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El proyecto de ley que se cocina en la actual Asamblea Legislativa para que Costa Rica salga de la denominada lista gris de países no cooperantes de la Unión Europea (UE), es un fraude descarado a esta potencia económica.

La lista gris es un mecanismo para que la comunidad financiera mundial sepa que el país que está incluido en ella, es una nación que no realiza los esfuerzos suficientes para combatir la delincuencia financiera, que no coopera para combatir el blanqueo de capitales; que facilita el lavado de dinero por actividades ilícitas como la que genera el crimen organizado, el tráfico de personas y de órganos, la corrupción y hasta el financiamiento del terrorismo.

La Unión Europea (UE), de manera reiterada, le ha venido advirtiendo a Costa Rica de que el sistema tributario que tenemos, posibilita que todas esas suciedades se manifiesten en el diario quehacer financiero del país y que, por lo tanto, tenemos ya una reputación de país-paraíso fiscal.

Como ya estamos contra la pared, están corriendo en la Asamblea Legislativa y en el propio Gobierno para decirle a la UE que, ahora sí, “nos portaremos bien” y que, con un proyecto de ley actualmente en trámite, en un santiamén, dejaremos de estar coloreados como país-paraíso fiscal. Nada más falso. ¡Todo lo contrario! Ese proyecto pretende legalizar la evasión.

Es tan grave la situación que un importante número de organizaciones de la sociedad civil (en cuenta la corriente sindical en la cual militamos), estamos denunciando ante la propia UE que ese proyecto, más bien, favorece a los generadores de renta y a los sectores evasores de capital; y que, los textos que se han estado poniendo en mesa al respecto, son regresivos y son incompletos, amén de que no se adecúan a los grandes vacíos del sistema fiscal costarricense.

Sin duda alguna, en todo momento la mano peluda del poder reinante, el de la plutocracia gobernante, como siempre lo ha hecho, impide cualquier cambio, por mínimo que sea, para que el sistema tributario costarricense deje de ser tan injusto y tan corrupto.

En esa carta que se ha dirigido al Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalía Empresarial de la Unión Europea, se está advirtiendo de las incongruencias del proyecto que quieren aprobar con la Asamblea Legislativa, con los propios estándares en la materia que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Uno de los párrafos clave de la indicada denuncia expresa: “Además no resolvería adecuadamente los problemas de opacidad y transparencia, más bien agudiza la situación y podría favorecer a los grandes generadores de renta y sectores evasores de capital del país, esto quiere decir que el dinero no declarado podría irse a paraísos fiscales y no quedaría nada dentro de las arcas costarricenses. A la vez que Costa Rica seguiría manteniendo los portillos disponibles para la evasión, la elusión y el lavado de dinero desde el territorio nacional”.

Tan descarado es el fraude que le quieren hacer a la UE que, hasta el mismísimo Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, anunció que el Gobierno vetará ese proyecto porque le quitará a la Dirección de Tributación la potestad de cobrar tributos a quienes obtengan rendimientos en el extranjero si lo hicieron con ganancias captadas en territorio costarricense.

Es importante recalcar que Costa Rica tiene un sistema tributario arcaico que favorece la evasión y la elusión tributaria. El proyecto, así como está, seguirá dejándole la puerta abierta a los evasores y elusores, afectando más a Costa Rica, dejando portillos que permiten la fuga de capital y, por ende, seguir empobreciendo a nuestro país. 

En estos días, informaciones de prensa nos dieron a conocer varias situaciones que tienen que ver con la cuestión política del momento y con asuntos relacionados con la economía y con la sociedad.

Leer tales informaciones sobre estas determinadas situaciones lo llevan a uno a definir una única conclusión, acerca de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos, mediando el empleo de un único vocablo en medio de signos de admiración y lo escribimos con mayúsculas: ¡RETROCEDEMOS!

Para efectos del presente comentario destacamos las siguientes situaciones que nos tiene conmocionados.

Las pruebas nacionales estandarizadas aplicadas a estudiantes de los últimos años lectivos en primaria y en secundaria, no dan fundamento para que en el Ministerio de Educación Pública (MEP), puedan determinar, a ciencia cierta, el real estado actual de la educación costarricense.

Impresiona constatar que la exclusión económica y la desigualdad social que están entronizadas en nuestro tejido social, “van de la mano” con la cruda realidad de que no sepamos en qué estado se encuentra el sistema educativo público a cargo de la formación de nuestra niñez y de nuestra juventud. Esto es trágico y nos lleva a certificar que ¡RETROCEDEMOS!

¡Vergüenza ante el mundo! El Censo Nacional 2022 fue un fracaso. ¿Qué dirán los organismos financieros internacionales ante un país que no tiene la menor idea de la cantidad de gente que está dentro de su territorio? Y esto solamente para citar uno de los puntos fundamentales para encuestar por dicho censo.

Y, en lo que podríamos calificar como uno de los más cínico-monumentales reconocimientos, jamás antes escuchados, de la mediocridad y de la irresponsabilidad en el ámbito de política pública, en este caso de este desastre que es el Censo Nacional 2022, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), atinan a explicarlo de esta forma: “No es el resultado que queríamos, pero es el resultado que tenemos”. ¿Es o no es válida y acertada nuestra calificación de que, como sociedad, ¡RETROCEDEMOS!

“Costa Rica perdió 80 mil empleos en primer año de Rodrigo Chaves, es la mayor cifra de las últimas cuatro administraciones”, es el titular de prensa de Semanario Universidad, en publicación del 19 de julio de 2023.

Viene a nuestra mente un anuncio presidencial, de esos que se hacen con bombos y platillos, cargados de demagogia populachera, efectuado en diciembre de 2022, que le anunció al país que durante los cuatro años de administración Chaves Robles, se crearían 48 mil nuevos empleos.

Noten ustedes qué paradoja más cruel: 48 mil empleos en cuatro años, a razón de 32 diarios; y, por el contrario, solamente en el primer año de su gestión, se dio una pérdida de 219 empleos al día.

Este asunto tan sensible del empleo es, si se quiere, la principal y más sangrante herida de nuestra sociedad, democráticamente vulnerada, por un modelo económico que, con énfasis, excluye a las personas (o, como dice el Papa Francisco, descarta), arrojándolas a la crueldad de una miserable existencia. ¿¡RETROCEDEMOS!? ¡Por supuesto que sí!

Después de toda una vida de esfuerzo y de trabajo, cuando supuestamente llega el momento del merecido descanso con dignidad, se nos dice que el 27% de las personas adultas de nuestro país vive en condiciones de pobreza.

189 mil personas trabajadoras mayores de 65 años, no cubren lo básico, no comen ni se alimentan bien, no pueden vivir en paz. Estas personas sufren desnutrición, se deteriora su autoestima y se acelera su proceso de envejecimiento. ¿Cómo comprender esta circunstancia de otra manera que no sea una señal clarífica de que ¡RETROCEDEMOS!

Hay un crimen social en desarrollo de múltiples facetas y de dolorosas consecuencias. Detener el incremento, la extensión y la profundización de ese crimen social, es algo políticamente posible. Sobran las fórmulas, los diagnósticos, las propuestas y la variedad de acciones posibles. El cómo hacerlo parece ser la gran piedra en el camino.

Ya van tres episodios de odio que se han expresado de manera abiertamente pública en las últimas semanas que deben llamarnos a la reflexión y a la acción.

Los tres, protagonizados por personas que se declaran, explícitamente, partidarias del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Estos tres eventos de odio son: el ataque verbal de carácter soez y cuasirreligioso en las afueras de la sede oficial de la ANEP, la pinta de un “grafitti” en la acera de la sede de la Sala Constitucional tildando a sus magistrados de “filibusteros”; y, el ataque verbal desde las barras del parlamento, con amenazas de muerte incluidas, a los diputados Ariel Robles Barrantes y Francisco Nicolás Alvarado, por parte de un sujeto de poco pudor que casi se desnuda ahí mismo.

Desde esta columna no solamente condenamos, de la manera más enérgica los episodios de odio descritos y cualesquiera que se manifiesten, vengan de donde vengan; sino que, emplazamos, de manera abierta a la primera persona que debería ponerse al frente de una cruzada cívica por la paz, por el diálogo y contra el odio: el propio Presidente.

Sin embargo, no creemos que lo hará y tampoco tiene autoridad moral para hacerlo por cuanto su silencio al respecto de estos tres episodios activos de odio explícitos,  ya nos dejó claro que los está avalando.

Las personas costarricenses que no creemos que sea el odio lo que determine nuestra convivencia cívica como nación, en medio de este doloroso y dramático proceso de involución en que estamos, algo tenemos que hacer.

Ha sido una entidad de mucha reputación la que nos ha dado los primeros datos estadísticos con relación a los mensajes de odio que invaden ya todo el tejido social costarricense en estos momentos. Se trata de la oficina en nuestro país de las Naciones Unidas (ONU), que habla de 1 millón 400 mil mensajes de odio en el último año de la medición efectuada, especialmente en redes sociales.

Muchas son las razones que podrían explicar tan pernicioso fenómeno desintegrador de la misma democracia como lo es el odio; aunque ya hay otros factores en desarrollo que están impulsando ese proceso desintegrador de nuestra democracia: la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la precariedad-congelamiento salarial, la corrupción tributario-fiscal, el pago de intereses obscenos de la deuda pública, entre otros.

Volviendo al fenómeno del odio en nuestro país hay que reconocer que éste se alimenta, no solamente de factores citados en el párrafo anterior; sino, de patologías sociales como la xenofobia, la homofobia, la aporofobia, la misoginia… y el antisindicalismo.

Y es en esto del antisindicalismo que queremos hacer una breve puntualización: lo que pasó en el período constitucional 2018-2022, cuando se manifestó la más perversa y grosera campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada antes contra grupo social alguno en los tiempos de la Segunda República: hablamos de la campaña de odio contra el empleo público y contra todas las personas trabajadoras asalariadas estatales y sus familias.

Una coalición mediático-político partidista, con sus operadores decisores en los poderes Ejecutivo y Legislativo, 2018-2022, sembró gran odio en nuestra sociedad cuyo fuego sigue ardiendo en el tejido social costarricense.

Llega Chaves Robles y su estilo confrontativo, autoritario, soberbio, burlesco, despreciativo de la institucionalidad jurídica y el odio coge fuerza.

Estamos a tiempo de que ese odio eleve su temperatura. El odio, si se hace sistémico en una coyuntura determinada, puede generar un baño de sangre, en pequeña o en gran escala, pero baño de sangre al fin.

No tenemos que ver más allá de nuestras fronteras para constatarlo. Solamente recordemos lo que nos pasó en 1948, hace tan solo 75 años. El odio se desbordó y unos 3 mil compatriotas de entonces, de uno y otro bando, murieron en un baño de sangre.

Definitivamente, tenemos que actuar.

Acaba de presentarse para la tramitación parlamentaria, un proyecto de ley para retrasar-postergar por dos años, la entrada en vigencia la Ley de la República No. 10.159, denominada Ley Marco de Empleo Público (LMEP); es decir, que se aplique hasta el 10 de marzo de 2025 y no desde el día 10 del mes que viene.

Creemos que es una iniciativa más que oportuna, es necesaria. Y por ello, por esta vía (y por otras), solicitamos con vehemencia y con respeto, que la voten afirmativamente las 57 personas diputadas.

Desde un principio, calificamos a la LMEP de perversa: fue concebida e ideada con mucha maldad, conscientemente; o disfrutando de ello, incluso. Las personas asalariadas empleadas públicas fueron satanizadas, criminalizadas, basureadas, estigmatizadas; mediando una operación mediática de periodismo-propaganda de odio, como nunca antes se había manifestado en décadas.

Ello no permitió, ni por un solo instante, un debate comedido, participativo, con bases de sólida fundamentación técnico-profesionales objetivas. Fue la histeria mediática, la manipulación ideológica, la conjura política y la infamia lo que determinó los contenidos esenciales y accesorios de la ley.

Las consideraciones anteriores nos dieron la sustancia para calificar a la LMEP como “perversa”. Obviamente, hay bastantes otras que se quedan sin plantear.

Ahora bien, esa perversidad se ve agigantada con el concepto-calificativo de “oscura” que va unido a dos más: “confusa” y “ambigua”.

Así de contundente es la opinión de la Procuraduría General de la República (PGR), al calificar la propuesta de reglamento que formuló el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

A este respecto, nos interesa centrarnos en la “oscuridad” de la reglamentación de la ley que propone ese ministerio.

Si ya la ley tiene una connotación inmanente que es su perversidad; la oscuridad de su propuesta de reglamentación nos lleva a concluir que la LMEP pretende la instauración de un sistemático y sistémico autoritarismo institucional; un disciplinamiento del ejercicio de la cosa pública en la cotidianeidad; y un verticalismo de gestión ejecutiva ignorando-pisoteando la legalidad ya instituida.

Finalmente, como vemos, no es la transparencia la motivación característica fundamental de esta perversa y oscura LMEP.

Y alguien–algunos en la penumbra del real poder, decidieron la implementación del autoritarismo en Democracia, a plena luz del día.

Grande es la tarea democrática que tenemos por delante. Más grande es la férrea voluntad de asumir esa tarea. En la razón está la fuerza.