Categoría: Opinión

“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.

¡Eso es golpismo! Chaves tiene en su mente, en su doble lenguaje manipulador, la “alternativa” de promover algún tipo de asonada golpista, Golpe de Estado, en contra de los poderes Legislativo y Judicial con los cuales está, severamente confrontado en estos momentos delicadísimos para la paz de Costa Rica.

Dio otra señal golpista: “Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted compatriota? ¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro que sí, y ahí les dejo la bolita picando en el punto de penal”.

¿Está armando Chaves algún grupo subversivo contra la Constitución? ¿Está él al tanto de alguna especie de milicia cuasi-militar para dar un Golpe de Estado? ¿Es este perverso comentario alguna señal en clave para que empiece algún tipo de operativo anti-constitucional?

Con sinceridad, debemos confesar nuestra alarma. Esto no puede pasar inadvertido para las autoridades judiciales competentes.

¿Y qué quiso decir Chaves, golpista en potencia, con esta indicación de innegable connotación sediciosa?: Que la ciudadanía debe “estar lista” en caso de que sea necesario “actuar”. ¿A qué llama actuar? ¿A promover alguna locura política como la que Trump hizo contra el parlamento estadounidense?

Y, he aquí la más peligrosa invectiva, la amenaza más violenta y agresiva emitida ayer, miércoles 24 de setiembre de 2024, con clarísimo carácter golpista, en su conferencia de prensa:

“En los países civilizados, las diferencias entre partidos se resuelven en las urnas. Yo espero que nos dé tiempo para llegar ahí en paz”.

Chaves, golpista en potencia, está indicando que, quizás, no haya elecciones presidenciales y diputadiles en febrero de 2026 porque, según él, no se podría llegar en paz a tal momento.

¿Será que está pensando en una ruptura del orden constitucional, llegando a tan peligrosísimo nivel de, subliminalmente, poner en duda las elecciones del 2026? ¿Quiere Chaves un nuevo enfrentamiento armado entre costarricenses?

“Al vivo a señas y al tonto a palos. Ustedes, costarricenses, son muy inteligentes, estén atentos, sean vigilantes y observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados”.

¡Sin duda! Chaves nos muestra como nunca antes lo había hecho desde que llegó a Zapote, su propensión al golpismo, al Golpe de Estado, a pasar de la confrontación verbal a la de los… ¿balazos?

Finalmente, nos hace una amenaza generalizada: “Muchas cosas se tienen que poner peor antes de que se mejoren, y por eso yo le digo al pueblo de Costa Rica: Yo estoy vigilante, yo estoy poniendo la cara”.

Que las cosas se tengan que poner peor antes de que se mejoren: ¿Habrá asesinatos políticos selectivos? ¿Habrá atentados con bombas, pero en serio? ¿Se incendiarán locales políticos-estratégicos?… ¿Vaya usted a saber! Chaves es un golpista en potencia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.

Por eso estamos hablando de que en Costa Rica estamos siendo testigos de los recortes presupuestarios a lo Milei.

Con un sadismo político irreconocible para nuestra convivencia socio-democrática de las últimas décadas, los recortes presupuestarios a lo Milei muestran un nivel de prepotencia fiscal que, incluso, se dan el lujo de descalificar eventuales decisiones legislativas las cuales, en algunos casos, pudieran anular parte de esos recortes durante el actual trámite parlamentario del mal llamado presupuesto de la República para 2025;  para dejar claro, con soberbia imperial incluida que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe tal cantidad, Hacienda la dejará de lado para imponer la suya previamente establecida en determinada partida sometida al recortismo a lo Milei.

Los recortes presupuestarios a lo Milei están mostrando un círculo infernal que, de una manera cruelmente abierta, están dejando en evidencia groseras violaciones de Derechos Humanos que contradicen una serie de tratados ya firmados y ratificados por Costa Rica. De un modo u otro, nos evidenciarán ante el mundo como un país de doble moral en este campo de los Derechos Humanos; doble moral que ya hace bastante tiempo está imperando en el país.

En ese círculo infernal se está encerrando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a la gente pobre, a la gente que no siendo pobre está en camino de serlo; e incluso, a personas integrantes de capas medias que están en proceso de pauperización, producto de lo que es una verdad tan contundente como que la Tierra es redonda: somos una nación totalmente polarizada desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y de la concentración del ingreso.

El grueso de los recortes presupuestarios a lo Milei afectan diversos programas de política social como Educación, Salud, asistencia social (IAFA, Cen-Cinai, Cruz Roja, salud preventiva, comedores escolares, becas, vivienda y otros) y hasta seguridad; programas cuyas personas usuarias fundamentales (niñez, adolescencia, jóvenes, adultos, adultos mayores); precisamente son de hogares sumidos en la pobreza, en el desempleo, bajo la dictadura del salario mínimo, con salarios congelados, altamente endeudadas y sin liquidez salarial, con hijos e hijas “ni-ni” (ni estudian, ni trabajan); y, reciben la atención de parte de personas trabajadoras empleadas públicas golpeadas por muchos años de desprestigio y ataque a la función pública, con cinco años de congelamiento salarial total (e irían por una década en tal condición), también agobiadas por la estrechez financiera y por un entorno amenazante a sus propios empleos en el marco de un Estado que, prácticamente, está en quiebra técnica.

Y a este círculo infernal ha entrado con firmeza el drama de la violencia delincuencial del crimen organizado y del tráfico de drogas: las pandillas, los muertos, la gente joven acribillada en la calle por ajustes de cuentas, las mujeres asesinadas; es decir, personas que, de un modo u otro, dentro de la ley o al margen de ella, están asociadas, directa o indirectamente, al recortismo presupuestario a lo Milei.

Los recortes presupuestarios con la marca Chaves-Nogui emulan, de alguna manera, a los que están sufriendo en estos momentos el pueblo argentino con ese sicario político liquidacionista del concepto de Estado Social, llamado Javier Milei. 

Lo paradójicamente cruel de esta dramática situación que está poniendo en jaque a la misma democracia costarricense, es que una buena parte de las personas seguidoras de Chaves también están integradas, de diversas formas y dimensiones, al círculo infernal del recortismo presupuestario a lo Milei impuesto por el propio Chaves y su ministro de Hacienda.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La nueva dirección política del gremio patronal Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), encabezada por la señora Maritza Hernández Castañeda, Presidenta (la primera de su género en los 51 años de existencia de esta entidad); recientemente y en un medio de prensa escrito, hizo dos afirmaciones que, sinceramente, nos dejaron estupefactos y casi sin poder creer lo que estábamos leyendo de su decir.

Por un lado, afirmó que la desigualdad en nuestro país es una bomba de tiempo. Por otro, que los indicadores socioeconómicos de esa desigualdad, que exhibe el país en estos momentos, son muy similares a los que mostraba la hermana república latinoamericana de Chile, antes del gigantesco estallido social que vivió ese pueblo y que hizo temblar todas las estructuras de su propia estabilidad democrático-republicana. Coincidimos!

Confesamos que nos causó gran sorpresa tal “confesión” empresarial viniendo de una entidad que, como UCCAEP, tiene gran papel en el desenvolvimiento político y socioeconómico del país.

Como bien es sabido, la corriente sindical en la cual militamos tiene en su agenda de lucha, como enorme prioridad, el tema de la desigualdad; especialmente porque la misma está, de manera acelerada, deteriorando las condiciones socioeconómicas de vida de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores público y privado, sin entrar a analizar el fenómeno del desempleo y del subempleo.

Ahora bien, el nuevo planteamiento político de la UCCAEP, sin lugar a dudas, nos posibilita poner en el tapete varias de las razones que estarían explicando esos indicadores de la desigualdad actual en el país; para, de seguido, encontrar explicaciones que, a no dudarlo, pueden apuntar a articulaciones de respuesta compartidas en varios ámbitos de análisis.

En no pocas esferas del pensamiento y de la acción político-económica y social del momento, el tema fiscal tiene gran prioridad de abordaje analítico en las búsqueda de respuestas y soluciones.

Podría ser esta perspectiva de la situación fiscal nacional un punto de encuentro de visiones patronal y laboral, en la búsqueda de consensos mínimos: si en ambas partes la desigualdad y la eventualidad de una explosión social son temas de gran preocupación.

Las alertas que nos hace la señora Presidenta de UCCAEP, que son las nuestras, reiteradas ya múltiples veces, nos ponen en la misma dirección en cuanto a prevenir con diálogo social multisectorial de “nuevo tipo”, reversiones del desarrollo democrático-institucional hasta ahora alcanzado que vulneran el mismísimo sistema republicano, hoy bajo fuego retórico de intereses insanos.

Copiamos de internet-Google la definición de aporofobia: “La aporofobia es el odio, aversión o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. El término fue acuñado en los años 90 por la filósofa Adela Cortina, para dar nombre a este fenómeno que afecta especialmente a las personas en situación de sinhogarismo”. Y del diccionario de la Real Academia Española (RAE) esta definición de aporofobia: “fobia a las personas pobres o desfavorecidas”.

Los extremistas fundamentalistas que imponen desde hace ya varios gobiernos la política fiscal del país, lo hacen con una fuerte carga ideológica de contenido aporofóbico, el cual se hace notar con más crueldad en el actual gobierno considerando que su cabeza ejecutiva tiene una concepción ideológica de la sociedad al estilo “bancomundialista”, fortalecida por sus tres décadas de servicio tecnocrático-financiero lejos del país.

El proyecto de presupuesto de la Republica para 2025 que fue enviado por el Gobierno a la actual Asamblea Legislativa muestra propuestas de recortes presupuestarios con fuerte carga aporofóbica.

En cuanto a Educación Pública los recortes afectarán la calidad de la enseñanza que se debe dar a los hijos y las hijas de personas trabajadoras de ingresos medios, bajos o casi inexistentes; clase trabajadora (pública o privada) con ingreso salarial precario que no pueden pagar un servicio educativo privado.

Es decir, la aporofobia fiscal en materia de Educación Pública condena a la gente pobre a tener un servicio educativo malo y no una educación de excelencia para el ascenso social. Este pésimo servicio educativo tiene una intencionalidad perversa cual es la de mantener en exclusión social y económica a la gente pobre.

Ya no se trata de un asunto de desigualdad: es algo más malo y profundo. La aversión a los pobres, ideológicamente marcada por una política fiscal aporofóbica, es de tal calibre que es mejor que no cuenten, que no existan, que no importen.

Tan es así que la actual y descalificada-cuestionada ministra MEP se niega a entregar los datos estadísticos estratégicos del rezago educativo al Programa Estado de la Nación, habida cuenta de que los pobres ya no cuentan para las estadísticas del sistema educativo público carcomido por el ajuste fiscal del recortismo presupuestario aporofóbico.

Tenemos entonces que en el sistema educativo público, especialmente en sus niveles de pre-primaria, primaria y secundaria, podemos encontrar la confluencia de las consecuencias del sostenido proceso de exclusión económico-social que estamos sufriendo, ahora agravado por ese recortismo fiscal aporofóbico: a) acuden a recibir educación los hijos y las hijas de las personas asalariadas del exiguo salario mínimo pagado en el sector privado; b) los hijos y las hijas del personal trabajador del sector público que tiene su salario congelado desde hace 5 años; c) las clases son impartidas por personal magisterial víctimas de ese congelamiento salarial y con altísimo endeudamiento personal; d) las lecciones se dan con carencia de material educativo idóneo y de calidad y en instalaciones tugurescas; en fin, la educación pública muestra un patético y doloroso retroceso que nos llevará a un subdesarrollo pedagógico que posibilitará el control futuro de la sociedad por los privilegiados de la educación privada.

!Que no cuenten los pobres! !Que no cuenten a los pobres! Esta parece ser la maligna consigna del racismo educativo aporofóbico. De terror…

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Sin el más mínimo incidente de violencia, se escenificó en el corazón de nuestra ciudad capital San José, un histórico episodio de acción cívica con innegables contenidos políticos, de lo que conocemos como la Democracia de la Calle; multitudinaria manifestación ocurrida este miércoles 28 de marzo de 2024.

Como está más que constatado, Costa Rica terminará el primer cuarto del siglo XXI, año 2025, completamente desdibujada con relación a la “fama” de sociedad de inclusión social y de capas medias que se nos reconocía internacionalmente.

Hace unos semanas, los señores obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), llamaron la atención a la clase gobernante (la que se ve y la que está en la sombra -que es la del poder real-), acerca de que el actual modelo de organización económica ha fracasado. Es exacto eso.

Resulta innecesario enumerar los diversos indicadores económico-sociales que arrojan las cifras del dolor y del sufrimiento, del estrés y de la ansiedad que azotan las vidas cotidianas de miles y de miles de familias de la clase trabajadora, pública y privada, con empleo fijo o sin él; como víctimas del fracaso de ese modelo de organización económica que fue señalado como culpable del desastre en que se está convirtiendo la democracia costarricense.

Ésta, caracterizada por un modelo representativo, va en retroceso producto de las corruptelas de la clase política tradicional, de sus estafas políticas cuatrienales; y ahora, víctima de las engañifas del embrionario engendro del autoritarismo autócrata que le habla a los oídos de cientos de personas hartas de esas estafas.

Creemos que el deterioro de la capacidad de mantener articulada a la sociedad mediante la democracia representativa, exige el surgimiento estratégico de la Democracia de la Calle que levanta banderas reivindicativas de inclusión social y de justicia económica por encima de las cada vez más desteñidas banderías electorales circunstanciales.

Lo que sucedió en este día histórico de 28 de agosto de 2024, cuando el presidente legislativo recibió el planteamiento cívico conocido como Pacto por la Educación Pública, mostró ese potencial articulador de la propuesta ciudadana a favor de la inclusión social y de la justicia económica pero sin mostrar colores electorales; pero sí mediando el ejercicio potente de la movilización social pacífica y organizada conocida como la Democracia de la Calle. Hoy se demostró cuán estratégica puede ser ésta; y también lo constataremos en los diversos eventos regionales previstos.

Las cinco universidades públicas, sus movimientos estudiantiles, así como notables organizaciones obreras practicantes del Sindicalismo Sociopolítico, agrupaciones gremiales de diverso orden y una amplia diversidad de nucleamientos sociales opuestos al egoísmo neoliberal lograron convocar a miles, ante los ojos atónitos del tecnócrata banquero ajeno a nuestro ADN idiosincrático.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Molesto por la movilización social que se manifestará próximamente, Chaves Robles recurre a su más notable “cualidad”, la de la manipulación, para descalificar la demanda de que se respete el 8% del presupuesto de la República para la Educación Pública, según ordenanza constitucional.

Su canallesca y grotesca manipulación le lleva a plantear que la plata de aumento presupuestario que reclaman las universidades públicas, debería ser para aumentar el salario a las personas empleadas públicas que están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.

Pretende ignorar que esa justa reivindicación cívica del 8% del PIB para la Educación Pública (universidades estatales incluidas), está a la par de la demanda por una Transformación Tributaria Estructural que le urge a Costa Rica. 

Invertir en educación es invertir en el desarrollo de la Democracia, lo cual es reconocido por todo lado y por todo el mundo. Pero, aquí, en Costa Rica, pareciera que no es así.

Y en el Gobierno de Chaves Robles el desfinanciamiento de la Educación Pública está profundizando su caída a menos del 5% PIB.

Al considerar que la visión ideológica de Chaves Robles no va más allá de lo que aprendió en sus 30 años como cuadro tecnocrático del Banco Mundial; le es imposible comprender que la clase trabajadora empleada pública necesita que sus hijos y que sus hijas reciban una educación pública de calidad, sólidamente financiada con altos estándares pedagógico-metodológicos.

De la misma manera, los hijos y las hijas de la clase trabajadora del sector privado, especialmente la que es esclava del salario mínimo, ocupan de ese sistema educativo hoy en decadencia y que, por tanto, está urgido de su rescate y revitalización, teniendo como primer paso alcanzar ese 8% del PIB.

Desde los diversos ámbitos de la lucha social actual hay, cada vez más conciencia de que se halla un vínculo de fuerte concatenación entre un sistema educativo público robusto y de alta calidad, y un sistema tributario equitativo, justo y riguroso.

Lograr que la clase política actúe en consecuencia constituye una verdadera batalla cívica que, fundamentalmente, deberá darse con la Democracia de la Calle. En eso estamos. No creo que Chaves Robles lo comprenda.

Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.

Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.

Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.

Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.

Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.

Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.

Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.

Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.

Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.

En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.

PARTE II

La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.

Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.

Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.

Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.

Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.

La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.

¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.

PARTE III

Nos queda ahora plantear el aspecto sociolaboral de las municipalidades en ese escenario de amenazante futuro.

Apostamos por una conjunción de esfuerzos multidiversos entre los cuatro componentes esenciales de un gobierno local: el concejo, la alcaldía, el sindicato y la comunidad; con una finalidad estratégica de, también, 4 objetivos: 1) paz laboral y trabajo decente: 2) sostenibilidad financiera y férreo combate a la corrupción; 3) máxima eficiencia y eficacia del servicio con total transparencia; y 4) gran satisfacción comunal con militante y vigilante papel de la gente.

El anterior planteamiento ofrece un riquísimo desarrollo argumental que expondrá, articulada y razonadamente, la visión sindical de mediano plazo para un nuevo desarrollo de la Democracia expresado en el poder político-civil de los gobiernos locales. Entregas posteriores nos permitirán adentrarnos en esos tópicos.

En la presente ocasión, el tema de la paz laboral y el trabajo decente está dando un giro espectacular, con la consolidación del instrumento Convención Colectiva de Trabajo (CCT), amurallado ahora con piedra y hormigón, con la vinculatoriedad obligante para el país de la observancia estricta de la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), precisamente sobre la Negociación Colectiva, amén de los temas de Libertad Sindical y Huelga.

Podemos ahora, por ejemplo, incluir en la CCT una escala salarial y un manual de puestos que vaya en congruencia con la capacidad financiero-presupuestario del respectivo gobierno local; sin arriesgarla por la alocada, irresponsable y aventurera tesis del salario global, defendida a rajatabla por los extremistas neoliberales que controlan la cosa fiscal del país.

Asegurar un modelo salarial justo y racional, sin aventurerismos de repartición disparatada de remuneraciones; es vital ante la no menos aventurada decisión fiscalista del Gobierno Central de tirarle a las municipalidades, sin la debida dotación de recursos financieros sanos y estables, servicios públicos que ya no puede prestar por su situación fiscal de quiebra técnica.

Por eso creemos que el frente sociolaboral interno de las municipalidades debe ser asegurado mediante una CCT, suscrita en el marco de la constitucionalidad jurisprudencial del país fortalecida por las ordenanzas de la Corte IDH en la materia.

Siempre hemos creído que nuestra decadente Democracia puede salvarse con (entre otros elementos), el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Pero ese conjuro tóxico del salario global mezclado con la carga de la prestación de nuevos servicios públicos sin financiamiento extra y sano, expone a no pocas municipalidades a situaciones de quiebra técnica tal y como ya lo notamos a nivel del Estado central.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Empezamos por rogarle a usted que nos honra con la lectura de nuestros comentarios semanales que, por favor, lea con cuidado el siguiente texto:

“Este informe tiene una relevancia decisiva en la actual coyuntura latinoamericana y, asimismo, considerando los desafíos de orden geopolíticos hoy existentes. En primer lugar, porque ayuda a clarificar que la desigualdad constituye el principal problema de nuestros países de cara a alcanzar sociedades más vivibles para todas y todos. Algo que, debido a los marcos ideológicos actualmente en auge, tiende a no ser evidente para el ciudadano promedio. Y segundo, porque vincula tales niveles de iniquidad con la debilidad de la democracia. Porque en la medida de que esta última no tenga traducción en el día a día de la gente, continuará debilitándose. La democracia tiene que ser algo más profundo y presente que votar cada cierto tiempo, especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio. Lo cual solo es posible lograrlo con redistribución, estados adecuados e igualdad. Como nos dice el informe”.

El texto anterior está incluido en el documento denominado “Economía nuestra – Es tiempo de una economía para todas y todos”. Se trata del más reciente informe acerca del tema tributario y de la distribución de la riqueza en países como Costa Rica, publicado por la prestigiosa organización británica Oxfam.

Según su sitio web oficial, Oxfam constituye un “movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia”. Indican, además, lo siguiente: “Trabajamos con personas tanto a nivel local como global para impulsar un cambio duradero”. En la corriente sindical en la cual militamos sentimos gran orgullo y honor de tener contactos con Oxfam.

El comentario que hemos citado, prácticamente, refleja el estado actual de cosas en nuestro país, a nivel político-económico y social.

Costa Rica está viviendo un proceso acelerado de concentración de riqueza; tenemos un sistema tributario que “no funciona para la época”, según indicación explícita del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.

Nosotros sostenemos que es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Paga más, proporcionalmente hablando, el que menos tiene (la clase trabajadora); y los que más tienen (que cada vez son más pocos, pero acumulan más), no pagan del todo o pagan poco pues eluden, evaden, esconden su capital en el exterior y han logrado construir todo un entramado político asesor que les protege para no pagar.

Además, el país tiene una deuda pública que es impagable y que genera una carga diaria de intereses que, prácticamente, tiene en quiebra técnica al Estado central; pero que, es fuente de acumulación para los agentes y empresarios del mercado financiero que no tienen mayor interés en que Costa Rica corrija su problema de déficit fiscal con medidas sanas y justas.

Por eso es que afirmamos que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la Transformación Tributario Estructural si queremos, como dice el informe de Oxfam, atacar de raíz el principal problema de la actualidad, la desigualdad; si queremos fortalecer la Democracia, “especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio”. En fin, si aspiramos que la Democracia se sienta en el diario vivir de la gente, elevando la calidad de la existencia de las personas lanzadas a la desigualdad y atormentadas por su prolongación en el tiempo.

Nosotros, que tenemos ya muchísimo tiempo denunciando esta situación, estamos más que felices: nos llegó un arsenal documental que nutre nuestra causa en estos momentos. El informe de Oxfam, Economía nuestra: es tiempo de una economía para todas y todos, nos fortalece porque es contundente, estamos en el lado correcto de la Historia. Seguiremos con el tema.

Nos queda ahora plantear el aspecto sociolaboral de las municipalidades en ese escenario de amenazante futuro.

Apostamos por una conjunción de esfuerzos multidiversos entre los cuatro componentes esenciales de un gobierno local: el concejo, la alcaldía, el sindicato y la comunidad; con una finalidad estratégica de, también, 4 objetivos: 1) paz laboral y trabajo decente: 2) sostenibilidad financiera y férreo combate a la corrupción; 3) máxima eficiencia y eficacia del servicio con total transparencia; y 4) gran satisfacción comunal con militante y vigilante papel de la gente.

El anterior planteamiento ofrece un riquísimo desarrollo argumental que expondrá, articulada y razonadamente, la visión sindical de mediano plazo para un nuevo desarrollo de la Democracia expresado en el poder político-civil de los gobiernos locales. Entregas posteriores nos permitirán adentrarnos en esos tópicos.

En la presente ocasión, el tema de la paz laboral y el trabajo decente está dando un giro espectacular, con la consolidación del instrumento Convención Colectiva de Trabajo (CCT), amurallado ahora con piedra y hormigón, con la vinculatoriedad obligante para el país de la observancia estricta de la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), precisamente sobre la Negociación Colectiva, amén de los temas de Libertad Sindical y Huelga.

Podemos ahora, por ejemplo, incluir en la CCT una escala salarial y un manual de puestos que vaya en congruencia con la capacidad financiero-presupuestario del respectivo gobierno local; sin arriesgarla por la alocada, irresponsable y aventurera tesis del salario global, defendida a rajatabla por los extremistas neoliberales que controlan la cosa fiscal del país.

Asegurar un modelo salarial justo y racional, sin aventurerismos de repartición disparatada de remuneraciones; es vital ante la no menos aventurada decisión fiscalista del Gobierno Central de tirarle a las municipalidades, sin la debida dotación de recursos financieros sanos y estables, servicios públicos que ya no puede prestar por su situación fiscal de quiebra técnica.

Por eso creemos que el frente sociolaboral interno de las municipalidades debe ser asegurado mediante una CCT, suscrita en el marco de la constitucionalidad jurisprudencial del país fortalecida por las ordenanzas de la Corte IDH en la materia.

Siempre hemos creído que nuestra decadente Democracia puede salvarse con (entre otros elementos), el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Pero ese conjuro tóxico del salario global mezclado con la carga de la prestación de nuevos servicios públicos sin financiamiento extra y sano, expone a no pocas municipalidades a situaciones de quiebra técnica tal y como ya lo notamos a nivel del Estado central.

La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.

Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.

Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.

Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.

Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.

La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.

¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.