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James Porras López, Asesor Sindical ANEP

El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes y que el mismo posee distintos órganos de representación en donde se discute, aprueba o se consulta sobre las políticas publicas de las personas jóvenes de nuestro país.

Este Sistema Nacional de las Juventudes, posee a su responsabilidad, muchos espacios “en teoría de participación” para las personas jóvenes de nuestro país, desde un espectro cantonal, nacional y hasta niveles de un viceministerio de las personas jóvenes. Estos espacios de representación están formados bajo el amparo de la ley, y a su vez, poseen presupuestos públicos que se pueden destinar a proyectos que pueden cambiar en incidir en la vida de muchas personas jóvenes.

Dentro de estos espacios de participación para las personas jóvenes, podemos entender no solo lo que realizan, sino que también, podemos aprender más sobre su importancia:

El Consejo de la Persona Joven (CPJ):

El Consejo de la Persona Joven posee una rectoría técnica, como órgano rector, le corresponde cumplir con la elaboración y ejecución de la Política Pública para las Personas Jóvenes.

La rectoría política, la tiene en el máximo jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud, quien podrá servirse de la persona que ejerza el puesto como jerarca del Viceministerio de Juventud, además de presidir la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para hacer valer su visión política material e intersubjetiva.

Para el ejercicio de esta rectoría, el Consejo de la Persona Joven requiere de la coordinación activa y permanente con distintos agentes sociales: Sistema Nacional de Juventud, entidades del Estado y la sociedad civil.

Al Consejo de la Persona Joven, en el desempeño de su papel coordinador de la acción pública en juventudes, le corresponde desarrollar política pública definidas a partir de los intereses y necesidades de las personas jóvenes.

La Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven (ANPJ):

La Asamblea de la Red Consultativa de la Persona Joven en Costa Rica, es un organismo clave en la formulación y aplicación de políticas públicas relacionadas con la juventud. Sin embargo, es importante señalar que en la práctica, este sistema nacional de juventudes ha enfrentado desafíos, incluyendo la politiquería de los partidos tradicionales y la recurrencia de las mismas personas en su composición. A continuación, se presenta una estructura de la información junto con estos puntos adicionales:

Historia:

El Consejo de la Persona Joven es la institución rectora de las políticas públicas de juventud en Costa Rica. Fue creado mediante la Ley General de la Persona Joven, No. 8261, publicada el 20 de mayo de 2002, sucediendo al Movimiento Nacional de Juventudes que había estado en funcionamiento desde 1966. Su propósito es elaborar y ejecutar políticas públicas dirigidas a las personas jóvenes.

Objetivo:

La Red Nacional Consultiva de la Persona Joven tiene como objetivo principal brindar una participación efectiva a las personas jóvenes del país en la formulación y aplicación de las políticas públicas que los afectan.

Composición:

La Asamblea de la Red Consultativa de la Persona Joven está conformada por representantes de diversas organizaciones y grupos. Los miembros de la asamblea incluyen:

– Una persona representante de cada uno de los Comités Cantonales de la Persona Joven.

– Una persona representante por cada Universidad Pública.

– Tres representantes de las universidades privadas.

– Dos representantes de instituciones parauniversitarias.

– Veinte representantes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.

– Cinco personas representantes de los grupos étnicos.

– Cinco personas representantes de organizaciones no gubernamentales.

– Dos representantes de las asociaciones de desarrollo.

– Dos representantes de asociaciones o fundaciones integradas por personas con discapacidad.

Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ):

Estos comités son instancias municipales formadas por jóvenes de 12 a 35 años del cantón, con el propósito de elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que contribuyan a la construcción de la Política Pública Nacional de las Personas Jóvenes. La composición de estos comités es la siguiente:

– Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal.

– Dos personas representantes de los colegios del cantón, elegidas en una asamblea de este sector.

– Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas en la municipalidad respectiva, elegidas en una asamblea de este sector.

– Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, seleccionada por el Comité Cantonal de Deportes.

– Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la municipalidad del cantón, elegida en una asamblea de este sector. Cada organización tiene la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el Comité Cantonal de la Persona Joven.

Desafíos:

Es importante destacar que a lo largo de su historia, el sistema nacional de juventudes en Costa Rica ha enfrentado desafíos significativos. Entre ellos:

Democratización del espacio: Esto incluye la politiquería de los partidos tradicionales, así como la recurrencia de las mismas personas en su composición, lo que puede limitar la diversidad de voces y perspectivas representadas en la Asamblea de la Red Consultativa de la Persona Joven, personas que llevan más de 12 años en el mismo Sistema Nacional de Juventudes, sin darles la oportunidad que más personas puedan incorporar ideas nuevas al sistema o simplemente que se pueda dar a conocer y democratizar el espacio de representación.

–Poseer un presupuesto consolidado: Para que el sistema nacional de juventudes, pueda lograr más alcances y proyectos que puedan incidir en la vida de las personas jóvenes, se necesita presupuesto para lograr llegar a la población que necesita el apoyo del sistema, para esto, se debe de trabajar no solo en la política publica de la persona joven, sino que se debe de realizar la encuesta necesaria para el fortalecimiento de la PPPJ.

– Impulsar el empleo y educación decente para las personas jóvenes: Para nadie es un secreto que en nuestro país, estamos viviendo una de las épocas más violentas en la historia de nuestro país, y lastimosamente la población que más vulnerable para las organizaciones criminales, son las personas jóvenes, más aun cuando no tiene la oportunidad de un trabajo digno y decente, y mucho menos, cuando no poseen el derecho a la educación de calidad.

Carolina Zúñiga Castro, Asesora Sindical ANEP

Por parte de la Federación Mundial para la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, desde 1995, se estableció que cada 10 de Octubre se tomaría el día para la concientización de la Salud Mental.

Desde entonces, Costa Rica no tiene gran avance en programas de la Salud Mental de los trabajadores y las trabajadoras, sino todo lo contrario cada vez más son las personas trabajadoras que se incapacitan por algún trastorno mental, sea ansiedad , depresión a causa del acoso laboral, conocido como bossing ( si el acoso proviene de las jefaturas), mobbing (acoso entre compañeros).
El presupuesto económico de la Caja Costarricense del Seguro Social para programas en Salud Mental, cada vez va menguando.

Acoso laboral, un tema tabú que pocos hablan pero que muchos lloran en silencio por miedo a ser despedidos o despedidas de sus centros laborales. Este fenómeno social cada vez es más palpable en las constantes denuncias que recibo como asesora sindical, esto viene a alterar el ambiente psicológico y  social de quien lo sufre y que realmente es doloroso ya que no se brinda un ambiente  apto para el buen desempeño de quien desea trabajar . Tal y como nos lo indica nuestra Constitución Política en el artículo 50, reza que “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

 El Informe Mundial de la Salud Mental de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en junio del 2022, nos revela que “mil millones de personas que viven con un trastorno mental en 2019, el 15% de los adultos en edad de trabajar experimentaron un trastorno mental. El trabajo amplifica problemas sociales más amplios que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad.”

Crear ambientes equilibrados en nuestros centros laborales es esencial para el buen desarrollo y avance de la sociedad, también estamos hablando de Trabajo Decente.

Una revolución que nos sigue tirando indicadores sobre brechas de género y la historia no cambia.

Carolina Zúñiga Castro, Asesora Sindical ANEP

Cada vez se habla más sobre los retos laborales que se entrañan en la implementación de la Inteligencia Artificial en los puestos de trabajo, hasta en aquellos desafíos que  tiene el legislador para regular todos sus alcances, pero el AI no puede ser regulado por más esfuerzos humanos que se realicen y que así sea.

La historia nos cuenta que en 1760, como humanidad vivimos la primera  Revolución Industrial, máquinas a vapor, telares, trenes, reemplazando funciones del Ser Humano, labores que antes eran realizadas de manera artesanal, ¡ una locura para la época!. Este fue uno de los primeros llamados a ser creativos en nuestra manera de producción y en la manera de cómo generamos nuestro dinero. Como sociedad también nos veíamos preocupados, por los desempleos y la falta de los mismos, nos vimos obligados a la evolución y la Inteligencia Artificial actualmente no es la excepción.

Pero bueno, remontándonos a tiempos actuales. Se habla de una cuarta revolución industrial, llamada la Inteligencia Artificial. Revolución Industrial 4.0, desafiando a la inteligencia natural.

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el  “Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality”. expone en su estudio que aquellos trabajos en los que nos vamos ver expuestos a ser creativos son los administrativos, donde se encuentran muchas más mujeres. Este mismo documento aboga por lo que hemos venido hablando sobre la necesidad de que esta transición sea lo más respetuosamente posible para los Derecho Humanos, además, agrega que debe de ser justa y participativa.

Entonces, según estos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podríamos decir que la brecha salarial y brechas de género  podrían seguir potencializando de manera negativa para la mujeres , debido a que los trabajos administrativos se siguen relacionando con mujeres y que en ese sentido la Inteligencia Artificial no aportaría mayor cosa, sino que desplaza a las mujeres, por lo tanto a estudiar y a ejercer otro tiempo de labores sería una de las soluciones como lo son las carreras STEM.

Por: Daniel Castañeda Chinchilla, Asesor Sindical ANEP

Reto o responsabilidad social, este planteamiento hacia un sindicalismo sociopolítico podría traer ciertas divisiones, ya que, históricamente los sindicatos han establecido una corriente de participación política activa y constante en la profundización de los factores sociales que afectan a todas las personas y para empezar es inevitable pensar en que la vinculación de la clase trabajadora no incluye solamente a esa persona, sino, las personas que le rodean como es su familia y aquí se constituye la clase obrera en conjunto a la sociedad.

Pero el sindicalismo sociopolítico es esa trascendencia para involucrar la realidad que vive el país y la participación activa que cumplen los sindicatos entre ellos las posibles alianzas con la propia sociedad civil en conjunto a los diversos grupos sociales que participan activamente en la vida política del país y que no precisamente es una practica partidaria, sino, personas interesadas en un mejor país, existe una responsabilidad directa por parte de los sindicatos hacia una participación política activa, la defensa y lucha trabajadora no es solamente dentro del campo laboral, es precisamente velar por todos los factores sociales que influyen en la vida de una persona.

Pero bajo la perspectiva que quiero tomar es justo ese contexto de cambio en el cual tenemos un exceso de información, un punto en el cual las personas no saben que creer, esto se debe a la propia globalización que se ha encargado de que a través de la tecnología de que pueda masificarse la difusión de noticias, lamentablemente no todas son ciertas y ante este contexto de cambio es donde los grupos sociales han hecho un esfuerzo para que sus movimientos y formas de pensamiento puedan adaptarse a las nuevas formas de comunicación y de hacer política.

Pero, ¿la política también ha avanzado?, muy poco o nada, sigue existiendo una política anticuada la cual se basa en dar y pagar favores, en ofrecer puestos diplomáticos y de confianza para asegurar que otra corriente política esté bajo sus propios intereses, y así asegurar que las políticas favorables para algunos sectores sigan prevaleciendo y así es como la política sigue siendo la misma con algunos pequeños cambios.

Las condiciones sociales bajo los contextos económicos actuales son preocupantes y aún más  para las personas jóvenes que ven a lo lejos como se esfuma la posibilidad de algún día jubilarse, de algún día tener casa propia, se vive aun bajo un sistema que le debe mucho a las personas que actualmente mas necesitan que las condiciones sociales mejoren, porque la propia distribución de la riqueza continua desfavoreciendo a la propia clase trabajadora.

El sindicalismo es el protagonista, es la clase trabajadora la encargada de reivindicar todas las luchas conseguidas y proteger las políticas históricas e ir mas allá, continuar hacia la construcción de un mejor país bajo mejores condiciones de las personas integrantes de la nación.

El cambio involucra pensamiento, involucra trascendencia, acciones e incidencia, y justo hacia eso se orienta el sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo que genera ideas, propuestas y que las mismas sean ubicadas dentro del espectro político hacia la generación de nuevas políticas publicas creadas por la clase trabajadora, dentro de esta línea de pensamiento de quienes sufren los embates de las irresponsables políticas actuales donde la personas que menos tiene es la más perjudicada

Por: James Porras Arias, Asesor Sindical ANEP

En Costa Rica desde que se rompió el lazo del bipartidismo con los partidos tradicionales, como lo son el Partido Liberación Nación (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como los cuatro años del Partidos Acción Ciudadana (PAC); Los costarricenses pensamos que no podría existir algo peor que el daño que estos partidos causaron a Costa Rica.

Hasta que, en el 2022, para ser más exactos el 8 de mayo de ese año, el exdirector del Banco Mundial para Indonesia, economista y exministro de Hacienda, tomara la silla presidencial en Costa Rica, y con el lema “me como la bronca”, creando así su imagen de prepotente, altanero, pero sobre todo de una persona con el carácter fuerte y donde -según el- no necesitaba a nadie para hacer cambios, más que la ayuda de su lapicero.

Es cuando comenzamos a ver los récords del presidente, en la actual Costa Rica y su poca importancia en favor de las juventudes y del buen vivir que prometió en campaña. Esto viéndolo desde el primer momento de su llegada a Casa Presidencial, cuando el viceministro de Juventud renuncia el 18 de mayo del 2022, luego de un aparente despido que se le realizó en la Municipalidad de Moravia por supuestos incumplimientos de deberes, responsabilidad, principios de eficiencia, honorabilidad e integridad. En la actualidad, ya hay 31 exjerarcas del gobierno de Chaves que renunciaron a su puesto, siendo esto una cifra récord en apenas un año de gobierno.

A estos ataques contra las juventudes, se suma que su bancada en la Asamblea Legislativa, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), impulsó por vía rápida el proyecto de ley enfermizo de la jornada 4×3, esclavizando aun más a la juventud que utiliza algunos trabajos en las zonas francas para poder salir adelante. Hoy más que nunca se verán afectados por las extensas jornadas que realizarán, luego de que no existieran criterios sobre el impacto positivo de esta ley en la vida de las personas que trabajarán bajo esta modalidad; y mucho menos de los trabajos que supuestamente creará esta ley. Más bien, es lo contrario, ya que muchas instituciones han brindado su criterio del porque están en contra de este proyecto y la afectación que podría causar a las personas que se sometan a estas jornadas extensas de trabajo. Algunos de las instituciones que realizaron su criterio en contra han sido La Defensoría de los Habitantes, tachando de “Retroceso a los derechos laborales”, el IAFA, Cecudis y muchas instituciones más.

Las discusiones sobre este proyecto han sido constantes, hasta comentarios de la diputada de la bancada del gobierno, Pilar Cisneros, donde hasta ha llegado a utilizar la frase como “los jóvenes aún no han llevado palo en esta vida” y estos comentarios han sido una constante por parte el gobierno de Chaves Robles.

Costa Rica en la actualidad también sufre otro récord para el gobierno de Rodrigo Chaves: un récord donde según el INEC se han perdido 80 mil empleos, los datos también arrojan, que más de 70,801 mujeres quedaron sin empleo, al igual que 9,703 hombres, donde su mayoría comprende en una edad joven de 15 a 34 años de edad. Esto dejando sin oportunidad de un trabajo formal a miles de jóvenes del país y ayudando a los crecientes trabajos informales que actualmente nuestro país atraviesa.

Después de muchos récords, no podemos dejar de lado lo más importante para las juventudes de nuestro país y uno de los puntos que hoy han hecho que nuestro país sea destacado en la región por muchas décadas, que fue LA EDUCACIÓN.

El Estado de la Nación, en su más reciente informe titulado “Estado de la Educación”, ha arrojado cifras récord -nuevamente- sobre la crisis que existe en el estado actual de la educación. Se indican la peor crisis de los últimos 40 años en Costa Rica.

Donde hasta la actual Ministra de Educación ha cuestionado del por qué la existencia del 8% constitucional a la educación y hasta ha mencionado “sobre en qué criterio se basaron para dar esa cifra”. El informe actual de la educación ha arrojado carencias en aprendizajes, infraestructuras adecuadas, brechas de conectividad, grandes vacíos educativos y el decrecimiento en el financiamiento.

El Gobierno y la bancada de Chaves, no solo ha tenido una base de ministros inestables en su corto periodo por Casa Presidencial, sino también ha impulsado proyectos de ley en contra de las juventudes. También ha creado una crisis en empleos jóvenes, y una gran brecha en temas educativos.

Estos han sido los récords del gobierno de Chaves Robles hasta la fecha en contra de las juventudes de nuestro país.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Es una trampa! Así catalogamos la insistencia tiránica del Gobierno mediando el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), de imponer en el sistema laboral de las municipalidades costarricenses, el denominado salario global.

Es una trampa por cuanto se está “endulzando” a la población trabajadora del Régimen Municipal de Costa Rica, con el espejismo de un “incremento” en el nivel salarial base, supuestamente a partir de la entrada en vigencia del salario global; sin advertirles, sin hablarles con toda claridad y transparencia, acerca del vínculo de ese salario global con la evolución de la relación entre el monto porcentual de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

La municipalidad que adoptase para su respectivo cuerpo laboral el salario global, expone al mismo a la desaparición, prácticamente absoluta, de la negociación salarial semestral por costo de vida; pues se está haciendo una renuncia tácita y explícita a la histórica política de diálogo obrero-patronal en el nivel municipal con relación a las remuneraciones salariales.

Mideplan, con tan nefasto propósito, tiene el respaldo, lamentable, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad que abjuró de su compromiso ético y jurídico-político de luchar por el fortalecimiento del régimen municipal costarricense; el cual, hoy por hoy, está atravesando el momento más crítico de toda su historia republicana.

Si el sistema del salario global se instaura y consolida en una municipalidad, en ésta habrá nuevos reajustes por costo de vida hasta que la deuda pública con relación al PIB esté por debajo del 60%; esto, por una parte.

Y, por la otra, si así sucediera, cada municipalidad deberá esperar a que el Gobierno Central (Hacienda-Mideplan), establezca, mediante decreto, el monto de ese reajuste por costo de vida.

¿Cuántos años han de pasar para que tengamos un nivel deuda-PIB menor a 60%? Y mientras tanto, el costo de la vida seguirá variando de semestre en semestre, pero hacia arriba, siempre, en detrimento del poder de compra del salario.

Es decir, ni el concejo, ni la alcaldía, ni el sindicato de una municipalidad con salario global, tendrá ni la más mínima oportunidad de negociar un reajuste propio, particular, por costo de vida. ¿Notaron en qué consiste la trampa del salario global?

Por el contrario, hay alternativa y sumamente sólida, jurídicamente hablando, para evitar la trampa del salario global.

Efectivamente, sin salirse de la legalidad, en cada municipalidad, mediando el diálogo social interpartes (concejo-alcaldía-sindicato), cada gobierno local puede definir su propia política salarial apelando a dos instrumentos jurídicos sumamente poderosos y sólidos que no pueden ser puestos en duda, por más radicalismo extremista-neoliberal que exhiba Mideplan.

Al apelar a fallos constitucionales emitidos por la propia Sala Cuarta, por una parte; y, por otra, con base en la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la municipalidad que decida ir por este camino, no solamente se podrá continuar el salario compuesto, sino que pueden permanecer o establecer nuevos rubros salariales-sobresueldos en el entre tanto éstos correspondan a un empleo racional de los fondos públicos.

Y, por supuesto, la misma doctrina de los Derechos Humanos y la serie de tratados en la materia ratificados por Costa Rica, fortalecen el transitar por ese camino alterno al de la tiranía del salario global. 

Es más, a otros niveles de la institucionalidad pública del país, que no es la de las municipalidades, su respectivo personal trabajador también puede acudir a la vía alterna, legalmente sólida, que estamos recomendando para el personal trabajador de los gobiernos locales.

El devenir correcto de nuestro sistema republicano-institucional debe comprender el fortalecimiento de los gobiernos locales. La Municipalidad es el gobierno más cercano a la ciudadanía, a las personas, a la gente.

La intrusión del Mideplan en la política de empleo y de salarios de las municipalidades es solamente la avanzadilla hacia el control hacendario del Gobierno Central de las finanzas-presupuestos de los gobiernos locales. Es un primer paso para que éstos, finalmente, queden sin autonomía de ninguna especie.

Finalmente, debemos ser enfáticos en insistir en que la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, con su no menos perverso concepto de salario global, representa un severo retroceso en materia de derechos laborales, económicos y sociales; sino que, en cuanto a los Derechos Humanos (DD.HH.) y la serie de tratados firmados por nuestro país, dentro de los cuales está el principio estratégico-fundamental de la vinculatoriedad; el cual, por ejemplo, nos obliga para con los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH.

– Los trabajadores con deudas vienen soportando con impotencia el asfixiante aumento de sus cuotas por créditos por el aumento de las tasas de interés, y ya es hora de dejarlos respirar.

Por: Msc. David Esteban Estrada Zeledón, Abogado sindical

La tasa de política monetaria es la tasa de interés que establece el banco central de un país para regular la oferta monetaria y controlar la inflación.  Cuando el Banco Central aumenta la tasa de política monetaria, esto significa que se está haciendo más costoso pedir prestado dinero, ya que los bancos comerciales tendrán que pagar más interés al Banco Central para obtener fondos. Por lo que los bancos comerciales aumentan las tasas de interés que cobran a los prestatarios.

Esto quiere decir, cuando el banco central sube la tasa de política monetaria, los préstamos y las tarjetas de crédito se vuelven más caros, lo que significa que los deudores tienen que pagar más intereses sobre sus préstamos y deudas; y al contrario, cuando ésta baja, los deudores tendrán que pagar menos intereses sobre aquellos créditos.

En Diciembre del 2021 teníamos una tasa política monetaria del 0.75%, y desde ahí el Banco Central comenzó a aumentarla gradualmente para combatir la inflación, con aumentos especialmente más agresivos en Abril y en Junio del 2022 que llevaron la tasa hasta 7.5% en ese mes. Pero ese no fue el fin de los aumentos, ya que en Setiembre 2022 la tasa alcanza el 8.5% y en Noviembre se llega hasta el 9%, un nivel que no se veía desde Agosto del 2010, cuando todavía se afrontaban los efectos de la crisis económica mundial, llamada “de las hipotecas” en el año 2008.

Durante todo este tiempo, los trabajadores con deudas han tenido que soportar con impotencia el asfixiante aumento de sus cuotas por créditos, ya que desde que empezó a subir la tasa de política monetaria para los bancos, éstos han tenido que aumentar respectivamente la tasa básica pasiva que regula los créditos con sus clientes.

¿Y han servido estas medidas para contrarrestar la inflación? Según datos del Banco Central, las tasas de variación interanual máximas pasaron de entre 12,1% y 7,0% en Agosto del 2022, a entre 5,6% y 4,8% el pasado Febrero. En otras palabras, si, la inflación ha bajado.

Entonces el pasado 15 de Marzo de 2023, el Banco Central decide que se puede volver a bajar la tasa de política monetaria, pero la fijaron en un 8.5%, el mismo nivel que se tenía en Setiembre de 2022. Tasa que se mantendría por lo menos hasta el mes de Abril.

¿Será que esta reducción es acorde al nivel de inflación que se está manejando ahora? En un momento económico donde la inflación y el dólar siguen a la baja; y los empresarios amenazan con verse obligados a despedir más de mil personas, pareciera que una tasa de política monetaria tan alta podría mas bien ser perjudicial para muchos.

Ya es hora de exigirle al Banco Central un respiro para la clase trabajadora deudora, es hora de que bajen la tasa de política monetaria, para que todos los que tienen su salario comprometido por deudas, puedan mejorar su liquidez, ya que de nada sirve que baje la inflación si igualmente no tienen para comer… ni respirar.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

 Hemos considerado conveniente, aprovechando el maravilloso espacio semanal que nos da esta prestigiosa publicación digital que es El Guardián, reproducir el mensaje del señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el pasado 28 de noviembre de 2022, con ocasión de un evento denominado “Foro por el futuro: encuentro de movimientos sociales”.  Lo transcribimos tal cual fue pronunciado, por considerarlo atinadísimo en momentos en los cuales estamos viviendo la Costa Rica de la desigualdad.

La situación que nos convoca hoy es una continuidad de un ciclo de amenazas a la democracia y a la institucionalidad pública que inició hace años.

Mientras se continúan implementando reformas económicas regresivas, postergando decisiones urgentes en materia de cambio climático y vulnerando los Derechos Humanos de distintas poblaciones, también se continúan dejando de lado las medidas para combatir la elusión y el fraude fiscal; así como mermando la educación pública y debilitando las instituciones públicas que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX.

Empezaron con una regla fiscal que no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados; continuaron con una severa legislación que impedía que las personas trabajadoras pudieran protestar contra políticas que debilitaran la democracia y la institucionalidad pública; y finalizaron con una ley que pretendía que, desde el Ministerio de Planificación, la Presidencia de la República recuperara un poder absoluto para politizar a todo el funcionariado público, como era costumbre antes de la Constituyente de 1949. Hoy pretenden profundizar esta ruta, vender bancos estatales, atacar la ciencia y debilitar la educación pública costarricense.

También es cierto, y debemos decirlo autocríticamente, que buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por el entonces Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos tiene absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. Nunca más un CONARE indiferente a la defensa y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Sin embargo, así como en las universidades sabemos que debemos hacer a un lado nuestras diferencias, respetuosamente les pedimos que hagan a un lado las diferencias entre movimientos y organizaciones, en favor de defender las instituciones que han marcado el desarrollo de nuestro país y que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo.

No se trata de defender las instituciones como un fin en sí mismo, tenemos claro que las políticas públicas y las instituciones no pueden existir en función de sus funcionarios y funcionarias, sino en función de todas las personas. Son instrumentos para lograr el bien común, el desarrollo sostenible. Sabemos que la burocracia pública y privada genera problemas; hemos cometido errores, pero continuamos trabajando todos los días para resolverlos.

No vamos a defender ningún privilegio, pero sí salarios dignos en el sector público y en el sector privado. Vamos a apoyar la cooperación entre la institucionalidad pública y el sector productivo nacional, porque quienes nos antecedieron y pensaron en grande, pensaron en un Estado fuerte, con una institucionalidad que conectara con el empresariado nacional.

La pregunta no es cómo recortamos cargas sociales, la pregunta es qué condiciones se requieren para que todas las personas gocen de estos derechos, elevando la productividad del país y la dignidad de la gente. Eso sí, en un equilibrio ambientalmente sostenible. Esta es una consigna infranqueable.

Permítanme volver al tema de las universidades y su relación con los movimientos sociales y el desarrollo nacional. En Latinoamérica, al menos, las federaciones de estudiantes han sido un actor fundamental de este vínculo, que ha fungido como una conciencia para las instituciones de educación superior. No en vano la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hoy tiene un papel protagónico en este acto.

Tal y como lo señaló el expresidente chileno Salvador Allende, en un discurso en la Universidad de Guadalajara: “es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la Universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio… Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.

Esa juventud que hoy abunda en nuestras universidades marcó la era post-COVID con una democrática, pacífica y alegre manifestación el pasado 16 de agosto. Fue impresionante cómo decenas y cientos de jóvenes salieron del Pretil y de las otras universidades, el primer día de clases después de un fin de semana largo, a decirle al Gobierno de la República que tenían derecho a un futuro, un futuro que les quería robar. Esto es lo que nos convoca hoy a todos y todas, no es solamente el futuro de una Universidad, es también el presente y el futuro de un país.

Si esos miles de jóvenes salieron a marchar fue porque el personal de la Caja los recibió al nacer en un hospital público, es porque el ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias, es porque han estudiado gracias a la educación pública, es porque en algunos casos el poder judicial les resolvió una pensión alimenticia, es porque en muchos casos un banco del Estado les financió la vivienda; y así podría seguir con otras instituciones públicas.

Lo que quiero decir es que, en esa marcha del 16 de agosto, no solo vimos a miles de jóvenes, vimos a un entramado institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país cuando se gradúan.

Justo por esta razón es que participar y acompañar las luchas por defender y fortalecer el Estado Social de Derecho no puede ser ajeno a ningún universitario o universitaria. Por esta razón impulsaremos la propuesta que dentro de unos momentos les vamos a presentar.

Me permito reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y acudir al llamado de esta convocatoria. Les recalco la importancia de que hagamos a un lado nuestras diferencias en favor de esta causa patriótica. Ya me referí a lo que dijo un expresidente extranjero, ahora permítanme cerrar con lo que dijera el expresidente Rodrigo Carazo: “Mientras haya Universidad de Costa Rica, y agrego, Universidad Pública, habrá Costa Rica”. Muchas gracias.