La seccional ANEP-Municipalidad de Dota sostuvo una audiencia conciliatoria en el Ministerio Trabajo, con la Alcaldía y el Concejo Municipal de la localidad, con el objetivo de apresurar e iniciar las sesiones de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo
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Solicitan al Concejo Municipal de Oreamuno pronunciarse por la prohibición de uso del clorotalonil en Costa Rica
El frente Eco Cipreses, quien ha venido denunciado fuertemente la contaminación del agua en su comunidad, solicitó al Concejo Municipal de Oreamuno, en una amplia y clara exposición de casi dos horas, pronunciarse en favor de la prohibición del uso del plaguicida Clorotalonil en Costa Rica. A la vez que, se realice una exhortación al Gobierno de la República en la misma línea, con el objetivo de proteger el recurso hídrico nacional.
El salario mínimo
Se supone que cada persona trabajadora que labora de manera asalariada con empleo formal para el sector privado de la economía, recibirá un 6.62% más en su salario mensual a partir del próximo 1 de enero de 2023.
Así lo dispuso el Consejo Nacional de Salarios (CNS), luego del “ritual” (antes semestral, ahora anual), en que se hace un simulacro de negociación tripartita (Gobierno-empresarios-sindicatos), para imponer, en la realidad política, determinado monto de reajuste por variaciones en el costo de la vida al salario mínimo).
Decimos simulacro por cuanto adolecemos, como país, de una real política salarial que se estructure a partir de variables como la desigualdad, la concentración de la riqueza, la necesidad de reactivación económica del mercado interno en asocio con la recuperación del poder de compra-adquisitivo del salario; así como la consideración de lo que denominan parque productivo del país es muy grande a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas sin tratamiento tributario diferenciado, hasta donde tenemos entendido.
Por otra parte, hoy día el salario mínimo está muy lejos de guardar congruencia con lo indicado en el artículo 57 de nuestra Constitución Política. Éste ordenó que el salario mínimo debe garantizarle a la persona trabajadora bienestar y existencia digna.
Nada más alejado de la realidad. Es de tal calibre el proceso sostenido de empobrecimiento salarial que ese 6.62% definido para aplicarse a partir del 1 de enero de 2023, aunque suene “bueno”, no significa camino de corrección alguno hacia una nueva política salarial para una plena garantía de bienestar y existencia digna.
Otro factor adicional es el alto grado de indefensión obrera para una efectiva fiscalización de que ese 6.62 se aplicará, realmente.
Sabemos que no pocos patronos privados argumentan que su correspondiente personal trabajador, ya está recibiendo sus respectivos salarios por encima del mínimo, razón por la cual ese 6,62 no les será aplicado.
Este aspecto es de gran debilidad estructural en la concepción imperante acerca de los niveles salariales en el sector privado de la economía: quien devenga algo más que el mínimo ordenado para su correspondiente categoría ocupacional, no tiene porqué recibir el reajuste por costo de vida. Así piensan muchos patronos que escamotean su responsabilidad para con el trabajo decente de su personal.
Dos factores adicionales complican la realidad salarial de la clase trabajadora del sector privado.
Uno tiene que ver con la política pública inspectiva a cargo del Estado, debilitada muy marcadamente en los últimos tiempos. No es posible para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constatar que el cumplimiento del pago del salario mínimo se observa en todo el conglomerado empresarial del país, o en gran parte de él, al menos.
A la hegemonía política dominante, no le interesa la existencia de un Ministerio de Trabajo fuerte.
Por otra parte, la inexistencia de una consistente organización sindical en el sector privado de la economía, es una grave lesión en el tejido democrático que limita la capacidad obrera para defenderse a sí misma.
Estamos en un proceso involutivo económico-social, sin duda alguna. Hay un modelo económico fracasado que tiene en la cuestión salarial una de sus más crueles manifestaciones.
A pesar de ello no ha de parar la lucha y es éste el único camino posible, a pesar de todas las adversidades, para la restauración integral del bienestar pleno en el seno de la clase trabajadora.
El poder absoluto corrompe
En diferentes ámbitos se ha venido comentando que actualmente en el Ministerio de Seguridad Pública, se ha estado trabajando en la posibilidad de fusionar las policías, esto con el objetivo de que todas queden bajo un mismo mando, esta es una iniciativa muy propia del señor Michael Soto y gestionada por el PAC en la administración anterior, este tipo de ideas se complementan con otras cómo la Unidad de Datos de Carlos Alvarado (UPAD), en su afán de tener el control de las fuerzas armadas y de todo.
El hoy Vice ministro de seguridad Daniel Calderón, quien heredó este tema de su anterior jefe Michael Soto (PAC), prosigue con su anhelo de reunir las policías para comandarlas desde Fuerza Pública, esto sin importar que se pierdan las ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS o se debilite la seguridad de las fronteras o que el poder se concentre para que pueda ser fácilmente manejado para bien pero en especial para mal.
Evidencia de esto ha sido la última reforma en la estructura hecha recientemente, donde fusionó a la Policía de Fronteras con Fuerza Pública, esto ha sido terrible y da un mensaje a nivel internacional de debilidad ante el crimen transnacional.
Se nota que la incidencia criminal y la alta en los homicidios, no le importa al actual ministro ni mucho menos al Vice ministro Calderón, lo cierto del caso es que este señor mantiene la Dirección General de Fuerza Pública y el Vice Ministerio de Unidades Regulares, situación que afecta completamente el manejo de cualquier cuerpo policial.
Debería de decidir donde estar y dejarse de tanta sed de poder.
Extraña mucho que siendo el ministro el anterior Director de la DIS, que vela por la seguridad del Estado, venga a apoyar este tema y no tenga la capacidad de ver que en un país sin ejército, tener las fuerzas policiales juntas solo le sirven a alguien como Calderón.
Señor presidente Rodrigo Chaves, por favor haga su propio análisis de la situación, el único jefe de la totalidad de la Policía en Costa Rica es usted, es EL comandante en jefe de las fuerza policiales y NO se debe permitir que este poder esté en el nivel que pretende Calderón.
Gerardo Mora Ordóñez Presidente Seccional ANEP-PPM
Aprueba reajuste salarial por costo de vida del 5% para trabajadores municipales de Vázquez de Coronado
La venta del INS: tema ideológico, no económico (parte final)
En el año 2024, el Instituto Nacional de Seguros (INS), llegará a sus 100 años de existencia. Un siglo de trayectoria en la seguridad social costarricense, la cual, lamentablemente, hoy está más amenazada que nunca.
La actual ofensiva ideológico-político en contra del INS, de corte neoliberal, es la más reciente intentona de los grupos financieros por apropiárselo. Como sabemos, estos grupos vienen ostentando la supremacía en la definición de las políticas públicas de los últimos gobiernos.
El “delito” que ha cometido el INS en estos tiempos de desigualdad, es haber salido fortalecido de su más reciente prueba de fuego: la apertura del mercado impuesto por el tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos. Continúa el INS siendo la empresa pública de seguros comerciales más importante de toda la zona mesoamericana.
El INS y todo lo que representa debe continuar como propiedad pública estatal. A las puertas de su centenario, tenemos un INS en medio de una Costa Rica que ya es, oficialmente, una sociedad totalmente desigual; de modo que esta noble institución se convierte en una necesidad estratégica para la sobrevivencia social de una población trabajadora asalariada cuyo empobrecimiento es una dolorosa realidad.
En lo específico, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), y su excepcional servicio de atención médica en caso de accidentes laborales y, también, de medicina del Trabajo (algo único en Latinoamérica); debe concebirse como estratégico dentro del escaso grupo de políticas públicas con sentido de bien común y de inclusión social que van quedando en el país, imprescindibles para la propia estabilidad democrática nacional.
La propuesta presidencial de privatizar el 49% de un INS convertido en capital accionario, prácticamente parecería un suicidio social, considerando que a los fondos de pensiones les rodea una atmósfera de poca transparencia y de incierto futuro a raíz de las aventuras financieras en el exterior en que han sido sumidos.
El presente gobierno, haciendo gala de una grotesca improvisación, primero alegó que el dinero de la venta-privatización del 49% del INS sería para destinarlo al pago de una deuda pública que, para nosotros, es impagable: avanza ya hacia los 30 billones de colones (30.000.000.000.000). Luego, que sería plata para construcción de infraestructura vial, hoy por hoy, hecha añicos.
Tanto para enfrentar la monstruosa deuda pública como para una ofensiva de inversión pública en infraestructura, existen alternativas de hondo contenido político que no pasan por la venta de activos; que no pasan por la venta del Banco de Costa Rica ni por la del INS, específicamente.
A todas las organizaciones sociales, cívicas, políticas, religiosas y patrióticas que queremos una Costa Rica mejor y más justa, desde ya les decimos y las llamamos a prepararse para enfrentar la venta de activos públicos, particularmente del INS y del BCR.
A las señoras diputadas y a los señores diputados, desde ya nuestro llamado respetuoso a no perder su valioso tiempo y trabajo, en proyectos de ley de venta de activos que, claramente, todos sabemos no tendrán el apoyo del pueblo y que lejos de armonizar nuestra sociedad, generará descontento, enfrentamiento social e inestabilidad en general.
