-Rotar funcionarios cada tres meses entre provincias podría afectar la operatividad de los cuerpos policiales y la estabilidad económica y familiar de sus trabajadores.
Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria manifiestan su preocupación ante el anuncio de la Presidencia de la República sobre la intención de establecer una rotación de funcionarios policiales entre diferentes provincias cada tres meses, como mecanismo para evitar el arraigo territorial y prevenir eventuales vínculos con estructuras del narcotráfico o actos de corrupción.
Desde ANEP reconocemos la obligación del Estado de combatir frontalmente la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier intento de infiltración en los cuerpos policiales. Sin embargo, consideramos que combatir la corrupción no puede significar trasladar indiscriminadamente a cientos de policías y afectar a quienes cumplen honestamente con sus responsabilidades.
La corrupción no se combate simplemente trasladando policías
Una medida de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos que demuestren su viabilidad y efectividad.
Trasladar a una persona funcionaria de una provincia a otra no garantiza por sí mismo que se eliminen eventuales prácticas de corrupción. Para enfrentar este problema se requiere fortalecer la investigación, inteligencia policial, controles internos, supervisión, mecanismos disciplinarios, evaluación de riesgos y seguimiento institucional.
Tampoco consideramos correcto partir de una premisa que pueda colocar bajo sospecha generalizada a los policías por permanecer durante determinado tiempo en una región.
La gran mayoría son trabajadores honestos que diariamente enfrentan situaciones de riesgo y que, además, han desarrollado conocimiento sobre las comunidades, rutas, dinámicas criminales y características geográficas de las zonas donde trabajan. Ese conocimiento también constituye una herramienta para la seguridad pública.
Cada cuerpo policial tiene una realidad diferente
ANEP advierte que una política general de rotación no puede desconocer las particularidades de cada cuerpo policial.
La Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria desarrollan funciones distintas y especializadas en comunidades, carreteras, fronteras, aeropuertos, centros penitenciarios, lucha contra el narcotráfico y otros puntos estratégicos del territorio nacional.
Además, varios de estos cuerpos enfrentan limitaciones de personal, presupuesto, infraestructura, transporte y equipamiento.
Por ello, resulta necesario responder una pregunta fundamental:
¿Cómo se pretende trasladar periódicamente policías entre provincias si previamente no están garantizadas las condiciones de alojamiento, transporte, alimentación, infraestructura, presupuesto y recurso humano necesarias?
No podemos “desvestir un santo para vestir otro”. Trasladar funcionarios de una región a otra sin aumentar las plazas disponibles y los recursos podría terminar debilitando la presencia policial en determinados puntos del país y aumentando las cargas de trabajo del personal que permanece en las unidades de origen.
Detrás de cada uniforme existe una familia
Una política de rotación también debe valorar el impacto sobre las personas trabajadoras.
Una rotación cada tres meses puede significar separación familiar, mayores gastos de transporte y alimentación, problemas de alojamiento y dificultades para atender hijos, adultos mayores o personas dependientes.
Los policías no son piezas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin consecuencias. Son trabajadores y trabajadoras con derechos y responsabilidades familiares.
Las necesidades de seguridad del país deben ser compatibles con condiciones laborales dignas para quienes tienen precisamente la responsabilidad de proteger a la población.
ANEP solicita transparencia y diálogo
Antes de implementar cualquier política general de rotación, las seccionales policiales de ANEP solicitan al Gobierno de la República hacer públicos los estudios técnicos y jurídicos que sustentan la propuesta, su impacto presupuestario, los criterios para determinar los traslados y las condiciones de alojamiento, transporte y permanencia que se garantizarían a los funcionarios.
También resulta indispensable determinar cómo se aplicaría la medida a cuerpos policiales especializados y cuáles mecanismos se utilizarían para evitar que determinadas regiones o unidades queden debilitadas como consecuencia de las rotaciones.
ANEP solicita además que las organizaciones sindicales y las representaciones de los distintos cuerpos policiales sean escuchadas antes de adoptar una decisión que podría tener consecuencias directas sobre las condiciones laborales y familiares de cientos de personas trabajadoras.
Las seccionales policiales de ANEP respaldan el combate firme contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, pero consideran que las políticas de seguridad deben construirse con evidencia, planificación, recursos suficientes y respeto a los derechos laborales.
La seguridad nacional no se fortalece trasladando problemas de una provincia a otra.
Se fortalece con más recurso humano, capacitación, inteligencia e investigación policial, controles efectivos, infraestructura adecuada, equipamiento y condiciones laborales dignas.
Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de la República para que antes de implementar una rotación generalizada de policías abra un proceso de diálogo y presente los estudios que demuestren la viabilidad y efectividad de la propuesta.
Costa Rica necesita cuerpos policiales fortalecidos, profesionales y con recursos suficientes para cumplir su labor; no policías sobrecargados, trasladados constantemente y sin las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente su trabajo.
