La intervención jurídica de ANEP permitió desvirtuar los argumentos de la empresa, quien afirmaba que el despido se debía a una reducción presupuestaria.
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Funcionarios del Hospital de Limón usan su propio dinero para arreglar las máquinas institucionales
La clase trabajadora del área de mantenimiento denunció diversas problemáticas, tales como que tienen que pagar de su propio dinero artículos para poder poner en funcionamiento algunas maquinas. También como no se han presentado metas o planes que permitan mejorar la operatividad. Además, se juramentó a la junta directiva.
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ANEP reprueba cierre total de la tesorería nacional y exige explicaciones a sus autoridades
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y reprobación ante la decisión comunicada por el Tesorero Nacional, Michael Contreras Solera, y la Subtesorera Nacional, Francini Córdoba Herrera, de disponer el cierre de las oficinas de la Tesorería Nacional durante toda la jornada del viernes 9 de octubre de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial MH-TN-COM-0012-2026, durante ese día no se brindará atención al público ni se tramitarán servicios bancarios relacionados con pagos, cobros, transferencias, autorizaciones u otras gestiones asociadas, trasladándose a las instituciones usuarias la responsabilidad de adoptar anticipadamente las previsiones necesarias para afrontar dicho cierre.
Para ANEP, resulta particularmente preocupante que una dependencia de la trascendencia constitucional, legal, financiera y operativa de la Tesorería Nacional, llamada a cumplir un papel esencial dentro de la Hacienda Pública y en la administración de los recursos líquidos del Estado, suspenda integralmente sus servicios durante un día hábil por la realización de una actividad interna denominada “jornada de fortalecimiento organizacional”.
El fortalecimiento institucional no puede realizarse a costa de paralizar el servicio público que precisamente se pretende fortalecer y crear una ilusión de un ambiente sano laboral, cuando miembros de este Sindicato, son hostigados laboralmente.
La Tesorería Nacional presta servicios que inciden directamente en el funcionamiento financiero de ministerios, poderes de la República, órganos desconcentrados, municipalidades, entidades públicas y demás instituciones comprendidas dentro del Sistema de Cuentas del Sector Público. El propio comunicado está dirigido a ese amplio conjunto de entidades estatales, lo que evidencia la dimensión, trascendencia e irresponsabilidad de la decisión adoptada.
ANEP considera que no es de recibo dejar suspendida toda la operativa y la atención a las personas e instituciones usuarias, particularmente tratándose de servicios relacionados con pagos, cobros, transferencias y autorizaciones financieras.
Una actividad de carácter organizacional puede y debe planificarse de manera que permita garantizar simultáneamente la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio público, mediante turnos, distribución de personal, modalidades escalonadas u otros mecanismos administrativos que eviten el cierre total de una dependencia estratégica para el funcionamiento financiero del Estado.
La decisión resulta todavía más preocupante en un contexto en el cual existen serias inquietudes relacionadas con procesos de pago y salarios, insuficiencia de personal y sobrecarga laboral dentro de la Tesorería Nacional.
ANEP reconoce especialmente el esfuerzo de los compañeros y compañeras trabajadoras de la Tesorería Nacional, quienes diariamente sostienen la operación institucional y, aun en condiciones de alta carga de trabajo y limitaciones de recurso humano, continúan dando todo de sí para garantizar la prestación de los servicios bajo responsabilidad de esa Dirección.
Por ello, llama poderosamente la atención que, mientras el personal debe enfrentar esas cargas y responsabilidades, las máximas autoridades de la Tesorería Nacional hayan optado por disponer el cierre completo de sus oficinas durante una jornada laboral y al final son las mismas personas funcionarias, que afrontan las consecuencias de atrasarse en sus labores, añadiendo más presión y estrés.
Asimismo, ANEP solicita aclarar públicamente si esta decisión fue adoptada exclusivamente por el Tesorero y la Subtesorera Nacional o si contó con conocimiento, autorización o anuencia previa del Despacho Ministerial del Ministerio de Hacienda, sea el señor Rodrigo Chaves Robles en su condición de Ministro de Hacienda o de alguno de sus Viceministros, señor Luis Antonio Molina Chacón y Víctor Carvajal Porras.
No resulta suficiente trasladar a todas las entidades públicas usuarias y menos a la ciudadanía que no tiene días libres para hacer sus trámites, la obligación de “tomar previsiones” para adaptarse al cierre de la Tesorería Nacional. Corresponde, en primer término, a las autoridades responsables garantizar que la organización administrativa interna no produzca afectaciones innecesarias a la continuidad del servicio público.
Ante esta situación, ANEP solicita al Ministro de Hacienda formalmente:
- Explicar las razones técnicas, administrativas y jurídicas que sustentan la decisión de cerrar completamente la Tesorería Nacional durante un día hábil.
- Informar quién autorizó la suspensión integral de los servicios y si la medida contó con conocimiento o autorización del Despacho Ministerial.
- Indicar cuáles alternativas fueron valoradas para efectuar la actividad de fortalecimiento organizacional sin interrumpir totalmente la atención y los servicios esenciales de la Tesorería Nacional.
- Informar cuáles medidas fueron adoptadas para evitar afectaciones sobre pagos, salarios, transferencias, cobros, autorizaciones y demás operaciones financieras del Estado.
- Explicar por qué, ante la situación de escasez de personal y sobrecarga laboral que enfrentan funcionarios y funcionarias de la Tesorería Nacional, se consideró procedente detener completamente la operación ordinaria de la institución.
- ANEP remitirá este planteamiento para conocimiento de las instancias internas y externas competentes en materia de fiscalización, control y tutela del adecuado funcionamiento de la Administración Pública, a efectos de que, dentro de sus respectivas competencias, valoren la actuación adoptada y determinen si resulta compatible con las obligaciones inherentes al funcionamiento de una dependencia estratégica como la Tesorería Nacional.
La organización sindical considera indispensable determinar también si se efectuó previamente una valoración de riesgos operativos, financieros y de continuidad del servicio, así como de las eventuales consecuencias que la suspensión pudiera ocasionar a las instituciones públicas y a la ciudadanía.
La Tesorería Nacional constituye una pieza esencial del sistema financiero público costarricense. Precisamente por esa condición, su funcionamiento continuo no puede considerarse un asunto secundario ni quedar subordinado a la conveniencia de una actividad administrativa interna.
ANEP defenderá tanto los derechos de las personas trabajadoras de la Tesorería Nacional —quienes merecen condiciones adecuadas, suficiente recurso humano y una distribución razonable de las cargas de trabajo— como el derecho de la ciudadanía y de las instituciones públicas a recibir servicios estatales continuos, eficientes y oportunos.
ANEP logra avanzar en el pago de deudas a trabajadores de la Municipalidad de Desamparados
Tras la audiencia ante el Ministerio de Trabajo, se acordó impulsar tres acciones: reconocer integralmente los derechos de la última Convención Colectiva, calcular individualmente las deudas con cada persona trabajadora y establecer una mesa tripartita entre Alcaldía, Concejo Municipal y ANEP para definir la ruta de pago.
ANEP tiene nueva oficina para la atención del personal bananero en Sarapiquí
COLSIBA fortalece la unidad sindical en defensa de las y los trabajadores bananeros y agroindustriales
La presidenta Fernández debe disculparse con el personal del IAFA
Las recientes manifestaciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en las que afirmó que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) “no sirve para nada”, constituyen una descalificación que ofende la dignidad de las personas trabajadoras de una institución que durante décadas ha cumplido una función fundamental para la salud pública y la atención de problemáticas sociales de enorme complejidad.
En el IAFA labora personal altamente calificado, experimentado y comprometido: profesionales de las ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias de la administración y otras disciplinas, junto con personal técnico y administrativo indispensable para el funcionamiento institucional. Todos ellos realizan diariamente sus funciones con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio.
Lo hacen, además, enfrentando limitaciones materiales, rezagos tecnológicos y necesidades de modernización, en medio de una realidad social cada vez más compleja y desigual. Los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas requieren más prevención, mayor atención especializada, conocimiento técnico, fortalecimiento institucional y un Estado con mayor sensibilidad social.
Si existen problemas estructurales en el IAFA, corresponde preguntarse también por la responsabilidad de los sucesivos gobiernos. Si el Gobierno actual sostiene que encontró una institución con serias deficiencias, debe presentar los datos y criterios técnicos que sustenten ese diagnóstico y explicar qué acciones concretas adoptará para corregirlas.
Los trabajadores y trabajadoras del IAFA no pueden cargar con la responsabilidad por rezagos presupuestarios, tecnológicos o administrativos que trascienden sus competencias. Corresponde a las autoridades políticas asumir las responsabilidades que les competen y proporcionar a la institución los recursos y herramientas que necesita.
Especial preocupación y profunda decepción genera la actuación de la Dra. Delma Vaglio Zonta, Directora General del IAFA, quien, ante una afirmación que descalificó públicamente a la institución que dirige, guardó silencio.
Ese no era un momento para callar. Era el momento de defender al IAFA y, sobre todo, la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.
Quien ocupa la Dirección General tiene la responsabilidad de representar a la institución, explicar técnicamente su trabajo y respaldar a su personal frente a una descalificación de semejante magnitud. Ante la afirmación de que el IAFA “no sirve para nada”, correspondía una respuesta clara y firme.
Esa defensa no se produjo. Y ese silencio resulta particularmente grave viniendo de la máxima autoridad administrativa de la institución.
Ante la próxima salida de la Dra. Delma Vaglio Zonta, esperamos que quien asuma la Dirección General tenga la independencia y firmeza necesarias para defender al IAFA, respaldar a su personal y exigir las condiciones que la institución necesita para cumplir adecuadamente su misión.
Finalmente, señora Presidenta: desde la Presidencia de la República se pueden cuestionar resultados, exigir eficiencia y promover reformas. Lo que no corresponde es menospreciar el trabajo y la dignidad de quienes sostienen diariamente una institución pública.
A los compañeros y compañeras del IAFA les expresamos nuestro respaldo. Es momento de mantenernos unidos, defender nuestra dignidad y reivindicar el valor del trabajo que se realiza con conocimiento, profesionalismo y vocación de servicio.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
