Gobierno recula: Democracia de la calle sí impacta

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio de Hacienda de liberar los ₡3.053 millones del presupuesto 2026 del Poder Judicial que inicialmente pretendía retener. Este cambio de postura ocurre luego de las acciones emprendidas en defensa de estos recursos y en un contexto de creciente movilización social y ciudadana frente a decisiones que amenazan la división de poderes.

Para ANEP, lo ocurrido reafirma la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto. Cuando distintos sectores sociales levantan su voz de manera democrática y responsable, el país demuestra que no está dispuesto a permanecer indiferente ante medidas que puedan debilitar la justicia, la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. La movilización social sí tiene sentido y la defensa democrática debe continuar.

Esta coyuntura también deja una enseñanza fundamental: la unidad en la diversidad es nuestra principal fortaleza. Costa Rica necesita que organizaciones sindicales, sectores sociales, personas trabajadoras y ciudadanía sean capaces de anteponer la defensa del país a intereses gremiales particulares. Podemos tener diferencias, pero cuando están en juego la democracia, el Estado Social de Derecho y nuestras instituciones, debemos encontrar los puntos que nos unen.

ANEP se alegra de que finalmente estos recursos, que ya estaban aprobados dentro del presupuesto del Poder Judicial y que no representan dinero adicional, sean liberados. Al mismo tiempo, instamos al Gobierno de la República a abandonar posiciones extremas y cualquier visión ideológica que convierta el diálogo social, la protesta democrática o la organización sindical en enemigos. Quienes defienden las instituciones democráticas no son adversarios del país: son parte esencial de una democracia viva.

Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso de continuar participando, denunciando y movilizándonos cuando sea necesario para defender la institucionalidad costarricense. Costa Rica está primero. Por encima de diferencias sectoriales, gremiales o políticas debe prevalecer la defensa de la justicia, la democracia, los servicios públicos y el bienestar colectivo. Este episodio demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, las instituciones actúan y los distintos sectores encuentran puntos de encuentro, Costa Rica puede hacerse escuchar.

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