ANEP denuncia nuevas restricciones y discriminación sindical en el IAFA

Nueva actuación administrativa profundiza trato desigual frente a otras organizaciones sindicales

Administración mantiene decisiones arbitrarias pese a denuncias formales y proceso en el Ministerio de Trabajo

Dirección General pretende desconocer integración de la Seccional ANEP-IAFA previamente reconocida por la propia Administración

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente una nueva actuación del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) que no solo mantiene, sino que profundiza un patrón de discriminación sindical en perjuicio de la Seccional ANEP-IAFA.

Lejos de corregir las situaciones previamente denunciadas, la Dirección General del IAFA, bajo la conducción de la Dra. Delma Vaglio, ha optado por reiterar decisiones administrativas que, en los hechos, restringen y obstaculizan el ejercicio de la libertad sindical.

La emisión del oficio DG-0575-05-2026 constituye un claro ejemplo de esta conducta: la Administración introduce requisitos adicionales y nunca antes exigidos para la tramitación de licencias sindicales, a pesar de haber reconocido reiteradamente —mediante actos administrativos firmes— la legitimidad, integración y funcionamiento de la seccional ANEP-IAFA.

Para ANEP, este tipo de actuaciones no pueden entenderse como hechos aislados. Se trata de un patrón consistente, caracterizado por la aplicación de criterios restrictivos hacia esta organización, mientras que, en otros casos, se han otorgado condiciones significativamente más favorables sin la aplicación de estándares equivalentes.

Los hechos son claros y verificables: mientras a ANEP se le limitan las licencias sindicales a cuatro (4) horas mensuales, otras organizaciones sindicales dentro de la misma institución reciben hasta dieciséis (16) horas mensuales en jornadas completas, sin que exista una justificación objetiva, técnica o jurídica que respalde esa diferencia.

Este trato desigual ya ha sido denunciado formalmente por ANEP y actualmente se encuentra bajo conocimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que confirma la gravedad del conflicto y su dimensión institucional.

Sin embargo, en lugar de corregir esta situación, la Administración ha decidido profundizarla, introduciendo nuevas barreras administrativas que, en la práctica, limitan el ejercicio de derechos fundamentales.

ANEP es categórica: no se trata de un problema técnico ni de un simple trámite administrativo. Se trata de decisiones que generan efectos reales sobre el ejercicio de la libertad sindical y que evidencian una forma de gestión que no está garantizando condiciones de igualdad.

La organización advierte que la reiteración de este tipo de actuaciones compromete la responsabilidad de la Administración por la eventual vulneración de derechos fundamentales, particularmente la libertad sindical y el principio de igualdad.

ANEP deja claramente establecido que continuará ejerciendo, sin ningún tipo de restricción, sus funciones de representación, fiscalización y denuncia, y que no permitirá que prácticas administrativas restrictivas debiliten la acción sindical dentro del IAFA.

Seguiremos sesionando, denunciando, consultando e incomodando cada vez que sea necesario, porque esa es precisamente la función de una organización sindical comprometida con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y con la fiscalización de la actuación pública.

ANEP no renunciará, no retrocederá y no se rendirá bajo ninguna circunstancia en el ejercicio legítimo de la libertad sindical y la defensa de las personas trabajadoras.

Este caso será discutido en el Ministerio de Trabajo y, de persistir estas actuaciones, será llevado ante los tribunales de justicia correspondientes.

La libertad sindical no se restringe: se garantiza.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Cierre de cuatro fincas de Fresh Del Monte impacta a familias de la región Caribe

Ante la reciente información publicada en medios digitales sobre el anuncio de la empresa Fresh Del Monte respecto al cierre de cuatro fincas bananeras en la Región Caribe de Costa Rica, que impacta más de 1.200 hectáreas de cultivo y aproximadamente a 850 personas trabajadoras, las organizaciones firmantes manifestamos lo siguiente

Según lo indicado por la empresa Fresh Del Monte Produce Inc., esta decisión responde a un deterioro en las condiciones del negocio bananero, señalando factores como la apreciación del colón frente al dólar, el aumento en los costos de producción y la afectación por enfermedades como la Sigatoka Negra.

Como Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) y Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lamentamos profundamente esta medida, ya que tendrá un impacto directo y severo sobre cientos de familias trabajadoras de la región Caribe. La mayoría de estas personas dependen exclusivamente de la actividad bananera como fuente de ingreso, y en muchos casos no cuentan con alternativas laborales inmediatas, lo que agrava aún más su situación.

Es importante destacar que la industria bananera continúa siendo una de las principales fuentes de empleo en la región, especialmente en zonas donde otras actividades productivas han sido desplazadas progresivamente.

Ante este escenario, hacemos un respetuoso pero firme llamado a la empresa para que reconsidere esta decisión y explore alternativas menos drásticas que permitan mitigar el impacto social y económico en las comunidades afectadas.

Asimismo, solicitamos que cualquier proceso de reducción de personal se realice con total transparencia, objetividad y respeto a los derechos laborales. En ese sentido, proponemos que la empresa valore la posibilidad de identificar, mediante mecanismos participativos, a trabajadores y trabajadoras otros centros de trabajo, que por razones de salud u otras condiciones deseen optar voluntariamente por su liquidación, priorizando estos casos dentro del proceso.

De igual manera, instamos a que se analicen opciones de reubicación laboral en otros centros de trabajo de la compañía, garantizando condiciones dignas y justas para las personas trabajadoras afectadas.

Finalmente, solicitamos formalmente la apertura de un espacio de diálogo urgente con la empresa, con el objetivo de buscar soluciones conjuntas que reduzcan el impacto de esta medida y protejan la estabilidad de las familias trabajadoras.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y el bienestar de las comunidades.

Firman:
Didier Alexander Leiton Valverde
Secretario General – SITRAP

Alvino Vargas Barrantes
Secretario general – ANEP
Central Social Juanito Mora Porras

Foto IMAS

Estalla escándalo en Tiendas Libres del IMAS (Duty Free) por audio oficial que expone irrespeto y desprecio laboral de jefaturas contra trabajadores

ANEP exige la renuncia inmediata de la Directora de Gestión de Recursos, la aplicación de las máximas sanciones y el inicio de procesos administrativos contra las personas funcionarias involucradas

Resulta vergonzoso e inadmisible que, desde cargos de dirección, se emitan expresiones despectivas y se minimicen problemáticas laborales, en medio de salarios insuficientes y fuga masiva de personal

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente hechos de extrema gravedad institucional en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), específicamente en el área de Empresas Comerciales (Tiendas Libres Duty Free), tras el análisis de un audio oficial de una reunión del 23 de abril de 2026, en el que participan la Directora de Gestión de Recursos y Administradora General de Empresas Comerciales, la Jefatura de Mercadeo y Ventas y personal del área de Desarrollo Humano. En dicho registro, estas jefaturas reconocen salarios insuficientes, minimizan la fuga masiva de personal y evidencian fallas graves en la gestión administrativa y en el cumplimiento de la salud ocupacional, configurando un patrón de conductas incompatible con la función pública.

Resulta inadmisible y profundamente reprochable que, desde estos cargos de dirección y jefatura, se emitan expresiones despectivas y se utilicen calificativos ofensivos, así como que se minimicen problemáticas laborales críticas previamente reconocidas, lo cual compromete directamente su responsabilidad como jerarquías institucionales.

El contenido del audio revela una realidad alarmante: mientras se admite que el salario del personal de cajas es insuficiente, también se asume con indiferencia la salida masiva de trabajadores, alcanzando niveles críticos. Lejos de plantear soluciones, se trasladan las responsabilidades a las propias personas trabajadoras, insinuando que deben renunciar si no están conformes con sus condiciones laborales.

Particularmente grave resulta el uso de expresiones ofensivas y despectivas dentro del espacio institucional, incluyendo referencias peyorativas hacia el personal de cajas, así como manifestaciones de burla y menosprecio frente a la crisis laboral. A ello se suma el irrespeto hacia la organización sindical, con afirmaciones infundadas contra dirigentes sindicales que buscan deslegitimar su labor.

El audio también evidencia una preocupante normalización de incumplimientos en materia de salud ocupacional, así como debilidades estructurales en la toma de decisiones, el control interno y la gestión del recurso humano, todo ello reconocido por las propias autoridades participantes en la reunión.

El registro de audio deja en evidencia hechos particularmente escandalosos: jefaturas institucionales reconocen abiertamente que el salario del personal de cajas es insuficiente y, aun así, reaccionan con indiferencia y burla ante la renuncia masiva de aproximadamente 40 trabajadores, prácticamente la totalidad del personal. Se llega incluso a sostener que quienes no estén conformes “deberían renunciar”, trasladando la responsabilidad institucional a las propias víctimas de la precariedad laboral. De forma alarmante, se utilizan expresiones ofensivas para referirse a los cajeros —incluyendo calificativos como “ganado bravo”—, se minimizan denuncias en materia de salud ocupacional pese a reconocerse incumplimientos internos, y se evidencian contradicciones y falta de control en la aplicación de medidas básicas. Asimismo, el audio revela ataques directos y despectivos contra dirigentes sindicales, con afirmaciones infundadas que buscan desacreditar su labor, mientras se admite que los salarios se encuentran por debajo de niveles mínimos del mercado y que debieron ser ajustados desde hace tiempo. Todo ello configura un escenario de desorden administrativo, irrespeto institucional y grave afectación a la dignidad de las personas trabajadoras, reconocido por las propias autoridades participantes.

Ante la gravedad de los hechos, la ANEP exige:

1. La apertura inmediata de un proceso de investigación administrativa para esclarecer los hechos, determinar su alcance y establecer las responsabilidades individuales correspondientes.

2. La adopción de medidas cautelares inmediatas, incluyendo la separación temporal de funciones o la reasignación de puesto de las personas funcionarias involucradas —la Directora de Gestión de Ingresos y Administradora General de Empresas Comerciales, la Jefatura de Mercadeo y Ventas, y personal del área de Desarrollo Humano—, a fin de garantizar la objetividad del proceso, evitar interferencias y proteger a las personas trabajadoras.

3. La determinación y aplicación de las máximas sanciones disciplinarias previstas en el ordenamiento jurídico a las personas funcionarias involucradas, conforme a la gravedad de los hechos acreditados.

4. En atención a la gravedad de las conductas evidenciadas y una vez determinadas las responsabilidades administrativas:
a) La inmediata separación del cargo de la Directora de Gestión de Ingresos y Administradora General de Empresas Comerciales, así como la gestión de su renuncia, en razón de su responsabilidad jerárquica.
b) La adopción de las medidas disciplinarias correspondientes respecto de la Jefatura de Mercadeo y Ventas y el personal del área de Desarrollo Humano, incluyendo, de ser procedente, la separación de funciones, reubicación o sanciones conforme al régimen disciplinario aplicable.
c) El reemplazo de la persona funcionaria del área de Desarrollo Humano que ejerce funciones de mediación en el área de Empresas Comerciales, para garantizar imparcialidad, objetividad y confianza en los procesos internos.

5. La adopción de medidas inmediatas y efectivas para garantizar el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras, así como la erradicación de prácticas contrarias al buen trato y a los principios de la función pública.

6. La revisión integral de la estructura salarial del personal de cajas, con base en criterios técnicos objetivos, actualizados y verificables.

7. La verificación del cumplimiento efectivo de las disposiciones en materia de salud ocupacional, así como la implementación urgente de las medidas correctivas necesarias.

8. El establecimiento de mecanismos efectivos de seguimiento y control que garanticen la atención oportuna de las problemáticas señaladas y la rendición de cuentas.

9. La remisión a la ANEP de un informe detallado, formal y debidamente fundamentado sobre la apertura del procedimiento administrativo, las actuaciones realizadas y las decisiones adoptadas, dentro del plazo legal correspondiente.

Resulta inaceptable que personas que ocupan cargos de dirección y jefatura se expresen en términos despectivos hacia las personas trabajadoras, utilizando calificativos ofensivos y minimizando problemáticas laborales que ellas mismas reconocen como graves.

Este tipo de conductas no solo vulnera la dignidad de quienes sostienen el funcionamiento de la institución, sino que evidencia una forma de gestión alejada de los principios básicos de respeto, responsabilidad y servicio público.

La ANEP advierte que lo ocurrido no puede ser tolerado ni normalizado, y exige una respuesta inmediata, firme y ejemplarizante por parte de las autoridades, acorde con la gravedad de los hechos.

Oficio enviado al IMAS sobre lo acontecido

Sala Constitucional declara con lugar amparo contra el PANI por violar el derecho de respuesta

La ANEP solicitó información detallada sobre nombramientos cuestionados por la Auditoría Interna; sin embargo, el PANI no respondió dentro del plazo legal.

La Sala Constitucional determinó la violación al derecho de petición y pronta respuesta, y evidenció que la institución contestó únicamente tras la intervención judicial.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), expediente N.° 26-010229-0007-CO, al comprobar que la institución no respondió dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con los nombramientos en propiedad cuestionados en un informe de Auditoría Interna, y que solo emitió respuesta tras la intervención de la Sala.

La gestión presentada el 4 de marzo de 2026 solicitaba información clara y detallada sobre: el estado de la investigación administrativa, la existencia de procedimientos disciplinarios, la cantidad de casos en trámite, las dependencias involucradas, los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la existencia de un informe jurídico sobre los hechos señalados.

Pese a ello, el PANI se limitó inicialmente a acusar recibo sin brindar respuesta de fondo dentro del plazo legal, lo que obligó a interponer el recurso de amparo. Posteriormente, y únicamente después de la intervención de la Sala Constitucional, la institución remitió el oficio PANI-PE-OF-804-2026, en el que indicó que conformó una comisión para analizar los casos y que el proceso se encuentra en revisión. Sin embargo, no proporcionó información concreta, resultados ni conclusiones sobre las eventuales responsabilidades, limitándose a señalar que el análisis continúa.

En su resolución, la Sala Constitucional determinó que esta conducta constituye una violación al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, señalando que la Administración Pública está obligada a responder dentro de los plazos establecidos y que la falta de respuesta oportuna es contraria al ordenamiento jurídico.

Para la ANEP, este caso evidencia una falta de transparencia en un tema de alto interés público y confirma la necesidad de recurrir a instancias constitucionales para garantizar el acceso a la información.

La organización reitera que continuará dando seguimiento a este proceso, en busca de una respuesta final clara, completa y conforme a derecho, así como la determinación de las responsabilidades que correspondan.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Rodrigo Chaves deja la Presidencia con dos querellas interpuestas en su contra por la ANEP

Este próximo 8 de mayo, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, deja su cargo con un serie de denuncias y querellas en su contra, dos de estas últimas, fueron presentadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por delitos contra el honor.

La primera de estas por aseveraciones graves contra el honor realizadas por Chaves Robles en contra de la ANEP y toda su afiliación. Mientras que la segunda se da luego de que achacara que el aparente robo de fentanilo en algunas farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) era responsabilidad del Secretario General de la ANEP.

Las querellas interpuestas

El viernes 18 de julio del año 2025, la ANEP interpuso una querella de acción privada por delito contra el honor, ante la Fiscalía General de la República, por un delito contra el honor ante declaraciones difamantes y calumniosas realizada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, en contra de nuestra organización y toda su afiliación.

Lo anterior debido a que Chaves Robles no tuvo la hidalguía de disculparse del ataque al honor de las miles de personas trabajadoras asociadas a la ANEP, acusando de «corrupta» a la organización.

Las aseveraciones de Chaves Robles, fueron realizadas el 18 de marzo de año 2025, en una marcha convocada para solicitar la salida del Fiscal General de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez.

Segunda querella

La segunda querella fue presentada el lunes 9 de febrero del año en curso, por el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, ha ante la Corte Suprema de Justicia, mediante acción privada por delitos contra el honor.

Las acciones denunciadas por el Secretario General de la ANEP, se remontan a setiembre del año 2025, cuando Chaves Robles manifestó, durante la inauguración del Ebais de San Rafael Arriba de Desamparados, que Vargas Barrantes se oponía a la implementación del programa ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), porque quería ocultar el robo y faltante de fentanilo.

Sin embargo, dicha información calumniosa, emitida por el Presidente de la República, fue desmentida por la propia presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, quien en el cumplimiento de su deber como funcionaria pública, evitó ser una caja de resonancia de las falacias emitidas en contra del Secretario General de la ANEP, manifestando que el faltante de fentanilo obedecía a una falla presentada en el sistema contable del ERP-SAP tras su implementación

Ante esta situación, el Secretario General de la ANEP presentó la querella contra el presidente de la República, siendo la segunda de estas características.

Desde la ANEP hacemos un llamado a que el respeto entre las personas y organizaciones con pensamientos políticos, sociales y económicos, distintos en una democracia, se deben respetar y no es el insulto, ni la descalificación, ni la amenaza y mucho menos la intimidación lo que debe prevalecer en las relaciones propias de la convencías

Destitución del Subgerente de Sistemas del GAM en AyA es oportuna ante debilidades en su gestión

La Seccional ANEP-AyA hace de conocimiento público la reciente destitución de Alejandro Calderón Acuña, como Subgerente Sistemas Gran Área Metropolitana de Acueductos y Alcantarillados (AyA), decisión que consideramos oportuna en el contexto de la situación actual de la institución.

Durante un tiempo considerable, se habían venido señalando debilidades en la gestión que impactaban el adecuado funcionamiento institucional, por lo que esta medida representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la administración y la mejora en la toma de decisiones en AyA

Como organización sindical, reiteramos la importancia de continuar evaluando el desempeño de los distintos niveles jerárquicos, con el fin de garantizar que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad contribuyan efectivamente al cumplimiento de los objetivos institucionales y al buen servicio público.

Asimismo, manifestamos nuestra disposición de colaborar de manera constructiva en los procesos de mejora que se impulsen, siempre en defensa de los intereses de las personas trabajadoras y de la ciudadanía en general

La seccional ANEP-AyA reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Presidencia electa debe aclarar versión sobre eventual nombramiento de Fabricio Alvarado en el PANI

Ante la información de fuentes internas del PANI y que circula en redes sociales sobre un eventual nombramiento del diputado Fabricio Alvarado como Ministro de la Niñez y la Adolescencia (PANI), resulta indispensable que la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, aclare de forma inmediata si esta versión es cierta o falsa.

Se trata de un cargo de la más alta sensibilidad, vinculado directamente con la protección de la niñez y la adolescencia. En ese contexto, no puede ignorarse que sobre esta figura han circulado señalamientos y cuestionamientos públicos de carácter grave, lo que eleva el nivel de escrutinio que la ciudadanía exige frente a cualquier eventual designación.

La transparencia y la idoneidad en este tipo de nombramientos son fundamentales. La ciudadanía merece una aclaración clara, categórica y oportuna que confirme o descarte esta información y garantice que las decisiones en materia de niñez se adopten con los más altos estándares.

Incluso, la propia Laura Fernández acusó a Fabricio Alvarado de un supuesto acoso sexual ocurrido cuando ella era asesora en la Asamblea Legislativa.

En aquel entonces, La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández Delgado, acusó al aspirante presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, de haber incurrido en actos de acoso cuando ella trabajó como asesora en la Asamblea Legislativa.

El señalamiento ocurrió durante el debate presidencial organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina de Costa Rica, el pasado mes de enero.

Ante estas graves situaciones, es que ANEP solicita una aclaración ante las informaciones que trasciende sobre el eventual futuro en la dirección del PANI.

Pronunciamiento Oficial de la ANEP con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora

En Costa Rica, en el estado de gran desigualdad en que nos tienen los y las gobernantes de uno y de otro color, la clase trabajadora tiene una gran agenda de lucha por la verdadera justicia social y la real democracia.

Dentro de esa gran agenda socio-obrera y cívico-patriótica destacan este Primero de Mayo de 2026 los siguientes puntos:

1- SALARIOS: Alto al socialmente criminal congelamiento salarial en el Sector Público. En este ámbito urge un régimen salarial específico y único para los cuerpos policiales. Exigimos, por otra parte, la implementación de un nuevo salario mínimo para el Sector Privado para lo cual ya existe un estudio técnico.

2-DEFENSA DE LA HISTÓRICA JORNADA DE 8 HORAS: Rechazamos la inmoral pretensión patronal de eliminar el Derecho huano fundamental y constitucional de la jornada de 8 horas, con el objetivo de traerse abajo el pago de las horas extra, del tiempo extraordinario, esto impulsado por sectores empresariales y politicos sin escrúpulos.

3- CCSS: Exigimos que el Gobierno le pague a la Caja su perversa deuda que ya va hacia los 5 billones de ₡ (5.000.000.000.000). Rechazo rotundo a cualquier forma de privatización-tercerización y, por ende, impulso a una nueva época de fortalecimiento.

4-PENSIONES IVM Y ROP. La crisis de pensiones IVM no debe resolverse sobre las espaldas de la clase trabajadora. El monto de las pensiones debe reajustarse con nuevos parámetros y metodologías. Y para las personas trabajadoras ya pensionadas exigimos la entrega total del ROP

5- DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO expresado en el grupo de empresas públicas altamente rentables: ICE, INS, A y A, RECOPE, FANAL, Correos, bancos públicos. Alto ya a la insaciable voracidad codiciosa de los grupos poderosamente económico-financieros que compran partidos, que compran medios y que compran políticos.

6- CONTRA LA CRECIENTE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN ECONÓMICA: exigimos una robusta politica social que implica el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, los CEN-CINAI, el IMAS, el PANI, el IAFA, la Cultura, Comedores Escolares; y, en general la Educación Pública a todo nivel.

7- REAL JUSTICIA TRIBUTARIA YA. La clase trabajadora asalariada y no asalariada es la real pagadora de impuestos. La clase rica los evade, los elude y deposita sus capitales en el exterior. Demandamos pasar de la regresividad tributaria a la progresividad tributaria.

8- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL SE RESPETA. Exigimos el pleno respeto al ordenamiento jurídico costarricense con su vinculación estratégica con el ordenamiento jurídico internacional: respeto pleno al fallo constitucional 25-008201 y a la Opinión Consultiva OC 27/21 sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

9- ES URGENTE RECUPERAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NACIONAL: Costa Rica necesita una agresiva política de Soberanía y Seguridad Alimentaria ante las circunstancias del desarrollo de un mundo altamente bélico-conflictivo de gran adversidad para un pequeño país como el nuestro.

10- NOS PRONUNCIAMOS POR LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DEL PAÍS. Rechazamos el ataque del macro-egoísmo corporativo-empresarial al patrimonio verde del país, específicamente en parques nacionales y áreas de conservación. El fortalecimiento del servicio de guardaparques y la reivindicación plena de su personal, exigen atención política urgente.