Autor: ANEP

El próximo domingo 10 de diciembre estaremos conmemorando el 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectuada el 10 de diciembre de 1948, teniendo como motivación fundamental responder a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tal conmemoración, en el caso costarricense, nos llega en uno de los momentos históricos de nuestra vida republicana más tristes, dolorosamente hablando, pues es la desigualdad reina total de nuestra convivencia cotidiana, prácticamente en todos los órdenes de la vida nacional: en lo social, en lo económico, en lo educativo, en libertad, en lo salarial, por ejemplo.

Particularmente, en el seno de la clase trabajadora, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), tenemos graves violaciones en cada uno de sus 30 postulados fundamentales.

De esos 30 postulados, si nos fundamentamos en el No. 23, notaremos fuerte regresión en el devenir democrático del país en estos 75 años. Miremos lo que nos dice ese artículo 23 de la DUDH:

Artículo 23- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Note usted que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país está desempleada, es decir, se le violenta su Derecho Humano al Trabajo y no tiene protección contra el desempleo. Note usted, también, que gran parte de la población trabadora que sí tiene empleo formal y salario, está recibiendo un salario que no le garantiza una existencia conforme a la dignidad humana pues el salario mínimo no es salario digno. Note usted que el derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses, sufre una violentación cotidiana en el sector privado de la economía; y en el público, la castración de la verdadera negociación colectiva para dignas condiciones de trabajo está imperando en estos momentos.

La corriente sindical en la cual militamos está impulsando un proceso serio y profundo para una concientización plena en el seno de la clase trabajadora, de que los Derechos Humanos, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ofrece la posibilidad de obtener una bandera de lucha de alcance global para enfrentar, de mejor manera, la serie de efectos perversos generados a partir de las políticas neoliberales de ajuste fiscal extremista y fanático; también para contrarrestar el ataque a los derechos laborales, económicos y sociales conquistados; también para hacerle frente al desafío de evitar la consolidación de la desigualdad y de la perniciosa concentración abusiva de la riqueza; así como para la defensa misma del planeta acosado por la vorágine de la explotación capitalista inmisericorde.

Y, hablando, actuando: mañana jueves, vísperas del 75 aniversario de la DUDH, se graduará el primer grupo de dirigentes sindicales de base con una formación específica en cuanto a la relación de la lucha sindical en estos tiempos de neoliberalismo desenfrenado, con el conocimiento, la defensa y la promoción de la Doctrina de la Derechos Humanos. ¡Simbólico! Recibirán su certificado en la sede de la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede está en nuestro país. ¡Vivan los Derechos Humanos!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Los niveles de explotación laboral en Costa Rica son alarmantes. No solamente se pueden constatar con informes internos, sino que, más grave, el asunto fue de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace apenas un año.

Por ejemplo, el inspector internacional que nos visitó como experto de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con lo que denominan formas de esclavitud moderna, indicó en su informe final “…que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día”.

Dicho experto de la ONU, de nacionalidad japonesa, en su informe final, también, consignó lo siguiente: “Una cuestión conexa es la inspección del trabajo. Un gran número de interlocutores señaló que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además de los limitados recursos humanos y financieros, el Relator Especial se enteró de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También hay casos de colusión en los que se informa a los empleadores de la inspección con antelación para que puedan prepararse para la inspección y ocultar las malas prácticas. Por ejemplo, a los trabajadores se les da un día libre o se les envía a lugares remotos el día de la inspección para que no puedan proporcionar sus historias, y esto parece ser una práctica común. Además de la agricultura, la inspección en otros sectores, como el trabajo doméstico, la construcción, el transporte, la manufactura, el comercio y los servicios, sigue siendo insuficiente”.

Vistas así las cosas, resulta indignante la circunstancia de que en la Asamblea Legislativa se decidiera archivar un proyecto de ley destinado, precisamente, al fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); legislación que habría ido en la línea de las recomendaciones del señor de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata, en su condición de Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

Y fue tan contundente en su informe conclusivo que señaló, de manera explícita, al proyecto de ley ahora archivado por las diputaciones pro-gran capital o “asalariadas” de él identificadas con su ideología: “money, money, money”.

El señor Obokata no se anduvo por las ramas para solicitar esto: “Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia”.

Aunque hubo diputaciones sensibles al tema, la realidad política que emerge es que estamos de cara a un nuevo ataque parlamentario contra la clase trabajadora. Calificadas instancias y respetados espacios internacionales serán receptores de nuestras denuncias en próximas fechas.