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Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Grave error sindical, de carácter antiobrero, es hablar de la sostenibilidad futura, en el corto, largo y mediano plazo del régimen de pensiones más importante del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado desde siempre por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin explicarle a la población trabajadora del país, especialmente la joven, qué fue lo que pasó para que ahora se hable de que el IVM tiene “problemas financieros”.

Según se nos ha explicado por personas expertas con gran trayectoria de análisis en cuanto a las finanzas de IVM a lo largo de los últimos tiempos, la gran tragedia que afectó al mismo fue la de su transformación paulatina, al margen de la ley y de la Constitución, de su carácter de régimen pensional de capitalización a uno de reparto.

Se empezó bien y fue tan grande la cantidad capitalizada que se volvió atractivo y tentador utilizar la plata para financiar diversos programas de política social para poblaciones vulnerables al punto de que, finalmente, el IVM fue alejado de su naturaleza, de su esencia, la capitalización, para convertirlo, de facto, en un régimen de reparto.

Eso fue un proceso paulatino a lo largo de las últimas administraciones gubernativas, al menos durante los últimos 30 años; es tan enorme la cantidad de plata que fue “saqueada” del IVM-CCSS como la de hablar de, prácticamente, 50 billones de colones; o, 50 millones de millones de colones. En cifras así: 50.000.000.000.000.

Este “faltante” se lo vienen cobrando a las personas que menos responsabilidad tienen en el descalabro de IVM y, eso explica, por ejemplo, la última reforma anti-obrera del IVM que entró a regir en enero pasado cuando la edad para pensionarse quedó en 65 años. Ahora van por los 67 y, no se saciarán, van por los 70 en el mediano plazo.

El “faltante” ocurrió en los gobiernos liberacionistas, los de la Unidad y los dos del PAC. Con la llegada al Ejecutivo de Rodrigo Chaves Robles, la situación se agrava pues están planteando el retiro total del Estado de su obligación de aportar, como Estado, al fondo de pensión de cada persona trabajadora afiliada al IVM. Sin hablar, de que en este gobierno la deuda del Estado con la Caja está llegando a los 4 billones de colones.

El “menú” anti-obrero que está en preparación es aterrador: a) Elevar la edad para pensionarse a los 67 años. b) Reducir el monto-cantidad mensual a recibir una vez esté la persona trabajadora jubilada: podría llegar hasta un 40% o menos de su salario. c) Se tiene previsto un aumento en la cuota obrera mensual que le es deducida, por planilla, al sueldo de cada persona trabajadora, pública o privada. d) Está en el tintero la propuesta de poner a pagar seguro de salud y de pensiones a las actuales personas trabajadoras pensionadas por IVM. e) Eliminar-retirar el aporte del Estado al fondo de pensión de cada persona trabajadora activa. f) Considerar elevar el monto actual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar al IMV.

Habrá notado usted que son las espaldas de la clase trabajadora las únicas que tendrán la responsabilidad de darle sostenibilidad financiera futura al IVM-CCSS. Al Estado pretenden retirarlo de esa responsabilidad. A la clase patronal, al menos de manera pública, no le están pidiendo aportes extra.

Si ya de por sí es grave que la clase trabajadora tenga que pagar las consecuencias de que el IVM fuera descapitalizado; igual de grave resulta que el Estado “se lave las manos” y anuncie su retiro del aporte a cada persona cotizante de IVM. Sin duda, esto es una decisión de fuerte contenido ideológico-neoliberal y representan un avance muy serio en contra de los postulados sociales contenidos en la Carta Magna, la Constitución, de 1949. Volveremos sobre el tema.

La corriente político-ideológica que domina la política costarricense, cuya esencia es la acumulación abusiva de la concentración de la riqueza, se dispone a dar un nuevo zarpazo a la misma Democracia con el impulso al proyecto de ley que pretende privatizar el exitoso modelo eléctrico solidario que, durante los últimos 75, años ha gestionado, exitosamente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Con el timo, no menos ideológico de la “apertura”, buscan mercantilizar para beneficio del lucro privado, un servicio de electricidad que ha sido pensado para el bien común desde que se fundara el ICE, allá, en el año 1949.

Por estos días hemos escuchado un pensamiento de corte popular que dice: “Donde Dios puso una estrella, el ICE puso un bombillo”. Nada mejor que esta frase para resumir el impacto que tuvo el ICE, llevando luz eléctrica a todos los lugares de la república, de costa a costa y de frontera a frontera; y, a la vez, generando la posibilidad de un sistema de distribución de corte solidario, como ha sido el de las cooperativas de electrificación rural.

El “Todo mercado, nada estado” procura hacer avanzar su proyecto-país en el cual solamente una minoría va a disfrutar de los beneficios del crecimiento económico, por ende, considera que las rentas posibles derivadas de la actividad de las empresas públicas, representa un objetivo estratégico para incrementar muy sensiblemente, sus ya descomunales ganancias.

Este dilema entre la perpetuación del modelo solidario del ICE en el campo de la electricidad, versus, la privatización de este servicio, golpeará a los amplios sectores de la actual población costarricense que sufren fuertes restricciones de ingresos, o no los tienen del todo; como sucede en este caso con los sectores pobres de nuestra sociedad que necesitan de las diversas políticas públicas asistencia vital.

Y es que, nosotros concebimos el proyecto privatizador de la electricidad como parte de esa especie de “guerra contra los pobres” a los cuales se les viene agrediendo, de manera inmisericorde, con los brutales recortes presupuestarios a diversos programas de asistencia social, tales como las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, los subsidios para la construcción de vivienda de bienestar social, los comedores escolares del MEP, la Red de Cuido, las becas Avancemos y otros programas a cargo del PANI

Estupefactos quedamos con el cínico reconocimiento que hace el Ministerio de Hacienda al admitir que los dineros destinados a este tipo de políticas sociales y otras similares tienen una importancia secundaria en la acción del actual gobierno, por cuanto la prioridad es la deuda publica y su vulgar pago de intereses.

Entonces, tenemos que, por una parte, el “Todo Mercado, Nada estado” pretende apropiarse de las rentables empresas públicas que todavía conserva el pueblo costarricense, bajo la inspiración de la promoción del bien común y de la inclusión social y cristiana, por una parte; por la otra, impulsando una política de exterminio de los programas sociales reduciendo al mínimo la inversión estatal en los mismos. Es por esto que decimos que hay una relación perversa entre los objetivos del “Todo mercado, Nada estado” y la especie de “guerra contra los pobres”, actualmente en desarrollo.

Desde nuestra perspectiva, el concepto de los “pobres” comprende también una alta gama de la clase media del país, misma que se encuentra en extinción, ahogada en deudas, con salarios precarizados y congelados, victima de un sistema tributario que es doblemente perverso porque es injusto y corrupto; además, con un costo de vida que golpea sus alicaídas finanzas.

Sin duda alguna la defensa del exitoso modelo eléctrico que ha gestionado el ICE es una tarea que debemos asumir todos los sectores sociales que, de un modo u otro, somos objetivo de ataque del “todo mercado-nada estado” en su “guerra contra los pobres”, lo cual nos dice de la importancia de la movilización bajo los postulados de la Democracia de la Calle.

El espectáculo circense que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa, el pasado miércoles 1 de mayo, con ocasión de la presentación del informe presidencial fue, sencillamente, deprimente, desalentador y nada beneficioso para la misma democracia; la representativa, por supuesto, la cual, ya de por sí, está sumamente deteriorada. Siguen echándole leña al fuego… 

El matonismo político del mandatario Rodrigo Chaves Robles no parece generar una respuesta política contundente de parte de las señoras diputadas y de los señores diputados, más que los discursos de respuesta que pronuncian en días siguientes, los cuales, solamente, critican la diatriba de Zapote contra el sistema republicano-institucional.

Nosotros pensamos que las verdaderas necesidades de la clase trabajadora costarricense son las grandes olvidadas, tanto en la perorata presidencial como en las débiles respuestas de la oposición.

La clase trabajadora, integralmente conceptuada, no la está pasando bien. En el caso del sector Público ajusta ya 5 años de congelamiento salarial total, violatorio de derechos constitucionales y de derechos humanos. 

En el caso del sector Privado, el actual nivel del salario mínimo sigue siendo factor de empobrecimiento y de impulso a la exclusión social; situación que ni a unos ni a otros, actores y actrices del espectáculo circense del 1 de mayo, parece importarles. 

En esto de los salarios bien es sabido que una política salarial de corte integral y justo, es aquella que permite un ingreso tal que impulse expansión del poder adquisitivo del salario, dinamizando el mercado interno y potenciando la producción nacional para el desarrollo del mismo. 

Otros dos segmentos de la clase trabajadora están, aún más, en condición crítica: quienes están en el trabajo informal; quienes sufren el cruel desempleo abierto; quienes desistieron de buscar trabajo y se trasladaron a la actividad delicuencial, del crimen organizado y del narcotráfico… para sobrevivir. En este caso, el drama se nos estrella en la cara, cotidianamente, cuando vemos las notas rojas de la prensa comercial (la del negocio de las noticias), que nos da cuenta de todos esos jóvenes que caídos producto de las balas.

Por supuesto que hay excepciones decorosas en las actuales diputaciones que sí se muestran sensibles a lo que está pasando en el afuera de la caja de leche. Sin embargo, la tónica mayoritaria en el parlamento actual es mirar para otro lado; o, cuando abordan temas de exclusión social y económica, tan sólo vierten lágrimas de cocodrilo.

Y ni qué decir de la perpetuación del injusto sistema tributario que nos azota, doblemente perverso: injusto y corrupto. ¿Qué tal si esa oposición decide desempolvar el informe legislativo sobre Los papeles de Panamá, cuyo informe final es el Expediente 19.973, de 29 de marzo de 2017?

Dicho documento contiene impresionantes conclusiones y propuestas de reforma tributaria por el lado correcto: es decir, de quienes tienen mayores posibilidades de ingreso que, cada vez, son menos pero que, cada vez, acumulan más. 

Como bien se sabe y los expertos en el tema lo vienen planteando-denunciando, un sistema tributario realmente justo y progresivo, es vital para que una sociedad desigual (como ya lo es Costa Rica), recupere la senda de la inclusión social y económica. 

Como país, seguimos alejándonos de la misma y la polarización por cuestiones de distribución del ingreso y de la riqueza se sigue concentrando, abusivamente, 

Como vimos, el espectáculo circense del 1 de mayo en el parlamento costarricense, avergonzó y manchó el significado histórico de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora.

¡Hoy es Primero de Mayo! Es el Día Internacional de la Clase Trabajadora.

Es la conmemoración laboral-sindical y obrero-social más sagrada anivel mundial pues proclamamos gloria eterna a Los Mártires de Chicago, líderes históricos del movimiento obrero estadounidense quienes ofrendaron sus vidas para que hoy, en el 2024, la jornada de las 8 horas siga siendo esencial en el concepto de Trabajo Decente; luego de las grandes huelgas para lograrla que ocurrieron en 1886, en Estados Unidos, hace 138 años.

Recordemos, con gran respeto, sus nombres: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden, Albert Parsons, Auguste Spies, Oscar Neebe y George Engel.

La Jornada de 8 horas es, precisamente, el contenido del Convenio No. 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, en Costa Rica, está en nuestra legislación obrera fundamental, el Código de Trabajo, desde que este nació a la vida jurídica, en 1943; para luego, seis años después, en 1949, fuera incluida en la Constitución Política, nuestra Carta Magna, hasta la fecha.

Así las cosas, a 138 años de tal gesta obrera y en el año 75 de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949; hacemos énfasis en lo siguiente:

Nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social parte de las formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo que hemos planteado en los últimos años; las cuales se entrecruzan con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.

Por tanto, daremos la lucha correspondiente fomentando todas las acciones pertinentes, aportando:

1. Para que se preserve por siempre y para siempre el legado histórico de Los Mártires de Chicago, la Jornada de las 8 horas lo cual nos lleva a reafirmar el rotundo rechazo a la actual iniciativa de ley, en contrario, que se nos pretende imponer en los actuales momentos.

• Para que a la clase trabajadora asalariada con empleo fijo que labora para el sector Privado: a) se le defina un nuevo salario mínimo que adquiera el carácter de digno y de justo, para una real inclusión económico con movilidad social ascendente; b) se restaure el sistema de fijación semestral por costo de vida; c) se establezcan fijaciones específicas-extraordinarias en los casos de actividades de vigilancia privada, de conducción de autobús y de explotación de mano de obra agrícola.

• Para que a la clase trabajadora asalariada del sector público: a) se le libere del congelamiento salarial brutal al que ha sido condenada y que está ya en el quinto año consecutivo, agravada por las funestas disposiciones de las leyes del Combo Fiscal y  Marco de Empleo Público, todo lo cual es violatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) y los de orden constitucional (particularmente, es muy grave este drástico congelamiento salarial en los cuerpos policiales, en programas de política social y de salud, como los del control de vectores del Ministerio de Salud y otros;  b) se restaure la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; c) se establezcan fijaciones salariales con carácter de ajuste técnico en ocupaciones vitales y estratégicas para el país.

• Para que a la clase trabajadora independiente se le dé el tratamiento diferenciado establecido por ley para con sus obligaciones de Seguridad Social, ofreciéndole nuestra experiencia organizativa.
• Para evitar la consolidación de un proceso de esclavitud financiera contra las personas asalariadas, el cual se ha gestado en las últimas dos décadas, y a través de políticas alcahuetas de las autoridades financieras y del poder político, mediante las cuales extraen, abusivamente, rentas de los sectores más empobrecidos.

De manera rotunda, totalmente contundente y con base en diversos argumentos, todos los cuales son sólidos y formulados por personas con gran conocimiento en el tema, dejamos clara nuestra oposición a la venta-privatización del Banco de Costa Rica (BCR), que está impulsando el actual Presidente Chaves Robles. Es más,siempre hemos salido en su defensa desde mucho antes de que Chaves y su grupo emergieran a la escena pública del país.

Esto, efectivamente, no es nada nuevo. Ya en el pasado se han dado varias intentonas, todas fracasadas para dicha de la Patria. Entre otros factores, la movilización sindical, social y ciudadana ha resultado determinante para defender al BCR; contándose, además, con el aporte de sectores político-patrióticos de colectividades partidarias, la militante conciencia académica; y, hasta sectores productivo-empresariales que no están insertos en la lógica del desenfreno de la concentración de la riqueza, a partir de la apropiación privada de activos de propiedad pública con inmensísimo valor de mercado.

Un distinguido costarricense Jaime Ordóñez Chacón y la compatriota, también de notable trayectoria, Montserrat Botey Sobrado, escribieron un interesante y potente artículo-denuncia acerca de esta nueva intentona del gran capital atrincherado en el gobierno de turno: La oscura venta del Banco de Costa Rica – Una explicación a la ciudadanía. Los datos que nos aportan son de tal calibre que, definitivamente, no puede uno más que pensar que estaríamos de cara a un “megachorizo sin precedentes”.

Chaves Robles, con el apoyo militante de doña Pilar Cisneros Gallo, propone vender el BCR en 1.750 millones de dólares EUA. Esto significa en colones 875 mil millones (875.000.000.000), lo que equivale a un 1.76 del Producto Interno Bruto (PIB), considerando que para este 2024, cada punto PIB es de 496 mil millones de colones.

Pero resulta ser que, en el artículo mencionado, se habla que el BCR tiene un capital que equivale a 15 mil 254 millones de dólares EUA; cifra ésta que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), tenía registrada para el BCR, en el año 2021. Es decir, hablamos de que el BCR vale 7 billones 627 mil millones de colones: 7.627.000.000.000; es decir, poco más de 15 puntos PIB.

Entonces, vean ustedes el “regalazo” que significa la venta del BCR que quiere hacer Chaves, doña Pilar y
compañía: los 1.750 millones dólares EUA apenas representan un 11.47% del capital que representaba dicho banco en el 2021.

Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.

En próximas entregas comentaremos más datos y análisis de lo monstruoso de este intento privatizador del BCR; tal vez, el más osado, temerario y manipulador de todos los intentos anteriores.

De manera especial, hay que denunciar con toda fuerza y contundencia, lo que parece ser un oscuro pacto politiquero de cara a la elección legislativa de la presidencia del parlamento para el próximo 1 de mayo de este año 2024. Hacer un trueque de esa presidencia a cambio de la venta de un banco público se convierte en una monstruosidad imposible de catalogar en toda su perversa dimensión.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Debemos reconocer que en la Asamblea Legislativa actual se emiten, también, leyes justas pensadas para favorecer a las mayorías trabajadoras y empobrecidas de nuestro país.

Aunque estamos en tiempos político-económicos e ideológicos que priorizan la concentración abusiva de la riqueza y la entronización de la desigualdad, todavía se legisla pensando en el bien común y en el bienestar del mayor número de personas. Aunque estas son las menos ocasiones, pero el “milagro” ocurre.

El señor diputado don Gilbert Jiménez Siles y la señora legisladora doña Gloria Navas Montero hicieron una gran labor político-social para que se aprobara en el actual parlamento el proyecto de ley Expediente Legislativo No. 23.515 denominado “Ley que sanciona el delito de préstamos de dinero gota a gota”.

Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.

Creemos que, desde los ámbitos de la clase trabajadora asalariada y no asalariada, altamente endeudada y gran parte de la cual está esclavizada con los altos endeudamientos, las tasas de usura y el gota a gota, solamente hay gratitud para ustedes, tanto como para el resto de diputados y de diputadas que dieron su voto a este urgentísimo, imprescindible y fundamental proyecto en contra de una de las peores formas de esclavitud moderna que es la financiera.

Exhortamos, con vehemente respeto, al Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, para que lo más pronto posible firme esta ley, le dé lo que se llama el “Ejecútese” del Poder Ejecutivo (como lo ordena la Constitución), y entre a regir esta ley ¡ya!

Pongamos cuidado a lo que ordena esta nueva ley en su Artículo 1: “Extorsión cobratoria. Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años, a quien haga uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar u obligue a un deudor o sus familiares al pago de la deuda o de la obligación crediticia que le haya sido otorgada”.

Pero la pena puede ser más severa, de 5 a 10 años cuando: “a) La amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad. b) Si el hecho fuere cometido por dos o más personas. c) Si agredieren física o psicológicamente a la víctima. d) Si el hecho es cometido con armas o mediare daños a la propiedad”.

Este otro señalamiento de la ley que convirtió el crédito gota a gota en delito criminal penado con cárcel, merece destacarse fuertemente: “La pena anterior será de ocho a quince años de presión cuando los hechos califiquen como delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley No. 8754 del 24 de julio del 2009 y sus reformas”.

En la corriente sindical en la cual militamos, estamos en disposición de ayudar a aquellas personas trabajadoras afiliadas que hoy día sufren este tipo de esclavitud financiera que es el crédito gota a gota; el cual, como vimos, ya es delito criminal penado con cárcel.

No encuentra uno la palabra correcta o el concepto apropiado para calificar el siguiente dato que se hizo público recientemente: 23 mil es la cifra de deserción de estudiantes de primaria y de secundaria que se dio en el pasado año 2023. Con exactitud, 23.750 personitas de la niñez y de la adolescencia dejaron de ir a las aulas educativas del sistema público ese año.

Sin duda alguna esto es producto de una conjunción de factores que tiene al país en involución, en cuanto al otrora famoso desarrollo económico-social con altos niveles de inclusión que había alcanzado la sociedad costarricense. El país del “pura vida”, la “Suiza de América”, el “altar” de los Derechos Humanos (DD.HH.) ha dejado de existir. ¡Entendámoslo!

Según lo indica el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata de niños, niñas y de adolescentes en cuyos hogares priva la dificultad económica; combinada con baja escolaridad, algo que está detectado que priva en esa juventud que ya quedó inserta en las bandas criminales, que cayó presa e, incluso más doloroso, que murió en medio de la violencia de las balas.

Quiere decir esto, en consecuencia, que esas 23 mil 750 personas todavía en niñez y en adolescencia pasan a ser el “mercado humano” al cual acudirán esas bandas y esos grupos criminales, en pleno desarrollo, para reclutarles a fin de llevarles a integrar las respectivas redes delincuenciales y del crimen organizado.

Las 23 mil 750 nuevas personitas “listas” para ese perverso reclutamiento vienen, entre otros lugares, de zonas geográficas castigadas por la exclusión social y económica: zonas costeras de Limón y de Puntarenas, zonas fronterizas como la Norte. Por demás, “nada nuevo” si consideramos que las mismas han venido configurando la otra Costa Rica, la de la desigualdad sistemática que se ha vuelto sistémica.

Recientemente, los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), atinadísimamente, señalaron que la Costa Rica de hoy día ocupa de otro modelo de organización económica. ¡Exacto!

Las 23.750 nuevas personitas potenciales integrantes de bandas criminales constituyen muestra inequívoca de que el actual modelo de organización económica, ha fracasado rotundamente. Les dejó por fuera, les lanzó a la calle, cuando sus estructuras de personalidad están en formación y cuando los valores positivos necesarios para una integración social y productiva se trastocan ante el espejismo del dinero fácil con el cual superar la exclusión económica de que han sido víctimas.

Y es que éste es el punto cardinal, central, medular del grave problema de la actual sociedad costarricense: se ocupa otro modelo de organización económica porque el actual ha convertido a la desigualdad en política de Estado.

El actual modelo de organización económica es tan perverso y tan amoral que, sin asco, el profundo recorte presupuestario que impone a diversos programas de política social, es la base para alegar mejoras en cifras macrofiscales, maquillándolas; pues sigue sin revolverse, por ejemplo, ni en lo más mínimo, el monstruosísimo pago diario de intereses obscenos de la deuda pública.

El narco y el crimen organizado están más que felices: el fracasado modelo actual de organización económica (según el manifiesto de la Iglesia Católica, que nosotros compartimos), todos los días les provee “mano de obra” más que barata. En el 2023, tuvieron por cada uno de los 200 días lectivos de ese año, prácticamente, 112 personitas a su disposición.