Categoría: Opinión

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Llamamos “chavecismo” al conjunto de personas ciudadanas costarricenses seguidoras de Rodrigo Chaves Robles, mismas que han desarrollado una especie culto a la personalidad de él,  que no admite razonamientos lógicos ni cuestionamientos documentados, ni salvaguardas de principios y valores universalmente admitidos, con relación a las críticas que se hacen, usuales en una sociedad presuntamente democrática, cuando se auscultan y se vigilan las acciones político-ejecutivas de quien ocupa la Presidencia de la República.

En la práctica suelen acudir a la mentira, al insulto, a la calumnia, a la invasión de la intimidad de las personas, al montaje digital difamante, para descalificar/confrontar a quien ose expresar cualquier nivel de crítica al Sr. Chaves Robles.

Y, además, muestran desprecio absoluto con relación a las opiniones que no son las suyas pues su líder es infalible. Es un “ente superior” a los viles mortales que no pensamos como él.

Ahora bien, más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.

Es importante aclarar que nosotros empleamos el término “chavecismo” para diferenciarlo del concepto sociopolítico “chavismo”; el cual refiere a toda la acción ideológica-política que en Venezuela se manifiesta a partir de la irrupción abrupta de Hugo Chávez Frías en la política de esa hermana nación latinoamericana, de lo cual se generó un escenario de altísima polarización política de amplio conocimiento generalizado, dentro y fuera de las fronteras en ese país.

Volviendo al punto central de este comentario, paso a puntualizar mis consideraciones fundamentales acerca de las pretensiones ideológicas del “chavecismo”:

Primero: el pensamiento ideológico-político y económico de Chaves Robles es de corte neoliberal; resumidamente él se matricula en la tesis fundamentalista de ese pensamiento cual es la del “todo mercado-nada Estado”. Es él un “mileísta”, es decir, ve con gran regocijo la acción político-económica del Sr. Javier Milei Luján, actual Presidente de Argentina.

Segundo: La base social del Sr. Chaves Robles que le llevó a la Presidencia, que aún conserva en gran medida, y que le alimenta su apetencia de hacer avanzar más, en el período constitucional 2026-2030, su cruzada fundamentalista del “todo mercado-nada Estado”; está compuesta por compatriotas resentidos, enojados, indignados, decepcionados y políticamente estafados de manera reiterada por los sucesivos gobiernos de lo que nosotros denominamos  el PLUSC-PAC (las administraciones gubernativas de los partidos Liberación-Unidad-Acción Ciudadana).

Tercero: Se generó una élite político-tecnocrática y gerencial de altas rentas salariales y corporativo-empresariales, amén de la que conocemos como clase política tradicional, la cual se “olvidó” de distribuir con equidad real los beneficios del crecimiento económico. Y. lo más grave, se “olvidaron” de tributar lo que en justicia correspondía a sus incesantes ingresos crecientes.

Apareció la desigualdad, apareció la abusiva concentración de la riqueza…y el resto es historia.

La semana próxima publicaremos una segunda parte, sin descartar una tercera. Reitero que planteo esto con base en mi experiencia militante en el seno del sindicalismo sociopolítico y sin pretender plantear verdades absolutas. Además, los compatriotas “chavecistas” de buena fe y que son la abrumadora mayoría de las personas seguidoras del Sr. Chaves Robles, tienen mi mayor y honesto respeto.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El INS: un siglo de proteger al país y promover el bienestar económico y social, el cual se cumplirá el próximo 30 de octubre de 2024. Costa Rica  se ha diferenciado y destacado en el mundo moderno por muchas cosas: entre ellas, la  abolición del ejército en 1949; la creación de una política ambiental sostenible y de vanguardia desde 1970; el desarrollo de un sistema de seguridad social público,  ejemplar, liderado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desde 1942 (que debemos cuidar y fortalecer); un sistema educativo público protegido y financiado por el Estado desde 1890 (venido a menos en la actualidad); un modelo de país democrático exitoso desde 1948 que, aunque no es perfecto, debemos preservar; y una entidad aseguradora pública que ha permitido ser garante, protectora y generadora de  paz social y desarrollo económico de toda la nación desde el 30 de octubre de 1924. Hablamos del Instituto Nacional de Seguros, más conocido por sus tres letras, INS, que llegó al siglo de existencia. ¡Y esto debe celebrarse!

La visión del carácter público-monopólico (hasta 2008) del “Banco Nacional de Seguros” como se llamó originalmente; que los líderes de entonces visionaron fundar, don Ricardo Jiménez Oreamuno (Presidente de la República); y, sobre todo, don Tomas Soley Güell (Ministro de Hacienda y Comercio), sencillamente marcó la diferencia en estos 100 años de desarrollo de toda nuestra sociedad.  

Esta visión de búsqueda de la justicia social y económica de don Tomás, se resume en este profundo y hermoso postulado filosófico-político-existencial, que mantiene y mantendrá absoluta vigencia por siempre:

“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924 (citado por Don Carlos Alfaro en Nuestra Historia y los Seguros).

Don Tomas, sin proponérselo o bien siendo consciente de ello, expone en este postulado la ecuación funcional económico-político-social del negocio del “riesgo de seguros”, en lo que respecta al giro social de la historia de los seguros en la Costa Rica, de 1924; a diferencia de lo que sucedía y sucede en la mayoría de países del mundo, donde este negocio es manejado por empresas privadas, y sus ganancias van a arcas privadas y no públicas, como sí sucede con nuestro INS. Resumimos este algoritmo así:

INS = (Σ + i) – (Cp + Ip) = UEN, donde:

Σ = suma de primas (pagos de seguros) de todas  las personas y empresas

i  = intereses o rendimientos financieros que generan esas  primas de seguros

Cp = costos de producción de la gestión de seguros

Ip = suma de las indemnizaciones pagadas a los asegurados y empresas

UEN = Utilidad económica del negocio para toda la sociedad costarricense

Conceptualizar la Costa Rica de hoy, sin el INS, es un ejercicio que podemos hacer, y no dudamos del resultado. Veamos: una mayor y escandalosa  desigualdad económico-social; inexistencia de “ los hijos e hijas del INS” como Bomberos, Riesgos del Trabajo, Seguro Obligatorio Automotor, Hospital del Trauma y Red de Salud, Museo de Jade, Puesto de Bolsa y SAFI, INS-Servicios; ausencia de enormes contribuciones económicas al fisco y a la sociedad en general que, como consecuencia, ha permitido la creación y soporte económico para el desarrollo a muchas entidades, causas  públicas y miles de empresas privadas que, gracias a la garantía del INS  surgieron y existen; y, desde luego, ser  fuente de trabajo a miles de personas  que dependen (hoy) del INS.  

Históricamente, y hasta la fecha, las compañías de seguros en el mundo, sobre todo las más antiguas y poderosas, se han convertido en ejes de inimaginable poder económico en una economía globalizada y concatenada a los intereses privados de una espeluznante minoría, donde el culto al lucro y al poder es su dogma. Lo público no cuenta para ellos.

De allí que, si en nuestro ideario político es “normal” que tengamos una entidad aseguradora pública, que fue monopolio apenas hasta hace 16 años; en otras latitudes, lo ven raro, extraño y particular. Lo cierto es que los beneficios de esta rareza económica han sido enormes para el país en los últimos 100 años; y la gran mayoría de los y de las costarricenses lo aprueba y lo defiende, sin duda.

ANEP lo ha hecho desde nuestra fundación en 1958… y lo seguirá haciendo; pese a que no siempre estemos de acuerdo o aprobemos las actuaciones de las autoridades transitorias superiores del INS; defensa que hemos realizado con gran ahínco y contundencia ante las ideas neoliberales de los últimos gobiernos (incluido el actual); partidarios todos del Todo Mercado-Nada Estado.

Nos opusimos, férreamente, al rompimiento de monopolio en tiempos de TLC, 2000-2008, junto con la Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS), el sindicato UPINS de ese momento histórico y muchas otras organizaciones sociales, sindicales y no sindicales, así como miles de personas. Y lo seguiremos haciendo, ante toda amenaza, que pretenda debilitarlo. El INS NO SE VENDE, ni entero, ni en partes. Esta es consigna ANEP.

Hoy, el impacto socioeconómico del Instituto Nacional de Seguros (INS) sigue siendo fuerte pese al rompimiento del monopolio señalado y a la llegada de 12 compañías privadas; y, aunque los enemigos históricos que siguen vigentes y algunas ideas privatizadoras “nuevas” han aparecido, tal impacto lo podemos ver, sentir y percibir en los siguientes indicadores y referencias:

Grupo INS: Lo constituyen las empresas INS, INS-Valores, INS-Inversiones, Cuerpo de Bomberos con 52 estaciones en todo el país, Red de Servicios de Salud (Hospital del Trauma y 21 centros de atención médica y consultorios) y Museo de Jade.

El INS administra el Régimen (social) de Riesgos del Trabajo -RT- (Ley No. 6727, Ley de Riesgos del Trabajo que reformó el Capítulo IV del Código de Trabajo), en la que están asegurados más de 1.800.000 personas. En promedio, durante el período 2022-2023 se registraron cerca de 140.000 casos de riesgos del trabajo e indemnizaciones por parte del INS por arriba de ¢ 132 mil millones por año.

Por cierto, anunciamos, que suenan tambores de una aseguradora privada de casimir inglés, que compró una compañía de seguros ya establecida, con el interés de entrar en este mercado de seguros y distorsionar el seguro social de riesgos del trabajo y convertirlo en un seguro comercial como “moneda de cambio”. Y esto a partir de un reglamento con muchas lagunas funcionales y jurídicas emitido por la Superintendencia General de Seguros (Sugese). 

Desde ya anunciamos lucha frontal a este nuevo intento privatizador y respaldo al INS en su gestión de RT. Invitamos desde ya a todas las fuerzas sociales a unirnos y no dejar que esto pase. Pequeño detalle: aquellos casos que, aunque NO fueron reportados por sus patronos, el INS les brinda los servicios y luego incoa contra los patronos para intentar recuperar los servicios prestados. ¿Estará dispuesta una compañía privada lucrativa de RT hacer esto mismo? ¡No! No creemos que le interese mucho el bienestar de las personas, sólo la ganancia.

El cuerpo de Bomberos, pese su independencia administrativa, sigue siendo auspiciado y cofinanciado por el INS, con más de ¢ 25.000 millones al año. Tiene cobertura nacional con sus 52 estaciones y más de 1500 empleados y 3000 voluntarios. Y los servicios se prestan a toda la población sin costo, de forma solidaria. Fortalecer al INS es proteger los Bomberos.

El Seguro (Social) Obligatorio Automotor, conocido como SOA (Ley de Tránsito, No. 9078) brinda protección a más de 2.300.000 personas dueños de vehículos del país, es administrado por el INS. Se atienden al año más de 47.000 accidentes de tránsito. El promedio pagado de 2022-2023, es de ¢ 50 mil millones por año.

Según  Estados Financieros al 31 diciembre 2023 del INS, disponible en la web institucional  www.grupoins.com , el total de Activos y Patrimonio es de ¢ 2.559 millones de millones; los cuales, convertidos a dólares USA de hoy, es un monto cercano a  la suma de $ 4.922 millones. Diríamos que eso es lo que vale el INS. Eso le permite por sí mismo, una profunda solidez financiera y garantía a todos los asegurados.

Pero, además, no olvidemos que el INS es la UNICA ASEGURADORA con GARANTIA DEL ESTADO COSTARRICENSE, según la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Art. 52 (reforma de la ley No. 12, de 1924, que creó el INS). Y esa garantía no la tienen las privadas. Por eso, instamos a todos los y a todas las costarricenses y empresas, a contratar sus seguros con el INS. No corran riesgo con empresas aseguradoras privadas, sobre todo, con aquellas de origen extraño.  

El INS es, por mucho, la primera aseguradora del país y del área centroamericana, con más del 67 % del mercado nacional de seguros. Acotamos que desde 2008 a la fecha, el INS ha perdido un 2 % anual del mercado, sobre todo en la línea de seguros personales. No obstante que el primaje ha aumentado nominalmente. Aprovechamos para hacer un vehemente llamado a las autoridades superiores del INS para evitar que esto siga sucediendo y revertir este proceso. El INS debería estar en un 80 % de dominio del mercado o más.

Por otro lado -según la misma fuente de información supracitada-, el primaje (dinero o primas que pagan todos los asegurados) al cierre de 2023 fue de ¢ 697 mil millones; suma equivalente a $ 1340,3 millones (TC = ¢ 520 x 1 USA$); generando una utilidad neta de ¢ 30.000 millones, monto equivalente a $ 90,3 millones (luego de todos los pagos obligatorios como impuestos, cargas sociales, múltiples trasferencias por leyes especiales, aportes directos a Hacienda).

No obstante, el promedio 2021-2023 de utilidad neta, fue cercano a los ¢ 67 mil millones. Para 2024 se espera lograr una ganancia neta de ¢ 50.000 millones. Entendemos que la caída del dólar ha afectado estos resultados. En definitiva, el INS es un muy buen negocio público que, sin duda, muchas empresas privadas lo quieren, han intentado apropiárselo y lo intentarán muchas veces más.

Sólo queda decir: ¡qué razón y qué visión la de don Tomas Soley Güell! ¡Cuánto le debe Costa Rica a este ciudadano!, primero futbolista de FC Barcelona, allá por 1900, como se indica en sus biografías y luego Ministro de Hacienda, en 1924, y gestor de la entidad aseguradora pública más longeva del mundo, el INS, hasta donde conocemos.  Bien merecido sería honrar su memoria con declararlo Benemérito de la Patria y Gestor de Bienestar Social.

Por último, desde ANEP no podemos omitir nuestro apoyo irrestricto al proyecto de ley presentado en agosto pasado, promovido por el ciudadano Juan Ignacio Mata Centeno, ante el Dpto. de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, a fin de que el INS sea declarado Institución Benemérita de la Patria. Hablamos del expediente No. 3787 de dicho departamento. Invitamos a todas las organizaciones afines al INS a pronunciarse en apoyo a esta ley.  

A las autoridades actuales del INS,  encabezadas por su presidenta, la Licda. Gabriela Chacón Fernández, las conminamos a dirigir esta institución por el camino de alta producción, eficiencia, eficacia y excelencia de servicios,  generando bienestar social y económico en todos los  frentes posibles: un buen recaudo de primas; pago expedito de indemnizaciones por pólizas contratadas; mejora en todos los servicios de RT, SOA y seguros comerciales; más  inversiones en infraestructura hospitalaria y red de salud.

Continuar  con el apoyo  a los servicios de la CCSS, apoyo directo  a muchos  proyectos de bien social; alianzas con otras entidades públicas (ICE, CNFL, A y A, otras) que permitan potenciar la comercialización de seguros con cargo a los recibos de servicios;  generar productos colectivos de vida con componente de ahorro como alternativa al fracasado modelo de pensiones complementarias; constante mejora en productos de seguros y nuevas herramientas tecnológicas de comercialización para los agentes de seguros; entre otras buenas intenciones de parte de ANEP. En ANEP estamos dispuestos a dialogar para mejorar el desempeño del INS, porque apoyamos, creemos y defendemos el papel del INS en nuestra sociedad. 

¡Larga y productiva vida al INS en su centenario! Que nuestros bisnietos lo disfruten en 2124.

“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.

¡Eso es golpismo! Chaves tiene en su mente, en su doble lenguaje manipulador, la “alternativa” de promover algún tipo de asonada golpista, Golpe de Estado, en contra de los poderes Legislativo y Judicial con los cuales está, severamente confrontado en estos momentos delicadísimos para la paz de Costa Rica.

Dio otra señal golpista: “Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted compatriota? ¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro que sí, y ahí les dejo la bolita picando en el punto de penal”.

¿Está armando Chaves algún grupo subversivo contra la Constitución? ¿Está él al tanto de alguna especie de milicia cuasi-militar para dar un Golpe de Estado? ¿Es este perverso comentario alguna señal en clave para que empiece algún tipo de operativo anti-constitucional?

Con sinceridad, debemos confesar nuestra alarma. Esto no puede pasar inadvertido para las autoridades judiciales competentes.

¿Y qué quiso decir Chaves, golpista en potencia, con esta indicación de innegable connotación sediciosa?: Que la ciudadanía debe “estar lista” en caso de que sea necesario “actuar”. ¿A qué llama actuar? ¿A promover alguna locura política como la que Trump hizo contra el parlamento estadounidense?

Y, he aquí la más peligrosa invectiva, la amenaza más violenta y agresiva emitida ayer, miércoles 24 de setiembre de 2024, con clarísimo carácter golpista, en su conferencia de prensa:

“En los países civilizados, las diferencias entre partidos se resuelven en las urnas. Yo espero que nos dé tiempo para llegar ahí en paz”.

Chaves, golpista en potencia, está indicando que, quizás, no haya elecciones presidenciales y diputadiles en febrero de 2026 porque, según él, no se podría llegar en paz a tal momento.

¿Será que está pensando en una ruptura del orden constitucional, llegando a tan peligrosísimo nivel de, subliminalmente, poner en duda las elecciones del 2026? ¿Quiere Chaves un nuevo enfrentamiento armado entre costarricenses?

“Al vivo a señas y al tonto a palos. Ustedes, costarricenses, son muy inteligentes, estén atentos, sean vigilantes y observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados”.

¡Sin duda! Chaves nos muestra como nunca antes lo había hecho desde que llegó a Zapote, su propensión al golpismo, al Golpe de Estado, a pasar de la confrontación verbal a la de los… ¿balazos?

Finalmente, nos hace una amenaza generalizada: “Muchas cosas se tienen que poner peor antes de que se mejoren, y por eso yo le digo al pueblo de Costa Rica: Yo estoy vigilante, yo estoy poniendo la cara”.

Que las cosas se tengan que poner peor antes de que se mejoren: ¿Habrá asesinatos políticos selectivos? ¿Habrá atentados con bombas, pero en serio? ¿Se incendiarán locales políticos-estratégicos?… ¿Vaya usted a saber! Chaves es un golpista en potencia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.

Por eso estamos hablando de que en Costa Rica estamos siendo testigos de los recortes presupuestarios a lo Milei.

Con un sadismo político irreconocible para nuestra convivencia socio-democrática de las últimas décadas, los recortes presupuestarios a lo Milei muestran un nivel de prepotencia fiscal que, incluso, se dan el lujo de descalificar eventuales decisiones legislativas las cuales, en algunos casos, pudieran anular parte de esos recortes durante el actual trámite parlamentario del mal llamado presupuesto de la República para 2025;  para dejar claro, con soberbia imperial incluida que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe tal cantidad, Hacienda la dejará de lado para imponer la suya previamente establecida en determinada partida sometida al recortismo a lo Milei.

Los recortes presupuestarios a lo Milei están mostrando un círculo infernal que, de una manera cruelmente abierta, están dejando en evidencia groseras violaciones de Derechos Humanos que contradicen una serie de tratados ya firmados y ratificados por Costa Rica. De un modo u otro, nos evidenciarán ante el mundo como un país de doble moral en este campo de los Derechos Humanos; doble moral que ya hace bastante tiempo está imperando en el país.

En ese círculo infernal se está encerrando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a la gente pobre, a la gente que no siendo pobre está en camino de serlo; e incluso, a personas integrantes de capas medias que están en proceso de pauperización, producto de lo que es una verdad tan contundente como que la Tierra es redonda: somos una nación totalmente polarizada desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y de la concentración del ingreso.

El grueso de los recortes presupuestarios a lo Milei afectan diversos programas de política social como Educación, Salud, asistencia social (IAFA, Cen-Cinai, Cruz Roja, salud preventiva, comedores escolares, becas, vivienda y otros) y hasta seguridad; programas cuyas personas usuarias fundamentales (niñez, adolescencia, jóvenes, adultos, adultos mayores); precisamente son de hogares sumidos en la pobreza, en el desempleo, bajo la dictadura del salario mínimo, con salarios congelados, altamente endeudadas y sin liquidez salarial, con hijos e hijas “ni-ni” (ni estudian, ni trabajan); y, reciben la atención de parte de personas trabajadoras empleadas públicas golpeadas por muchos años de desprestigio y ataque a la función pública, con cinco años de congelamiento salarial total (e irían por una década en tal condición), también agobiadas por la estrechez financiera y por un entorno amenazante a sus propios empleos en el marco de un Estado que, prácticamente, está en quiebra técnica.

Y a este círculo infernal ha entrado con firmeza el drama de la violencia delincuencial del crimen organizado y del tráfico de drogas: las pandillas, los muertos, la gente joven acribillada en la calle por ajustes de cuentas, las mujeres asesinadas; es decir, personas que, de un modo u otro, dentro de la ley o al margen de ella, están asociadas, directa o indirectamente, al recortismo presupuestario a lo Milei.

Los recortes presupuestarios con la marca Chaves-Nogui emulan, de alguna manera, a los que están sufriendo en estos momentos el pueblo argentino con ese sicario político liquidacionista del concepto de Estado Social, llamado Javier Milei. 

Lo paradójicamente cruel de esta dramática situación que está poniendo en jaque a la misma democracia costarricense, es que una buena parte de las personas seguidoras de Chaves también están integradas, de diversas formas y dimensiones, al círculo infernal del recortismo presupuestario a lo Milei impuesto por el propio Chaves y su ministro de Hacienda.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La nueva dirección política del gremio patronal Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), encabezada por la señora Maritza Hernández Castañeda, Presidenta (la primera de su género en los 51 años de existencia de esta entidad); recientemente y en un medio de prensa escrito, hizo dos afirmaciones que, sinceramente, nos dejaron estupefactos y casi sin poder creer lo que estábamos leyendo de su decir.

Por un lado, afirmó que la desigualdad en nuestro país es una bomba de tiempo. Por otro, que los indicadores socioeconómicos de esa desigualdad, que exhibe el país en estos momentos, son muy similares a los que mostraba la hermana república latinoamericana de Chile, antes del gigantesco estallido social que vivió ese pueblo y que hizo temblar todas las estructuras de su propia estabilidad democrático-republicana. Coincidimos!

Confesamos que nos causó gran sorpresa tal “confesión” empresarial viniendo de una entidad que, como UCCAEP, tiene gran papel en el desenvolvimiento político y socioeconómico del país.

Como bien es sabido, la corriente sindical en la cual militamos tiene en su agenda de lucha, como enorme prioridad, el tema de la desigualdad; especialmente porque la misma está, de manera acelerada, deteriorando las condiciones socioeconómicas de vida de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores público y privado, sin entrar a analizar el fenómeno del desempleo y del subempleo.

Ahora bien, el nuevo planteamiento político de la UCCAEP, sin lugar a dudas, nos posibilita poner en el tapete varias de las razones que estarían explicando esos indicadores de la desigualdad actual en el país; para, de seguido, encontrar explicaciones que, a no dudarlo, pueden apuntar a articulaciones de respuesta compartidas en varios ámbitos de análisis.

En no pocas esferas del pensamiento y de la acción político-económica y social del momento, el tema fiscal tiene gran prioridad de abordaje analítico en las búsqueda de respuestas y soluciones.

Podría ser esta perspectiva de la situación fiscal nacional un punto de encuentro de visiones patronal y laboral, en la búsqueda de consensos mínimos: si en ambas partes la desigualdad y la eventualidad de una explosión social son temas de gran preocupación.

Las alertas que nos hace la señora Presidenta de UCCAEP, que son las nuestras, reiteradas ya múltiples veces, nos ponen en la misma dirección en cuanto a prevenir con diálogo social multisectorial de “nuevo tipo”, reversiones del desarrollo democrático-institucional hasta ahora alcanzado que vulneran el mismísimo sistema republicano, hoy bajo fuego retórico de intereses insanos.

Copiamos de internet-Google la definición de aporofobia: “La aporofobia es el odio, aversión o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. El término fue acuñado en los años 90 por la filósofa Adela Cortina, para dar nombre a este fenómeno que afecta especialmente a las personas en situación de sinhogarismo”. Y del diccionario de la Real Academia Española (RAE) esta definición de aporofobia: “fobia a las personas pobres o desfavorecidas”.

Los extremistas fundamentalistas que imponen desde hace ya varios gobiernos la política fiscal del país, lo hacen con una fuerte carga ideológica de contenido aporofóbico, el cual se hace notar con más crueldad en el actual gobierno considerando que su cabeza ejecutiva tiene una concepción ideológica de la sociedad al estilo “bancomundialista”, fortalecida por sus tres décadas de servicio tecnocrático-financiero lejos del país.

El proyecto de presupuesto de la Republica para 2025 que fue enviado por el Gobierno a la actual Asamblea Legislativa muestra propuestas de recortes presupuestarios con fuerte carga aporofóbica.

En cuanto a Educación Pública los recortes afectarán la calidad de la enseñanza que se debe dar a los hijos y las hijas de personas trabajadoras de ingresos medios, bajos o casi inexistentes; clase trabajadora (pública o privada) con ingreso salarial precario que no pueden pagar un servicio educativo privado.

Es decir, la aporofobia fiscal en materia de Educación Pública condena a la gente pobre a tener un servicio educativo malo y no una educación de excelencia para el ascenso social. Este pésimo servicio educativo tiene una intencionalidad perversa cual es la de mantener en exclusión social y económica a la gente pobre.

Ya no se trata de un asunto de desigualdad: es algo más malo y profundo. La aversión a los pobres, ideológicamente marcada por una política fiscal aporofóbica, es de tal calibre que es mejor que no cuenten, que no existan, que no importen.

Tan es así que la actual y descalificada-cuestionada ministra MEP se niega a entregar los datos estadísticos estratégicos del rezago educativo al Programa Estado de la Nación, habida cuenta de que los pobres ya no cuentan para las estadísticas del sistema educativo público carcomido por el ajuste fiscal del recortismo presupuestario aporofóbico.

Tenemos entonces que en el sistema educativo público, especialmente en sus niveles de pre-primaria, primaria y secundaria, podemos encontrar la confluencia de las consecuencias del sostenido proceso de exclusión económico-social que estamos sufriendo, ahora agravado por ese recortismo fiscal aporofóbico: a) acuden a recibir educación los hijos y las hijas de las personas asalariadas del exiguo salario mínimo pagado en el sector privado; b) los hijos y las hijas del personal trabajador del sector público que tiene su salario congelado desde hace 5 años; c) las clases son impartidas por personal magisterial víctimas de ese congelamiento salarial y con altísimo endeudamiento personal; d) las lecciones se dan con carencia de material educativo idóneo y de calidad y en instalaciones tugurescas; en fin, la educación pública muestra un patético y doloroso retroceso que nos llevará a un subdesarrollo pedagógico que posibilitará el control futuro de la sociedad por los privilegiados de la educación privada.

!Que no cuenten los pobres! !Que no cuenten a los pobres! Esta parece ser la maligna consigna del racismo educativo aporofóbico. De terror…

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Sin el más mínimo incidente de violencia, se escenificó en el corazón de nuestra ciudad capital San José, un histórico episodio de acción cívica con innegables contenidos políticos, de lo que conocemos como la Democracia de la Calle; multitudinaria manifestación ocurrida este miércoles 28 de marzo de 2024.

Como está más que constatado, Costa Rica terminará el primer cuarto del siglo XXI, año 2025, completamente desdibujada con relación a la “fama” de sociedad de inclusión social y de capas medias que se nos reconocía internacionalmente.

Hace unos semanas, los señores obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), llamaron la atención a la clase gobernante (la que se ve y la que está en la sombra -que es la del poder real-), acerca de que el actual modelo de organización económica ha fracasado. Es exacto eso.

Resulta innecesario enumerar los diversos indicadores económico-sociales que arrojan las cifras del dolor y del sufrimiento, del estrés y de la ansiedad que azotan las vidas cotidianas de miles y de miles de familias de la clase trabajadora, pública y privada, con empleo fijo o sin él; como víctimas del fracaso de ese modelo de organización económica que fue señalado como culpable del desastre en que se está convirtiendo la democracia costarricense.

Ésta, caracterizada por un modelo representativo, va en retroceso producto de las corruptelas de la clase política tradicional, de sus estafas políticas cuatrienales; y ahora, víctima de las engañifas del embrionario engendro del autoritarismo autócrata que le habla a los oídos de cientos de personas hartas de esas estafas.

Creemos que el deterioro de la capacidad de mantener articulada a la sociedad mediante la democracia representativa, exige el surgimiento estratégico de la Democracia de la Calle que levanta banderas reivindicativas de inclusión social y de justicia económica por encima de las cada vez más desteñidas banderías electorales circunstanciales.

Lo que sucedió en este día histórico de 28 de agosto de 2024, cuando el presidente legislativo recibió el planteamiento cívico conocido como Pacto por la Educación Pública, mostró ese potencial articulador de la propuesta ciudadana a favor de la inclusión social y de la justicia económica pero sin mostrar colores electorales; pero sí mediando el ejercicio potente de la movilización social pacífica y organizada conocida como la Democracia de la Calle. Hoy se demostró cuán estratégica puede ser ésta; y también lo constataremos en los diversos eventos regionales previstos.

Las cinco universidades públicas, sus movimientos estudiantiles, así como notables organizaciones obreras practicantes del Sindicalismo Sociopolítico, agrupaciones gremiales de diverso orden y una amplia diversidad de nucleamientos sociales opuestos al egoísmo neoliberal lograron convocar a miles, ante los ojos atónitos del tecnócrata banquero ajeno a nuestro ADN idiosincrático.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Molesto por la movilización social que se manifestará próximamente, Chaves Robles recurre a su más notable “cualidad”, la de la manipulación, para descalificar la demanda de que se respete el 8% del presupuesto de la República para la Educación Pública, según ordenanza constitucional.

Su canallesca y grotesca manipulación le lleva a plantear que la plata de aumento presupuestario que reclaman las universidades públicas, debería ser para aumentar el salario a las personas empleadas públicas que están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.

Pretende ignorar que esa justa reivindicación cívica del 8% del PIB para la Educación Pública (universidades estatales incluidas), está a la par de la demanda por una Transformación Tributaria Estructural que le urge a Costa Rica. 

Invertir en educación es invertir en el desarrollo de la Democracia, lo cual es reconocido por todo lado y por todo el mundo. Pero, aquí, en Costa Rica, pareciera que no es así.

Y en el Gobierno de Chaves Robles el desfinanciamiento de la Educación Pública está profundizando su caída a menos del 5% PIB.

Al considerar que la visión ideológica de Chaves Robles no va más allá de lo que aprendió en sus 30 años como cuadro tecnocrático del Banco Mundial; le es imposible comprender que la clase trabajadora empleada pública necesita que sus hijos y que sus hijas reciban una educación pública de calidad, sólidamente financiada con altos estándares pedagógico-metodológicos.

De la misma manera, los hijos y las hijas de la clase trabajadora del sector privado, especialmente la que es esclava del salario mínimo, ocupan de ese sistema educativo hoy en decadencia y que, por tanto, está urgido de su rescate y revitalización, teniendo como primer paso alcanzar ese 8% del PIB.

Desde los diversos ámbitos de la lucha social actual hay, cada vez más conciencia de que se halla un vínculo de fuerte concatenación entre un sistema educativo público robusto y de alta calidad, y un sistema tributario equitativo, justo y riguroso.

Lograr que la clase política actúe en consecuencia constituye una verdadera batalla cívica que, fundamentalmente, deberá darse con la Democracia de la Calle. En eso estamos. No creo que Chaves Robles lo comprenda.

Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.

Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.

Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.

Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.

Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.

Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.

Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.

Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.

Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.

En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.

PARTE II

La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.

Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.

Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.

Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.

Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.

La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.

¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.

PARTE III

Nos queda ahora plantear el aspecto sociolaboral de las municipalidades en ese escenario de amenazante futuro.

Apostamos por una conjunción de esfuerzos multidiversos entre los cuatro componentes esenciales de un gobierno local: el concejo, la alcaldía, el sindicato y la comunidad; con una finalidad estratégica de, también, 4 objetivos: 1) paz laboral y trabajo decente: 2) sostenibilidad financiera y férreo combate a la corrupción; 3) máxima eficiencia y eficacia del servicio con total transparencia; y 4) gran satisfacción comunal con militante y vigilante papel de la gente.

El anterior planteamiento ofrece un riquísimo desarrollo argumental que expondrá, articulada y razonadamente, la visión sindical de mediano plazo para un nuevo desarrollo de la Democracia expresado en el poder político-civil de los gobiernos locales. Entregas posteriores nos permitirán adentrarnos en esos tópicos.

En la presente ocasión, el tema de la paz laboral y el trabajo decente está dando un giro espectacular, con la consolidación del instrumento Convención Colectiva de Trabajo (CCT), amurallado ahora con piedra y hormigón, con la vinculatoriedad obligante para el país de la observancia estricta de la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), precisamente sobre la Negociación Colectiva, amén de los temas de Libertad Sindical y Huelga.

Podemos ahora, por ejemplo, incluir en la CCT una escala salarial y un manual de puestos que vaya en congruencia con la capacidad financiero-presupuestario del respectivo gobierno local; sin arriesgarla por la alocada, irresponsable y aventurera tesis del salario global, defendida a rajatabla por los extremistas neoliberales que controlan la cosa fiscal del país.

Asegurar un modelo salarial justo y racional, sin aventurerismos de repartición disparatada de remuneraciones; es vital ante la no menos aventurada decisión fiscalista del Gobierno Central de tirarle a las municipalidades, sin la debida dotación de recursos financieros sanos y estables, servicios públicos que ya no puede prestar por su situación fiscal de quiebra técnica.

Por eso creemos que el frente sociolaboral interno de las municipalidades debe ser asegurado mediante una CCT, suscrita en el marco de la constitucionalidad jurisprudencial del país fortalecida por las ordenanzas de la Corte IDH en la materia.

Siempre hemos creído que nuestra decadente Democracia puede salvarse con (entre otros elementos), el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Pero ese conjuro tóxico del salario global mezclado con la carga de la prestación de nuevos servicios públicos sin financiamiento extra y sano, expone a no pocas municipalidades a situaciones de quiebra técnica tal y como ya lo notamos a nivel del Estado central.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Empezamos por rogarle a usted que nos honra con la lectura de nuestros comentarios semanales que, por favor, lea con cuidado el siguiente texto:

“Este informe tiene una relevancia decisiva en la actual coyuntura latinoamericana y, asimismo, considerando los desafíos de orden geopolíticos hoy existentes. En primer lugar, porque ayuda a clarificar que la desigualdad constituye el principal problema de nuestros países de cara a alcanzar sociedades más vivibles para todas y todos. Algo que, debido a los marcos ideológicos actualmente en auge, tiende a no ser evidente para el ciudadano promedio. Y segundo, porque vincula tales niveles de iniquidad con la debilidad de la democracia. Porque en la medida de que esta última no tenga traducción en el día a día de la gente, continuará debilitándose. La democracia tiene que ser algo más profundo y presente que votar cada cierto tiempo, especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio. Lo cual solo es posible lograrlo con redistribución, estados adecuados e igualdad. Como nos dice el informe”.

El texto anterior está incluido en el documento denominado “Economía nuestra – Es tiempo de una economía para todas y todos”. Se trata del más reciente informe acerca del tema tributario y de la distribución de la riqueza en países como Costa Rica, publicado por la prestigiosa organización británica Oxfam.

Según su sitio web oficial, Oxfam constituye un “movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia”. Indican, además, lo siguiente: “Trabajamos con personas tanto a nivel local como global para impulsar un cambio duradero”. En la corriente sindical en la cual militamos sentimos gran orgullo y honor de tener contactos con Oxfam.

El comentario que hemos citado, prácticamente, refleja el estado actual de cosas en nuestro país, a nivel político-económico y social.

Costa Rica está viviendo un proceso acelerado de concentración de riqueza; tenemos un sistema tributario que “no funciona para la época”, según indicación explícita del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.

Nosotros sostenemos que es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Paga más, proporcionalmente hablando, el que menos tiene (la clase trabajadora); y los que más tienen (que cada vez son más pocos, pero acumulan más), no pagan del todo o pagan poco pues eluden, evaden, esconden su capital en el exterior y han logrado construir todo un entramado político asesor que les protege para no pagar.

Además, el país tiene una deuda pública que es impagable y que genera una carga diaria de intereses que, prácticamente, tiene en quiebra técnica al Estado central; pero que, es fuente de acumulación para los agentes y empresarios del mercado financiero que no tienen mayor interés en que Costa Rica corrija su problema de déficit fiscal con medidas sanas y justas.

Por eso es que afirmamos que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la Transformación Tributario Estructural si queremos, como dice el informe de Oxfam, atacar de raíz el principal problema de la actualidad, la desigualdad; si queremos fortalecer la Democracia, “especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio”. En fin, si aspiramos que la Democracia se sienta en el diario vivir de la gente, elevando la calidad de la existencia de las personas lanzadas a la desigualdad y atormentadas por su prolongación en el tiempo.

Nosotros, que tenemos ya muchísimo tiempo denunciando esta situación, estamos más que felices: nos llegó un arsenal documental que nutre nuestra causa en estos momentos. El informe de Oxfam, Economía nuestra: es tiempo de una economía para todas y todos, nos fortalece porque es contundente, estamos en el lado correcto de la Historia. Seguiremos con el tema.