Como parte del accionar por la defensa y mejora del sector agrícola, sindicatos presentarán al sector patronal una serie de puntos que permitan generar acciones positivas para la clase trabajadora.
Categoría: Incidencia
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Resultados contradicen pronunciamientos de jerarcas del ICE
- La objetividad que exige el caso de la avería en plataforma del ICE
En los últimos meses, algunos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han manifestado públicamente que la institución “está volando”, en alusión a un supuesto buen desempeño de sus operaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, las evidencias técnicas y los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como diversas publicaciones en medios de comunicación como AM Prensa, Diario Extra y La Teja, contradicen esa afirmación de forma contundente.
Según el más reciente informe técnico elaborado por SUTEL en conjunto con la firma especializada Opensignal, la empresa Claro obtuvo mejores calificaciones que sus competidores en 8 de las 10 categorías analizadas, incluyendo velocidad de descarga, experiencia en video y juegos, estabilidad de red y confiabilidad del servicio. Kölbi, marca de telecomunicaciones del ICE, apenas logró destacar en dos categorías, disponibilidad 4G y cobertura general. Este informe técnico, de carácter objetivo y basado en millones de mediciones de usuarios reales, representa una radiografía clara del estado actual de la competencia en telecomunicaciones.
Estos resultados no sólo evidencian un rezago evidente de Kölbi frente a Claro, sino que contradicen de forma directa el discurso optimista que ha sostenido parte de la alta jerarquía institucional del ICE. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad empírica debe preocupar, pues genera un desfase entre la percepción interna y las verdaderas condiciones del mercado, debilitando la toma de decisiones estratégicas y afectando la credibilidad institucional.
Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza pública, este desfase no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de falta de responsabilidad administrativa. El Estatuto del Personal del ICE y la Ley General de la Administración Pública establecen principios claros de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración que deben regir las actuaciones de la administración superior y del Consejo Directivo. El ocultamiento o maquillaje de datos objetivos, así como la omisión de acciones correctivas frente a deficiencias identificadas por los órganos reguladores, podría eventualmente constituir una omisión grave en el ejercicio del deber funcional.
Además, la negativa a reconocer y actuar sobre estas deficiencias tiene implicaciones directas en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Medios como La Teja recogen testimonios de usuarios molestos por los constantes problemas de conectividad, la lentitud del servicio y la falta de respuesta efectiva por parte de Kölbi. Cuando una empresa estatal, cuyo mandato es precisamente garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, deja de escuchar a sus usuarios y se aferra a una narrativa institucional autocomplaciente, se pone en riesgo no sólo su legitimidad, sino también su sostenibilidad en el mercado.
Cabe recordar que el ICE, a través de Kölbi, es el único operador público que compite en un mercado abierto y liberalizado. Su existencia no sólo tiene valor comercial, sino un peso estratégico para mantener el equilibrio entre los intereses privados y el bien público. Sin embargo, si esta empresa no responde con agilidad, calidad y responsabilidad institucional, su deterioro podría ser irreversible.
Ante esta situación, resulta urgente que la Administración Superior y el Consejo Directivo del ICE, establezcan mecanismos internos de rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan inmediato y transparente para la mejora del servicio, así como fortalecer el vínculo con sus usuarios mediante una política de atención eficiente y honesta.
En conclusión, el ICE no está “volando”. Está siendo superado por sus competidores en aspectos clave de calidad, velocidad y percepción del usuario. Insistir en un discurso que ignora los datos sólo profundiza la desconexión institucional y pone en entredicho el liderazgo de quienes hoy están llamados a conducir a la institución en un mercado cada vez más exigente. La verdadera fortaleza del ICE no está en frases grandilocuentes, sino en su capacidad para actuar con visión, técnica y transparencia.
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ANEP solicita al Ministerio Público investigar posible influencia indebida contra la hacienda pública por implementación del sistema ERP en la CCSS
–Denuncia también fue presentada ante a la Contraloría General de la República.
–Sistema habría costado a la CCSS 27 mil millones de colones ($52 millones)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República ante una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En la denuncia presentada por nuestra organización se plantea que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conoció una serie de informes elaborados por los entes técnicos institucionales, relacionados con el proceso de implementación del nuevo sistema informático de gestión empresarial conocido como ERP-SAP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning ).
“Ante esta situación, para nada menor y que trastoca el funcionamiento estructural de la institución en sus procesos más sustantivos, ese órgano colegiado y superior de la CCSS, al parecer entró en una dinámica altamente cuestionable, al punto de que existen serios elementos públicos y notorios que podrían evidenciar que dicho órgano no quiso escuchar las advertencias de los entes técnicos y trasladó la valoración a la administración de las gerencias de la institución”, indica la denuncia.
“Posteriormente, parece ser que la Presidenta Ejecutiva, realizó una interpretación del acuerdo de Junta Directiva, para obligar a las gerencias a implementar ese nuevo sistema ERP-SAP, aún con las consecuencias que podrían generar en los servicios de salud en dos dimensiones, por un lado, la estructura funcional interna, y, sin duda alguna, por otro lado, los efectos e impactos en la población costarricense”, amplia el documento presentado al Ministerio Público y CGR.
ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto.
A esto se suma que existen informes de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social que advierten sobre los riesgos y documentan los efectos negativos. No obstante, para mayor claridad ante esta fiscalía y contraloría, es oportuno señalar que el contenido del oficio GL-DABS-1006-2025/GL-DTBS-174-2025/GL-DPI-0675-2025, constituye un recuento detallado y elocuente de múltiples falencias, que por sí solo justifica plenamente nuestra solicitud.
Por todo lo anterior, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se solicita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República lo siguiente:
- Se investigue a las personas integrantes de la Junta Directiva que votaron a favor en la sesión N.º 9524, celebrada el jueves 29 de mayo del 2025, donde se tomó un acuerdo en torno a la implementación del ERP-SAP.
- Se investigue a la Licenciada Mónica Taylor Hernández, Presidenta Ejecutiva, sus asesores, Eugenio Guevara Chaves, Angeline Badilla Berrocal, y al Lic. Héctor Arias Mora, Director del Plan de Innovación, por sus posibles actuaciones en perjuicio de la CCSS y en consecuencia contra la Hacienda Pública.
- Se solicite a la Auditoría Interna de la CCSS, trasladar a esta fiscalía y contraloría, aquellos estudios o similares en su poder, que entendemos han sido calificados como CONFIDENCIALES y que están vinculados al tema ERP-SAP.
- Investigar los elementos que privaron para el nombramiento del actual Director del Proyecto de Innovación de la CCSS, puesto que entendemos que podrían existir actos administrativos viciados de nulidad.
- Desarrollar las investigaciones pertinentes a efecto de dilucidar posibles vínculos que se deriven del contrato establecido entre la CCSS y la empresa adjudicada.
Nuestra organización adjunto en la denuncia una serie de informes técnicos de los equipos CCSS, informes de Auditoría Interna, instrucciones de Presidencia Ejecutiva y otros documentos de interés para las pertinentes investigaciones.
Fallo constitucional permitirá conocer los nombres de personas o empresas que hacen fraude fiscal
- Acción de inconstitucionalidad fue presentada por ANEP a finales del 2019.
- Morosos recurrían al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaban acción y se aseguraban que no se pudiera dar a conocer información públicamente.
La Sala Constitucional le dio la razón a la ANEP tras la resolución de la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 19-011237-0007-CO en donde nuestra organización pidió que se declarara inconstitucional y se anulara el quinto párrafo del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que generaba obstáculos para poder conocer a los contribuyentes morosos.
El párrafo consignaba lo siguiente: “En el caso de los sujetos morosos, los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la Administración Tributaria de esto último, a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente”.
Esto permitía que las personas acudieran al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaba una acción y ya con eso quedaban blindadas en que no se pudiera dar a conocer su nombre públicamente.
Dentro de los argumentos presentados por el Licenciado David Estrada Zeledón, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, está que el quinto párrafo del artículo 18 bis «incluye una protección excesiva que sobrepasa los alcances del artículo 24 constitucional».
El recurso fue presentado a finales de 2019, con el objetivo de poder llamar con nombre y apellido a esas personas físicas o empresas que tanto daño le hacen al país en temas tributarios. En total, fueron 4 votos contra tres, los que definieron fallar en favor de ANEP.
ANEP, es la organización sindical que más ha luchado contra todos los males provocados por la evasión, fraude y elusión fiscal, pues todo este tipo de acciones repercuten en la recaudación e inversión estatal, en donde, durante el último tiempo, la política social del país es la mayor sacrificada para poder cumplir con los altísimos pagos de los intereses de la deuda pública.
A partir de este histórico fallo se podrá señalar y emplazar a esas grandes corporaciones, bufetes, grupos económicos y similares que implementan sus maniobras jurídicas para no tributar como tiene que ser.
Nuestra organización sindical, sigue firme en su tesis sobre un cambio radical del sistema tributario costarricense, pues es propicio para que muchas personas o empresas se aprovechen y no cumplan con sus obligaciones fiscales, tal cual, lo demanda la ley.
