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CRECE IVA FRENTE A CAÍDA EN RENTA, puesto así, en mayúsculas, lo leemos como titular de nota de prensa aparecida en la página 5 (sección Nacionales) de este prestigioso Diario Extra, en su edición del pasado lunes 22 de julio de 2024.

Para nosotros, con una larga trayectoria de denuncia de la doble perversidad del sistema tributario costarricense (que es injusto, por una parte; y, por la otra, que es corrupto), la indicada nota de prensa es como un manantial vivificador de nuestra cruzada que hemos denominado la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (puesto, también, en mayúsculas), que es la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo, como estamos titulando esta serie de comentarios.

Que el mayor impacto en el crecimiento de la recaudación tributaria del país que se está reportando en estos momentos, sea por el lado del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es más que refrendar lo que, con perspectiva sindical, venimos planteando y denunciando: el fortalecimiento del carácter regresivo del sistema tributario nacional: pagan más, proporcionalmente hablando, quienes ganan menos.

Estamos hablando de, básicamente, la clase trabajadora en sus diferentes denominaciones: la que tiene empleo y salario fijo, pero lo tiene congelado (sector público), o está bajo la dictadura del salario mínimo (sector privado); el segmento obrero condenado al desempleo o al subempleo; y, el que está ya de lleno en la informalidad (casi la mitad de la actual población económicamente activa -PEA-).

El IVA, que es el más injusto de los impuestos y que se cobra sin ningún miramiento en la capacidad de ingreso de las personas, nos dice la primera perversidad del sistema tributario tico: es injusto.

Por otra parte, que la nota de Diario Extra que citamos al inicio de este comentario nos hable de que se está reportando una caída en renta; y que el antetítulo de la mismo indique expertos llaman a Tributación a reforzar sistemas de control, no es más queuna confirmación de la otra característica perversa del sistema tributario tico: es corrupto.

Las personas o grupos corporativo-empresariales de altos ingresos tienden a evadir su responsabilidad para con el pago de renta, precisamente porque los sistemas de control son de “mentirillas”.

Bien es sabido que el impuesto sobre la renta es víctima de declaraciones falsas, arregladas, tergiversadas, manipuladas para, precisamente, no pagar nada, pagarlo a medias (escamotearlo); o bien, para sacar del país las ganancias o parte de ellas hacia paraísos fiscales en el que se esconden las ganancias, bien o mal habidas.

Particularmente, en este ámbito de un sistema tributario perversamente corrupto, tenemos los abusivos y dispendiosos sistemas de exenciones y de exoneraciones que, algunos expertos estiman entre 6 y 8 puntos anuales del PIB; destacándose la situación en los regímenes de zonas francas que han ido pervirtiéndose, afectando al empresario honesto que está en el régimen definitivo y que debe pagar los tributos por sus actividades sin la gracia del fisco que significa la cobertura de zona franca.

Tan gigantesca desigualdad entre el empresario cubierto por régimen definitivo vs. el que está en zona franca, se muestra de manera cruda con estas cifras proporcionadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR): en el primer caso el crecimiento económico fue de un 3.8, mientras que, en el segundo, fue de 8.8%. El grupo de empresas colocado en régimen definitivo tiene que pagar todos los impuestos de ley por sus actividades de negocios; las de zonas francas, ¡ninguno! Tal desigualdad puede ser catalogada como corrupta.

En consecuencia, la transformación tributaria estructural por la cual venimos luchando y que, por tanto, es la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo, tiene dos objetivos estratégicos. Por una parte, que el sistema tributario costarricense deje de ser injusto; y, por la otra, que deje de ser corrupto. ¡Qué clase de responsabilidad tenemos los y las de abajo y las organizaciones que nos cobijan!

La Negociación Colectiva obrero-patronal, como norma jurídica concreta expresada en nuestra legislación mediante la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), quedó incluida en el Código de Trabajo desde que éste naciera la vida pública, en 1943, hace ya 81 años.

6 años después, en 1949, logró un estadio superior de poderío jurídico, al ser incluida en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; específicamente, en el artículo 62 que dice así: “ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Por mandato férreo, hasta hoy día, las CCT están consideradas como parte esencial de los Derechos y Garantías Sociales de la carta magna de 1949; misma que, por cierto, en este 2024 llega a sus 75 años de existencia.

Las CCT, esencialmente, se pensaron para el sector privado de la economía. Sin embargo, por una combinación de factores sociohistóricos e ideológico-políticos lograron importante auge en una parte del aparato estatal.

En el Gobierno 2018-2022, administrado por Carlos Alvarado Quesada, del hoy extinto Partido Acción Ciudadana (PAC), se vivió el período político más fuerte en contra de las CCT, en el marco de la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público; al cual, maliciosamente, se pretendió responsabilizarlo por el desastre de las finanzas públicas.

Logramos demostrar, afortunadamente, que ese desastre estaba en otra parte (la deuda pública y su obscena carga de intereses), pero el daño ya había sido hecho. Alvarado y el ala extremista neoliberal del Partido Liberación Nacional (PLN), impulsaron e impusieron tres leyes anti-obreras que contienen fuertes golpes a la existencia de las CCT.

Hablamos de las leyes del combo fiscal (9635), anti-huelgas (9808) y Marco de Empleo Público (10.159), por cierto, todas cuestionadas en Sala Constitucional en cuyo seno duermen el sueño de los justos.

Lo cierto del caso es que esos políticos fundamentalistas del todo mercado-nada Estado, jamás imaginaron que el resurgimiento de las CCT, como ave fénix, tanto para el sector público como el privado, vendría dado por un mandato internacional de obligado cumplimiento y de fuerte vinculatoriedad para nuestro país, dado el apego de Costa Rica, muy pregonado internacionalmente, a la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

Nada más y nada menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en nuestro país, emitió, el 5 de mayo de 2021, la Opinión Consultiva OC 27/21 Sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos con Perspectiva de Género.

Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.

Las CCT se han fortalecido y entran en contradicción con los contenidos de las indicadas leyes. Por otra parte, la Asamblea Legislativa deberá restaurar el derecho de huelga y deberá derogar-modificar la ley 9808.

Y, a quien no quiere caldo, dos tazas, pues es la propia Procuraduría General de la República (PGR), la Notaría del Estado, la que le ha puesto la cereza al pastel: emitió la opinión PGR-C-036-2024, de 4 de marzo de 2024, sentenciando lo siguiente: “…, nuestra Sala Constitucional ha reconocido el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte IDH emitidas tanto en el ámbito contencioso como en el consultivo”. ¡Qué emocionante manera de participar en la marcha del PRIMERO DE MAYO del próximo miércoles!

En el tema de los créditos gota a gota, la Asamblea Legislativa muestra su doble moral, al menos, en una gran cantidad de sus actuales integrantes diputadiles. Es un logro enorme que se haya aprobado un proyecto de ley para castigar, de manera severa, a aquellos que aprovechando la necesidad de muchos costarricenses maltratados por la desigualdad, se ven en la penosa necesidad de pedir prestado a tasas esclavizantes.

Sin embargo, es bochornoso que diputados de la Unidad Social Cristiana con el apoyo de Nueva República, a los pocos días de iniciar la presente legislatura, sin siquiera tener 15 días en las curules, presentaron un proyecto de ley para debilitar la ley de usura actual.

No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.

Según su sitio web (www.asocomi.com), en la Asocomi se conjuntaron empresas como MONGE, Multicréditos, Rayo#Platatodoelaño, Artelec ¡Somos pura vida!, Financiera Finca, Zensiya, Grupo CTS (Consulting and Training Solutions).

También está afiliada a la Asocomi, Instacredit; compañía ésta, según entendemos, en su momento vinculada al señor Samuel Yankelewitz Berger (el del caso Yanber).

Posteriormente, Instacredit fue vendida al grupo mexicano Crédito Real, en cerca de ¡100 millones de dólares! ¿Cuánto habrán pagado de impuestos por semejante operación? ¿Puede el Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, contarnos lo que sabe al respecto?

Tenemos entendido que esta transacción se habría realizado en Panamá, aprovechando las debilidades existentes del sistema tributario costarricense. Entonces, nos surge otra pregunta: ¿cuántas transacciones, parecidas o similares, se han estado generando desde Panamá y otros paraísos fiscales para robarle impuestos al pueblo trabajador costarricense?

¡No nos dejemos engañar! El proyecto presentado con tanta celeridad por las fracciones del PUSC y el partido de Fabricio no buscan la inclusión financiera, ¡no! Lo que desean es esclavizar de nuevo a miles de costarricenses, personas integrantes de los diversos segmentos de la clase trabajadora. En resumen, mismo infierno con diferente diablo.

¿Cómo es posible que una fracción legislativa, como la del PUSC, con tanta celeridad presente un proyecto tan bien estructurado, en tan poquísimo tiempo, no más iniciada la actual legislatura; proyecto que implicaría mucha “técnica” y terminología del negocio de los microcréditos como para “volarse” el importante avance de la actual ley de usura?

¿Sería posible pedirle al PUSC un proyecto de ley para condonar deudas de personas trabajadoras altamente endeudas, las cuales producto del congelamiento salarial brutal de todos estos años y/o del desempleo, están en situaciones de insolvencia con grave daño social y familiar?

De gran impacto público será que las diputaciones de las otras fracciones acordaran instalar una comisión investigadora para saber por qué el interés en impulsar un proyecto que sólo beneficiaría a este grupo de interés, la Asocomi; especialmente en momentos en los cuales la transparencia del sistema financiero costarricense está más opaca que nunca. Y, además, sobran razones para que la propia Fiscalía General de la República actué en la misma dirección.

De los datos estadísticos más dramáticos que expresan el severo retroceso social y económico que vive la sociedad costarricense de la actualidad, están los que brinda el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), en su más reciente encuesta.

De esos datos dramáticos, impacta, profunda y dolorosamente, el que indica que 1 de cada 4 solicitantes de préstamos, ocupa la plata para comprar comida, alimentos básicos.

Sin duda estamos hablando de las víctimas del modelo económico dominante, el del reino de la desigualdad sistemática y sistémica.

Bien han planteado los señores obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), que nuestra Patria ocupa de “otro modelo de organización económica”.

El que está vigente, está enfermo. Los beneficios del crecimiento económico que genera no se distribuyen con equidad, al punto de tener esa realidad crediticia de pedir prestado para comprar comida en un alto porcentaje de los préstamos peticionados.

Además, son los segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada los inmersos en ese cruel dilema existencial sociofamiliar de los créditos para comprar comida.

Y tales segmentos, mayoritariamente, son los de las personas asalariadas que reciben bajos y precarizados salarios, de congelamiento prolongado y de reajustes por costo de vida raquíticos.

En estos casos, que no son pocos, honrar el crédito agudiza la estrechez económica del hogar y resta espacio para comprar comida. Doloroso e indignante.

Gran reto es la lucha social de estos días para lograr que se puedan convertir a todas esas familias en poderes desafiantes del perverso modelo de organización económica que las tiene contra la pared de la exclusión.

Imperioso es batallar por imponer un nuevo modelo de política salarial que parta de un nuevo salario mínimo de real poder de compra.

Ese otro modelo de organización económica que nos plantea la Iglesia Católica, requerirá de cualquier cantidad de factores vinculados entre sí para que emerja. El optimismo ha de guiar todos nuestros pasos y nuestras acciones en tal sentido, considerando que ese otro modelo de organización económica es el que está del lado correcto de la Historia.