Doctor Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República de Costa Rica
Señores (as) Diputados (as) Asamblea Legislativa de Costa Rica Estimado Señores (as): Reciban de las fuerzas vivas y sectores sociales de la provincia de Guanacaste nuestros más sinceros deseos de que sus gestiones sean en beneficio de la sociedad costarricense.
Hoy, 25 de julio de 2024, que se cumplen doscientos años de la histórica y democrática decisión del Partido de Nicoya de anexar su territorio a Costa Rica; y, aprovechando la presencia del presidente y la de los más altos jerarcas de los poderes de la República, este 25 de julio en nuestra provincia, es que nos motivamos a entregarle al presidente de la República, directamente, y en ejercicio democrático, la presente carta pública firmada por diferentes sectores y actores que conforman las fuerzas vivas de la provincia de Guanacaste y el país, misma que haremos llegar también a todas las diputaciones, solicitándoles, de manera respetuosa pero vehemente, que reconsideren su posición respecto al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” que impulsa el presidente de la República, bajo el expediente legislativo 23.414, y que cuenta con el apoyo de varias fracciones legislativas, para que lo retiren y se archive definitivamente de la agenda parlamentaria.
Nuestra respetuosa petición se sustenta en los valores y en los principios acordes con la histórica decisión de nuestros antepasados de impulsar y aprobar la anexión de Guanacaste al territorio costarricense. Dicha decisión no nació espontáneamente, sino que fue producto de la necesidad de un pueblo guanacasteco que requería mejores oportunidades de realizar comercio e intercambio de bienes y servicios oportunos con la sociedad costarricense, para lograr así construir un mejor futuro de vida para sus habitantes.
A cambio, Guanacaste hizo más grande a Costa Rica, entregándole territorios con grandes riquezas como sus bellas playas, volcanes y montañas, donde existe gran diversidad de flora y fauna; así como campos de cultivo y de explotación turística y minera que le han traído beneficio a toda la sociedad costarricense. Pero aún más importante es que Guanacaste hizo más grande a la nación al entregarle un pueblo digno, trabajador y progresista, de hombres y mujeres con valores y costumbres que vinieron a complementar y fortalecer la cultura y las costumbres de la Patria.
Se haría muy extenso enumerar todos los aportes y beneficios que, históricamente, la anexión de Guanacaste le ha dado a Costa Rica, pero sí podemos sintetizarlo en que después de ese proceso histórico, Costa Rica se transformó en un país más próspero.
Para puntualizar nuestra respetuosa petición, debemos resaltar el importante y fundamental aporte que la provincia de Guanacaste le brinda al modelo eléctrico nacional, gracias al aporte iniciado desde hace cuarenta años mediante la construcción y operación del complejo hídrico de Arenal.
De acuerdo con datos de la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), que es el centro de control energético del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en la provincia de Guanacaste existen 28 plantas de generación que producen y suman 1.033 megavatios (MW) de capacidad instalada que se generan con cinco distintas fuentes de producción de energías limpias: hidroeléctrica, eólica, solar, geotermia y biomasa. Nuestra provincia aporta al país el 40% de la energía limpia que consume Costa Rica, lo cual convierte a Guanacaste en el mayor motor energético nacional.
Tan estratégica es Guanacaste para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que allí se alojan los núcleos de generación más importantes del país, gracias al aporte de las plantas hidroeléctricas Arenal, Dengo y Sandillal (Complejo Ardesa) cuyo encendido data de 1979, según datos del ICE.
Sólo este encadenamiento hídrico que opera en cascada con aguas del embalse Arenal, aporta 363 MW al SEN, lo que por sí mismo representa casi el 20% del consumo eléctrico anual del país, según estadísticas de la DOCSE del ICE.
Adicionalmente, el embalse Arenal (la mayoría del cual se halla en suelo de Guanacaste), es el único embalse interanual del país capaz de guardar agua de un año para otro. De esta forma, el líquido o agua guardada (sirve como una batería), es la que principalmente se usa para generar electricidad en los meses de verano cuando merman las lluvias que nutren otras hídricas que funcionan a filo de agua.
Otro hecho de gran impacto y trascendencia para el SEN, que sucedió en Guanacaste, se dio en 1994 cuando el ICE inauguró a las faldas del volcán Miravalles (en Guayabo de Bagaces), el primer parque de geotermia costarricense llamado Miravalles I, lo que significó más energía limpia y mayor producción de energía firme. Con los años, se unieron Miravalles II, III y IV. También se incorporaron Las Pailas I (en Curubandé de Liberia) y Boca de Pozo (Guayabo de Bagaces), que actualmente representan una producción de aproximadamente 263 MW de potencia para el SEN.
Los expertos aseguran que, entre todas las fuentes de generación existentes en Guanacaste, la energía geotérmica es la más estratégica de todas debido a que es una fuente firme de electricidad que da seguridad y respaldo, que se complementa con los ciclos climáticos de lluvias y vientos. Es una generación sin vaivenes por falta de lluvias, luz solar o viento. En el futuro, conforme migremos a más generación eólica y solar, Guanacaste seguirá jugando un papel clave en la generación de energía con esas “nuevas” fuentes.
A tan sólo dos años de estrenarse el Parque Geotérmico Miravalles I, en julio de 1996, el ICE inauguró el primer proyecto de “Plantas Eólicas” (PESA). En los años siguientes, bajo
la tutela del ICE, se sumaron otros trece proyectos eólicos, muchos de capital privado, establecidos en el cantón de Tilarán; incluidos uno en Santa Cruz y otro en Orosi.
Ha sido tan importante el uso del viento en la producción de energía eléctrica que, del 2011 al 2015, este tipo de generación pasó de 4,25 % a 10 % del total nacional de generación. De hecho, desde el 2015 el aporte eólico no baja de 10 % e incluso ha llegado a 16 %, como sucedió en el 2018, poseyendo Guanacaste la mayoría de los proyectos eólicos del país.
De igual manera, en nuestra provincia, el ICE instaló en el 2012 el Parque Solar Miravalles (1 MW); el primero del istmo y, desde mediados de la década de los ‘90, los ingenios Taboga (Cañas) y El Viejo (Carrillo), aportan electricidad al SEN durante el período de zafra con generación biomásica. El Viejo tiene 20 MW de capacidad instalada y Taboga, 32,5 MW.
Todos los expertos concuerdan que, ante la escasez de fuentes hídricas, la provincia de Guanacaste seguirá siendo la que brinde mayor potencial de desarrollo en materia de generación eléctrica, por su abundancia de fuentes limpias, lo cual refleja la importancia del papel de nuestra provincia en el presente y futuro de la producción de energía limpia.
Señor presidente y diputaciones, lo aquí señalado resalta el importante aporte que la provincia de Guanacaste ha brindado al SEN por medio de la explotación y generación de energía eléctrica para todo nuestro país.
Sobre este punto, es importante el comentario del ingeniero Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía, quien mencionó: “Creo que, sin Guanacaste, tendríamos posiblemente una matriz energética muy distinta a la de hoy, sería algo muy similar a hace unos 30 años cuando la generación térmica a base de hidrocarburos era fuerte.”
Estamos convencidos de que este aporte de la provincia se ha realizado y se ha implementado adecuadamente gracias a la tutela del ICE, empresa pública a la que el país y nuestros antepasados le dieron, mediante la Ley 449, la responsabilidad de explotar, desarrollar y llevar la energía eléctrica a todos los rincones y habitantes de la Patria; responsabilidad que el ICE ha sabido cumplir con creces, lo que ha convertido a esa institución en un orgullo nacional reconocido a nivel internacional por la calidad energética que le ha brindado al pueblo costarricense; con un servicio al costo que ha cubierto a, prácticamente, todo el país con una producción de energía limpia que en no pocas ocasiones ha llegado al 99 %, condición que sólo países como Finlandia, Islandia, Noruega y otros escasísimos casos pueden presumir ante el mundo.
Igualmente, nos sentimos orgullosos de que gran parte de la distribución eléctrica de la provincia se realice mediante nuestra Cooperativa COOPEGUANACASTE de la cual los guanacastecos nos sentimos muy orgullosos porque al igual que el ICE, ha traído bienestar y prosperidad a la provincia.
Señor presidente y diputaciones, los aportes de nuestra provincia al SEN se brindan en un contexto en el que la energía eléctrica no es en un servicio con fines de lucro, todo lo contrario, es un bien demanial que está al servicio del bienestar común para toda la sociedad costarricense, como un servicio estratégico que representa la soberanía energética, lo cual es fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad
costarricense; por lo que consideramos que las fuentes y desarrollo de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica no deben salir de la tutela y administración del Estado costarricense y deben seguir bajo la responsabilidad del ICE.
Conocemos el proyecto de ley 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” y son innumerables los foros y los análisis en los que se ha demostrado que por medio de esta propuesta de Ley se desmantela el modelo eléctrico nacional solidario, afectando negativamente al ICE, a nuestra COOPEGUANACASTE e irremediablemente impactando de manera negativa las tarifas eléctricas que, consideramos, deben mantenerse al costo para la sociedad.
Ustedes tienen la misión de gobernar y legislar para las grandes mayorías y el bienestar social de Costa Rica. Sin embargo, consideramos que el proyecto de ley 23.414 que impulsa el Gobierno sólo beneficia a los grandes inversores nacionales e internacionales que funcionan con la lógica de obtener ganancias económicas de sus inversiones, lo cual convertiría el estratégico y fundamental servicio de electricidad meramente en un servicio con fines de lucro.
Por todo lo mencionado en esta misiva, Señor presidente y Señoras y Señores diputadas y diputados, es que los abajo firmantes, representantes de las fuerzas vivas de la provincia de Guanacaste y del país, en un acto plenamente democrático, con el mayor respeto, pero con la moral que nos da el hecho de que nuestra provincia sea el principal generador de la energía eléctrica del país, es que les solicitamos desechar y archivar el proyecto de ley 23.414, ”Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y no ejecutar ninguna otra acción que atente contra el modelo del SEN, para que el pueblo de Costa Rica pueda seguir disfrutando de los beneficios que, en materia de energía, nuestra provincia le brinda solidariamente al país.
La seccional ANEP-MAG se reunió esta semana para definir objetivos de trabajo, uno de los principales será, la implementar la Convención Colectiva de Trabajo en la institución.
La seccional ANEP-Sinart formuló una denuncia en contra del SINART y en contra de su presidente ejecutivo, Fernando Sandí Chacón, debido a la comisión de una serie de conductas irregulares relacionadas con la aprobación del presupuesto extraordinario asignado a SINART S.A. por la Asamblea Legislativa.
Esta Convención colectiva contiene cesantía según fallos constitucionales. Además, se cubre el documento con la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se establece el salario compuesto, esto último brinda estabilidad financiera al municipio.
Ocho organizaciones sindicales representadas en ANEP-SITRAP-COSIBACR- FENTRAGH presentaron una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo contra el INS por afectaciones a la salud y atención médica de trabajadores de fincas agrícolas y agro industria.
Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Empezamos por rogarle a usted que nos honra con la lectura de nuestros comentarios semanales que, por favor, lea con cuidado el siguiente texto:
“Este informe tiene una relevancia decisiva en la actual coyuntura latinoamericana y, asimismo, considerando los desafíos de orden geopolíticos hoy existentes. En primer lugar, porque ayuda a clarificar que la desigualdad constituye el principal problema de nuestros países de cara a alcanzar sociedades más vivibles para todas y todos. Algo que, debido a los marcos ideológicos actualmente en auge, tiende a no ser evidente para el ciudadano promedio. Y segundo, porque vincula tales niveles de iniquidad con la debilidad de la democracia. Porque en la medida de que esta última no tenga traducción en el día a día de la gente, continuará debilitándose. La democracia tiene que ser algo más profundo y presente que votar cada cierto tiempo, especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio. Lo cual solo es posible lograrlo con redistribución, estados adecuados e igualdad. Como nos dice el informe”.
El texto anterior está incluido en el documento denominado “Economía nuestra – Es tiempo de una economía para todas y todos”. Se trata del más reciente informe acerca del tema tributario y de la distribución de la riqueza en países como Costa Rica, publicado por la prestigiosa organización británica Oxfam.
Según su sitio web oficial, Oxfam constituye un “movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia”. Indican, además, lo siguiente: “Trabajamos con personas tanto a nivel local como global para impulsar un cambio duradero”. En la corriente sindical en la cual militamos sentimos gran orgullo y honor de tener contactos con Oxfam.
El comentario que hemos citado, prácticamente, refleja el estado actual de cosas en nuestro país, a nivel político-económico y social.
Costa Rica está viviendo un proceso acelerado de concentración de riqueza; tenemos un sistema tributario que “no funciona para la época”, según indicación explícita del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.
Nosotros sostenemos que es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Paga más, proporcionalmente hablando, el que menos tiene (la clase trabajadora); y los que más tienen (que cada vez son más pocos, pero acumulan más), no pagan del todo o pagan poco pues eluden, evaden, esconden su capital en el exterior y han logrado construir todo un entramado político asesor que les protege para no pagar.
Además, el país tiene una deuda pública que es impagable y que genera una carga diaria de intereses que, prácticamente, tiene en quiebra técnica al Estado central; pero que, es fuente de acumulación para los agentes y empresarios del mercado financiero que no tienen mayor interés en que Costa Rica corrija su problema de déficit fiscal con medidas sanas y justas.
Por eso es que afirmamos que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la Transformación Tributario Estructural si queremos, como dice el informe de Oxfam, atacar de raíz el principal problema de la actualidad, la desigualdad; si queremos fortalecer la Democracia, “especialmente en estos tiempos de desafección política, malestar acumulado y emergencia de discursos de odio”. En fin, si aspiramos que la Democracia se sienta en el diario vivir de la gente, elevando la calidad de la existencia de las personas lanzadas a la desigualdad y atormentadas por su prolongación en el tiempo.
Nosotros, que tenemos ya muchísimo tiempo denunciando esta situación, estamos más que felices: nos llegó un arsenal documental que nutre nuestra causa en estos momentos. El informe de Oxfam, Economía nuestra: es tiempo de una economía para todas y todos, nos fortalece porque es contundente, estamos en el lado correcto de la Historia. Seguiremos con el tema.
La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.
Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.
Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.
Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.
Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.
La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.
¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.
A través de la Seccional ANEP-Servicio de Vigilancia Aérea, los oficiales de este cuerpo policial destacados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia, denuncia un enorme deterioro es sus uniformes.
La ANEP, como una asociación sindical que representa los intereses de miles de empleados públicos y de empleadas públicas, así como de personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector privado, tiene un interés legítimo en la transparencia y probidad en la administración pública; especialmente en entidades que regulan y supervisan aspectos críticos del sistema financiero y de pensiones del país. Cualquier acto de corrupción o falta de ética en estas instituciones, puede tener repercusiones directas en la estabilidad económica de los trabajadores y de las trabajadoras de ambos sectores, así como en la confianza del público en las instituciones financieras.
Compartimos la denuncia presentada
S.G. 2125-2932-24
Lunes 1 de julio de 2024
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
del Ministerio Público
ASUNTO:Solicitud suspensión de Rocío Aguilar Montoya de los cargos en el sistema financiero; y, de los demás miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) de la posición estratégica que ostentan de cara a las delicadas investigaciones en curso.
Nosotros, Albino Vargas Barrantes, con cédula de identidad No. 104570390; y, Wálter Quesada Fernández, con cédula de identidad No. 105080559; en nuestra calidad, respectivamente hablando de, Secretario General y Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); por medio del presente escrito presentamos las siguientes denuncias y solicitud de coadyuvancia con el propósito de colaborar en las investigaciones en curso y solicitar la apertura de nuevas investigaciones contra la señora Rocío Aguilar Montoya y los miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), en virtud de los siguientes hechos:
INTERÉS LEGÍTIMO DE LA ANEP
La ANEP, como una asociación sindical que representa los intereses de miles de empleados públicos y de empleadas públicas, así como de personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector privado, tiene un interés legítimo en la transparencia y probidad en la administración pública; especialmente en entidades que regulan y supervisan aspectos críticos del sistema financiero y de pensiones del país. Cualquier acto de corrupción o falta de ética en estas instituciones, puede tener repercusiones directas en la estabilidad económica de los trabajadores y de las trabajadoras de ambos sectores, así como en la confianza del público en las instituciones financieras.
2. DENUNCIAS EN MARCHA
A. Presunto delito de desobediencia a la autoridad
Hechos:
1)La señora Rocío Aguilar Montoya fue denunciada penalmente el 21 de abril del 2023 por la gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por el presunto delito de desobediencia a la autoridad. La denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público tramita la denuncia bajo el expediente 23-000107-1218-PE.
2) La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), presentó la consulta[1] acerca del fondo a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual ya se pronunció e indicó que existe una obligación de todas las personas e instituciones, de brindar la información de interés estadístico requerida por las instituciones del Sistema Nacional de Estadística, lo cual incluye al BCCR; en caso contrario, se establece un régimen sancionatorio que debe aplicarse.
Esta ley excepciona, únicamente, los datos sensibles, que son de entrega voluntaria; sin embargo, el criterio de la Procuraduría indica que los datos referentes al comportamiento crediticio no están dentro de la categoría de datos sensibles, y si bien tienen una protección distinta, no están cubiertos por el artículo 18 de la Ley 9694, que exige un consentimiento expreso de la persona al dar la información para que esta sea usada por el Sistema Nacional de Estadísticas.
1) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó[2] las oficinas del Concejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) en busca de pruebas contra Rocío Aguilar Montoya, el 1° de setiembre del 2023, con el fin de incautar documentos relacionados con la comisión de aparentes delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
2) Según los medios de información de prensa, la investigación tiene relación con un acuerdo tomado por los miembros del CONASSIF, en sesión realizada el 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el Banco Central de Costa Rica y solicitarle al presidente ejecutivo de esta entidad retirar una denuncia presentada contra Rocío Aguilar Montoya. Sin embargo, la Fiscalía, a nuestro buen entender, no ha dado a conocer lo resuelto con este asunto lo cual consideramos urgente.
B. Presunta participación en un nombramiento ilegal y prevaricato
Hechos:
1) La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ha interpuesto cargos[3] contra Rocío Aguilar Montoya, contra miembros del CONASSIF en ese momento y, al menos, contra tres funcionarios públicos, por la presunta designación ilegal del señor Adrián Pacheco Umaña en una influyente jefatura en la División de Planificación y Normativa de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
Esta división de la SUPEN tiene un rol influyente en la superintendencia, ya que, entre otras potestades, emite la normativa de pensiones del país, determina los topes de inversión en el extranjero antes de su aprobación en CONASSIF; así como también se encarga de recopilar la información estadística sobre los rendimientos, inversiones nacionales y extranjeras, y otros datos que se reúnen en informes trimestrales para el CONASSIF.
Esta área de la SUPEN estuvo muy cuestionada en el 2022, cuando emitieron criterios técnicos que, entre otras cosas, llevaron a la pérdida de los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP); y, a una afectación directa del tipo de cambio que llevó al dólar a un valor de ₡700, lo que agudizó la inflación de aquel momento en el contexto de una pandemia por Covid-19. Posteriormente, ese jineteo de cuantiosísimos recursos de las pensiones desde Costa Rica hacia el exterior y viceversa, ha contribuido a la volatilidad del tipo de cambio.
2) Un informe de auditoría concluye que doña Rocío Aguilar Montoya y los otros miembros de Conassif implicados, conocían del requisito formal de la experiencia, conocían que había existido una selección de cuatro personas que se dijo que cumplían con todos los requisitos necesarios, sabían que uno de ellos era Pacheco Umaña, y tuvieron a su alcance numerosos indicios de que no cumplía con el requisito de experiencia en puestos de jefatura por cinco años. Sobre este particular no se conocen avances en el proceso y si el Juzgado Penal de Hacienda estableció una fecha para la audiencia preliminar.
A pesar de no cumplir con el requisito de experiencia de 5 años necesarios para aplicar al puesto, fue nombrado en el puesto clave, según la relación de hechos RH-AI-CONASSIF-2-2022, lo que pone en duda la transparencia y legalidad del proceso.
C. El caso de Coopeservidores
Hechos:
1) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que el pasado 24 de mayo abrió una causa para investigar las actuaciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores).[4]
2) Rocío Aguilar Montoya, en su rol como Superintendente de la SUGEF, es la responsable de la supervisión del sistema financiero, como máxima jerarca de la SUPEN y de la SUGEF.
3) La SUGEF conocía que la cartera de crédito de la indicada cooperativa se había reducido en ₡14.050 millones entre 2009 y 2016, con una reducción especialmente grave de ₡6.587 millones, en 2014.
4) La SUGEF tenía advertencias sobre la situación que llevó al cierre de Coopeservidores, pero no actuó oportunamente, lo que aceleró la intervención y posterior resolución de inviabilidad financiera de la cooperativa.
5) En el caso de Coopeservidores se llevó a una intervención, que a criterio de los asociados[5] y demás partes interesadas, aceleró su descalabre. Se tiene la tesis de que la SUGEF debió implementar un plan remedial antes de la intervención, esto según la supervisión basada en riesgos, la cual tiene los mecanismos preventivos suficientes para evitar llegar a la intervención de una entidad como Coopeservidores,
6) Dados los elementos, la señora Rocío Aguilar Montoya, presuntamente, incumplió con sus deberes y faltó a su deber de probidad por inacción, ya que no actuó de manera oportuna y diligente atendiendo el interés público de los ahorrantes asociados a la cooperativa cuando se dieron los primeros informes a SUGEF con aparentes pérdidas de la cooperativa.
7) Existe opacidad en la gestión de supervisión a Coopeservidores por parte de la SUGEF. Tan es así que el supervisor e interventor son la misma figura: el señor Marco Hernández Ávila. Debería de investigarse si colaboró para llevar a Coopeservidores a la intervención antes de plantear un plan remedial apartándose del interés público que arrastra una afectación a más de 131.000 personas asociadas, 326 asociaciones solidaristas y 700 personas trabajadoras sin empleo.
3. SOLICITUD DE APERTURA DE NUEVAS INVESTIGACIONES
A. Caso Aldesa
Hechos:
1) El 8 de marzo de 2019 la corporación Aldesa avisó a sus cientos de inversionistas que tenía “problemas de liquidez” y solicitaría una intervención judicial para “poner en orden” sus finanzas[6].
2) Este anuncio implicaría dejar de pagar intereses y retener los montos invertidos, decenas de personas perdieron su dinero y vieron sus sueños desmoronarse con la caída de la empresa[7].
3) A través de los corredores de bolsa, aprovechándose de la ligereza, la falta de educación financiera e, inclusive de la edad (porque se trataba de personas mayores), haciéndoles firmar un perfil de riesgo a las personas ahorrantes; les categorizaban como inversionistas sofisticados; sin explicarles que los ahorros se invertían vía Aldesa Corporación de Inversiones, en vez del Puesto de Bolsa, las personas no entendían ni tampoco les explicaban que lo que estaban firmando permitía a Aldesa a realizar inversiones muy riesgosas con su dinero en otra empresa del grupo empresarial que no estaba siendo regulada.
4) Rocío Aguilar Montoya posee antecedentes directivos en Aldesa, ocupó cargos directivos del grupo empresarial como directora de la Junta Directiva de Corporación Aldesa y miembro de Comité de Inversión de Aldesa. Por estas razones, presumimos, que existe un conflicto de intereses en un caso donde la información que se emane de los órganos de supervisión financiero será determinante para el resultado final de un asunto de enorme trascendencia nacional y en el cual ella está encartada de manera directa.
B. Caída de los rendimientos del ROP en 2022
Hechos:
1) En sesión del Conassif, el 14 de mayo del 2019, el regulador modificó el Reglamento de Gestión de Activos para que las operadoras no tuvieran que demostrar la rentabilidad “con base en estudios técnicos” ante el ente regulador, como se reglamentó originalmente[8].
2) La SUPEN autorizó a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) sobrepasar el límite fijado por la ley del 25% a lo que las operadoras podían invertir del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en el extranjero. La SUPEN, sujetó tan solo a un “criterio técnico” de la División de Planificación y Normativa, aprobó un aumento del límite para que las OPS pudiesen elevar el porcentaje de inversión del ROP en el extranjero hasta un 50% de la cartera total sin necesidad de autorización previa de la SUGEF y trasladan la responsabilidad a las operadoras y sus respectivos comités
3) En el dictamen PJD-7-2021 del 14 de mayo del 2021, tres funcionarias de la Asesoría Jurídica de SUPEN reiteraron que la asignación de inversiones “le corresponde al órgano de dirección de cada entidad”, pero que “es responsabilidad de la operadora poner en conocimiento de la Superintendencia el cambio en las condiciones que dieron origen al aumento en el límite de inversión en mercados internacionales”.
4) Las colocaciones realizadas por los fondos de pensiones en el exterior se aceleraron, pronunciadamente, desde mediados de 2020. Según datos del Banco Central, entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022, la “inversión de cartera” originada en Costa Rica y colocada en moneda extranjera, salta de $4.880 millones a $9.332 millones, un incremento del 91% en poco más de dos años.
5) Las pérdidas en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), en 2022, se deben a decisiones de inversión en el extranjero que excedieron los límites legales debido a que, a inicios de septiembre de 2021, bajo supervisión de Rocío Aguilar Montoya, las operadoras de pensiones “intensificaron” inversión internacional “, a partir de la segunda mitad del 2020.
6) Las operadoras de pensiones han sido sancionadas por la Coprocom porque promueven prácticas anticompetitivas, pues existen claros indicios de esto dado que se agrupan a través de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), cobran el mismo cargo por concepto de comisión para la administración del ROP de los costarricenses, cobran 0.35%, sin permitir la competencia entre ellas. La SUGEF no hace nada al respecto.
7) Las operadoras de pensiones arriesgan el dinero de las pensiones de las personas y generan pérdidas de los rendimientos, pero mantienen el cobro de la comisión. Rocío Aguilar Montoya defiende este cobro[9].
8) En el año 2022, el Régimen Obligatorio de Pensiones tuvo pérdidas de rentabilidad. Esto según los reportes de inversión que entregan las operadoras a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN)[10]. Pérdidas de miles de millones de colones según reportes de diarios nacionales. Estas acciones evidencian negligencia en la administración de los fondos de pensiones. Y dado que las operadoras de pensiones funcionan sin ningún riesgo para sí mismas, sino que los riesgos de cartera son asumidos enteramente por los ahorrantes, mientras que el cobro de la comisión por administrar los fondos es totalmente independiente de los rendimientos que estos tengan, generándose así una condición perversa para los ciudadanos pues pueden imperar los intereses del grupo financiero dueño de la operadora, por encima del interés público.
9) El monto de inversiones manejados por las operadoras de pensiones (OPC) asciende a un poco más del 50 % del PIB; y, comparado con crédito interno total otorgado por los entes financieros regulados sería de más 80% de ese monto, por lo que permitir que las OPC puedan mover hasta el 50 % los recursos entre Costa Rica y el exterior, tendrá importantes impactos en las tasas de interés internas, lo que podría ser muy rentable para los grupos financieros en la maximización de ganancias, pero muy perjudicial para los ciudadanos y el gobierno.
4. INVIABILIDAD E INCONVENIENCIA DE LA CONTINUIDAD
EN LOS CARGOS POR PARTE DE ROCÍO AGUILAR MONTOYA
El pilar más importante en el sistema financiero de cualquier parte del mundo radica en la confianza de las personas, es un elemento “frágil” y rápido de perder cuando suceden situaciones, que se supone los entes de fiscalización deberían de tener bajo control. Costa Rica no escapa a esa realidad. Sin embargo, como hemos señalado, se han venido presentando problemas graves que menoscaban la confianza del público.
El caso más reciente, el de Coopeservidores, el cual no es aislado y se le suman las caídas brutales en los rendimientos de los fondos de pensiones y la quiebra de Aldesa, en todas estas tragedias financieras se tiene como denominador común la inacción e ineficacia de las entidades de supervisión, control y fiscalización; el denominador común es doña Rocío Aguilar Montoya, quien desde el 2020 ocupa los cargos de Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y Superintendente de Pensiones (SUPEN), y ha ocupado otros cargos públicos de gran relevancia. Se pone de manifiesto la no conveniencia de la continuidad de Rocío Aguilar Montoya y de las personas que participan en el Conassif porque han tenido una conflictividad de hechos en los casos mencionados.
La continuidad de Rocío Aguilar Montoya en los cargos actuales, así como en cualquier otra entidad del sistema financiero, no es viable, por los elementos aquí expuestos y la enorme cantidad de hechos meritorios de investigación. Estamos convencidos y seguros de que su continuidad es perjudicial para el interés público y la estabilidad financiera del país. Aquí se encuentra en juego la credibilidad del sistema financiero costarricense.
El historial de Rocío Aguilar Montoya, dentro del cual figuran presuntos conflictos de interés, incumplimiento de deberes, prevaricato, desobediencia a la autoridad, nombramientos ilegales, tráfico de influencias y otros presuntos conflictos de índole moral, como el de ser parte de puertas giratorias entre el sector público y privado, irritan a los ciudadanos y se exacerban las suspicacias con la inacción de los poderes del Estado, cuyos máximos responsables a tales efectos, pareciera que miran complacientes y timoratos del poder del sector bancario.
Esta inacción compromete el buen nombre de las instituciones de frente a la ciudadanía y es aprovechado por movimientos políticos para alimentar en el imaginario de las personas la idea de que nuestros sistemas de control y justicia deben ser cambiados, en el mejor de los casos; y, hasta eliminados en el peor. El sistema de justicia costarricense está bajo ataque sistémico y es orquestado por intereses políticos turbios que buscan desaparecer la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Es por esto que hacemos un llamado para que se investiguen los hechos aquí señalados, y también se actúe con celeridad sobre aquellas causas abiertas y en proceso.
Miembros del CONASSIF
La permanencia de los actuales miembros del CONASSIF también es cuestionable. Sus decisiones han favorecido intereses privados en detrimento del sector público, como se observa en el manejo del caso de Coopeservidores y el nombramiento ilegal de Adrián Pacheco Umaña. Es crucial para el interés público que sean apartados de sus cargos y se investigue su actuación.
Dado que cerca de 92% de los recursos que maneja el sistema financiero, es dinero de los costarricenses y no de los entes que únicamente lo administran, se requiere que el resguardo de la más estricta administración, transparencia, credibilidad y rendición de cuentas. Y las actuaciones de quienes ocupan los cargos de regulación no generan esas confianzas.
5. SOLICITUD DE INFORMES
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público lo siguiente:
1) Apurar la resolución definitiva de los casos actuales contra Rocío Aguilar Montoya, especialmente los relacionadas con los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública:
Nombramientos cuestionados en el CONASSIF, tal como lo reveló en setiembre de 2022, un informe de la auditoría interna del Conassif que encontró que Alberto Dent Zeledón, Tomás Soley Pérez y Rocío Aguilar Montoya, tuvieron parte en el nombramiento de Adrián Pacheco Umaña, como intendente de Pensiones, para el cual se incurrió en varias irregularidades.
Negarle información al BCCR y el flagrante acto de desobediencia a la autoridad, interpuesta por la Gerente del Banco Central de Costa Rica el 21 de abril del 2023.
Influencia contra la Hacienda Pública en el caso del “hueco fiscal” donde como excontralora de la República, era y es conocedora de la normativa que violentó.
2) Hace 17 años, la señora Rocío Aguilar fue directora de Aldesa y entre setiembre del 2012 y noviembre del 2016, formó parte del comité de inversiones del Fondo de Inversión y Desarrollo de Proyecto Montes del Barco, administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión. Hoy sabemos que hay varios procesos en los estrados judiciales en los cuales esas actuaciones de la señora Aguilar Montoya y de sus asocios de entonces y amigos, son objeto investigación, lo que implica que se requerirá mucha información financiera en custodia de la SUGEF o de los entes adscritos al Conassif; y que no es conveniente su posición actual para la transparencia y la credibilidad del accionar de la justicia.
3) La desatención de la supervisión llevada a cabo en el caso de Coopeservidores es gravísima, pues se ha revelado que ese ente reflejaba índices de deterioro desde hace 8 años atrás, e incluso, desde hace 8 meses era evidente que venía en picada. Sin embargo, la SUGEF permite que el desastre se materialice en contra de miles de pequeños ahorrantes y de Asociaciones Solidaristas. Al respecto, por transparencia doña Rocío Aguilar Montoya, de ninguna manera, es conveniente que permanezca en el puesto de Superintendente.
4) Se aparte a Rocío Aguilar Montoya y los miembros del Conassif de sus cargos. Se abran las investigaciones por los hechos señalados que aún no están siendo investigados.
5) Que dado que se trata las personas que todos los días deciden sobre el manejo de los ahorros del pueblo costarricense; y que sus errores, negligencias y actos fuera de ley tienen la mayor repercusión social; es urgente que se tomen las medidas cautelares necesarias para no exponer más a la ruina el país. Hace 17 años, Rocío Aguilar Montoya fue directora de Aldesa y porque, entre setiembre del 2012 y noviembre del 2016, formó parte del comité de inversiones del Fondo de Inversión y Desarrollo de Proyecto Montes del Barco, administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión.
En consecuencia, la transformación tributaria estructural por la cual venimos luchando y que, por tanto, es la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo, tiene dos objetivos estratégicos. Por una parte, que el sistema tributario costarricense deje de ser injusto; y, por la otra, que deje de ser corrupto. ¡Qué clase de responsabilidad tenemos los y las de abajo y las organizaciones que nos cobijan!
Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.
Nosotros sostenemos que es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Paga más, proporcionalmente hablando, el que menos tiene (la clase trabajadora); y los que más tienen (que cada vez son más pocos, pero acumulan más), no pagan del todo o pagan poco pues eluden, evaden, esconden su capital en el exterior y han logrado construir todo un entramado político asesor que les protege para no pagar.
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
Las juventudes queremos que escuchen lo que tenemos para decir, que nos tomen en cuenta, en lo político y en lo laboral, que el adultocentrismo deje los estigmas sobre que tenemos falta de experiencia y de interés, que no sabemos lo que estamos haciendo, o en otros casos me han dicho que gracias a los jóvenes el país está como está, pero eso no es así, no toda la responsabilidad cae en nosotros, queremos espacios inclusivos a todas las juventudes.
