extiende la edad laboral activa y se les impone menos porcentaje de recuperación jubilatoria), lo cual deja planteada una seria regresividad en materia de Derechos Humanos que van mucho más allá de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad.

Luego de la amplia y especializada argumentación jurídico-legal, centrada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.) que Costa Rica está obligada a respetar y a adoptar, sometiéndose a los dictados específicos y correspondientes según cada caso; el conjunto de petitorias de la ANEP a las personas expertas del Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica, por ejemplo, ésta:

“Se declare que la vigencia y aplicación del acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS del 14 de diciembre del año 2021, acuerdo primero del artículo 6° de la sesión N° 9229, que reforma de manera regresiva los artículos 5, 23 y 24 y deroga de los transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, atenta contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica, y conllevan a una lesión al derecho a la seguridad social de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en su manifestación del derecho a la pensión por vejez, debido a la ilicitud, desproporcionalidad e irrazonabilidad de la medida, así como a la afectación a sus proyectos y planes de vida ya consolidados. Lo anterior, por aplicárseles ese acuerdo con efectos retroactivos en violación de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas”.

La Other Letter pedida por ANEP al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene el carácter de solicitud urgente para la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas demandantes tenían cumplidos al 100 % antes del 12 de enero de 2024; y, que, bajo la tutela de ANEP están presentándose, una por una, ante las instancias expertas y relatoras del indicado Consejo ONU-DD.HH.

Se trata de un primer grupo de 614 personas que, en su condición de asociadas a la ANEP, se inscribieron, de manera oportuna en el formulario oficial diseñado para este histórico proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica. para el caso del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Está abierta ya la inscripción para un segundo grupo, siempre y cuando la persona interesada esté ya asociada a la ANEP o se afilie de inmediato.

ANEP está convencida de que, de manera dolorosa, Costa Rica está viviendo un proceso peligroso de reversión de conquistas sociales, de exclusión económica y de sobre-explotación laboral, lo cual nos lleva a apelar a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y, especialmente, a la serie de tratados internacionales que el país a suscrito al respecto, con condiciones obligantes y de vinculatoriedad imposible de obviar, como un mecanismo de carácter estratégico y de defensa obrero-social de altísima legitimidad.

La ANEP ha venido realizando una inversión financiera cuantiosísima para poder brindarle a toda nuestra membresía las opciones jurídico-legales, en el plano nacional e internacional, más especializadas posibles y de altísima calidad para la defensa de las conquistas sociales y obrero-laborales que nos fueron heredadas.

San José, sábado 8 de julio de 2023.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Ajunto ANEP

Gran marcha por la educación costarricense: En el marco del “Pacto Nacional por la Educación Pública” 

-Miles de personas de diferentes zonas de Costa Rica marcharon demandando respuestas ante la emergencia nacional educativa que atraviesa el país. 

-Se presentó públicamente la propuesta “Pacto Nacional por la Educación Pública” como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP. 

-En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales y comunales. 

20/06/2023. La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros. 

Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional. 

Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:

  • Declarar una emergencia nacional educativa. 
  • Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB. 
  • Liberar a la educación pública de la regla fiscal. 
  • Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes. 
  • Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.
  • Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas. 
  • Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria. 
  • Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa. 
  • Crear la red nacional de conectividad educativa. 
  • Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas. 
  • Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa. 
  • Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado. 
  • Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada. 
  • Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). 
  • Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.

Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás. 

En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho. 

Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra la Ley Marco de Empleo Público

– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea

La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.

En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.

Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).

Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.

Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.

En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.

En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.

Seccional en la Fuerza Pública presenta propuestas de mejora a nuevo viceministro de Seguridad

La representación sindical conversó con Erick Lacayo Rojas, Viceministro de Seguridad Pública a quien le presentaron varios puntos que buscan la mejora de las condiciones para los policías. El jerarca afirmó que trabajará en identificar si es por falta de gestión que existen faltantes o malas administraciones en las delegaciones.