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De manera rotunda, totalmente contundente y con base en diversos argumentos, todos los cuales son sólidos y formulados por personas con gran conocimiento en el tema, dejamos clara nuestra oposición a la venta-privatización del Banco de Costa Rica (BCR), que está impulsando el actual Presidente Chaves Robles. Es más,siempre hemos salido en su defensa desde mucho antes de que Chaves y su grupo emergieran a la escena pública del país.

Esto, efectivamente, no es nada nuevo. Ya en el pasado se han dado varias intentonas, todas fracasadas para dicha de la Patria. Entre otros factores, la movilización sindical, social y ciudadana ha resultado determinante para defender al BCR; contándose, además, con el aporte de sectores político-patrióticos de colectividades partidarias, la militante conciencia académica; y, hasta sectores productivo-empresariales que no están insertos en la lógica del desenfreno de la concentración de la riqueza, a partir de la apropiación privada de activos de propiedad pública con inmensísimo valor de mercado.

Un distinguido costarricense Jaime Ordóñez Chacón y la compatriota, también de notable trayectoria, Montserrat Botey Sobrado, escribieron un interesante y potente artículo-denuncia acerca de esta nueva intentona del gran capital atrincherado en el gobierno de turno: La oscura venta del Banco de Costa Rica – Una explicación a la ciudadanía. Los datos que nos aportan son de tal calibre que, definitivamente, no puede uno más que pensar que estaríamos de cara a un “megachorizo sin precedentes”.

Chaves Robles, con el apoyo militante de doña Pilar Cisneros Gallo, propone vender el BCR en 1.750 millones de dólares EUA. Esto significa en colones 875 mil millones (875.000.000.000), lo que equivale a un 1.76 del Producto Interno Bruto (PIB), considerando que para este 2024, cada punto PIB es de 496 mil millones de colones.

Pero resulta ser que, en el artículo mencionado, se habla que el BCR tiene un capital que equivale a 15 mil 254 millones de dólares EUA; cifra ésta que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), tenía registrada para el BCR, en el año 2021. Es decir, hablamos de que el BCR vale 7 billones 627 mil millones de colones: 7.627.000.000.000; es decir, poco más de 15 puntos PIB.

Entonces, vean ustedes el “regalazo” que significa la venta del BCR que quiere hacer Chaves, doña Pilar y
compañía: los 1.750 millones dólares EUA apenas representan un 11.47% del capital que representaba dicho banco en el 2021.

Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.

En próximas entregas comentaremos más datos y análisis de lo monstruoso de este intento privatizador del BCR; tal vez, el más osado, temerario y manipulador de todos los intentos anteriores.

De manera especial, hay que denunciar con toda fuerza y contundencia, lo que parece ser un oscuro pacto politiquero de cara a la elección legislativa de la presidencia del parlamento para el próximo 1 de mayo de este año 2024. Hacer un trueque de esa presidencia a cambio de la venta de un banco público se convierte en una monstruosidad imposible de catalogar en toda su perversa dimensión.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Debemos reconocer que en la Asamblea Legislativa actual se emiten, también, leyes justas pensadas para favorecer a las mayorías trabajadoras y empobrecidas de nuestro país.

Aunque estamos en tiempos político-económicos e ideológicos que priorizan la concentración abusiva de la riqueza y la entronización de la desigualdad, todavía se legisla pensando en el bien común y en el bienestar del mayor número de personas. Aunque estas son las menos ocasiones, pero el “milagro” ocurre.

El señor diputado don Gilbert Jiménez Siles y la señora legisladora doña Gloria Navas Montero hicieron una gran labor político-social para que se aprobara en el actual parlamento el proyecto de ley Expediente Legislativo No. 23.515 denominado “Ley que sanciona el delito de préstamos de dinero gota a gota”.

Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.

Creemos que, desde los ámbitos de la clase trabajadora asalariada y no asalariada, altamente endeudada y gran parte de la cual está esclavizada con los altos endeudamientos, las tasas de usura y el gota a gota, solamente hay gratitud para ustedes, tanto como para el resto de diputados y de diputadas que dieron su voto a este urgentísimo, imprescindible y fundamental proyecto en contra de una de las peores formas de esclavitud moderna que es la financiera.

Exhortamos, con vehemente respeto, al Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, para que lo más pronto posible firme esta ley, le dé lo que se llama el “Ejecútese” del Poder Ejecutivo (como lo ordena la Constitución), y entre a regir esta ley ¡ya!

Pongamos cuidado a lo que ordena esta nueva ley en su Artículo 1: “Extorsión cobratoria. Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años, a quien haga uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar u obligue a un deudor o sus familiares al pago de la deuda o de la obligación crediticia que le haya sido otorgada”.

Pero la pena puede ser más severa, de 5 a 10 años cuando: “a) La amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad. b) Si el hecho fuere cometido por dos o más personas. c) Si agredieren física o psicológicamente a la víctima. d) Si el hecho es cometido con armas o mediare daños a la propiedad”.

Este otro señalamiento de la ley que convirtió el crédito gota a gota en delito criminal penado con cárcel, merece destacarse fuertemente: “La pena anterior será de ocho a quince años de presión cuando los hechos califiquen como delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley No. 8754 del 24 de julio del 2009 y sus reformas”.

En la corriente sindical en la cual militamos, estamos en disposición de ayudar a aquellas personas trabajadoras afiliadas que hoy día sufren este tipo de esclavitud financiera que es el crédito gota a gota; el cual, como vimos, ya es delito criminal penado con cárcel.

No encuentra uno la palabra correcta o el concepto apropiado para calificar el siguiente dato que se hizo público recientemente: 23 mil es la cifra de deserción de estudiantes de primaria y de secundaria que se dio en el pasado año 2023. Con exactitud, 23.750 personitas de la niñez y de la adolescencia dejaron de ir a las aulas educativas del sistema público ese año.

Sin duda alguna esto es producto de una conjunción de factores que tiene al país en involución, en cuanto al otrora famoso desarrollo económico-social con altos niveles de inclusión que había alcanzado la sociedad costarricense. El país del “pura vida”, la “Suiza de América”, el “altar” de los Derechos Humanos (DD.HH.) ha dejado de existir. ¡Entendámoslo!

Según lo indica el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata de niños, niñas y de adolescentes en cuyos hogares priva la dificultad económica; combinada con baja escolaridad, algo que está detectado que priva en esa juventud que ya quedó inserta en las bandas criminales, que cayó presa e, incluso más doloroso, que murió en medio de la violencia de las balas.

Quiere decir esto, en consecuencia, que esas 23 mil 750 personas todavía en niñez y en adolescencia pasan a ser el “mercado humano” al cual acudirán esas bandas y esos grupos criminales, en pleno desarrollo, para reclutarles a fin de llevarles a integrar las respectivas redes delincuenciales y del crimen organizado.

Las 23 mil 750 nuevas personitas “listas” para ese perverso reclutamiento vienen, entre otros lugares, de zonas geográficas castigadas por la exclusión social y económica: zonas costeras de Limón y de Puntarenas, zonas fronterizas como la Norte. Por demás, “nada nuevo” si consideramos que las mismas han venido configurando la otra Costa Rica, la de la desigualdad sistemática que se ha vuelto sistémica.

Recientemente, los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), atinadísimamente, señalaron que la Costa Rica de hoy día ocupa de otro modelo de organización económica. ¡Exacto!

Las 23.750 nuevas personitas potenciales integrantes de bandas criminales constituyen muestra inequívoca de que el actual modelo de organización económica, ha fracasado rotundamente. Les dejó por fuera, les lanzó a la calle, cuando sus estructuras de personalidad están en formación y cuando los valores positivos necesarios para una integración social y productiva se trastocan ante el espejismo del dinero fácil con el cual superar la exclusión económica de que han sido víctimas.

Y es que éste es el punto cardinal, central, medular del grave problema de la actual sociedad costarricense: se ocupa otro modelo de organización económica porque el actual ha convertido a la desigualdad en política de Estado.

El actual modelo de organización económica es tan perverso y tan amoral que, sin asco, el profundo recorte presupuestario que impone a diversos programas de política social, es la base para alegar mejoras en cifras macrofiscales, maquillándolas; pues sigue sin revolverse, por ejemplo, ni en lo más mínimo, el monstruosísimo pago diario de intereses obscenos de la deuda pública.

El narco y el crimen organizado están más que felices: el fracasado modelo actual de organización económica (según el manifiesto de la Iglesia Católica, que nosotros compartimos), todos los días les provee “mano de obra” más que barata. En el 2023, tuvieron por cada uno de los 200 días lectivos de ese año, prácticamente, 112 personitas a su disposición.

En nuestro país existen grupos de personas que desde los diferentes espacios en los que actúan, cuando se trata de la cosa pública, de las políticas públicas, de la práctica política cotidiana, muestran cada vez con mayor agresividad su visión de mundo que quisieran imponérsela al resto de la sociedad.

Esa visión de mundo, de corte totalitario y totalizante, nosotros la hemos catalogado como el todo mercado-nada Estado. Es para nosotros el lado incorrecto de la Historia.

Por el contrario, y muy a pesar de la visión de mundo todo mercado-nada Estado, las cosas en Costa Rica surgieron desde la perspectiva de una acción de política pública con sentido social; de tal suerte que fue la preocupación por poner a la búsqueda y a la promoción del bien común, en la centralidad del esfuerzo colectivo por fomentar una sociedad promotora de la inclusión social y económica. Según nuestro entender, es éste el lado correcto de la Historia.

En la pugna cotidiana entre estas dos visiones del ordenamiento social, en Costa Rica el todo mercado-nada Estado no ha logrado imponerse completamente, pese al mayor esfuerzo político que ha podido desplegar al ser el controlador de las últimas administraciones gubernativas, incluyendo la actual.

A la inversa, el otro lado,la acera de enfrente a la del todo mercado-nada Estado, muestra importantes episodios de lucha cívico-social a lo largo de los últimos 40 años, que han permitido mantener en pie a grandes herencias institucionales pensadas para la inclusión social y económica. Ahí están, en pie, por ejemplo, herencias vitales del bien común y de la inclusión social como la CCSS, el INS, el ICE, el INA, el AyA, el BCR, el Código de Trabajo, la universidad pública, entre otras joyas de la abuela.

Sin embargo, es más que obvio que los del todo mercado-nada Estado se han venido apropiando, exageradamente, de los beneficios del crecimiento económico lo cual les ha permitido tener abultadísimas fortunas producto de un sistema tributario injusto y corrupto que ya es sistémico.

Frente al todo mercado-nada Estado,con su proclividad a lo totalitario y totalizante, lo correcto es enriquecer el campo de la acción democrática con contenido social. Y para ello, la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) nos ofrece una gran posibilidad de aglutinamiento constructivo de amplia base.

Al ser Costa Rica un país que ha decidido adherirse a la comunidad continental y planetaria de los DD.HH., firmando, aprobando y ratificando la más amplia serie de tratados en la materia; el todo mercado-nada Estado ha de enfrentar un desafío imposible de superar pues su egoísmo glotón le ha de ganar la repulsa social más amplia… si trabajamos para ello.

En la corriente sindical en la cual militamos, y ante el ataque furioso del todo mercado-nada Estado, a las leyes laborales, a la Negociación Colectiva, al salario mínimo, a la seguridad social, al empleo público, al propio clima y a la preservación del ambiente que nos fuera heredado; creemos que en los diversos tratados de Derechos Humanos estamos encontrando nuevos contenidos, renovados bríos, argumentaciones sólidas, como para aportar a la derrota, ojalá definitiva, del todo mercado-nada Estado.

“Nuestro modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo”. Este criterio no es de origen sindical; es de los obispos costarricenses integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

Estamos hablando del documento eclesiástico Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria.

¡Descuiden, señores del Poder! No se trata de la abolición de la propiedad privada, ni nadie del capital sufrirá expolio alguno bajo ninguna circunstancia, aunque su enorme dimensión en ciertos ámbitos de la producción, de la economía y de las finanzas, ponen en entredicho su limpieza.

Lo que a nuestro juicio está indicando, de manera implícita, la CECOR, es que estamos necesitando de otro modelo de organización socioeconómica que sea estructuralmente capaz de superar la pobreza de modo significativo.

Además, agregamos nosotros, ese otro modelo de organización socioeconómica también debe ser capaz ya no solamente de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión, sino de devolvernos a la senda de la inclusión social y económica.

Como nuestro “modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo”; entonces (a modo de ejemplo), es sumamente urgente que:

1. hay que proceder a la radical transformación del sistema tributario, que incluya una declaratoria de emergencia del sistema de aduanas;
2. hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública desde la Asamblea Legislativa pero con una comisión mixta que incluya a entidades ciudadanas;
3. hay que revisar, profundamente, el tema de las zonas francas y su orgiástico aquelarre de exenciones y de exoneraciones;
4. hay que contratar, al menos, a 20 mil personas jóvenes para los diversos cuerpos policiales del país;
5. hay que darle un giro de 180 grados a la gestión, ya casi inexistente, del MAG, para que se dedique a la soberanía y a la seguridad alimentarias;
6. hay que establecer un nuevo salario mínimo de fijación semestral, con limpieza y fortalecimiento de la inspección laboral;
7. hay que pagarle la deuda a la Caja;
8. hay que crear más empleo público gestor de empoderamiento para la movilidad social con carácter estructural;
9. hay que fomentar el cooperativismo de los micro y medianos emprendimientos conectados con las zonas de gran pobreza y de exclusión económica y de notorio desempleo juvenil;
10. hay que darles más potestades y más financiamiento a las municipalidades para una provisión de servicios públicos y de impulso a políticas públicas rompedoras de estereotipos institucionalizados que han colapsado en el seno del Estado central.

La incapacidad del actual modelo de organización económica para la integración social plena tiene también enormes consecuencias negativas en los ámbitos del empleo juvenil, de vivienda social, de los servicios educativos públicos, de nuestro sistema de salud y de seguridad social. En todos estos ámbitos la denuncia pública de su proceso de deterioro sistemático y acelerado es cosa de todos los días. 

El Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria, merece que le demos gran atención.

Primero fue la señora diputada doña Gloria Navas Montero quien dio en el punto correcto: vamos directo hacia el narcoestado en la medida en que no se invierta, de manera estratégicamente fuerte, en materia de seguridad. Más leyes en este ámbito, por sí solas, de nada servirán. Sin plata suficiente nada se podrá hacer que sea realmente de impacto.

Luego fue el señor diputado don Gilberto Campos Cruz quien planteó, de manera dura y directa, la misma tesis: sin más financiamiento en materia de cuerpos policiales, el narcoestado se impondrá, de manera definitiva. El colapso será total. Sin plata suficiente nada se podrá hacer que sea realmente de impacto.

Muchísimos meses llevamos ya planteando esta circunstancia mediando las diferentes voces líderes de los cuerpos policiales organizados en la corriente sindical en la cual militamos.

Una y otra vez, cientos de veces, se ha alertado desde el ámbito obrero-policial el paulatino y sistemático deterioro integral de la capacidad instalada en materia de seguridad ciudadana; conceptuada esta integralmente: Fuerza Pública propiamente dicha, policía antidrogas, migratoria, guardacostas, de fronteras, vigilancia aérea, penitenciaria, tránsito, judicial y fiscalía, tributario-fiscal, guardaparques y hasta de inteligencia.

Si los poderes políticos que manejan la sociedad costarricense, tanto los de carácter real como los de la formalidad republicano-institucional, no toman las decisiones estratégicas en la materia, es decir, generando una fuerte inyección de recursos públicos en cada una de esos cuerpos policiales, la batalla está perdida.

Los grupos narco-organizados están ya tomando debida cuenta de la debilitad estructural y estratégica que está mostrando el aparato público-institucional y muestran osadía sin límites como atacar frente a los propios edificios judiciales.

Se tienen que derribar tabúes y superar fanatismos ideológicos en la cuestión fiscal. Por ejemplo, urge subir el techo de la regla fiscal en, al menos, 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para destinar recursos frescos a mayor contratación de personal policial en todos esos cuerpos; para la más amplia modernización tecnológica y de inteligencia, vehicular y de avituallamiento; para construir más instalaciones policiales, para desplegar programas de asocio directo comunidad-policía en el nivel local, para elevar la calidad del control del flujo migratorio ilegal, etc.

Se debe establecer una política de empleo y salarial de nuevo tipo para el personal policial de Costa Rica, con nuevos estímulos, con salud ocupacional de primera y con posibilidad real de una jubilación especial.

Se debe desterrar ese fiscalismo fundamentalista, ortodoxo y extremista, de todo lo que tiene relación con el financiamiento de la política integral de seguridad nacional para cerrarle el paso, de manera efectiva, al avance del crimen organizado del narcotráfico.

Datos extraoficiales en nuestro poder indican que, por ejemplo, en la propia Fuerza Pública se necesitan 6.000 nuevos policías; 1.200 en la Policía de Tránsito; cerca de 700 en la Profesional de Migración; 1.200 en la Policía Penitenciaria; 500 en la PCD y 300 en el Servicio de Vigilancia Aérea y otros 300 en el de Guardacostas; más 500 en el OIJ y 500 en la Policía de Fronteras.

Solamente en estos cuerpos policiales estamos hablando de más de 11.000 personas jóvenes, las cuales insertas en este mercado laboral de la seguridad pública les serán arracadas a los tentáculos del narco que están asechando a nuestra juventud desempleada y sin esperanza.