Para nuestra organización es importante saber cual será el plan a ejecutar a fin de no suspender el servicio que es vital para muchas familias. En especial porque existe un tanque de agua, pero por falta de mantenimiento dejó de funcionar.
Categoría: Acción Política
El financiamiento de los derechos sociales no puede resolverse desprotegiendo a otras poblaciones vulnerables
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su seria preocupación ante la moción número 18 presentada por la fracción oficialista en el trámite del Presupuesto Nacional de 2027, que propone trasladar cerca de ₡250.000 millones asignados a programas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los CEN-CINAI, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atender insuficiencias presupuestarias de otros programas sociales.
Según la información publicada por CR Hoy el 12 y 13 de octubre, el traslado propuesto comprende ₡159.369 millones de la atención en salud de personas en situación de calle; ₡56.474 millones de CEN-CINAI; ₡33.314 millones de subsidios habitacionales del BANHVI; y ₡911 millones de prestaciones alimentarias del IMAS. Los recursos se dirigirían, entre otros destinos, a pensiones del régimen no contributivo, becas, comedores escolares y atención a personas con discapacidad.
ANEP reconoce que los programas receptores de esos fondos atienden necesidades sociales impostergables. Precisamente por eso, resulta indispensable rechazar una lógica presupuestaria que coloca a unas poblaciones vulnerables frente a otras, como si garantizar las pensiones de las personas adultas mayores exigiera debilitar la nutrición infantil, la vivienda social o la cobertura sanitaria de quienes viven en la calle.
La protección de la niñez, la seguridad social, la alimentación, la vivienda digna y la atención de las personas en pobreza no constituyen concesiones discrecionales. Son compromisos públicos que encuentran fundamento en el Estado social de derecho, en los artículos 50, 51, 73 y 74 de la Constitución Política y en las obligaciones de realización progresiva de los derechos económicos y sociales, conforme a los recursos disponibles y con especial atención a los grupos en mayor vulnerabilidad.
Una reasignación presupuestaria de esta magnitud requiere demostrar, con información técnica pública y verificable, que los programas de origen conservarán recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, que no se interrumpirán servicios esenciales y que se evaluaron alternativas menos lesivas. La sola identificación de necesidades en los programas receptores no demuestra que existan excedentes reales en las partidas que se pretende reducir.
Especial preocupación merece el eventual traslado de casi la totalidad de los recursos previstos para asegurar la atención en salud de personas en situación de calle, así como el impacto que podrían sufrir los servicios de nutrición y cuido infantil, los subsidios de vivienda y la asistencia alimentaria. Corresponde a las autoridades explicar los efectos concretos, las coberturas esperadas y los mecanismos para evitar exclusiones.
Por lo anterior, ANEP solicita a la Comisión de Asuntos Hacendarios y al Plenario Legislativo que no aprueben la moción sin un estudio integral y transparente de sus efectos sociales; exige al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda presentar una propuesta de financiamiento suficiente para todos los programas involucrados; y pide que se publiquen las estimaciones de personas beneficiarias, servicios comprometidos y alternativas presupuestarias examinadas.
Asimismo, instamos a las autoridades de la CCSS, CEN-CINAI, IMAS y BANHVI a rendir informes técnicos independientes sobre las consecuencias operativas de los montos planteados y a las instancias de control a vigilar la legalidad y razonabilidad de las decisiones presupuestarias.
La discusión de las finanzas públicas debe realizarse con responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, con responsabilidad social. ANEP reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos, las personas trabajadoras que los sostienen y las comunidades que dependen de ellos. El país necesita un presupuesto que atienda integralmente sus obligaciones sociales, sin enfrentar el derecho de unas personas contra el de otras.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Fuente informativa: CR Hoy, Gustavo Martínez, 12 y 13 de octubre de 2026. La propuesta se encontraba pendiente de discusión y votación según las publicaciones consultadas.
Junta Directiva Nacional de la ANEP respalda a Rocío Alfaro y exige su juramentación como representante sindical ante la CCSS
• ANEP solicita la salida inmediata de Róger Rivera de la Junta Directiva de la Caja, tras declararse ilegal la actuación del Gobierno que desplazó la representación legítimamente escogida por el movimiento sindical.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reunida en su sesión ordinaria N.° 2333 de este viernes 28 de agosto, acordó de manera unánime mantener su pleno respaldo y apoyo a Rocío Alfaro Molina como legítima representante del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Alfaro Molina fue electa el pasado 9 de junio de 2026, mediante una asamblea en la que participaron 19 organizaciones sindicales debidamente inscritas y habilitadas para formar parte del proceso de elección de la representación de las personas trabajadoras ante el máximo órgano de dirección de la Seguridad Social costarricense.
Para la Junta Directiva Nacional de la ANEP, esta elección expresa la voluntad legítima y democrática del movimiento sindical costarricense, por lo que corresponde respetarla y proceder, sin más dilaciones, con la juramentación e incorporación de Rocío Alfaro a la Junta Directiva de la CCSS.
Asimismo, la Junta Directiva Nacional de la ANEP acordó rechazar de manera categórica el nombramiento de Róger Rivera Monge como representante del sector sindical, designación realizada por el Gobierno de la República en sustitución de la persona escogida por las organizaciones sindicales.
La ANEP recuerda que la Sala Constitucional declaró contraria al ordenamiento jurídico la actuación mediante la cual el Poder Ejecutivo rechazó la designación realizada por el movimiento sindical, reafirmando que el Gobierno no puede sustituir, desconocer ni interferir en la decisión adoptada legítimamente por este sector.
En consecuencia, la Junta Directiva Nacional de la ANEP acordó solicitar la salida inmediata de Róger Rivera Monge de la Junta Directiva de la CCSS, al considerar que su permanencia resulta incompatible con el respeto a la representación sindical legítimamente escogida y con los alcances de lo resuelto por la Sala Constitucional.
Para la ANEP, mantener esta situación prolongaría una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en un espacio de representación que corresponde exclusivamente al movimiento sindical.
La organización considera que este caso trasciende el nombramiento de una persona. Está en juego el respeto a la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, la representación democrática de las personas trabajadoras y el equilibrio tripartito sobre el cual históricamente se ha sustentado la conducción de una de las instituciones sociales más importantes del país.
La Junta Directiva Nacional de la ANEP hace un llamado a toda la clase trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para unir esfuerzos, conjuntar voluntades y crear una gigantesca fuerza social para la preservación de la Institución a fin de garantizar por siempre la salud del pueblo trabajador costarricense.
Gobierno recula: Democracia de la calle sí impacta
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio de Hacienda de liberar los ₡3.053 millones del presupuesto 2026 del Poder Judicial que inicialmente pretendía retener. Este cambio de postura ocurre luego de las acciones emprendidas en defensa de estos recursos y en un contexto de creciente movilización social y ciudadana frente a decisiones que amenazan la división de poderes.
Para ANEP, lo ocurrido reafirma la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto. Cuando distintos sectores sociales levantan su voz de manera democrática y responsable, el país demuestra que no está dispuesto a permanecer indiferente ante medidas que puedan debilitar la justicia, la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. La movilización social sí tiene sentido y la defensa democrática debe continuar.
Esta coyuntura también deja una enseñanza fundamental: la unidad en la diversidad es nuestra principal fortaleza. Costa Rica necesita que organizaciones sindicales, sectores sociales, personas trabajadoras y ciudadanía sean capaces de anteponer la defensa del país a intereses gremiales particulares. Podemos tener diferencias, pero cuando están en juego la democracia, el Estado Social de Derecho y nuestras instituciones, debemos encontrar los puntos que nos unen.
ANEP se alegra de que finalmente estos recursos, que ya estaban aprobados dentro del presupuesto del Poder Judicial y que no representan dinero adicional, sean liberados. Al mismo tiempo, instamos al Gobierno de la República a abandonar posiciones extremas y cualquier visión ideológica que convierta el diálogo social, la protesta democrática o la organización sindical en enemigos. Quienes defienden las instituciones democráticas no son adversarios del país: son parte esencial de una democracia viva.
Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso de continuar participando, denunciando y movilizándonos cuando sea necesario para defender la institucionalidad costarricense. Costa Rica está primero. Por encima de diferencias sectoriales, gremiales o políticas debe prevalecer la defensa de la justicia, la democracia, los servicios públicos y el bienestar colectivo. Este episodio demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, las instituciones actúan y los distintos sectores encuentran puntos de encuentro, Costa Rica puede hacerse escuchar.
Pacto Patriótico Costarricense impulsa agenda nacional para fortalecer la democracia, la justicia social y el bienestar de la población
• Alianza entre RENASES y diputaciones del PLN, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana establece una hoja de ruta con propuestas en materia de salud, educación, seguridad, ambiente, producción nacional y derechos humanos.
La firma del Pacto Patriótico Costarricense, realizada en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, marca el inicio de una nueva etapa de articulación entre sectores sociales organizados y fuerzas democráticas representadas en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de construir soluciones conjuntas a los principales desafíos económicos, sociales, ambientales y políticos que enfrenta Costa Rica.
El acuerdo fue suscrito por las jefaturas de fracción del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana, junto con la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), espacio que integra organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas y movimientos sociales.
Entre los principales acuerdos contenidos en el Pacto destaca la defensa irrestricta del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la plena vigencia de los derechos fundamentales.
En materia de seguridad ciudadana, las organizaciones y diputaciones acordaron respaldar el combate frontal contra el crimen organizado, fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y demás cuerpos policiales, así como impulsar una profunda transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con mayores controles democráticos y rendición de cuentas.
Uno de los ejes centrales del pacto es la defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el impulso de un plan de pago de la deuda estatal, la reducción de listas de espera, la atención de la crisis por escasez de especialistas y el respeto pleno a la autonomía institucional. Asimismo, se plantea un abordaje integral de la salud mental tanto en el sistema de salud como en el educativo.
En el pacto, también destaca, la defensa de instituciones fundamentales como el ICE, el INS, el CNP, el Banco de Costa Rica y las universidades públicas
Las partes firmantes también acordaron avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, fortaleciendo desde la primera infancia hasta las universidades públicas, además de garantizar la estabilidad laboral del personal docente, técnico-docente y administrativo.
El Pacto incorpora además importantes compromisos en materia ambiental, entre ellos el fortalecimiento de los guardaparques, la protección de los recursos naturales, la defensa del agua como derecho humano, el respaldo a las ASADAS, el mantenimiento de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la promoción de políticas sostenibles para la gestión integral de residuos bajo principios de economía circular.
En el ámbito social y de derechos humanos, las organizaciones acordaron impulsar la implementación del Convenio 190 de la OIT, avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, fortalecer la protección de las mujeres, la niñez, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, así como garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la comunidad LGBTIQ+.
Asimismo, el pacto establece una firme defensa de la producción nacional y de la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento del sector agropecuario, mejores condiciones de financiamiento, controles fitosanitarios efectivos y la oposición a iniciativas comerciales que puedan afectar la soberanía alimentaria del país.
“Este Pacto Patriótico representa la voluntad de diversos sectores de la sociedad costarricense de construir acuerdos, defender la democracia y trabajar conjuntamente por un país más justo, inclusivo y solidario”, señalaron las organizaciones integrantes de RENASES.
Finalmente, las partes acordaron conformar equipos técnicos y políticos permanentes que permitan canalizar propuestas legislativas provenientes de los sectores sociales y fortalecer el control político desde la Asamblea Legislativa, consolidando así un espacio de diálogo social permanente en favor de Costa Rica.
Retrasos en construcción o mejoras a hospitales se frenan por procesos judiciales de expropiación
ANEP se reunió con representantes de las Gerencias Médica y de Infraestructura para plantear diversas consultas relacionadas con la mejora y construcción de centros hospitalarios. Durante el encuentro, la institución indicó que ya se están desarrollando los procesos correspondientes; sin embargo, explicó que las expropiaciones han ralentizado el avance de algunos proyectos.
Carta Pública a la ciudadanía y hermanas organizaciones sociales
Corte Internacional de Justicia confirma que el derecho de huelga está contenido en el Convenio 87 de la OIT
Victoria para la clase trabajadores: la Corte Internacional de Justicia confirma el derecho de huelga de la OIT
En una victoria para los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos y los servicios públicos, la Corte Internacional de Justicia ha confirmado la interpretación establecida desde hace tiempo de que el derecho de huelga forma parte del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
La Opinión Consultiva de la CIJ supone un espaldarazo para el Sistema de Control de la OIT, que hace que los Estados rindan cuentas sobre las normas laborales mundiales. La sentencia confirma la autoridad de la Comisión de Expertos de la OIT para interpretar el ámbito de aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT, y debe permitir a la OIT retomar sus funciones habituales tras más de una década de estancamiento.
El miembro de la ISP Asad Ur Rehman Aasi, de la Federación de Empleados del Sector Público de Pakistán, declaró
«Los trabajadores van a la huelga cuando se ignora el diálogo, cuando se incumplen las promesas y cuando se imponen decisiones sin consultar. El reconocimiento internacional del derecho de huelga es muy importante para lxs trabajadores de Pakistán y de todo el mundo. Recuerda a los gobiernos y a los empleadores que la huelga pacífica no es un delito».
En todo el mundo, la ISP ha apoyado a los sindicatos en el uso del derecho de huelga: cuando los lxs trabajadorxs de la electricidad toman las calles para resistirse a la privatización, cuando las enfermeras mantienen la línea de piquete para exigir una dotación de personal segura, cuando nuestros miembros hacen frente a los ataques contra los servicios vitales de los que dependen nuestras comunidades.
El Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, declaró: «Nuestra libertad de parar nuestro trabajo, si y cuando es necesario, siempre ha formado parte de nuestra libertad de organización. Hoy, la más alta corte del mundo ha afirmado nuestro derecho a la huelga».
La decisión llega en un momento en que las huelgas pacíficas y las protestas en general están siendo criminalizadas en todo el mundo y se están produciendo cada vez más ataques contra el derecho de huelga de los lxs trabajadores de los servicios públicos. La decisión proporciona apoyo internacional a los sindicatos de todo el mundo para que luchen cuando se atacan los derechos de huelga a escala nacional.
«La ISP apoyará a nuestros miembros para que utilicen la protección de la OIT cuando se ataque nuestra libertad sindical y nuestro derecho de huelga. La sentencia de hoy demuestra que lxs trabajadorxs se levantarán y serán escuchadxs, y que tenemos el derecho internacional de nuestro lado.»
Bertossa agradeció a la Corte por su Opinión Consultiva y dijo que proporciona una base autorizada para la resolución del impasse en la OIT. Refuerza el sistema de control de la OIT al proporcionar certidumbre y confianza. Afirmó que se trata de una decisión importante en un momento difícil para el multilateralismo, que fortalecerá a la OIT tripartita.
Por muy positiva que sea esta decisión, la capacidad de hacer realidad el derecho de huelga —en la OIT y a escala nacional— exigirá que profundicemos en nuestra organización y construyamos nuestro poder. Los tribunales pueden aclarar las normas, pero no consiguen el cambio por sí solos. La conquista y protección de los derechos sigue dependiendo de la sindicalización colectiva, de unos sindicatos fuertes y de un poder sostenido de los lxs trabajadores.
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¿Y ahora qué?
La evaluación de la decisión y sus implicaciones puede llevar algún tiempo. Se ha pedido a la OIT que establezca directrices para aclarar su aplicación. La próxima Conferencia Internacional del Trabajo no abordará estas cuestiones y, en su lugar, el Consejo de Administración de la OIT de noviembre de 2026 será probablemente la primera oportunidad para que los mandantes de la OIT den los siguientes pasos a escala internacional.
Dado que los lxs trabajadorxs de los servicios públicos tienen algunas de las limitaciones legales más restrictivas y singulares del derecho de huelga, la ISP ha creado un grupo de trabajo jurídico para estudiar cómo se aplicará e interpretará la decisión en los servicios públicos. Este grupo se reunirá en breve, con el fin de informar nuestro asesoramiento a los sindicatos y nuestra aportación a los procesos de la OIT.
La ISP elaborará en las próximas semanas un informe para nuestras afiliadas, analizando la decisión y sus implicaciones, y organizará un seminario web para las afiliadas sobre la sentencia.
Antecedentes
El derecho de huelga se defiende a través de otros mecanismos. En toda la UE, tanto la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (CCFSRW) como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CFREU) reconocen el derecho de huelga. Asimismo, instrumentos legislativos como el «Reglamento Monti» y la «Directiva de servicios» de la UE contemplan el derecho de huelga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha reconocido el derecho de huelga en los asuntos Viking y Laval.
La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) identifica la huelga como un medio legítimo para defender y promover los intereses de lxs trabajadores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyó la huelga en el ámbito de los derechos sindicales, una opinión consultiva de 2021, que reconoce explícitamente el derecho de huelga como un derecho humano fundamental y una parte inseparable de la libertad de asociación en virtud de las normas laborales internacionales.
Casi 100 países, entre estos Costa Rica, reconocen el derecho de huelga en su legislación superior, como las Constituciones nacionales, las leyes de derechos y las Cartas, donde los sindicatos lo ejercen a diario.
