Pacto Patriótico Costarricense impulsa agenda nacional para fortalecer la democracia, la justicia social y el bienestar de la población

• Alianza entre RENASES y diputaciones del PLN, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana establece una hoja de ruta con propuestas en materia de salud, educación, seguridad, ambiente, producción nacional y derechos humanos.

La firma del Pacto Patriótico Costarricense, realizada en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, marca el inicio de una nueva etapa de articulación entre sectores sociales organizados y fuerzas democráticas representadas en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de construir soluciones conjuntas a los principales desafíos económicos, sociales, ambientales y políticos que enfrenta Costa Rica.

El acuerdo fue suscrito por las jefaturas de fracción del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana, junto con la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), espacio que integra organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas y movimientos sociales.

Entre los principales acuerdos contenidos en el Pacto destaca la defensa irrestricta del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la plena vigencia de los derechos fundamentales.

En materia de seguridad ciudadana, las organizaciones y diputaciones acordaron respaldar el combate frontal contra el crimen organizado, fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y demás cuerpos policiales, así como impulsar una profunda transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con mayores controles democráticos y rendición de cuentas.

Uno de los ejes centrales del pacto es la defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el impulso de un plan de pago de la deuda estatal, la reducción de listas de espera, la atención de la crisis por escasez de especialistas y el respeto pleno a la autonomía institucional. Asimismo, se plantea un abordaje integral de la salud mental tanto en el sistema de salud como en el educativo.

En el pacto, también destaca, la defensa de instituciones fundamentales como el ICE, el INS, el CNP, el Banco de Costa Rica y las universidades públicas

Las partes firmantes también acordaron avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, fortaleciendo desde la primera infancia hasta las universidades públicas, además de garantizar la estabilidad laboral del personal docente, técnico-docente y administrativo.

El Pacto incorpora además importantes compromisos en materia ambiental, entre ellos el fortalecimiento de los guardaparques, la protección de los recursos naturales, la defensa del agua como derecho humano, el respaldo a las ASADAS, el mantenimiento de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la promoción de políticas sostenibles para la gestión integral de residuos bajo principios de economía circular.

En el ámbito social y de derechos humanos, las organizaciones acordaron impulsar la implementación del Convenio 190 de la OIT, avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, fortalecer la protección de las mujeres, la niñez, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, así como garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la comunidad LGBTIQ+.

Asimismo, el pacto establece una firme defensa de la producción nacional y de la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento del sector agropecuario, mejores condiciones de financiamiento, controles fitosanitarios efectivos y la oposición a iniciativas comerciales que puedan afectar la soberanía alimentaria del país.

“Este Pacto Patriótico representa la voluntad de diversos sectores de la sociedad costarricense de construir acuerdos, defender la democracia y trabajar conjuntamente por un país más justo, inclusivo y solidario”, señalaron las organizaciones integrantes de RENASES.

Finalmente, las partes acordaron conformar equipos técnicos y políticos permanentes que permitan canalizar propuestas legislativas provenientes de los sectores sociales y fortalecer el control político desde la Asamblea Legislativa, consolidando así un espacio de diálogo social permanente en favor de Costa Rica.

Retrasos en construcción o mejoras a hospitales se frenan por procesos judiciales de expropiación

ANEP se reunió con representantes de las Gerencias Médica y de Infraestructura para plantear diversas consultas relacionadas con la mejora y construcción de centros hospitalarios. Durante el encuentro, la institución indicó que ya se están desarrollando los procesos correspondientes; sin embargo, explicó que las expropiaciones han ralentizado el avance de algunos proyectos.




Victoria para la clase trabajadores: la Corte Internacional de Justicia confirma el derecho de huelga de la OIT

En una victoria para los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos y los servicios públicos, la Corte Internacional de Justicia ha confirmado la interpretación establecida desde hace tiempo de que el derecho de huelga forma parte del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

La Opinión Consultiva de la CIJ supone un espaldarazo para el Sistema de Control de la OIT, que hace que los Estados rindan cuentas sobre las normas laborales mundiales. La sentencia confirma la autoridad de la Comisión de Expertos de la OIT para interpretar el ámbito de aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT, y debe permitir a la OIT retomar sus funciones habituales tras más de una década de estancamiento.

El miembro de la ISP Asad Ur Rehman Aasi, de la Federación de Empleados del Sector Público de Pakistán, declaró

«Los trabajadores van a la huelga cuando se ignora el diálogo, cuando se incumplen las promesas y cuando se imponen decisiones sin consultar. El reconocimiento internacional del derecho de huelga es muy importante para lxs trabajadores de Pakistán y de todo el mundo. Recuerda a los gobiernos y a los empleadores que la huelga pacífica no es un delito».

En todo el mundo, la ISP ha apoyado a los sindicatos en el uso del derecho de huelga: cuando los lxs trabajadorxs de la electricidad toman las calles para resistirse a la privatización, cuando las enfermeras mantienen la línea de piquete para exigir una dotación de personal segura, cuando nuestros miembros hacen frente a los ataques contra los servicios vitales de los que dependen nuestras comunidades.

El Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, declaró: «Nuestra libertad de parar nuestro trabajo, si y cuando es necesario, siempre ha formado parte de nuestra libertad de organización. Hoy, la más alta corte del mundo ha afirmado nuestro derecho a la huelga».

La decisión llega en un momento en que las huelgas pacíficas y las protestas en general están siendo criminalizadas en todo el mundo y se están produciendo cada vez más ataques contra el derecho de huelga de los lxs trabajadores de los servicios públicos. La decisión proporciona apoyo internacional a los sindicatos de todo el mundo para que luchen cuando se atacan los derechos de huelga a escala nacional.

«La ISP apoyará a nuestros miembros para que utilicen la protección de la OIT cuando se ataque nuestra libertad sindical y nuestro derecho de huelga. La sentencia de hoy demuestra que lxs trabajadorxs se levantarán y serán escuchadxs, y que tenemos el derecho internacional de nuestro lado.»

Bertossa agradeció a la Corte por su Opinión Consultiva y dijo que proporciona una base autorizada para la resolución del impasse en la OIT. Refuerza el sistema de control de la OIT al proporcionar certidumbre y confianza. Afirmó que se trata de una decisión importante en un momento difícil para el multilateralismo, que fortalecerá a la OIT tripartita.

Por muy positiva que sea esta decisión, la capacidad de hacer realidad el derecho de huelga —en la OIT y a escala nacional— exigirá que profundicemos en nuestra organización y construyamos nuestro poder. Los tribunales pueden aclarar las normas, pero no consiguen el cambio por sí solos. La conquista y protección de los derechos sigue dependiendo de la sindicalización colectiva, de unos sindicatos fuertes y de un poder sostenido de los lxs trabajadores.

¿Y ahora qué?

La evaluación de la decisión y sus implicaciones puede llevar algún tiempo. Se ha pedido a la OIT que establezca directrices para aclarar su aplicación. La próxima Conferencia Internacional del Trabajo no abordará estas cuestiones y, en su lugar, el Consejo de Administración de la OIT de noviembre de 2026 será probablemente la primera oportunidad para que los mandantes de la OIT den los siguientes pasos a escala internacional.

Dado que los lxs trabajadorxs de los servicios públicos tienen algunas de las limitaciones legales más restrictivas y singulares del derecho de huelga, la ISP ha creado un grupo de trabajo jurídico para estudiar cómo se aplicará e interpretará la decisión en los servicios públicos. Este grupo se reunirá en breve, con el fin de informar nuestro asesoramiento a los sindicatos y nuestra aportación a los procesos de la OIT.

La ISP elaborará en las próximas semanas un informe para nuestras afiliadas, analizando la decisión y sus implicaciones, y organizará un seminario web para las afiliadas sobre la sentencia.

Antecedentes

El derecho de huelga se defiende a través de otros mecanismos. En toda la UE, tanto la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (CCFSRW) como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CFREU) reconocen el derecho de huelga. Asimismo, instrumentos legislativos como el «Reglamento Monti» y la «Directiva de servicios» de la UE contemplan el derecho de huelga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha reconocido el derecho de huelga en los asuntos Viking y Laval.

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) identifica la huelga como un medio legítimo para defender y promover los intereses de lxs trabajadores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyó la huelga en el ámbito de los derechos sindicales, una opinión consultiva de 2021, que reconoce explícitamente el derecho de huelga como un derecho humano fundamental y una parte inseparable de la libertad de asociación en virtud de las normas laborales internacionales.

Casi 100 países, entre estos Costa Rica, reconocen el derecho de huelga en su legislación superior, como las Constituciones nacionales, las leyes de derechos y las Cartas, donde los sindicatos lo ejercen a diario.

Pronunciamiento Oficial de la ANEP con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora

En Costa Rica, en el estado de gran desigualdad en que nos tienen los y las gobernantes de uno y de otro color, la clase trabajadora tiene una gran agenda de lucha por la verdadera justicia social y la real democracia.

Dentro de esa gran agenda socio-obrera y cívico-patriótica destacan este Primero de Mayo de 2026 los siguientes puntos:

1- SALARIOS: Alto al socialmente criminal congelamiento salarial en el Sector Público. En este ámbito urge un régimen salarial específico y único para los cuerpos policiales. Exigimos, por otra parte, la implementación de un nuevo salario mínimo para el Sector Privado para lo cual ya existe un estudio técnico.

2-DEFENSA DE LA HISTÓRICA JORNADA DE 8 HORAS: Rechazamos la inmoral pretensión patronal de eliminar el Derecho huano fundamental y constitucional de la jornada de 8 horas, con el objetivo de traerse abajo el pago de las horas extra, del tiempo extraordinario, esto impulsado por sectores empresariales y politicos sin escrúpulos.

3- CCSS: Exigimos que el Gobierno le pague a la Caja su perversa deuda que ya va hacia los 5 billones de ₡ (5.000.000.000.000). Rechazo rotundo a cualquier forma de privatización-tercerización y, por ende, impulso a una nueva época de fortalecimiento.

4-PENSIONES IVM Y ROP. La crisis de pensiones IVM no debe resolverse sobre las espaldas de la clase trabajadora. El monto de las pensiones debe reajustarse con nuevos parámetros y metodologías. Y para las personas trabajadoras ya pensionadas exigimos la entrega total del ROP

5- DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO expresado en el grupo de empresas públicas altamente rentables: ICE, INS, A y A, RECOPE, FANAL, Correos, bancos públicos. Alto ya a la insaciable voracidad codiciosa de los grupos poderosamente económico-financieros que compran partidos, que compran medios y que compran políticos.

6- CONTRA LA CRECIENTE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN ECONÓMICA: exigimos una robusta politica social que implica el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, los CEN-CINAI, el IMAS, el PANI, el IAFA, la Cultura, Comedores Escolares; y, en general la Educación Pública a todo nivel.

7- REAL JUSTICIA TRIBUTARIA YA. La clase trabajadora asalariada y no asalariada es la real pagadora de impuestos. La clase rica los evade, los elude y deposita sus capitales en el exterior. Demandamos pasar de la regresividad tributaria a la progresividad tributaria.

8- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL SE RESPETA. Exigimos el pleno respeto al ordenamiento jurídico costarricense con su vinculación estratégica con el ordenamiento jurídico internacional: respeto pleno al fallo constitucional 25-008201 y a la Opinión Consultiva OC 27/21 sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

9- ES URGENTE RECUPERAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NACIONAL: Costa Rica necesita una agresiva política de Soberanía y Seguridad Alimentaria ante las circunstancias del desarrollo de un mundo altamente bélico-conflictivo de gran adversidad para un pequeño país como el nuestro.

10- NOS PRONUNCIAMOS POR LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DEL PAÍS. Rechazamos el ataque del macro-egoísmo corporativo-empresarial al patrimonio verde del país, específicamente en parques nacionales y áreas de conservación. El fortalecimiento del servicio de guardaparques y la reivindicación plena de su personal, exigen atención política urgente.

ANEP recibe a nuevos diputados del PLN para conversar sobre electricidad y telecomunicaciones

Con la intención de abordar temas de electricidad y Telecomunicaciones se sostuvo una reunión con el jefe de fracción y dos diputados electos del Partido Liberación Nacional.

A solicitud de ANEP, Ministerio de Trabajo convoca a nueva audiencia para solucionar huelga

A fin de buscar la solución a la huelga en la Municipalidad de San Rafael de Heredia, el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia conciliatoria el próximo martes 24 de marzo de 2026.

ANEP exige separación del gerente del INVU ante graves cuestionamientos

La ANEP solicitó a la Presidente Ejecutiva del INVU la separación inmediata del gerente Marco Hidalgo, señalando que su permanencia pone en riesgo la transparencia y la credibilidad institucional.