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Nos hemos dado cuenta de que en el seno de la actual fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) existen conciencias diputadiles que saben que el histórico PLN podría estar a las puertas de su desaparición total, así como de su extinción como factor político determinante de nuestra sociedad de hoy día.

Tales conciencias han calibrado la gravedad del error político que cometió el PLN durante el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando fueron el principal sostén-soporte para la acción gubernativa de Carlos Alvarado Quesada, el más notable estafador político de los últimos tiempos.

Desde el plano obrero en el que realizamos nuestro quehacer cotidiano, resaltamos dos proyectos de ley que están siendo tramitados en el actual período de sesiones ordinarias legislativas; proyectos que, de un modo u otro y si se convierten en leyes de la República, tendrán considerable impacto en la vida socioeconómica de miles de familias de la clase trabajadora costarricense y migrante de la Costa Rica de hoy.

Pensamos que esos sectores liberacionistas conscientes (dentro del actual parlamento y fuera de él), del más grave error histórico el PLN en toda su historia, que fue el de apoyar al gobierno PAC-Alvarado Quesada; tienen cabal criterio de que la brutal desigualdad que azota a la Costa Rica hoy está en contradicción terrible con valores de clásicos políticos liberacionistas forjadores del PLN como Rodrigo Facio Brenes, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós.

Es así que, proyectos como de las jornadas 4 x 3; o, el que regala el mercado eléctrico nacional históricamente a cargo del modelo ICE, vendrían a significar la palada más grande en la fosa abierta destinada a recibir el ataúd liberacionista, de manera definitiva.

El proyecto jornadas 4 x 3 golpea la histórica jornada laboral de las 8 horas, conquistada con sangre y que tomó sitial de honor en nuestra legislación obrero-social durante la década de oro del sindicalismo tico: los años 40 del pasado siglo XX; cuando quedó empotrada en piedra con la promulgación del Código de Trabajo, de 1943.

Tan fuerte fue este acontecimiento histórico y tan grande su magnitud de conquista obrera, que la jornada de 8 horas pasó la Guerra Civil de 1948 y no fue quitada del Código de Trabajo. Por el contrario, en el pacto que puso fin a ese conflicto armado entre costarricenses, ambos bandos, el perdedor y el ganador, respetaron esa conquista obrera de 1943, vigente hasta hoy.

Luego vendría la obra política del bando ganador, lograda la paz, destacándose la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en abril de 1949, entidad esta de innegable sello liberacionista.

El proyecto de ley que se tramita en estos momentos, le cercena al ICE la gestión gerencial estratégica del modelo eléctrico y su poder de incidencia en el desarrollo eléctrico del país; dándole la opción al capital privado que, por su propia esencia lógica, vendrá a explotar para ganar, no a explotar para servir.

Circunstancia ésta que se les presenta como gran manjar pues el modelo eléctrico nacional gerenciado por el ICE cubre al 99% del territorio nacional, mediando gigantescas inversiones y fuertes endeudamientos que se hicieron a partir de aquel año de 1949, cuando solamente 14 de cada 100 costarricenses tenía acceso a la electricidad.

Es evidente que la conquista obrera de las 8 horas, así como la concepción, fundación, desarrollo y consolidación del ICE tienen profundo contenido socialista-socialdemócrata. Nada que ver con el egoísmo criminal del mercado total, el del nada Estado-Todo mercado, mismo que infiltró al histórico PLN al punto de tenerlo casi al borde la extinción. Si quiere sobrevivir, al menos sobrevivir, tendrá que decirles NO a ambas iniciativas de inocultable signo neoliberal.

En realidad, estamos alarmados. Estamos convencidos de que, al menos, en el ámbito del Gobierno Central estamos en una situación de quiebra técnica en materia de las finanzas públicas.

El señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, se enfureció ante la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó devolver dineros para la asistencia a las personas más pobres de nuestra sociedad, plata que él había recortado para este año 2024. Fueron 62 mil 130 millones de colones (₡62.130.000.000) que él le quitó al presupuesto del Fondo Social de Asignaciones Familiares.

Su enojo le llevó a amenazar a los diferentes ministerios y a las entidades adscritas a los mismos con más duros recortes para el presupuesto del 2025. Sin duda, está pensando en recortar, por ejemplo, más a los servicios de educación pública, de salud, de asistencia social, de cultura, de infraestructura y otros.

Este tema de los recortes presupuestarios, de reducción del financiamiento para programas sociales, de sacrificar a las personas más vulnerables a favor de las que más tienen, está muy estudiado.

Por ejemplo, la prestigiosa organización no gubernamental Oxfam, con sede en el Reino Unido, en su más reciente informe sobre la cruel situación de la desigualdad en la América Latina, puso el dedo en la llaga y propuso cinco grandes áreas en las cuales hay que actuar ya a fin de, precisamente, reducir la desigualdad y la exclusión económica que, para el caso costarricense, está poniendo en riesgo la misma Democracia.

1. Gravar la extrema riqueza y la concentración de poder.
2. Elevar de manera sistemática los impuestos recaudados sobre las rentas del 1% más rico.
3. Romper con una cultura de privilegios fiscales.
4. Poner coto a la evasión y elusión fiscales, tanto de grandes fortunas como de grandes corporaciones.
5. Revisar la tributación de grandes corporaciones y gravar las ganancias extraordinarias.

Se trata, dice Oxfam, de avanzar a una nueva era de reformas tributarias progresivas, gran necesidad de la Costa Rica actual.

Costa Rica, afortunadamente, tiene ciudadanos y ciudadanas no solamente con conocimiento pleno en estos temas, sino que, muestran una gran sensibilidad social para entender que esta quiebra técnica del Estado central nos está hundiendo más en el abismo de la violencia y de la desestabilización del mismo sistema democrático.

También, de manera afortunada, hay costarricenses de militancia activa en diversas organizaciones sociales que, conscientes de la magnitud del problema, están dispuestos a abordarlo, sin miedo, empezando por la denuncia activa y constante, la difusión de las propuestas alternativas y, lo más alentador aún, esforzarse al máximo para darle gigante potencia al poder de la Democracia de la Calle.

Pero, tristemente, no vemos en la clase política actual, al menos la que está representada en la actual Asamblea Legislativa, ni la más mínima voluntad de abordar el tema con toda la potencia que se requiere para enfrentar ya no solamente la furia de don Nogui, sino la de la plutocracia reinante y su élite gubernativa que defenderán, hasta con sangre si es necesario, el estado actual de situación del sistema tributario costarricense: injusto y corrupto.

Nadie nos contradice. Todo el mundo en Costa Rica lo sabe. En el caso de los y de las de abajo, lo sufren todos los días pues son sus víctimas directas. En el caso de los y de las arriba, le sacan jugoso provecho de manera constante.

Hablamos de que el sistema tributario nacional es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Hasta la saciedad lo hemos dicho y, como acabamos de indicarlo, nadie nos contradice.

¿Qué hacer? Las universidades públicas que, con toda razón y con eficiente gestión, anualmente, reclaman los recursos necesarios para su operación anual en lo que conocemos como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); están ética, moral y políticamente obligadas a presentarle a la sociedad las propuestas pertinentes para que el sistema tributario nacional evolucione de su actual perversa situación regresiva hacia uno de carácter progresivo. Si ya han hecho un trabajo de esta naturaleza, lo desconocemos y nos disculpamos, anticipadamente, por nuestra “ignorancia”. Si no lo han emprendido, la legitimidad con la cual se enfrentan a los gobiernos de turno, por la solidez financiera del FEES, se irá perdiendo.

¿Por dónde empezar? Al considerar que a la clase política, prácticamente, sin excepción, no le interesa el tema tributario-fiscal; las universidades públicas podrían desempolvar los documentos y las conclusiones contenidas en el informe sobre el trabajo realizado en la tramitación parlamentaria Expediente Legislativo No. 19.973, Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa que analizó la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias (Panama Papers).

Otra entidad pública que tiene mucho que decir y que hacer en esto del sistema tributario nacional doblemente perverso, porque es injusto y porque es corrupto, es la Contraloría General de la República (CGR). No solamente podría llamarle a la atención a su jefatura política, la propia Asamblea Legislativa, por engavetar las valiosas recomendaciones del informe legislativo derivado de la investigación sobre el tema de los Panamá Papers; sino también al propio Ministerio de Hacienda tomando en cuenta las responsabilidades que se le señalaron en el mismo y que no ha cumplido.

Como es bien sabido, la CGR ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán politiquero de turno y ahora que ha salido fortalecida del aventurero ataque del chavecismo, tendrá suficiente autoridad moral para alzar su voz contralora por lo que han dejado de hacer los poderes Legislativo y Ejecutivo con relación a las directrices y las recomendaciones que vertió el indicado informe del Expediente 19.973.

De la misma forma, debe la Contraloría General de la República (CGR) abordar dos áreas “tabú” del tema fiscal-tributario y su perversidad corrupta. Por un lado, el pago en exceso de los intereses de la deuda pública con su socialmente criminal carga diaria de intereses; por otro, lo que ha venido ocurriendo con el régimen de zonas francas, sus treinta y resto de años de exoneración total de pago de impuestos y su degeneración en otros casos, pues hoy día la “moda empresarial” es que toda actividad productiva calce para desarrollarse bajo el régimen de zona franca y así evadir pago de impuestos.

Finalmente, si los dos temas anteriormente mencionados para efectos tributarios son “tabú” (intereses de la deuda y zonas francas); hay un tercero que es el más “tabú” de todos: los saldos de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos al 30 de junio de 2024: 18 mil 3 millones de dólares. 9 billones 540 mil millones de colones. ¿Son estos dineros sujetos de tributación tributaria? Nosotros creemos que sí.

CRECE IVA FRENTE A CAÍDA EN RENTA, puesto así, en mayúsculas, lo leemos como titular de nota de prensa aparecida en la página 5 (sección Nacionales) de este prestigioso Diario Extra, en su edición del pasado lunes 22 de julio de 2024.

Para nosotros, con una larga trayectoria de denuncia de la doble perversidad del sistema tributario costarricense (que es injusto, por una parte; y, por la otra, que es corrupto), la indicada nota de prensa es como un manantial vivificador de nuestra cruzada que hemos denominado la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (puesto, también, en mayúsculas), que es la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo, como estamos titulando esta serie de comentarios.

Que el mayor impacto en el crecimiento de la recaudación tributaria del país que se está reportando en estos momentos, sea por el lado del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es más que refrendar lo que, con perspectiva sindical, venimos planteando y denunciando: el fortalecimiento del carácter regresivo del sistema tributario nacional: pagan más, proporcionalmente hablando, quienes ganan menos.

Estamos hablando de, básicamente, la clase trabajadora en sus diferentes denominaciones: la que tiene empleo y salario fijo, pero lo tiene congelado (sector público), o está bajo la dictadura del salario mínimo (sector privado); el segmento obrero condenado al desempleo o al subempleo; y, el que está ya de lleno en la informalidad (casi la mitad de la actual población económicamente activa -PEA-).

El IVA, que es el más injusto de los impuestos y que se cobra sin ningún miramiento en la capacidad de ingreso de las personas, nos dice la primera perversidad del sistema tributario tico: es injusto.

Por otra parte, que la nota de Diario Extra que citamos al inicio de este comentario nos hable de que se está reportando una caída en renta; y que el antetítulo de la mismo indique expertos llaman a Tributación a reforzar sistemas de control, no es más queuna confirmación de la otra característica perversa del sistema tributario tico: es corrupto.

Las personas o grupos corporativo-empresariales de altos ingresos tienden a evadir su responsabilidad para con el pago de renta, precisamente porque los sistemas de control son de “mentirillas”.

Bien es sabido que el impuesto sobre la renta es víctima de declaraciones falsas, arregladas, tergiversadas, manipuladas para, precisamente, no pagar nada, pagarlo a medias (escamotearlo); o bien, para sacar del país las ganancias o parte de ellas hacia paraísos fiscales en el que se esconden las ganancias, bien o mal habidas.

Particularmente, en este ámbito de un sistema tributario perversamente corrupto, tenemos los abusivos y dispendiosos sistemas de exenciones y de exoneraciones que, algunos expertos estiman entre 6 y 8 puntos anuales del PIB; destacándose la situación en los regímenes de zonas francas que han ido pervirtiéndose, afectando al empresario honesto que está en el régimen definitivo y que debe pagar los tributos por sus actividades sin la gracia del fisco que significa la cobertura de zona franca.

Tan gigantesca desigualdad entre el empresario cubierto por régimen definitivo vs. el que está en zona franca, se muestra de manera cruda con estas cifras proporcionadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR): en el primer caso el crecimiento económico fue de un 3.8, mientras que, en el segundo, fue de 8.8%. El grupo de empresas colocado en régimen definitivo tiene que pagar todos los impuestos de ley por sus actividades de negocios; las de zonas francas, ¡ninguno! Tal desigualdad puede ser catalogada como corrupta.

En consecuencia, la transformación tributaria estructural por la cual venimos luchando y que, por tanto, es la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo, tiene dos objetivos estratégicos. Por una parte, que el sistema tributario costarricense deje de ser injusto; y, por la otra, que deje de ser corrupto. ¡Qué clase de responsabilidad tenemos los y las de abajo y las organizaciones que nos cobijan!