La seccional ANEP-Ministerio de Hacienda se reunió con el Secretario General de la ANEP, ante diversas preocupaciones del personal por situaciones que se presentan a lo interno de la cartera, como por ejemplo con el nuevo programa Hacienda Digital, su implementación y la dedicación exclusiva.
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Proclama de ANEP 1 de mayo de 2024
1886 PRIMERO DE MAYO 2024
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS
¡GLORIA ETERNA A LOS MÁRTIRES DE CHICAGO!
Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden Albert Parsons, Auguste Spies, Oscar Neebe, George Engel
Al cumplirse 138 años de su paso a la Eternidad
la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),y considerando el 75 aniversario de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de la República (1949 – 7 de noviembre – 2024)
PROCLAMA:
Que nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social, partiendo de nuestras formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo, se entrecruza con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.
En un posicionamiento más específico, citamos la Opinión Consultiva OC 27/21, de 5 de mayo de 2021, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): DERECHOS A LA LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA, Y SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; con carácter de Vinculante Obligatoriedad para nuestro país…
POR TANTO
Daremos la lucha correspondiente,
fomentando todas las acciones pertinentes, aportando para que:
1- Se preserve por siempre y para siempre el legado histórico de Los Mártires de Chicago, la Jornada de las 8 horas; misma que está inserta, a plenitud, en todo el sistema jurídico costarricense y en el de orden internacional que hemos convenido en respetar; lo cual nos lleva a reafirmar el rotundo rechazo a la actual iniciativa de ley, en contrario, que se nos pretende imponer en los actuales momentos.
2- A la clase trabajadora asalariada con empleo fijo que labora para el sector Privado: a) se le defina un nuevo salario mínimo que adquiera el carácter de digno y de justo, para una real inclusión económico con movilidad social; b) se restaure el sistema de fijación semestral por costo de vida; c) se establezcan fijaciones específicas-extraordinarias en los casos de actividades de vigilancia privada, de conducción de autobús y de explotación de mano de obra agrícola.
3- A la clase trabajadora asalariada del sector público: a) se le libere del congelamiento salarial brutal al que ha sido condenada y que está ya en el quinto año consecutivo, agravada por las funestas disposiciones de las leyes del Combo Fiscal y Marco de Empleo Público, todo lo cual es violatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) y los de orden constitucional (particularmente, es muy grave este drástico congelamiento salarial en los cuerpos policiales, en programas de política social y de salud, como los del control de vectores del Ministerio de Salud y otros; b) se restaure la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; c) se establezcan fijaciones salariales con carácter de ajuste técnico en ocupaciones vitales y estratégicas para el país.
4- A la clase trabajadora independiente, se les dé el tratamiento diferenciado establecido por ley para con sus obligaciones de Seguridad Social, ofreciéndole nuestra experiencia organizativa.
5- Se fomente, al máximo y con todas las modalidades posibles, en ambos sectores de la economía, las negociaciones obrero-patronales para el establecimiento de convenciones colectivas de trabajo; ya no solamente potenciadas por la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH; sino, a nivel estatal, por la opinión de la Procuraduría General de la República (PGR), No. PGR-C-036-2024.
6- Se le dé aprobación legislativa a la normativa que censura, legalmente, el acoso laboral en el empleo; específicamente, la ratificación del Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
7- Se implementen la serie de recomendaciones del Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que planteó en su reciente visita a Costa Rica, acerca de las formas de esclavitud laboral moderna con el objetivo de que sean erradicadas en nuestro país.
8- Se fortalezca la institucionalidad pública de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), rechazando toda forma de privatización-tercerización; exigir el pago de la deuda estatal (misma que está cercana a los 4 billones de colones); y propiciar un debate público-diálogo nacional para nuevos desafíos en cuanto a la formación de especialistas.
9- Se fortalezca el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS), cerrándole el paso a las pretensiones de imponer pago de cuota de enfermedad a la persona pensionada; así como las pretensiones de elevar la edad de jubilación, aumentar la cuota obrera y reducir el beneficio pensional. Además, modificar lo legalmente necesario para una concreción material real de acceso a los fondos personales totales individuales que tiene cautivos el denominado ROP.
10- Se rechace la privatización del actual modelo eléctrico nacional históricamente gerenciado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); combatiendo, fuertemente, la aprobación parlamentaria del Expediente Legislativo 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
11- Fracase la nueva intentona de venta-privatización del Banco de Costa Rica (BCR), con grave riesgo para la misma estabilidad económica del país.
12- Se fortalezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), considerando que el agua es un Derecho Humano fundamental; combatiendo, fuertemente, las tesis solapadas de debilitarlo para su privatización; además, se puedan fortalecer los vínculos estratégicos con el movimiento ecologista comprometido con la defensa del carácter público del agua.
13- Continúen siendo de propiedad pública empresas estatales exitosas como Correos de Costa Rica S. A., Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Instituto Nacional de Seguros (INS); festejando en este último caso la llegada de sus 100 años de existencia al servicio del bien común. Igualmente, entidades estatales claves como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC).
14- Se concrete, políticamente hablando, la más grande operación de política pública para el fortalecimiento estratégico de los diferentes cuerpos policiales responsables de la Seguridad Ciudadana en sus diversos órdenes: mayor contratación de personal, mejor avituallamiento y provisión tecnológica, salud ocupacional integral, mejor calidad de trato a la mujer policía, aumentar el nivel salarial más atractivamente y establecimiento de pensión anticipada.
15- Se fortalezca el sistema de parques nacionales y de áreas de conservación, rechazando formas abiertas y/o solapadas de entrega del patrimonio verde del país a la lógica del lucro mercantil de mercado; aumentando el personal y dándole carácter estratégico a su actividad.
16- Se dé un real fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), para su transformación en la televisora y la radio pública del país por excelencia, en el medio de comunicación del Estado y sus políticas públicas para reducir y superar la pobreza y la desigualdad; específicamente, en los ámbitos educativo y cultural. De manera colateral, rescatar los presupuestos del Ministerio de Cultura y Juventud ante su casi colapso total.
17- Se fortalezca, con sentido de futuro estratégico-país, el Régimen Municipal; aportando para su relacionamiento fiscalizador con la comunidad y preservando, al máximo, su carácter de servicio público; aumentando la vigilancia obrera y cívica para un actuar militante de denuncia de la corrupción.
18- Se imponga un nuevo sistema tributario a fin de que el actual, contaminado de corrupción y de injusticia, desaparezca; dando paso a una estructura tributaria progresiva; considerando, colateralmente, la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda pública y su más que obsceno pago de intereses.
19- Impulsar, con una diversidad de acciones e iniciativas con perspectiva del sindicalismo sociopolítico, y con base en nuestras propuestas alternativas al modelo económico excluyente vigente y para fortalecer con éxito el combate a la criminalidad y a la delincuencia del crimen organizado; el fortalecimiento de programas de política social a cargo de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el CEN-CINAI, la Junta de Protección Social (JPS), entre otros.
20- Se definan fuertes políticas nacionales de soberanía y de seguridad alimentarias, mismas que deben fundar nuevos sistemas de apoyo al pequeño y al mediano productor agropecuario que nutre el mercado interno abastecedor de alimentos a la clase trabajadora del país.
21- Se dé a conocer, lo más intensa y ampliamente posible, entre las bases del Magisterio Nacional el documento ANEP: 10 ejes y 100 propuestas para el Rescate de la Educación Costarricense; que constituye el aporte de la organización al debate sobre el futuro de la educación pública de nuestro país considerando la crisis que está viviendo.
22- Se impulse y se concrete un sistema de inclusión económica de la persona trabajadora joven desempleada, considerando la capacidad instalada del movimiento cooperativo, su referencia institucional en política pública; y, la existencia de millonarios fondos públicos para potenciar emprendimientos de diverso orden en los ámbitos públicos y privados de la economía. Propiciar, al respecto, el potenciamiento del papel del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en la formación juvenil con sentido estratégico para aportar en cuanto a desestimular la exclusión social y económica.
23- Incentivar al máximo una política sindical agresiva de denuncia de la corrupción en el nivel estatal y en su expresión coludida del interés público con el privado; en el marco de la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción, así como la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
24- Fomentar, en esta nueva época de agudización de la exclusión social y económica, del ejercicio cívico de la Democracia de la Calle, como forma activa de aportar para el derecho constitucional de Democracia Participativa; para la defensa de la institucionalidad pública que nos fue heredada en función del bien común y de la inclusión social y económica, así como de los valores eternos de la Justicia Social.
25- Abogar por la construcción de un gran proceso de articulación cívico-patriótica que destierre, al máximo, el hegemonismo que impide la construcción de acciones compartidas y puntuales, considerando que la agenda temática para atajar y revertir el proceso sistemático de exclusión social y económica tiene grandes coincidencias en los diferentes agrupamientos que se han estado manifestando.
Las CCT seguirán existiendo y ahora con más fuerza
La Negociación Colectiva obrero-patronal, como norma jurídica concreta expresada en nuestra legislación mediante la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), quedó incluida en el Código de Trabajo desde que éste naciera la vida pública, en 1943, hace ya 81 años.
6 años después, en 1949, logró un estadio superior de poderío jurídico, al ser incluida en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; específicamente, en el artículo 62 que dice así: “ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.
Por mandato férreo, hasta hoy día, las CCT están consideradas como parte esencial de los Derechos y Garantías Sociales de la carta magna de 1949; misma que, por cierto, en este 2024 llega a sus 75 años de existencia.
Las CCT, esencialmente, se pensaron para el sector privado de la economía. Sin embargo, por una combinación de factores sociohistóricos e ideológico-políticos lograron importante auge en una parte del aparato estatal.
En el Gobierno 2018-2022, administrado por Carlos Alvarado Quesada, del hoy extinto Partido Acción Ciudadana (PAC), se vivió el período político más fuerte en contra de las CCT, en el marco de la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público; al cual, maliciosamente, se pretendió responsabilizarlo por el desastre de las finanzas públicas.
Logramos demostrar, afortunadamente, que ese desastre estaba en otra parte (la deuda pública y su obscena carga de intereses), pero el daño ya había sido hecho. Alvarado y el ala extremista neoliberal del Partido Liberación Nacional (PLN), impulsaron e impusieron tres leyes anti-obreras que contienen fuertes golpes a la existencia de las CCT.
Hablamos de las leyes del combo fiscal (9635), anti-huelgas (9808) y Marco de Empleo Público (10.159), por cierto, todas cuestionadas en Sala Constitucional en cuyo seno duermen el sueño de los justos.
Lo cierto del caso es que esos políticos fundamentalistas del todo mercado-nada Estado, jamás imaginaron que el resurgimiento de las CCT, como ave fénix, tanto para el sector público como el privado, vendría dado por un mandato internacional de obligado cumplimiento y de fuerte vinculatoriedad para nuestro país, dado el apego de Costa Rica, muy pregonado internacionalmente, a la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
Nada más y nada menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en nuestro país, emitió, el 5 de mayo de 2021, la Opinión Consultiva OC 27/21 Sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos con Perspectiva de Género.
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Las CCT se han fortalecido y entran en contradicción con los contenidos de las indicadas leyes. Por otra parte, la Asamblea Legislativa deberá restaurar el derecho de huelga y deberá derogar-modificar la ley 9808.
Y, a quien no quiere caldo, dos tazas, pues es la propia Procuraduría General de la República (PGR), la Notaría del Estado, la que le ha puesto la cereza al pastel: emitió la opinión PGR-C-036-2024, de 4 de marzo de 2024, sentenciando lo siguiente: “…, nuestra Sala Constitucional ha reconocido el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte IDH emitidas tanto en el ámbito contencioso como en el consultivo”. ¡Qué emocionante manera de participar en la marcha del PRIMERO DE MAYO del próximo miércoles!
ANEP logra comprobar inocencia de trabajador del Resgistro Nacional
Gota a gota: mismo infierno con diferente diablo
En el tema de los créditos gota a gota, la Asamblea Legislativa muestra su doble moral, al menos, en una gran cantidad de sus actuales integrantes diputadiles. Es un logro enorme que se haya aprobado un proyecto de ley para castigar, de manera severa, a aquellos que aprovechando la necesidad de muchos costarricenses maltratados por la desigualdad, se ven en la penosa necesidad de pedir prestado a tasas esclavizantes.
Sin embargo, es bochornoso que diputados de la Unidad Social Cristiana con el apoyo de Nueva República, a los pocos días de iniciar la presente legislatura, sin siquiera tener 15 días en las curules, presentaron un proyecto de ley para debilitar la ley de usura actual.
No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.
Según su sitio web (www.asocomi.com), en la Asocomi se conjuntaron empresas como MONGE, Multicréditos, Rayo#Platatodoelaño, Artelec ¡Somos pura vida!, Financiera Finca, Zensiya, Grupo CTS (Consulting and Training Solutions).
También está afiliada a la Asocomi, Instacredit; compañía ésta, según entendemos, en su momento vinculada al señor Samuel Yankelewitz Berger (el del caso Yanber).
Posteriormente, Instacredit fue vendida al grupo mexicano Crédito Real, en cerca de ¡100 millones de dólares! ¿Cuánto habrán pagado de impuestos por semejante operación? ¿Puede el Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, contarnos lo que sabe al respecto?
Tenemos entendido que esta transacción se habría realizado en Panamá, aprovechando las debilidades existentes del sistema tributario costarricense. Entonces, nos surge otra pregunta: ¿cuántas transacciones, parecidas o similares, se han estado generando desde Panamá y otros paraísos fiscales para robarle impuestos al pueblo trabajador costarricense?
¡No nos dejemos engañar! El proyecto presentado con tanta celeridad por las fracciones del PUSC y el partido de Fabricio no buscan la inclusión financiera, ¡no! Lo que desean es esclavizar de nuevo a miles de costarricenses, personas integrantes de los diversos segmentos de la clase trabajadora. En resumen, mismo infierno con diferente diablo.
¿Cómo es posible que una fracción legislativa, como la del PUSC, con tanta celeridad presente un proyecto tan bien estructurado, en tan poquísimo tiempo, no más iniciada la actual legislatura; proyecto que implicaría mucha “técnica” y terminología del negocio de los microcréditos como para “volarse” el importante avance de la actual ley de usura?
¿Sería posible pedirle al PUSC un proyecto de ley para condonar deudas de personas trabajadoras altamente endeudas, las cuales producto del congelamiento salarial brutal de todos estos años y/o del desempleo, están en situaciones de insolvencia con grave daño social y familiar?
De gran impacto público será que las diputaciones de las otras fracciones acordaran instalar una comisión investigadora para saber por qué el interés en impulsar un proyecto que sólo beneficiaría a este grupo de interés, la Asocomi; especialmente en momentos en los cuales la transparencia del sistema financiero costarricense está más opaca que nunca. Y, además, sobran razones para que la propia Fiscalía General de la República actué en la misma dirección.
Pedir prestado para comer
De los datos estadísticos más dramáticos que expresan el severo retroceso social y económico que vive la sociedad costarricense de la actualidad, están los que brinda el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), en su más reciente encuesta.
De esos datos dramáticos, impacta, profunda y dolorosamente, el que indica que 1 de cada 4 solicitantes de préstamos, ocupa la plata para comprar comida, alimentos básicos.
Sin duda estamos hablando de las víctimas del modelo económico dominante, el del reino de la desigualdad sistemática y sistémica.
Bien han planteado los señores obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), que nuestra Patria ocupa de «otro modelo de organización económica».
El que está vigente, está enfermo. Los beneficios del crecimiento económico que genera no se distribuyen con equidad, al punto de tener esa realidad crediticia de pedir prestado para comprar comida en un alto porcentaje de los préstamos peticionados.
Además, son los segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada los inmersos en ese cruel dilema existencial sociofamiliar de los créditos para comprar comida.
Y tales segmentos, mayoritariamente, son los de las personas asalariadas que reciben bajos y precarizados salarios, de congelamiento prolongado y de reajustes por costo de vida raquíticos.
En estos casos, que no son pocos, honrar el crédito agudiza la estrechez económica del hogar y resta espacio para comprar comida. Doloroso e indignante.
Gran reto es la lucha social de estos días para lograr que se puedan convertir a todas esas familias en poderes desafiantes del perverso modelo de organización económica que las tiene contra la pared de la exclusión.
Imperioso es batallar por imponer un nuevo modelo de política salarial que parta de un nuevo salario mínimo de real poder de compra.
Ese otro modelo de organización económica que nos plantea la Iglesia Católica, requerirá de cualquier cantidad de factores vinculados entre sí para que emerja. El optimismo ha de guiar todos nuestros pasos y nuestras acciones en tal sentido, considerando que ese otro modelo de organización económica es el que está del lado correcto de la Historia.
Ya disponibles las fechas del Curso Virtual: Herramientas para la dirigencia de Base de la ANEP-Nivel Básico
Seccional en el Sistema Penitenciario Nacional continúa trabajando junto al Ministro de Justicia
Gobierno destina más dinero para los intereses de la deuda pública que para educación.
Por esto es que el narco está ganando
¡Por favor! Ponga cuidado a este dato: Para la deuda y sus intereses, 667 millones de colones por hora; para Educación, 296 millones de colones por hora; para Seguridad, 34.5 millones de colones por hora. Seguidamente, le explicamos:
En la Asamblea Legislativa actual y en noviembre pasado, se aprobó destinar a la partida presupuestaria 2024 de la deuda pública, esta gigantesca cantidad: (₡5.814.000.000.000).
Es esta la gran prioridad de la inversión de los dineros públicos del Estado central. Ni la educación, ni la seguridad son prioridad. Mucho menos, lo que tiene que ver con inversión en programas sociales de diverso orden diseñados, otrora, para atender la exclusión social y económica; ésta, como bien se sabe, es la que nutre, en buen parte, la actividad delincuencial común, así como la del crimen organizado y del negocio sucio del narcotráfico.
Esos 5 billones 814 mil millones de colones destinados, sobre todo, al pago de los intereses obscenos, recontra-usureros y socialmente criminales, significan para este 2024 (año con 366 días), un pago diario de, prácticamente, 16 mil millones de colones (₡16.000.000.000).
Veámoslo más dramáticamente: por cada hora ese pago es de, prácticamente, 667 millones de colones (₡667.000.000).
Por el contrario, fíjese usted, que en el mismo presupuesto 2024 aprobado en el parlamento en noviembre del año pasado, se incluyeron las partidas globales para Educación y para Seguridad. Y es aquí donde resalta la perversidad de un modelo económico centrado en lo meramente fiscal y no en las personas.
Para Educación, de los 2 billones 600 mil millones presupuestados para 2024 (₡2.600.000.000.000), se tiene una inversión diaria de unos 7 mil 104 millones de colones (₡7.104.000.000); lo cual, nos da un promedio diario, cada 24 horas, de 296 millones de colones).
Ahora vemos lo que dispusieron en la Asamblea Legislativa para este 2024 en materia de presupuesto para la cartera ministerial de Seguridad: 303 mil millones de colones, en términos redondeados (₡303.000.000.000).
Esto quiere decir que, para atender la perversa y maligna ola de violencia criminal organizada en auge incontenible, solamente se dispone de 827 millones de colones diarios (₡827.000.000). Y, por hora, promedialmente hablando, ¡tan solo unos 34.5 millones de colones! (₡34.500.000).
Repitiendo: Para la deuda y sus intereses, 667 millones de colones por hora; para Educación, 296 millones de colones por hora; para Seguridad, 34.5 millones de colones por hora. Sin duda, el narco va ganando…
¡Cómo no va ir ganando el narcotráfico su guerra contra la sociedad costarricense si nuestra clase política, sin excepción, se arrodilla ante los dictados del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y le aprueba a éste, a ojos cerrados, sus partidas para la deuda pública y, especialmente, para el obsceno pago diario de intereses!
¿Cómo pueden todos los cuerpos policiales bajo el presupuesto de la cartera ministerial de Seguridad enfrentar con éxito esa guerra, promedialmente hablando, con 34 millones de colones por hora?
¿Adónde hemos de terminar, si a nuestros gobernantes, del oficialismo y de la “oposición” les importa un bledo que esa deuda y su más que obsceno pago de intereses le saquen al pueblo unos 31 millones de dólares diarios, ¡cada 24 horas!?, en detrimento de la Educación, de la Seguridad, de otros programas de inversión social. Lo mínimo que deberían hacer es crear una comisión especial mixta legislativa, con participación ciudadana, para empezar a hablar de este tema con carácter de política de Estado. Aquí les dejamos la propuesta
