• Proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz disminuye ₡5.654,3 millones respecto de 2026.
• Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su representación en la Policía Penitenciaria, advierte sobre la necesidad de que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 contemple el fortalecimiento integral de este cuerpo policial ante el déficit de recurso humano, el crecimiento de la población privada de libertad y las limitaciones de infraestructura, equipamiento y condiciones laborales existentes.
El proyecto presupuestario para 2027 contempla para el Ministerio de Justicia y Paz ₡219.728,7 millones, frente a los ₡225.383 millones correspondientes a 2026, lo que representa una disminución de aproximadamente ₡5.654,3 millones, equivalente a un 2,51 %.
Para ANEP, esta discusión presupuestaria adquiere especial importancia ante las condiciones actuales del sistema penitenciario y las responsabilidades de una Policía que debe garantizar vigilancia, custodia, traslados, control interno, atención de incidentes y emergencias y coordinación con otras instituciones.
Déficit de personal continúa siendo crítico
Uno de los principales problemas identificados es la insuficiencia de recurso humano.
Según el informe citado en los documentos de ANEP, la Defensoría de los Habitantes determinó que el faltante de policías penitenciarios pasó de 1.754 agentes en 2023 a 2.722 en abril de 2025, situación que repercute tanto sobre las condiciones laborales del personal como sobre la operación de los centros penitenciarios.
El diagnóstico señala consecuencias como sobrecarga de funciones, agotamiento, vacaciones acumuladas y dificultades para atender adecuadamente traslados médicos y judiciales, además de riesgos para la seguridad institucional.
A esto se suma el crecimiento de la población penitenciaria. Los datos recopilados muestran que pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 al cierre de 2024. Para marzo de 2025 se registraban 17.692 personas y, de acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura citado en el análisis, al 28 de febrero de 2026 había 19.453 personas recluidas para una capacidad de 13.289 espacios.
164 plazas para 2027 no resuelven el déficit acumulado
ANEP reconoce que el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado.
Sin embargo, la organización considera necesario establecer un plan progresivo de creación y ocupación de plazas que permita atender también las necesidades de los centros penitenciarios existentes y reducir el déficit acumulado de recurso humano.
Para ello, ANEP plantea identificar técnicamente las necesidades de personal por centro penitenciario y desarrollar estudios actualizados sobre cargas de trabajo, distribución de funcionarios, turnos, cobertura y requerimientos operativos.
Infraestructura, equipo y comunicaciones también requieren inversión
La problemática no se limita al número de policías.
El diagnóstico elaborado por la organización identifica deficiencias en infraestructura, incluyendo edificios, sistemas eléctricos y sanitarios, dormitorios, puestos de vigilancia y espacios destinados al descanso del personal. ANEP solicita una evaluación de la infraestructura penitenciaria nacional y un programa permanente de mantenimiento, reparación, sustitución y construcción.
También se señalan necesidades relacionadas con chalecos antibalas y anti-puntas, radios individuales, baterías, cargadores, uniformes, linternas, equipo táctico y otros implementos de protección indispensables para el servicio.
La flotilla vehicular constituye otra preocupación. El documento reporta vehículos con años de servicio, unidades fuera de operación, problemas de repuestos y mantenimiento, así como la necesidad de vehículos especializados para el traslado de personas privadas de libertad de alta peligrosidad.
ANEP pide revisar brechas salariales
La organización también solicita una revisión técnica y jurídica de las diferencias existentes entre funcionarios bajo salario compuesto y quienes se encuentran bajo salario global, particularmente cuando realizan funciones equivalentes.
ANEP plantea que cualquier revisión debe considerar factores como experiencia, antigüedad, responsabilidad, complejidad y riesgo inherente a la función policial penitenciaria.
Una política permanente para la Policía Penitenciaria
Ante este escenario, ANEP solicita que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 incorpore una política presupuestaria específica, progresiva y verificable para la Policía Penitenciaria.
Entre las prioridades planteadas se encuentran la creación progresiva de plazas; revisión de brechas salariales; renovación y mantenimiento de la flotilla; radios individuales y modernización de las comunicaciones; reposición de chalecos y equipos de protección; mejoramiento de infraestructura; capacitación; salud ocupacional y bienestar laboral.
Asimismo, la organización propone establecer una mesa permanente de seguimiento, con participación de las autoridades y representación sindical, que permita verificar mediante metas, cronogramas e indicadores la ejecución de los recursos y avanzar hacia una planificación de corto, mediano y largo plazo.
Para ANEP, el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria debe asumirse como una inversión vinculada con la seguridad, la continuidad del servicio público y las condiciones en las que miles de policías desarrollan diariamente sus funciones.
“La dignificación y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria deben convertirse en una política institucional permanente y no en una respuesta ocasional frente a una emergencia.”
