No hay alternativa: se necesitan reformas tributarias progresivas

En realidad, estamos alarmados. Estamos convencidos de que, al menos, en el ámbito del Gobierno Central estamos en una situación de quiebra técnica en materia de las finanzas públicas.

El señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, se enfureció ante la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó devolver dineros para la asistencia a las personas más pobres de nuestra sociedad, plata que él había recortado para este año 2024. Fueron 62 mil 130 millones de colones (₡62.130.000.000) que él le quitó al presupuesto del Fondo Social de Asignaciones Familiares.

Su enojo le llevó a amenazar a los diferentes ministerios y a las entidades adscritas a los mismos con más duros recortes para el presupuesto del 2025. Sin duda, está pensando en recortar, por ejemplo, más a los servicios de educación pública, de salud, de asistencia social, de cultura, de infraestructura y otros.

Este tema de los recortes presupuestarios, de reducción del financiamiento para programas sociales, de sacrificar a las personas más vulnerables a favor de las que más tienen, está muy estudiado.

Por ejemplo, la prestigiosa organización no gubernamental Oxfam, con sede en el Reino Unido, en su más reciente informe sobre la cruel situación de la desigualdad en la América Latina, puso el dedo en la llaga y propuso cinco grandes áreas en las cuales hay que actuar ya a fin de, precisamente, reducir la desigualdad y la exclusión económica que, para el caso costarricense, está poniendo en riesgo la misma Democracia.

  1. Gravar la extrema riqueza y la concentración de poder.
  2. Elevar de manera sistemática los impuestos recaudados sobre las rentas del 1% más rico.
  3. Romper con una cultura de privilegios fiscales.
  4. Poner coto a la evasión y elusión fiscales, tanto de grandes fortunas como de grandes corporaciones.
  5. Revisar la tributación de grandes corporaciones y gravar las ganancias extraordinarias.

Se trata, dice Oxfam, de avanzar a una nueva era de reformas tributarias progresivas, gran necesidad de la Costa Rica actual.

Costa Rica, afortunadamente, tiene ciudadanos y ciudadanas no solamente con conocimiento pleno en estos temas, sino que, muestran una gran sensibilidad social para entender que esta quiebra técnica del Estado central nos está hundiendo más en el abismo de la violencia y de la desestabilización del mismo sistema democrático.

También, de manera afortunada, hay costarricenses de militancia activa en diversas organizaciones sociales que, conscientes de la magnitud del problema, están dispuestos a abordarlo, sin miedo, empezando por la denuncia activa y constante, la difusión de las propuestas alternativas y, lo más alentador aún, esforzarse al máximo para darle gigante potencia al poder de la Democracia de la Calle.

Pero, tristemente, no vemos en la clase política actual, al menos la que está representada en la actual Asamblea Legislativa, ni la más mínima voluntad de abordar el tema con toda la potencia que se requiere para enfrentar ya no solamente la furia de don Nogui, sino la de la plutocracia reinante y su élite gubernativa que defenderán, hasta con sangre si es necesario, el estado actual de situación del sistema tributario costarricense: injusto y corrupto.

La más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo (parte III)

Nadie nos contradice. Todo el mundo en Costa Rica lo sabe. En el caso de los y de las de abajo, lo sufren todos los días pues son sus víctimas directas. En el caso de los y de las arriba, le sacan jugoso provecho de manera constante.

Hablamos de que el sistema tributario nacional es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Hasta la saciedad lo hemos dicho y, como acabamos de indicarlo, nadie nos contradice.

¿Qué hacer? Las universidades públicas que, con toda razón y con eficiente gestión, anualmente, reclaman los recursos necesarios para su operación anual en lo que conocemos como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); están ética, moral y políticamente obligadas a presentarle a la sociedad las propuestas pertinentes para que el sistema tributario nacional evolucione de su actual perversa situación regresiva hacia uno de carácter progresivo. Si ya han hecho un trabajo de esta naturaleza, lo desconocemos y nos disculpamos, anticipadamente, por nuestra “ignorancia”. Si no lo han emprendido, la legitimidad con la cual se enfrentan a los gobiernos de turno, por la solidez financiera del FEES, se irá perdiendo.

¿Por dónde empezar? Al considerar que a la clase política, prácticamente, sin excepción, no le interesa el tema tributario-fiscal; las universidades públicas podrían desempolvar los documentos y las conclusiones contenidas en el informe sobre el trabajo realizado en la tramitación parlamentaria Expediente Legislativo No. 19.973, Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa que analizó la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias (Panama Papers).

Otra entidad pública que tiene mucho que decir y que hacer en esto del sistema tributario nacional doblemente perverso, porque es injusto y porque es corrupto, es la Contraloría General de la República (CGR). No solamente podría llamarle a la atención a su jefatura política, la propia Asamblea Legislativa, por engavetar las valiosas recomendaciones del informe legislativo derivado de la investigación sobre el tema de los Panamá Papers; sino también al propio Ministerio de Hacienda tomando en cuenta las responsabilidades que se le señalaron en el mismo y que no ha cumplido.

Como es bien sabido, la CGR ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán politiquero de turno y ahora que ha salido fortalecida del aventurero ataque del chavecismo, tendrá suficiente autoridad moral para alzar su voz contralora por lo que han dejado de hacer los poderes Legislativo y Ejecutivo con relación a las directrices y las recomendaciones que vertió el indicado informe del Expediente 19.973.

De la misma forma, debe la Contraloría General de la República (CGR) abordar dos áreas “tabú” del tema fiscal-tributario y su perversidad corrupta. Por un lado, el pago en exceso de los intereses de la deuda pública con su socialmente criminal carga diaria de intereses; por otro, lo que ha venido ocurriendo con el régimen de zonas francas, sus treinta y resto de años de exoneración total de pago de impuestos y su degeneración en otros casos, pues hoy día la “moda empresarial” es que toda actividad productiva calce para desarrollarse bajo el régimen de zona franca y así evadir pago de impuestos.

Finalmente, si los dos temas anteriormente mencionados para efectos tributarios son “tabú” (intereses de la deuda y zonas francas); hay un tercero que es el más “tabú” de todos: los saldos de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos al 30 de junio de 2024: 18 mil 3 millones de dólares. 9 billones 540 mil millones de colones. ¿Son estos dineros sujetos de tributación tributaria? Nosotros creemos que sí.

La más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo (parte II)

CRECE IVA FRENTE A CAÍDA EN RENTA, puesto así, en mayúsculas, lo leemos como titular de nota de prensa aparecida en la página 5 (sección Nacionales) de este prestigioso Diario Extra, en su edición del pasado lunes 22 de julio de 2024.

Para nosotros, con una larga trayectoria de denuncia de la doble perversidad del sistema tributario costarricense (que es injusto, por una parte; y, por la otra, que es corrupto), la indicada nota de prensa es como un manantial vivificador de nuestra cruzada que hemos denominado la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (puesto, también, en mayúsculas), que es la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo, como estamos titulando esta serie de comentarios.

Que el mayor impacto en el crecimiento de la recaudación tributaria del país que se está reportando en estos momentos, sea por el lado del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es más que refrendar lo que, con perspectiva sindical, venimos planteando y denunciando: el fortalecimiento del carácter regresivo del sistema tributario nacional: pagan más, proporcionalmente hablando, quienes ganan menos.

Estamos hablando de, básicamente, la clase trabajadora en sus diferentes denominaciones: la que tiene empleo y salario fijo, pero lo tiene congelado (sector público), o está bajo la dictadura del salario mínimo (sector privado); el segmento obrero condenado al desempleo o al subempleo; y, el que está ya de lleno en la informalidad (casi la mitad de la actual población económicamente activa -PEA-).

El IVA, que es el más injusto de los impuestos y que se cobra sin ningún miramiento en la capacidad de ingreso de las personas, nos dice la primera perversidad del sistema tributario tico: es injusto.

Por otra parte, que la nota de Diario Extra que citamos al inicio de este comentario nos hable de que se está reportando una caída en renta; y que el antetítulo de la mismo indique expertos llaman a Tributación a reforzar sistemas de control, no es más queuna confirmación de la otra característica perversa del sistema tributario tico: es corrupto.

Las personas o grupos corporativo-empresariales de altos ingresos tienden a evadir su responsabilidad para con el pago de renta, precisamente porque los sistemas de control son de “mentirillas”.

Bien es sabido que el impuesto sobre la renta es víctima de declaraciones falsas, arregladas, tergiversadas, manipuladas para, precisamente, no pagar nada, pagarlo a medias (escamotearlo); o bien, para sacar del país las ganancias o parte de ellas hacia paraísos fiscales en el que se esconden las ganancias, bien o mal habidas.

Particularmente, en este ámbito de un sistema tributario perversamente corrupto, tenemos los abusivos y dispendiosos sistemas de exenciones y de exoneraciones que, algunos expertos estiman entre 6 y 8 puntos anuales del PIB; destacándose la situación en los regímenes de zonas francas que han ido pervirtiéndose, afectando al empresario honesto que está en el régimen definitivo y que debe pagar los tributos por sus actividades sin la gracia del fisco que significa la cobertura de zona franca.

Tan gigantesca desigualdad entre el empresario cubierto por régimen definitivo vs. el que está en zona franca, se muestra de manera cruda con estas cifras proporcionadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR): en el primer caso el crecimiento económico fue de un 3.8, mientras que, en el segundo, fue de 8.8%. El grupo de empresas colocado en régimen definitivo tiene que pagar todos los impuestos de ley por sus actividades de negocios; las de zonas francas, ¡ninguno! Tal desigualdad puede ser catalogada como corrupta.

En consecuencia, la transformación tributaria estructural por la cual venimos luchando y que, por tanto, es la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo, tiene dos objetivos estratégicos. Por una parte, que el sistema tributario costarricense deje de ser injusto; y, por la otra, que deje de ser corrupto. ¡Qué clase de responsabilidad tenemos los y las de abajo y las organizaciones que nos cobijan!

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Con la APP,  nuestra afiliación podrá  darle seguimiento al estado de su caso  legal-laboral llevado por la Unidad de Asesoría Jurídica (UIC) de la ANEP. También, contará con su carnet anepista digital, el cual podrá utilizar en diferentes convenios comerciales, estos últimos también disponibles en la aplicación.

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Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda trabaja en temas como dedicación exclusiva y Derechos Humanos

La seccional ANEP-Ministerio de Hacienda se reunió con el Secretario General de la ANEP, ante diversas preocupaciones del personal por situaciones que se presentan a lo interno de la cartera, como por ejemplo con el nuevo programa Hacienda Digital, su implementación y la dedicación exclusiva.

Proclama de ANEP 1 de mayo de 2024

1886 PRIMERO DE MAYO 2024

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS

¡GLORIA ETERNA A LOS MÁRTIRES DE CHICAGO!

Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden Albert Parsons, Auguste Spies, Oscar Neebe, George Engel

Al cumplirse 138 años de su paso a la Eternidad

la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),y considerando el 75 aniversario de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de la República (1949 – 7 de noviembre – 2024)

PROCLAMA:

Que nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social, partiendo de nuestras formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo, se entrecruza con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.

En un posicionamiento más específico, citamos la Opinión Consultiva OC 27/21, de 5 de mayo de 2021, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): DERECHOS A LA LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA, Y SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; con carácter de Vinculante Obligatoriedad para nuestro país…

POR TANTO

Daremos la lucha correspondiente,

fomentando todas las acciones pertinentes, aportando para que:

1- Se preserve por siempre y para siempre el legado histórico de Los Mártires de Chicago, la Jornada de las 8 horas; misma que está inserta, a plenitud, en todo el sistema jurídico costarricense y en el de orden internacional que hemos convenido en respetar; lo cual nos lleva a reafirmar el rotundo rechazo a la actual iniciativa de ley, en contrario, que se nos pretende imponer en los actuales momentos.

2- A la clase trabajadora asalariada con empleo fijo que labora para el sector Privado: a) se le defina un nuevo salario mínimo que adquiera el carácter de digno y de justo, para una real inclusión económico con movilidad social; b) se restaure el sistema de fijación semestral por costo de vida; c) se establezcan fijaciones específicas-extraordinarias en los casos de actividades de vigilancia privada, de conducción de autobús y de explotación de mano de obra agrícola.

3- A la clase trabajadora asalariada del sector público: a) se le libere del congelamiento salarial brutal al que ha sido condenada y que está ya en el quinto año consecutivo, agravada por las funestas disposiciones de las leyes del Combo Fiscal y  Marco de Empleo Público, todo lo cual es violatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) y los de orden constitucional (particularmente, es muy grave este drástico congelamiento salarial en los cuerpos policiales, en programas de política social y de salud, como los del control de vectores del Ministerio de Salud y otros;  b) se restaure la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; c) se establezcan fijaciones salariales con carácter de ajuste técnico en ocupaciones vitales y estratégicas para el país.

4- A la clase trabajadora independiente, se les dé el tratamiento diferenciado establecido por ley para con sus obligaciones de Seguridad Social, ofreciéndole nuestra experiencia organizativa.

5- Se fomente, al máximo y con todas las modalidades posibles, en ambos sectores de la economía, las negociaciones obrero-patronales para el establecimiento de convenciones colectivas de trabajo; ya no solamente potenciadas por la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH; sino, a nivel estatal, por la opinión de la Procuraduría General de la República (PGR), No. PGR-C-036-2024.

6- Se le dé aprobación legislativa a la normativa que censura, legalmente, el acoso laboral en el empleo; específicamente, la ratificación del Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

7- Se implementen la serie de recomendaciones del Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que planteó en su reciente visita a Costa Rica, acerca de las formas de esclavitud laboral moderna con el objetivo de que sean erradicadas en nuestro país.

8- Se fortalezca la institucionalidad pública de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), rechazando toda forma de privatización-tercerización; exigir el pago de la deuda estatal (misma que está cercana a los 4 billones de colones); y propiciar un debate público-diálogo nacional para nuevos desafíos en cuanto a la formación de especialistas.

9- Se fortalezca el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS), cerrándole el paso a las pretensiones de imponer pago de cuota de enfermedad a la persona pensionada; así como las pretensiones de elevar la edad de jubilación, aumentar la cuota obrera y reducir el beneficio pensional. Además, modificar lo legalmente necesario para una concreción material real de acceso a los fondos personales totales individuales que tiene cautivos el denominado ROP.

10- Se rechace la privatización del actual modelo eléctrico nacional históricamente gerenciado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); combatiendo, fuertemente, la aprobación parlamentaria del Expediente Legislativo 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

11- Fracase la nueva intentona de venta-privatización del Banco de Costa Rica (BCR), con grave riesgo para la misma estabilidad económica del país.

12- Se fortalezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), considerando que el agua es un Derecho Humano fundamental; combatiendo, fuertemente, las tesis solapadas de debilitarlo para su privatización; además, se puedan fortalecer los vínculos estratégicos con el movimiento ecologista comprometido con la defensa del carácter público del agua.

13- Continúen siendo de propiedad pública empresas estatales exitosas como Correos de Costa Rica S. A., Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Instituto Nacional de Seguros (INS); festejando en este último caso la llegada de sus 100 años de existencia al servicio del bien común. Igualmente, entidades estatales claves como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC).

14- Se concrete, políticamente hablando, la más grande operación de política pública para el fortalecimiento estratégico de los diferentes cuerpos policiales responsables de la Seguridad Ciudadana en sus diversos órdenes: mayor contratación de personal, mejor avituallamiento y provisión tecnológica, salud ocupacional integral, mejor calidad de trato a la mujer policía, aumentar el nivel salarial más atractivamente y establecimiento de pensión anticipada.

15- Se fortalezca el sistema de parques nacionales y de áreas de conservación, rechazando formas abiertas y/o solapadas de entrega del patrimonio verde del país a la lógica del lucro mercantil de mercado; aumentando el personal y dándole carácter estratégico a su actividad.

16- Se dé un real fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), para su transformación en la televisora y la radio pública del país por excelencia, en el medio de comunicación del Estado y sus políticas públicas para reducir y superar la pobreza y la desigualdad; específicamente, en los ámbitos educativo y cultural. De manera colateral, rescatar los presupuestos del Ministerio de Cultura y Juventud ante su casi colapso total.

17- Se fortalezca, con sentido de futuro estratégico-país, el Régimen Municipal; aportando para su relacionamiento fiscalizador con la comunidad y preservando, al máximo, su carácter de servicio público; aumentando la vigilancia obrera y cívica para un actuar militante de denuncia de la corrupción.

18- Se imponga un nuevo sistema tributario a fin de que el actual, contaminado de corrupción y de injusticia, desaparezca; dando paso a una estructura tributaria progresiva; considerando, colateralmente, la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda pública y su más que obsceno pago de intereses.

19- Impulsar, con una diversidad de acciones e iniciativas con perspectiva del sindicalismo sociopolítico, y con base en nuestras propuestas alternativas al modelo económico excluyente vigente y para fortalecer con éxito el combate a la criminalidad y a la delincuencia del crimen organizado; el fortalecimiento de programas de política social a cargo de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el CEN-CINAI, la Junta de Protección Social (JPS), entre otros.

20- Se definan fuertes políticas nacionales de soberanía y de seguridad alimentarias, mismas que deben fundar nuevos sistemas de apoyo al pequeño y al mediano productor agropecuario que nutre el mercado interno abastecedor de alimentos a la clase trabajadora del país.

21- Se dé a conocer, lo más intensa y ampliamente posible, entre las bases del Magisterio Nacional el documento ANEP: 10 ejes y 100 propuestas para el Rescate de la Educación Costarricense; que constituye el aporte de la organización al debate sobre el futuro de la educación pública de nuestro país considerando la crisis que está viviendo.

22- Se impulse y se concrete un sistema de inclusión económica de la persona trabajadora joven desempleada, considerando la capacidad instalada del movimiento cooperativo, su referencia institucional en política pública; y, la existencia de millonarios fondos públicos para potenciar emprendimientos de diverso orden en los ámbitos públicos y privados de la economía. Propiciar, al respecto, el potenciamiento del papel del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en la formación juvenil con sentido estratégico para aportar en cuanto a desestimular la exclusión social y económica.

23- Incentivar al máximo una política sindical agresiva de denuncia de la corrupción en el nivel estatal y en su expresión coludida del interés público con el privado; en el marco de la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción, así como la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

24- Fomentar, en esta nueva época de agudización de la exclusión social y económica, del ejercicio cívico de la Democracia de la Calle, como forma activa de aportar para el derecho constitucional de Democracia Participativa; para la defensa de la institucionalidad pública que nos fue heredada en función del bien común y de la inclusión social y económica, así como de los valores eternos de la Justicia Social.

25- Abogar por la construcción de un gran proceso de articulación cívico-patriótica que destierre, al máximo, el hegemonismo que impide la construcción de acciones compartidas y puntuales, considerando que la agenda temática para atajar y revertir el proceso sistemático de exclusión social y económica tiene grandes coincidencias en los diferentes agrupamientos que se han estado manifestando.

Las CCT seguirán existiendo y ahora con más fuerza

La Negociación Colectiva obrero-patronal, como norma jurídica concreta expresada en nuestra legislación mediante la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), quedó incluida en el Código de Trabajo desde que éste naciera la vida pública, en 1943, hace ya 81 años.

6 años después, en 1949, logró un estadio superior de poderío jurídico, al ser incluida en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; específicamente, en el artículo 62 que dice así: “ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Por mandato férreo, hasta hoy día, las CCT están consideradas como parte esencial de los Derechos y Garantías Sociales de la carta magna de 1949; misma que, por cierto, en este 2024 llega a sus 75 años de existencia.

Las CCT, esencialmente, se pensaron para el sector privado de la economía. Sin embargo, por una combinación de factores sociohistóricos e ideológico-políticos lograron importante auge en una parte del aparato estatal.

En el Gobierno 2018-2022, administrado por Carlos Alvarado Quesada, del hoy extinto Partido Acción Ciudadana (PAC), se vivió el período político más fuerte en contra de las CCT, en el marco de la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público; al cual, maliciosamente, se pretendió responsabilizarlo por el desastre de las finanzas públicas.

Logramos demostrar, afortunadamente, que ese desastre estaba en otra parte (la deuda pública y su obscena carga de intereses), pero el daño ya había sido hecho. Alvarado y el ala extremista neoliberal del Partido Liberación Nacional (PLN), impulsaron e impusieron tres leyes anti-obreras que contienen fuertes golpes a la existencia de las CCT.

Hablamos de las leyes del combo fiscal (9635), anti-huelgas (9808) y Marco de Empleo Público (10.159), por cierto, todas cuestionadas en Sala Constitucional en cuyo seno duermen el sueño de los justos.

Lo cierto del caso es que esos políticos fundamentalistas del todo mercado-nada Estado, jamás imaginaron que el resurgimiento de las CCT, como ave fénix, tanto para el sector público como el privado, vendría dado por un mandato internacional de obligado cumplimiento y de fuerte vinculatoriedad para nuestro país, dado el apego de Costa Rica, muy pregonado internacionalmente, a la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

Nada más y nada menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en nuestro país, emitió, el 5 de mayo de 2021, la Opinión Consultiva OC 27/21 Sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos con Perspectiva de Género.

Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.

Las CCT se han fortalecido y entran en contradicción con los contenidos de las indicadas leyes. Por otra parte, la Asamblea Legislativa deberá restaurar el derecho de huelga y deberá derogar-modificar la ley 9808.

Y, a quien no quiere caldo, dos tazas, pues es la propia Procuraduría General de la República (PGR), la Notaría del Estado, la que le ha puesto la cereza al pastel: emitió la opinión PGR-C-036-2024, de 4 de marzo de 2024, sentenciando lo siguiente: “…, nuestra Sala Constitucional ha reconocido el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte IDH emitidas tanto en el ámbito contencioso como en el consultivo”. ¡Qué emocionante manera de participar en la marcha del PRIMERO DE MAYO del próximo miércoles!

Gota a gota: mismo infierno con diferente diablo

En el tema de los créditos gota a gota, la Asamblea Legislativa muestra su doble moral, al menos, en una gran cantidad de sus actuales integrantes diputadiles. Es un logro enorme que se haya aprobado un proyecto de ley para castigar, de manera severa, a aquellos que aprovechando la necesidad de muchos costarricenses maltratados por la desigualdad, se ven en la penosa necesidad de pedir prestado a tasas esclavizantes.

Sin embargo, es bochornoso que diputados de la Unidad Social Cristiana con el apoyo de Nueva República, a los pocos días de iniciar la presente legislatura, sin siquiera tener 15 días en las curules, presentaron un proyecto de ley para debilitar la ley de usura actual.

No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.

Según su sitio web (www.asocomi.com), en la Asocomi se conjuntaron empresas como MONGE, Multicréditos, Rayo#Platatodoelaño, Artelec ¡Somos pura vida!, Financiera Finca, Zensiya, Grupo CTS (Consulting and Training Solutions).

También está afiliada a la Asocomi, Instacredit; compañía ésta, según entendemos, en su momento vinculada al señor Samuel Yankelewitz Berger (el del caso Yanber).

Posteriormente, Instacredit fue vendida al grupo mexicano Crédito Real, en cerca de ¡100 millones de dólares! ¿Cuánto habrán pagado de impuestos por semejante operación? ¿Puede el Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, contarnos lo que sabe al respecto?

Tenemos entendido que esta transacción se habría realizado en Panamá, aprovechando las debilidades existentes del sistema tributario costarricense. Entonces, nos surge otra pregunta: ¿cuántas transacciones, parecidas o similares, se han estado generando desde Panamá y otros paraísos fiscales para robarle impuestos al pueblo trabajador costarricense?

¡No nos dejemos engañar! El proyecto presentado con tanta celeridad por las fracciones del PUSC y el partido de Fabricio no buscan la inclusión financiera, ¡no! Lo que desean es esclavizar de nuevo a miles de costarricenses, personas integrantes de los diversos segmentos de la clase trabajadora. En resumen, mismo infierno con diferente diablo.

¿Cómo es posible que una fracción legislativa, como la del PUSC, con tanta celeridad presente un proyecto tan bien estructurado, en tan poquísimo tiempo, no más iniciada la actual legislatura; proyecto que implicaría mucha “técnica” y terminología del negocio de los microcréditos como para “volarse” el importante avance de la actual ley de usura?

¿Sería posible pedirle al PUSC un proyecto de ley para condonar deudas de personas trabajadoras altamente endeudas, las cuales producto del congelamiento salarial brutal de todos estos años y/o del desempleo, están en situaciones de insolvencia con grave daño social y familiar?

De gran impacto público será que las diputaciones de las otras fracciones acordaran instalar una comisión investigadora para saber por qué el interés en impulsar un proyecto que sólo beneficiaría a este grupo de interés, la Asocomi; especialmente en momentos en los cuales la transparencia del sistema financiero costarricense está más opaca que nunca. Y, además, sobran razones para que la propia Fiscalía General de la República actué en la misma dirección.

Pedir prestado para comer

De los datos estadísticos más dramáticos que expresan el severo retroceso social y económico que vive la sociedad costarricense de la actualidad, están los que brinda el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), en su más reciente encuesta.

De esos datos dramáticos, impacta, profunda y dolorosamente, el que indica que 1 de cada 4 solicitantes de préstamos, ocupa la plata para comprar comida, alimentos básicos.

Sin duda estamos hablando de las víctimas del modelo económico dominante, el del reino de la desigualdad sistemática y sistémica.

Bien han planteado los señores obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), que nuestra Patria ocupa de «otro modelo de organización económica».

El que está vigente, está enfermo. Los beneficios del crecimiento económico que genera no se distribuyen con equidad, al punto de tener esa realidad crediticia de pedir prestado para comprar comida en un alto porcentaje de los préstamos peticionados.

Además, son los segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada los inmersos en ese cruel dilema existencial sociofamiliar de los créditos para comprar comida.

Y tales segmentos, mayoritariamente, son los de las personas asalariadas que reciben bajos y precarizados salarios, de congelamiento prolongado y de reajustes por costo de vida raquíticos.

En estos casos, que no son pocos, honrar el crédito agudiza la estrechez económica del hogar y resta espacio para comprar comida. Doloroso e indignante.

Gran reto es la lucha social de estos días para lograr que se puedan convertir a todas esas familias en poderes desafiantes del perverso modelo de organización económica que las tiene contra la pared de la exclusión.

Imperioso es batallar por imponer un nuevo modelo de política salarial que parta de un nuevo salario mínimo de real poder de compra.

Ese otro modelo de organización económica que nos plantea la Iglesia Católica, requerirá de cualquier cantidad de factores vinculados entre sí para que emerja. El optimismo ha de guiar todos nuestros pasos y nuestras acciones en tal sentido, considerando que ese otro modelo de organización económica es el que está del lado correcto de la Historia.