Categoría: Incidencia

ANEP solicita intervención urgente del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios

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• Estudio institucional de clima organizacional revela que un 80% del personal presenta percepciones negativas o mixtas sobre su entorno laboral y un 60% señala situaciones de hostigamiento, persecución o trato inadecuado.

• Organización sindical advierte sobre denuncias penales y administrativas, presunto abandono de guardias médicas y otras irregularidades que requieren una actuación inmediata de la Gerencia Médica de la CCSS.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una intervención integral y urgente del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios, ante una serie de situaciones documentadas que abarcan una severa crisis de clima organizacional, denuncias penales y administrativas, presuntas irregularidades en la gestión del servicio y señalamientos relacionados con el abandono de guardias médicas.

La solicitud fue planteada formalmente mediante el oficio ASE-ANEPCCSS-0017-2026, dirigido al gerente médico de la CCSS, Marvin Palma Lostano, en el cual la organización sindical advierte que la situación requiere una respuesta institucional “activa, inmediata y sostenida”.

Estudio institucional evidencia grave deterioro laboral

Uno de los principales elementos que sustentan la solicitud de intervención corresponde al Estudio de Clima Organizacional realizado durante el primer semestre de 2026 por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Hospital San Juan de Dios, en el que participaron 48 funcionarios del Servicio de Anatomía Patológica.

Entre sus principales resultados destaca que el 80% del personal manifestó percepciones negativas o mixtas sobre su entorno laboral, relacionadas con estrés, desmotivación, temor, angustia y desgaste emocional.

Además, un 50% presenta indicadores de afectación emocional severa y el 90% identifica la existencia de conflictos relevantes, estructurales y persistentes dentro del servicio.

El estudio señala también que el 75% del personal relaciona los conflictos con la gestión y el liderazgo de la jefatura, mientras que un 60% refiere situaciones de hostigamiento, persecución o trato inadecuado. Asimismo, un 65% recomienda cambios en la jefatura, incluyendo solicitudes de sustitución o reestructuración del cargo.

Según el informe citado por la ANEP, el liderazgo actual constituye un factor de riesgo organizacional, mientras que el clima laboral es caracterizado como disfuncional en su dimensión relacional, con potencial impacto sobre la salud del personal y la calidad del servicio diagnóstico brindado a la población asegurada.

Denuncias penales y administrativas

A esta situación se suma una denuncia penal presentada por la ANEP ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, recibida el 8 de septiembre de 2025 y relacionada con el presunto delito de peculado.

La denuncia involucra a funcionarios del Servicio de Anatomía Patológica y contempla, entre otros hechos que deberán ser determinados por las autoridades competentes, cuestionamientos relacionados con un procedimiento de contratación administrativa y el presunto uso de recursos públicos para actividades de carácter privado.

De acuerdo con la documentación presentada, dentro de la investigación también se cuestiona el proceso licitatorio 2019LN-000012-2102, con una proyección de consumo anual estimada en más de ₡475 millones, así como situaciones relacionadas con beneficios presuntamente recibidos de empresas proveedoras y el supuesto procesamiento de biopsias provenientes de un laboratorio privado utilizando instalaciones y recursos del hospital. Estos hechos corresponden a señalamientos contenidos en la denuncia y deberán ser esclarecidos por las instancias judiciales correspondientes.

Paralelamente, existen denuncias ante la Auditoría Interna de la CCSS relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, entre ellas el supuesto uso indebido de firmas digitales de jefaturas, delegación de potestades administrativas en personal sin competencia formal y la realización de autopsias hospitalarias sin un médico patólogo regente formalmente nombrado.

ANEP denuncia presunto abandono de guardias médicas

Otro aspecto que genera especial preocupación para la ANEP es la denuncia sobre el presunto abandono sistemático de guardias por parte de médicos patólogos.

Según el documento remitido a la Gerencia Médica, existen señalamientos de que médicos asignados a determinadas guardias registrarían su entrada, abandonarían posteriormente las instalaciones hospitalarias y regresarían al día siguiente para registrar su salida.

ANEP pide intervención integral e inmediata

Ante la magnitud de los hechos denunciados, la ANEP solicitó a la Gerencia Médica de la CCSS:

  • Iniciar formalmente una intervención administrativa integral del Servicio de Anatomía Patológica, incluyendo su gestión clínica, administrativa y de recurso humano.
  • Realizar una valoración técnica urgente del ejercicio de la jefatura del servicio y, en caso de confirmarse los patrones denunciados, adoptar las medidas administrativas correspondientes, que podrían incluir suspensión preventiva, reubicación o remoción del cargo.
  • Disponer la intervención conjunta de Salud Ocupacional, Trabajo Social, Psicología y Bienestar Laboral para atender el deterioro emocional señalado por el estudio de clima organizacional.
  • Abrir una investigación administrativa sobre el presunto abandono sistemático de guardias médicas y determinar las responsabilidades correspondientes.
  • Dar seguimiento coordinado a los expedientes existentes ante la Auditoría Interna, otras instancias de control y el Ministerio Público.
  • Verificar el cumplimiento del Plan de Acción de Mejora solicitado por el GAT y adoptar las medidas correspondientes en caso de incumplimiento.
    La organización sindical sostiene que la intervención solicitada no constituye una medida punitiva ni una acción de represalia, sino una respuesta institucional necesaria ante la acumulación de hechos denunciados y documentados.

Entre las acciones planteadas también se encuentra garantizar la cobertura efectiva de las guardias, fortalecer los mecanismos de supervisión, brindar atención interdisciplinaria al personal afectado y restablecer una gestión administrativa basada en la transparencia, la legalidad y el respeto de los derechos laborales.

Declaraciones de Orlando Soto, Asesor Sindical ANEP-CCSS

“El riesgo también alcanza a los pacientes”

Para la ANEP, la crisis no debe analizarse únicamente desde el ámbito laboral. Anatomía Patológica es un servicio altamente especializado cuyos diagnósticos inciden directamente en decisiones terapéuticas.

La organización advierte que un ambiente laboral severamente deteriorado puede terminar repercutiendo en la calidad y seguridad del servicio que reciben los pacientes, especialmente en una dependencia responsable del procesamiento y diagnóstico de biopsias y otros estudios fundamentales para la atención médica.

La ANEP considera que la cantidad y gravedad de los elementos existentes obligan a las autoridades superiores de la CCSS a brindar una respuesta integral y urgente, proteger al personal del Servicio de Anatomía Patológica y garantizar que cualquier eventual irregularidad sea investigada con transparencia, independencia y respeto al debido proceso.

La gestión sindical se acompañó de documentación relacionada con el estudio de clima organizacional, denuncias ante la Fiscalía y la Auditoría Interna y otros antecedentes sobre el funcionamiento del servicio.

Informe Estudio de Clima Organizacional Servicio de PatologíaDescarga

Ciudadanos presentan ante el TSE solicitud de referéndum para autorizar la devolución plena del ROPC

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San José, 11 de agosto de 2026. Un grupo de ciudadanos presentó formalmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones la solicitud para iniciar el trámite de un referéndum de iniciativa ciudadana con el fin de someter a conocimiento del pueblo costarricense el proyecto denominado Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.

La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona afiliada al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, conocido como ROPC o ROP, a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual al adquirir la condición de pensionada por vejez o invalidez en cualquiera de los regímenes legalmente establecidos, o al cumplir los 65 años, lo que ocurra primero.

El proyecto parte de una premisa jurídica fundamental: el ROPC no constituye una pensión solidaria en sentido técnico, sino un régimen de ahorro individual obligatorio y capitalizable. Los recursos acumulados en cada cuenta pertenecen al trabajador, generan rendimientos propios y, en caso de fallecimiento del titular, pueden transmitirse a sus beneficiarios o herederos.

Según los promoventes, la propuesta no afecta el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, ni los regímenes especiales contributivos vigentes. Tampoco compromete las reservas del IVM ni modifica las obligaciones propias del régimen básico de seguridad social.

Solicitud de referendum presentada ante el TSE.

“El proyecto busca que los trabajadores costarricenses puedan disponer efectivamente de un ahorro que han construido durante años de trabajo. No se trata de eliminar opciones, sino de reconocer la libertad de cada afiliado para decidir si retira la totalidad de sus recursos o si mantiene alguna de las modalidades actualmente previstas”, señalaron los impulsores de la iniciativa.

La exposición de motivos sostiene que el ROPC tiene naturaleza laboral y patrimonial, pues se encuentra integrado por recursos individualizados, acumulados en cuentas personales y administrados por operadoras de pensiones complementarias. Por ello, los promoventes consideran que la materia sometida a consulta es de carácter laboral-patrimonial y no previsional en sentido estricto.

La solicitud presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones pide autorización para iniciar la recolección de firmas necesarias, conforme a la Constitución Política y a la Ley sobre Regulación del Referéndum. Una vez autorizados los formularios respectivos, los ciudadanos promotores procederán a organizar la campaña nacional de recolección de firmas.

Los promoventes indicaron que acudir al referéndum no pretende sustituir a la Asamblea Legislativa, sino activar un mecanismo constitucional de democracia directa en una materia que afecta el patrimonio de millones de trabajadores. En su criterio, cuando una decisión de esta magnitud incide sobre el ahorro individual de la ciudadanía, resulta legítimo que el pueblo pueda pronunciarse directamente.

La pregunta propuesta para la consulta ciudadana es la siguiente:

¿Aprueba usted el proyecto de Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, que reconoce el derecho de toda persona afiliada a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual al pensionarse por vejez o invalidez, o al cumplir los 65 años, lo que ocurra primero?

SÍ (   )    NO (   )

Finalmente, los ciudadanos impulsores hicieron un llamado respetuoso a todos los sectores sociales, laborales, profesionales y comunales del país para informarse sobre el contenido del proyecto y participar activamente en el debate público sobre el destino del ahorro individual acumulado en el ROPC.

Proyecto convocatoria de referéndum ROPC

Proyecto convocatoria de referéndum ROPCDescarga

La presidenta Fernández debe disculparse con el personal del IAFA

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Las recientes manifestaciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en las que afirmó que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) “no sirve para nada”, constituyen una descalificación que ofende la dignidad de las personas trabajadoras de una institución que durante décadas ha cumplido una función fundamental para la salud pública y la atención de problemáticas sociales de enorme complejidad.

En el IAFA labora personal altamente calificado, experimentado y comprometido: profesionales de las ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias de la administración y otras disciplinas, junto con personal técnico y administrativo indispensable para el funcionamiento institucional. Todos ellos realizan diariamente sus funciones con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio.

Lo hacen, además, enfrentando limitaciones materiales, rezagos tecnológicos y necesidades de modernización, en medio de una realidad social cada vez más compleja y desigual. Los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas requieren más prevención, mayor atención especializada, conocimiento técnico, fortalecimiento institucional y un Estado con mayor sensibilidad social.

Si existen problemas estructurales en el IAFA, corresponde preguntarse también por la responsabilidad de los sucesivos gobiernos. Si el Gobierno actual sostiene que encontró una institución con serias deficiencias, debe presentar los datos y criterios técnicos que sustenten ese diagnóstico y explicar qué acciones concretas adoptará para corregirlas.

Los trabajadores y trabajadoras del IAFA no pueden cargar con la responsabilidad por rezagos presupuestarios, tecnológicos o administrativos que trascienden sus competencias. Corresponde a las autoridades políticas asumir las responsabilidades que les competen y proporcionar a la institución los recursos y herramientas que necesita.

Especial preocupación y profunda decepción genera la actuación de la Dra. Delma Vaglio Zonta, Directora General del IAFA, quien, ante una afirmación que descalificó públicamente a la institución que dirige, guardó silencio.

Ese no era un momento para callar. Era el momento de defender al IAFA y, sobre todo, la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.

Quien ocupa la Dirección General tiene la responsabilidad de representar a la institución, explicar técnicamente su trabajo y respaldar a su personal frente a una descalificación de semejante magnitud. Ante la afirmación de que el IAFA “no sirve para nada”, correspondía una respuesta clara y firme.

Esa defensa no se produjo. Y ese silencio resulta particularmente grave viniendo de la máxima autoridad administrativa de la institución.

Ante la próxima salida de la Dra. Delma Vaglio Zonta, esperamos que quien asuma la Dirección General tenga la independencia y firmeza necesarias para defender al IAFA, respaldar a su personal y exigir las condiciones que la institución necesita para cumplir adecuadamente su misión.

Finalmente, señora Presidenta: desde la Presidencia de la República se pueden cuestionar resultados, exigir eficiencia y promover reformas. Lo que no corresponde es menospreciar el trabajo y la dignidad de quienes sostienen diariamente una institución pública.

A los compañeros y compañeras del IAFA les expresamos nuestro respaldo. Es momento de mantenernos unidos, defender nuestra dignidad y reivindicar el valor del trabajo que se realiza con conocimiento, profesionalismo y vocación de servicio.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

¿El ICE «está volando» o solamente vuelan los privilegios de una cúpula mientras la clase trabajadora y el país pagan la factura?

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En los últimos tiempos se nos ha repetido el mismo discurso, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) atraviesa una etapa de fortalecimiento, que las finanzas mejoran y que la institución «está volando». Sin embargo, la realidad que viven miles de trabajadores y trabajadoras, así como la ciudadanía costarricense, dista mucho de ese relato triunfalista.

Las recientes publicaciones periodísticas que revelan que un reducido grupo conformado por altos mandos y sus asesores concentra cerca de ₡1.000 millones anuales en salarios vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que la Administración Superior se niega a responder, ¿para quién está volando realmente el ICE?

Mientras la inmensa mayoría del personal enfrenta años sin incrementos salariales reales, con una pérdida constante del poder adquisitivo producto de la inflación y del aumento en el costo de vida, la cúpula administrativa parece vivir una realidad completamente distinta. Para los trabajadores y trabajadoras se habla de austeridad, contención del gasto, sacrificios institucionales y restricciones presupuestarias. Para otros pocos, pareciera que esas reglas simplemente no existen.

Resulta moralmente inaceptable que quienes diariamente sostienen la operación de una de las instituciones más importantes del país sean llamados constantemente a hacer más con menos, mientras un pequeño grupo disfruta de remuneraciones extraordinarias, asesorías millonarias, viajes, beneficios y una estructura administrativa cuyo costo continúa creciendo.

Más grave aún es que esta realidad ocurre en una institución que ha venido enfrentando cuestionamientos públicos por decisiones administrativas que han significado pérdidas de participación de mercado, retrasos en proyectos estratégicos, procesos de contratación altamente cuestionados, debilitamiento de los negocios de telecomunicaciones, reorganizaciones institucionales sin estudios suficientes y una serie de denuncias que las organizaciones sindicales hemos venido señalando desde hace años.

La indignación aumenta cuando se recuerda que, según el propio discurso de la Administración Superior, el ICE goza de buena salud financiera. Si realmente la institución se encuentra en la condición que tanto se publicita, entonces surge una pregunta elemental, ¿Por qué los beneficios únicamente alcanzan a la alta jerarquía y nunca llegan a quienes generan diariamente el verdadero valor institucional? ¿Por qué no existen recursos para reconocer el esfuerzo del personal técnico, profesional, administrativo y operativo que mantiene funcionando las redes eléctricas y de telecomunicaciones las 24 horas del día? ¿Por qué no existen recursos para mejorar las condiciones laborales, invertir en capacitación, fortalecer las herramientas de trabajo o reconocer salarialmente a quienes durante años han sostenido la competitividad institucional? ¿Por qué siempre se exige sacrificio a la base trabajadora mientras la cúpula continúa incrementando el costo de la estructura administrativa?

La ciudadanía también tiene derecho a cuestionar este modelo. El ICE no pertenece a una élite administrativa, pertenece al pueblo costarricense.

Cada colón que se destina a sostener estructuras salariales privilegiadas es un colón que deja de invertirse en infraestructura, modernización tecnológica, expansión de servicios, reducción de tarifas, innovación o fortalecimiento de la competitividad institucional.

No puede hablarse de responsabilidad financiera cuando existen enormes diferencias entre el discurso de austeridad dirigido al personal y la realidad de una estructura gerencial cuyos costos continúan siendo extraordinariamente elevados.

No puede pedírsele compromiso a la clase trabajadora de la institución mientras se normaliza una cultura donde los privilegios parecen concentrarse únicamente en los niveles superiores.

No puede exigirse excelencia operacional cuando quienes verdaderamente sostienen la institución observan cómo el reconocimiento económico nunca llega a ellos.

Desde esta organización hemos sido enfáticos en cuestionar decisiones que han debilitado al ICE, que han provocado la pérdida de participación en el negocio de telecomunicaciones, contrataciones cuestionadas, falta de planificación estratégica, disminución de la competitividad, procesos administrativos que generan incertidumbre entre el personal y una preocupante desconexión entre la alta administración y la realidad operativa de la institución. Hoy, la revelación de estos elevados costos salariales únicamente profundiza esa percepción y significa una bofetada para el personal trabajador de la institución.

La confianza institucional no se recupera mediante campañas publicitarias ni discursos optimistas, se recupera con transparencia, con rendición de cuentas, con coherencia entre lo que se exige y lo que se practica, con una administración que comprenda que el liderazgo implica dar ejemplo, especialmente cuando durante años se ha solicitado sacrificio a miles de trabajadores.

Exigimos que si la Administración insiste en afirmar que el ICE atraviesa un momento financiero favorable, ese supuesto éxito se traduzca también en el reconocimiento del esfuerzo de quienes verdaderamente hacen posible que la institución funcione todos los días: sus trabajadores y trabajadoras, porque el éxito institucional no puede medirse únicamente por los privilegios de unos pocos.

Se mide por el bienestar colectivo, por el respeto a la clase trabajadora, por la transparencia en el uso de los recursos públicos y por el compromiso real con el pueblo costarricense.

Un ICE fuerte no se construye enriqueciendo una élite administrativa mientras se congelan las expectativas de miles de funcionarios.

Un ICE fuerte se construye cuando el crecimiento, el reconocimiento y los beneficios alcanzan a toda la institución y, sobre todo, cuando el interés público prevalece sobre cualquier privilegio particular.

ANEP denuncia posible red de corrupción en el Hospital de Heredia

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Nuestra organización sindical denunció que entre dos médicos especialistas y dos enfermeros se acaparan todas las horas extras y lo más grave es que, al parecer, retrasan el tiempo de atención para poder ganar más dinero producto del tiempo extraordinario.







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Tras acordar diferentes puntos en una asamblea, la seccional de ANEP dentro de la Municipalidad pidió el Concejo Municipal que incorpore al proceso de negociación de la convención colectiva a un representante.

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Espacios reducidos, falta de equipo, carencias operativas y condiciones que no corresponden a un servicio esencial para la salud pública. Tras varias inspecciones en la Región Pacífico Central, ANEP denuncia el abandono que enfrentan quienes combaten enfermedades como el dengue y exige respuestas inmediatas al Ministerio de Salud.