Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante el más reciente escándalo provocado por la irresponsable gestión de la actual administración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encabezada por su presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada y Alejandra Mora Segura.
Según reveló la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) —y fue publicado este lunes por La Nación—, el AyA cometió errores graves en la interpretación de las tarifas, lo cual generó cobros desproporcionados en los recibos de agua de más de 38.900 familias, sin justificación técnica ni respaldo legal.
Esta situación no es producto del azar ni de una confusión normativa, sino del resultado de una cadena de decisiones erradas, improvisadas y técnicamente deficientes, que reflejan una preocupante falta de competencia en la conducción institucional.
¿Qué está ocurriendo según indica la ARESEP?
El AyA aplicó tarifas de “gran consumidor” a clientes residenciales, distorsionando por completo el monto de los recibos. No se trató de un aumento tarifario aprobado por Aresep, sino de un uso incorrecto del modelo tarifario vigente. La Aresep ha sido clara: no hay vacíos legales y el error fue completamente atribuible a una interpretación equivocada por parte del AyA.
¿Quién responde por este daño?
Miles de personas fueron afectadas económica y emocionalmente. Sin embargo, la Presidencia Ejecutiva se escuda públicamente y pretende desviar la responsabilidad hacia la Aresep, cuando ha sido esta última quien tuvo que aclarar el error. Image
Evidentemente, por ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, como es la ANEP, creemos firmemente en el debido proceso y en principios fundamentales como la presunción de inocencia. Por ello, no nos aventuramos a aseverar como ciertas las acusaciones por narcotráfico internacional que pesan sobre Celso Gamboa Sánchez.
No obstante, para las y los oficiales destacados en Cuerpos Policiales, ligados al ámbito de investigación del crimen organizado, la noticia no es ninguna sorpresa. Por cuanto, los cuestionamientos por estas supuestas relaciones con redes de crimen organizado datan de varios años atrás.
Aprovechando que la noticia captura las miradas del país, es necesario hacer hincapié en una serie de aspectos que, pensando en la seguridad ciudadana y el bien común, nos preocupan y venimos advirtiendo desde hace tiempo.
Debemos estar claros que la persona señalada de un delito tan grave como el tráfico internacional de drogas ocupó cargos del más alto perfil: director de la DIS, Fiscal Adjunto, Viceministro y Ministro de Seguridad Pública y Magistrado de Sala III (penal). Tuvo a su haber la más sensible información de la operatividad policial y la soberanía nacional. Figurarse que alguien con ese recorrido y vínculos políticos carezca de influencia o de redes operativas dentro del Estado sería, cuando menos, ingenuo.
Por eso, es angustiante conocer la existencia de supuestos audios en los que el implicado asegura que estaba garantizado el paso de la droga por las fronteras de nuestro país.
Hoy se avivan más que nunca los cuestionamientos que desde la Seccional ANEP-PCD, hemos venido haciendo desde setiembre del 2023, cuando se alertó a toda la población sobre la decisión sin asidero técnico-científico de los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, de retirar al personal de la PCD de muelles, aeropuertos y fronteras.
Jerarcas que aglutinan en su autoridad la operatividad policial del cielo (Vigilancia Aérea), Mar, (Guardacostas), Fronteras como aeropuertos y muelles, e investigación contra la narco-actividad (PCD); no deben tomar a la ligera los cuestionamientos de parte del personal policial que ejecuta en el campo las investigaciones, con años de experiencia. A menos que esté respondiendo a intereses distintos a los de la ciudadanía honesta.
“Será una facilitación para que las narco-estructuras ingresen y exporten la droga hacia y desde nuestro territorio”. Lo advertimos. Las investigaciones poco a poco nos dan la razón, lamentablemente. En concordancia, personas expertas en la materia insisten en que Costa Rica necesita ejercer un verdadero control territorial, especialmente en los puntos fronterizos.
Desde ANEP queremos recordar algunos de los cuestionamientos hechos a la Administración Chaves Robles, disponibles en este enlace:
Desde la Seccional ANEP-PCD, como policías que arriesgamos la vida a diario por el país, eximimos al Gobierno de la República, que demuestre con hechos que no está del lado de la delincuencia organizada.
Para empezar: que haga públicos los estudios técnicos y científicos que utilizó para retirar a la única policía investigativa contra el tráfico de sustancias psicotrópicas del Poder Ejecutivo de los puntos por donde entra y sale la droga; muelles, aeropuertos y fronteras.
De seguido, recordar que el Ministerio de Seguridad ha incumplido las promesas hechas por el presidente cuando nos visitó, luego de la primera conferencia de prensa en 2023, específicamente en los siguientes puntos:
-Modificación del reglamento de roles, atendiendo los criterios vinculantes de salud ocupacional (6×6).
Dotación de recursos tecnológicos para optimizar las pesquisas de investigación.
Dotar vehículos para utilizar en las investigaciones.
Regreso del área informática destacada en PCD, para la atención y gestión, pronta y satisfactoria, de los conflictos con los sistemas informáticos.
Finalmente, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado tanto a la propia DEA como al Poder Judicial, para que dirijan sus investigaciones hacia las jerarquías del Ministerio de Seguridad Pública, pasadas y actuales, especialmente a aquellas que han tomado decisiones que han afectado negativamente la lucha contra el crimen organizado.
Como parte del accionar por la defensa y mejora del sector agrícola, sindicatos presentarán al sector patronal una serie de puntos que permitan generar acciones positivas para la clase trabajadora.
La objetividad que exige el caso de la avería en plataforma del ICE
En los últimos meses, algunos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han manifestado públicamente que la institución “está volando”, en alusión a un supuesto buen desempeño de sus operaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, las evidencias técnicas y los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como diversas publicaciones en medios de comunicación como AM Prensa, Diario Extra y La Teja, contradicen esa afirmación de forma contundente.
Según el más reciente informe técnico elaborado por SUTEL en conjunto con la firma especializada Opensignal, la empresa Claro obtuvo mejores calificaciones que sus competidores en 8 de las 10 categorías analizadas, incluyendo velocidad de descarga, experiencia en video y juegos, estabilidad de red y confiabilidad del servicio. Kölbi, marca de telecomunicaciones del ICE, apenas logró destacar en dos categorías, disponibilidad 4G y cobertura general. Este informe técnico, de carácter objetivo y basado en millones de mediciones de usuarios reales, representa una radiografía clara del estado actual de la competencia en telecomunicaciones.
Estos resultados no sólo evidencian un rezago evidente de Kölbi frente a Claro, sino que contradicen de forma directa el discurso optimista que ha sostenido parte de la alta jerarquía institucional del ICE. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad empírica debe preocupar, pues genera un desfase entre la percepción interna y las verdaderas condiciones del mercado, debilitando la toma de decisiones estratégicas y afectando la credibilidad institucional.
Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza pública, este desfase no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de falta de responsabilidad administrativa. El Estatuto del Personal del ICE y la Ley General de la Administración Pública establecen principios claros de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración que deben regir las actuaciones de la administración superior y del Consejo Directivo. El ocultamiento o maquillaje de datos objetivos, así como la omisión de acciones correctivas frente a deficiencias identificadas por los órganos reguladores, podría eventualmente constituir una omisión grave en el ejercicio del deber funcional.
Además, la negativa a reconocer y actuar sobre estas deficiencias tiene implicaciones directas en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Medios como La Teja recogen testimonios de usuarios molestos por los constantes problemas de conectividad, la lentitud del servicio y la falta de respuesta efectiva por parte de Kölbi. Cuando una empresa estatal, cuyo mandato es precisamente garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, deja de escuchar a sus usuarios y se aferra a una narrativa institucional autocomplaciente, se pone en riesgo no sólo su legitimidad, sino también su sostenibilidad en el mercado.
Cabe recordar que el ICE, a través de Kölbi, es el único operador público que compite en un mercado abierto y liberalizado. Su existencia no sólo tiene valor comercial, sino un peso estratégico para mantener el equilibrio entre los intereses privados y el bien público. Sin embargo, si esta empresa no responde con agilidad, calidad y responsabilidad institucional, su deterioro podría ser irreversible.
Ante esta situación, resulta urgente que la Administración Superior y el Consejo Directivo del ICE, establezcan mecanismos internos de rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan inmediato y transparente para la mejora del servicio, así como fortalecer el vínculo con sus usuarios mediante una política de atención eficiente y honesta.
En conclusión, el ICE no está “volando”. Está siendo superado por sus competidores en aspectos clave de calidad, velocidad y percepción del usuario. Insistir en un discurso que ignora los datos sólo profundiza la desconexión institucional y pone en entredicho el liderazgo de quienes hoy están llamados a conducir a la institución en un mercado cada vez más exigente. La verdadera fortaleza del ICE no está en frases grandilocuentes, sino en su capacidad para actuar con visión, técnica y transparencia.
Como parte del compromiso por brindar la mejor atención tanto a la afiliación, como a quienes aún no san parte de ANEP, la seccional inauguró el espacio que está ubicado dentro del Mercado Central. Además, se juramentaron a los delegados que acompañarán en el accionar político a la Junta Directiva.
Que se haga justicia contra los responsables de esta situación que agobia a muchas personas. Para ANEP, se debe sentar un precedente, ya que estos hechos se podrían repetir y afectar a más ahorrantes.
La representación de ANEP dentro del Gobierno Local abrió un espacio para toda la población laboral con el fin de explicar los alcances de la sentencia de la Sala Constitucional contra la Ley de las Finanzas Públicas que regresa las Convenciones Colectivas y pago de anualidades.
La iniciativa busca que el 10% que corresponde a los saloneros y saloneras se reparta para todo el personal del restaurante, por lo que la ANEP se opone a esta acción que afectaría a más de 100 mil familias.
Acción de inconstitucionalidad fue presentada por ANEP a finales del 2019.
Morosos recurrían al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaban acción y se aseguraban que no se pudiera dar a conocer información públicamente.
La Sala Constitucional le dio la razón a la ANEP tras la resolución de la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 19-011237-0007-CO en donde nuestra organización pidió que se declarara inconstitucional y se anulara el quinto párrafo del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que generaba obstáculos para poder conocer a los contribuyentes morosos.
El párrafo consignaba lo siguiente: “En el caso de los sujetos morosos, los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la Administración Tributaria de esto último, a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente”.
Esto permitía que las personas acudieran al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaba una acción y ya con eso quedaban blindadas en que no se pudiera dar a conocer su nombre públicamente.
Dentro de los argumentos presentados por el Licenciado David Estrada Zeledón, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, está que el quinto párrafo del artículo 18 bis «incluye una protección excesiva que sobrepasa los alcances del artículo 24 constitucional».
El recurso fue presentado a finales de 2019, con el objetivo de poder llamar con nombre y apellido a esas personas físicas o empresas que tanto daño le hacen al país en temas tributarios. En total, fueron 4 votos contra tres, los que definieron fallar en favor de ANEP.
ANEP, es la organización sindical que más ha luchado contra todos los males provocados por la evasión, fraude y elusión fiscal, pues todo este tipo de acciones repercuten en la recaudación e inversión estatal, en donde, durante el último tiempo, la política social del país es la mayor sacrificada para poder cumplir con los altísimos pagos de los intereses de la deuda pública.
A partir de este histórico fallo se podrá señalar y emplazar a esas grandes corporaciones, bufetes, grupos económicos y similares que implementan sus maniobras jurídicas para no tributar como tiene que ser.
Nuestra organización sindical, sigue firme en su tesis sobre un cambio radical del sistema tributario costarricense, pues es propicio para que muchas personas o empresas se aprovechen y no cumplan con sus obligaciones fiscales, tal cual, lo demanda la ley.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
