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El poder absoluto corrompe

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En diferentes ámbitos se ha venido comentando que actualmente en el Ministerio de Seguridad Pública, se ha estado trabajando en la posibilidad de fusionar las policías, esto con el objetivo de que todas queden bajo un mismo mando, esta es una iniciativa muy propia del señor Michael Soto y gestionada por el PAC en la administración anterior, este tipo de ideas se complementan con otras cómo la Unidad de Datos de Carlos Alvarado (UPAD), en su afán de tener el control de las fuerzas armadas y de todo.

El hoy Vice ministro de seguridad Daniel Calderón, quien heredó este tema de su anterior jefe Michael Soto (PAC), prosigue con su anhelo de reunir las policías para comandarlas desde Fuerza Pública, esto sin importar que se pierdan las ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS o se debilite la seguridad de las fronteras o que el poder se concentre para que pueda ser fácilmente manejado para bien pero en especial para mal.

Evidencia de esto ha sido la última reforma en la estructura hecha recientemente, donde fusionó a la Policía de Fronteras con Fuerza Pública, esto ha sido terrible y da un mensaje a nivel internacional de debilidad ante el crimen transnacional.

Se nota que la incidencia criminal y la alta en los homicidios, no le importa al actual ministro ni mucho menos al Vice ministro Calderón, lo cierto del caso es que este señor mantiene la Dirección General de Fuerza Pública y el Vice Ministerio de Unidades Regulares, situación que afecta completamente el manejo de cualquier cuerpo policial.

Debería de decidir donde estar y dejarse de tanta sed de poder.

Extraña mucho que siendo el ministro el anterior Director de la DIS, que vela por la seguridad del Estado, venga a apoyar este tema y no tenga la capacidad de ver que en un país sin ejército, tener las fuerzas policiales juntas solo le sirven a alguien como Calderón.

Señor presidente Rodrigo Chaves, por favor haga su propio análisis de la situación, el único jefe de la totalidad de la Policía en Costa Rica es usted, es EL comandante en jefe de las fuerza policiales y NO se debe permitir que este poder esté en el nivel que pretende Calderón.

Gerardo Mora Ordóñez Presidente Seccional ANEP-PPM

¡72 años de olvido!

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Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional ANEP

El 7 de noviembre se celebra el Día del Policía (así declarado), al mismo tiempo se da la celebración de los 72 años de existencia de la Fuerza Pública. En vísperas de una nueva elección presidencial, es preciso analizar la historia de estos 72 años de olvido.

Art. 12- Constitución Política “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.”


“Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.”

A partir de la abolición del ejército surgen los cuerpos de policía, otrora conocidos como Guardia Civil, y Guardia de Asistencia Rural (GAR). En 1994 se promulgó la Ley General de Policía y con ella nacieron las competencias de los distintos cuerpos policiales que en ella fueron incluidos. La GAR y la GC, dejaron de existir para dar paso a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Control de Drogas, Policía de Tránsito, Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Penitenciaria y la Policía de Migración. Se ha considerado que tal segregación se dio con la finalidad de evitar que un mando único pudiera tomar el poder por la fuerza.

Han pasado 72 años desde la abolición del ejército, 27 desde la promulgación de la Ley General de Policía, cuerpo normativo que estableció la carrera policial; la citada Ley establece lo que se transcribe. Art. 2 Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía necesarias. Sus miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad. Deberán observar y cumplir, fielmente, la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes.

La Constitución y la Ley les dan a nuestros cuerpos policiales una condición civilista, a sus miembros se les considera funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad (Poder de imperio del Estado), sin embargo, la Sala Constitucional ha venido sosteniendo en su línea jurisprudencial que los cuerpos policiales están dentro de un régimen de excepción, lo cual se ha interpretado por un sector del alto mando, como la posibilidad de menoscabar la dignidad, los derechos laborales y los derechos fundamentales de las personas que integran algún cuerpo de policía. La excepcionalidad que ha definido la Sala Constitucional se debe entender como aquella que hace a los trabajadores parte de una función esencial, desde esa perspectiva es claro que sí, nuestros policías desempeñan una labor esencial, misma que conlleva proteger la soberanía, la paz social, brindar seguridad, proteger la vida y los bienes de todos nosotros. 

Esa excepcionalidad mal entendida, hace que a nuestros policías no se les reconozca la jornada nocturna, como si sucede con otros sectores laborales que también forman parte de los denominados esenciales. Por eso, según el máximo tribunal constitucional no aplica para nuestros abnegados uniformados, “funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad” lo señalado en el numeral 58 de nuestra Carta Magna.  

Tal como he citado líneas arriba, la Ley General de Policía vino a definir las competencias, además de crear la denominada carrera policial, en la cual se incluyeron los incentivos por el crecimiento académico, la trayectoria, la antigüedad en el servicio, entre otros incentivos que fueron afectados de manera regresiva con la entrada en vigencia de la Ley 9635.

Muchos gobiernos han pasado en estos 72años, sin que veamos la añorada dignificación y profesionalización de la función policial. Por el contrario, se viene dando una precarización constante en las condiciones socio laborales de nuestros policías. Delegaciones insalubres siguen funcionando sin ver mejoras en su infraestructura, escasean los insumos, se reduce la logística, vemos polcas en tenis, con uniformes deteriorados, faltan muchas cosas, pero, sobre todo, falta empatía, asertividad y liderazgo en muchas de las personas que están al mando.

72 años de olvido, se reflejan en la regresividad salarial que tiene a cientos de policías sin los recursos para atender sus necesidades básicas, algunos renunciando, otros posiblemente trabajando cabizbajos. Falta voluntad política para reconocerles su altruismo, su mística, su entrega y su valor para asumir el riesgo de protegernos todos los días. En mi caso, seguiré haciendo lo posible por visibilizar la vulneración de sus derechos fundamentales.

Costa Rica, ¿a merced del narcotráfico?

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Mainor Anchía Angulo, Presidente Seccional ANEP- Fuerza Pública

Al escuchar las declaraciones de varios funcionarios, jerarcas o exjerarcas del Ministerio Público, quienes a viva voz, relatan que el sistema anti-lavado es incapaz de detectar capitales ilícitos, o sea, lavado de dinero; no me queda la menor duda de que nuestro país se encuentra a merced del crimen organizado. Extracto de una de las declaraciones: “Por eso señores diputados y señoras diputadas, comprenderán que en esta materia existen más sinsabores que alegrías (…)”.  

Para nadie es un secreto que el lavado de dinero tiene una estrecha relación con la producción, venta y distribución de drogas ilícitas (narcotráfico). Por ello, podríamos considerar, a partir de las declaraciones antes transcritas, que no hemos golpeado al narcotráfico como lo hace ver el actual Ministro de Seguridad Pública, con cada decomiso de drogas; por el contrario, vamos perdiendo por goleada y estamos sacando agua del bote.

Esa presunta incapacidad para detectar dinero de dudosa procedencia, podría estar relacionada con la falta de voluntad política tendiente a fortalecer los mecanismos de control; aunque surge la duda con relación a que pueda ser algo premeditado. Al menos, se deja ver con claridad la falta de interés.

Paralelamente, el desinterés por fortalecer la lucha contra el crimen organizado, se concatena con el desmejoramiento paulatino de las condiciones laborales de los cuerpos policiales. Entre otras cosas que muestran su deterioro, podemos citar, falta de calzado policial (vemos policías en tenis, zapatillas, o en botas de hule); es notoria la falta de mantenimiento y repuestos para la flotilla vehicular; la infraestructura es deficiente en la mayoría de los casos, etc. Todo eso se ve agudizado con la regresividad salarial de los últimos años (los cuerpos policiales fueron incluidos en la Ley Fiscal; ahora están incluidos en la Ley Marco de Empleo Público, con lo cual verán también congelados sus paupérrimos salarios). Contrario sensu, el crimen organizado, tiene mucho dinero y todos los recursos a su disposición.

¡Sí!, el narcotráfico opera en todo el país. Ya, aquel discurso de que los problemas de inseguridad se encontraban focalizados en algunos sectores urbano-marginales, es cosa del pasado.

Lo mismo vemos homicidios, asaltos, narcotráfico, en Puntarenas, Limón, San José, o la Zona Sur. Hablando de la Zona Sur del país, Punta Burica es un sector utilizado por el crimen organizado para trasegar drogas. Nuestra frontera con Panamá no cuenta con la seguridad requerida, necesaria y pertinente; no tiene el recurso humano y logístico para operar con mayor efectividad.

Para el año 2019, según datos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Fronteras contaba con 390 funcionarios, los cuales se distribuyen en turnos, así como en distintas regiones del territorio nacional. Esa cantidad de funcionarios (390), debería ser mínimo el que atienda la Frontera Sur.

En ese mismo sentido, estrechamente ligado con el tema fronterizo, la Policía de Migración, como lo constatan varios reportajes del Diario Extra, muestra las paupérrimas condiciones que enfrenta dicho cuerpo policial. Al efecto, el funcionario y dirigente sindical, Gerardo Mora Ordoñez, clama, de manera incansable, por la inyección de recursos que les permita operar de una mejor manera; pero, una vez más, no parece haber voluntad política, en momentos en que, por cierto, vivimos una situación delicada con la constante llegada de población migrante a suelo nacional. 

El panorama luce oscuro, al menos, así lo vemos quienes nos movemos en la llanura. Al parecer, nuestros gobernantes tienen otra perspectiva. En más de una ocasión me he cuestionado: ¿será falta de voluntad política, o más bien es producto de una confabulación con algunos grupos que, de repente han apoyado campañas políticas con bolsas de dinero? Lo anterior se fundamenta en la falta de acciones concretas; la “sordera” de nuestros legisladores es pasmosa. En varias oportunidades les hemos señalado la necesidad de fortalecer el trabajo de los cuerpos policiales, hemos advertido que no es oportuno afectar sus condiciones laborales, mucho menos provocar en las personas que los integran, una disminución en sus pocos ingresos.

Nuestro territorio viene siendo “tomado” por el narcotráfico, y el crimen organizado, mientras tanto, seguimos careciendo de una verdadera estrategia nacional sobre drogas, así como de una Política de Estado que procure articular acciones, mitigar o dar contención al ilícito negocio de los estupefacientes.

Extrañamente, la policía especializada, la Policía de Control de Drogas (PCD), sigue trabajando con las uñas, continua sin incrementar el recurso humano, de manera tal que pueda fortalecer sus investigaciones y, por ende, la lucha contra el flagelo que carcome nuestras comunidades. Para el año 2019, la PCD contaba con 169 funcionarios, siendo el segundo cuerpo policial con más bajas por renuncia, superado únicamente por la Fuerza Pública.

Nuestros gobernantes parecen desconocer, que los cuerpos policiales son la primera línea de prevención, por ende, son también los que tienen el primer contacto con los grupos delictivos, a la hora de enfrentarlos para brindarle seguridad al país. Inexcusablemente, para mejorar el combate a la criminalidad, es preciso dignificar su trabajo; así mismo, urge robustecer su capacidad operativa. Pero, para ello, se requiere voluntad política, una que hasta ahora parece inexistente.

Perfil de personas pensionadas del Seguro IVM fauleados y a la espera de zancadilla (parte 2)

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Por Rodrigo Arias López, Actuario Matemático

(Parte 2)

Recordemos que en el año 2018 la Junta Directiva de la CCSS (JD-CCSS) -luego de más de 70 años de dejar en el olvido una adecuada gestión de IVM- decidió, para que IVM no colapsara dos años antes de lo previsto, que  tenía que evitar que las pensiones más bajas llegaran a ser iguales al 50% del salario mínimo, sin importar que el balance neto para la CCSS fuera negativo (Ver https://surcosdigital.com/la-logica-de-la-junta-directiva-de-la-ccss-fauleadas-154807-pensiones-bajas/?fbclid=IwAR0D2piMsP5i5WodNR47bI6NEn4f4m2ePREfFBZHA6si6SnIdiqmxT4Lu50). A ese grupo formado por más de la mitad de los pensionados de IVM con pensiones por debajo de medio salario mínimo, lo llamaré “Fauleados en 2018”, sin descartar que vuelva a ser zancadilleado en los próximos tres meses con el anuncio reciente de la JD-CCSS, para darle cuidados paliativos al paciente que ella misma dejó sin atender durante más de 7 décadas. Al grupo restante, que también podría ser invitado a “darle oxígeno” al moribundo, como seguro serán llamados los 3 millones de afiliados actuales y los futuros, le llamaré “A faulear en 2021”.  En el Cuadro N° 1 se presentan ambos grupos distribuidos según quinquenios en que sus integrantes se pensionaron, por riesgo (Invalidez, vejez, viudez, orfandad, padres y hermanos). Los datos corresponden a la planilla de noviembre de 2020; en el caso de muerte los datos son estimados, pues no dispongo de la información completa.

En este cuadro queda claro que en 2018 la JD-CCSS eliminó la expectativa de crecimiento de la zanahoria que con bombos y platillos anunció en el año 2005, cuando engañó a la población diciéndole que le había dado oxígeno a IVM hasta el año 2045, orientada por los expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Me pregunto si en esta ocasión esos consejeros que hoy se esconden, han sido reemplazados por expertos de la OCDE para hacernos creer que las mentiras son verdades (Ver https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451359/ocde-tras-pensi-n-a-los-67-a-os).

No me extrañaría que el perfil del grupo de fauleados que hoy recibe la pensión mínima en IVM, sea el ejemplar idóneo que doña Rocío Aguilar Montoya anhela para convalecer al enfermo y completar el proyecto de quienes viven de las cuentas individuales (Ver Cuadro N° 2 y “Fijemos la ruta para el futuro de las pensiones” en La Nación del 9/5/2021). Si mi sospecha se materializa -espero que no- el 100% de los pensionados de IVM, incluyendo los futuros, podría estar en el grupo de los fauleados.

Recordemos que con la zancadilla de marras la JD-CCSS se “ahorrará” unos 42 mil millones de colones en 2021, cifra que representa un 15% del gasto anual en pensiones de los fauleados (ver Cuadro N° 3); un 4% del gasto anual del grupo que espera ser gorreado y un 3% del gasto total. Esa es la lógica que prevalece en los directivos que integran la JD-CCSS; pero con ello le recordaron al grupo más débil que debe seguir de rodillas en primera línea, similar a quienes dependen de los fondos de FODESF. 

Los datos sobre cuotas y salarios promedio de referencia de IVM anteriores al año 2001 no están completos debido a que la CCSS no cuenta con toda la información anterior al año 1975. Además, no dispongo de suficiente información sobre fallecidos activos y pensionados de IVM. Por tales motivos en el Cuadro N° 4 solamente presento información de quienes se pensionaron por invalidez y por vejez a partir del año 2001.

Para comprender mejor los datos del Cuadro N° 4 es necesario tomar en cuenta lo siguiente. 1) En el período 2001-2005 se aplicó obviamente el reglamento vigente antes de la reforma de 2005. 2) De 2006 a 2010 se aplicó principalmente el reglamento de antes de 2005, y el retiro anticipado con 300 cuotas. 3) De 2011 a 2015 se aplicaron los dos reglamentos, con mayor intensidad el de la reforma de 2005. 4) En el período 2016-2020 básicamente entró a funcionar la reforma completa de 2005 y la eliminación del retiro anticipado acordada en 2015 por la JD-CCSS. 5) Las tasas de reemplazo (Monto de pensión inicial / Monto del salario promedio de referencia) no pueden comparase unas con otras de manera directa, porque el salario promedio de referencia cambió y se han aplicado dos reglamentos.

Teniendo claro lo anterior las principales conclusiones que se derivan del Cuadro N° 4 sobre quienes se pensionaron en 2001-2020, son las siguientes. 1) La JD-CCSS fauleó principalmente a los pensionados más viejos, que aportaron menos cuotas y obviamente a quienes tenían pensiones más bajas. 2) Los pensionados por invalidez fauleados cotizaron 15 años en promedio y los de vejez 22 años; con tasas de reemplazo promedio de 73% y 75% en promedio, respectivamente; se pensionaron a los 55 años y a los 65 años de edad en promedio, respectivamente y actualmente tiene 65 años y 71 años de edad, en promedio, respectivamente. Los valores respectivos para quienes esperan ser fauleados son: 25, 35, 60%, 64%, 53, 62, 62 y 69. 3) Con la reforma de 2005 prácticamente al 100% de aplicación en 2016-2020, tanto los fauleados como los que están a la espera de zancadilla, tuvieron una tasa de reemplazo del 61% en caso de vejez; en invalidez estos valores son 63% y 57%, respectivamente. Los fauleados en caso de vejez se retiran a los 65 años de edad con 21 años cotizados en promedio; los aún no fauleados se retiran a los 62 años con 35 años cotizados en promedio.

Sin menospreciar el buen entendimiento ni la inteligencia de los lectores de Surcos, me permito mencionar que la RAE define claramente lo que es un “faul” (como podría ser una zancadilla) y lo que significa “transparente” (de transparencia), el primero muy utilizado y el segundo muy rara vez usado. La RAE define “Faul: En una competición deportiva, infracción del reglamento consistente en una entrada brusca de un jugador contra un rival”. Todo apunta a que las cifras presuntamente maquilladas que tuvo la JD-CCSS la nublaron, por lo que se alistó sin pensarlo dos veces para un match no avisado y sin árbitro contra el equipo más débil.  ¿Recuerdan los lectores lo que dice el Artículo 29 del Reglamento de IVM en conjunto con el acuerdo del año 2013 de la JD-CCSS? ¿Será un faul aún más brusco y artero el que la JD-CCSS ocasionará a pensionados y afiliados cuando juegue el segundo tiempo, esta vez anunciado para dentro de tres meses? ¿Se jugará sin árbitro? Recordemos que los asegurados pagamos ₡5 mil millones anuales para que la Auditoría Interna de la CCSS revise que los fondos y reservas que administra la CCSS se gestionen conforme a la normativa legal vigente, con transparencia y para la satisfacción del interés público, como lo ordena el artículo 3 de la “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” que dice lo siguiente:

“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”.

Nadie dudaría que un árbitro pite en contra de quienes anualmente con sus aportes pagan su salario; mucho menos que permita zancadillas arteras o goles fuera de fuego que todos los espectadores pueden ver.

La RAE define “Transparente: Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”.  Sobre un asunto tan importante como la transparencia de la información para la toma de decisiones, como en el caso de IVM, muchos se preguntarán: ¿Antes de tomar las decisiones que ya tomó y las que tomará en tres meses, la JD-CCSS ha sido transparente? ¿Le ha mostrado a la población estadísticas como las que se presentan en esta humilde publicación? ¿Ha dicho la verdad a los asegurados en el tema de las proyecciones actuariales? ¿Cuál es la suficiencia de los montos de las pensiones y la condición de pobreza de los pensionados de IVM? ¿El envejecimiento de la población, la reducción de las tasas de fecundidad y el aumento de la informalidad son los verdaderos responsables de llevar a la bancarrota al IVM?

En la página 15 de la obra “El derecho de acceso de los Ciudadanos a la Información Pública” su autor Alejando Fuenmayor nos comunica lo siguiente (Descargar en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQlN_P7IHxAhVpnuAKHcgTDg8QFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fportal.unesco.org%2Fes%2Ffile_download.php%2F561ff4bc2719856c5184270296fc48f5EL%2BDERECHO%2BDE%2BACCESO%2BDE%2BLOS%2BCIUDADANOS%2BA%2BLA%2BINFORMACION%2BPUBLICA.pdf&usg=AOvVaw1KbDFr9NURa1Na79SBunof):

“En este orden de ideas, también se puede apreciar la definición sobre el derecho de la información de los autores Jean Marie Auby y Robert Ducos-Ader, quienes lo conciben como el conjunto de reglas jurídicas aplicables a la información en su sentido activo y pasivo; es decir, tanto la difusión de la información como la recepción por sus destinatarios. Este derecho frente al público consiste en reconocer a los individuos no solamente el derecho a recibir la información existente, sino además la aptitud jurídica de ser beneficiario de una información “efectiva” y conforme a lo que establece la propia noción de información “objetiva”. Los citados autores consideran que la noción de información implica “la neutralidad” en todo lo concerniente a su finalidad, y “la objetividad” en lo concerniente a su contenido. La doctrina del derecho a la información es la base fundamental para el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública del Estado.”

El proyecto de Ley de Empleo Público en la mira de la OIT

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Por Manuel Hernández

Publicado en: semanariouniversidad.com

A propósito del último informe de la CEACR/OIT/2021

En el último informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), presentado en el marco de la Conferencia Internacional de Organización Internacional del Trabajo (OIT),  N° 109 (junio/2021), la Comisión examinó las observaciones de varias organizaciones sindicales, relacionadas con el impacto que tiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, y el Proyecto Marco de Empleo Público, Expediente N° 21336, en el ejercicio de los derechos garantizados en el Convenio N°98 OIT, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificado por Costa Rica.

Este novísimo informe, que no puede pasar inadvertido, constató las reiteradas denuncias de los sindicatos acerca de las restricciones del derecho de negociación colectiva en el sector público.

La CEACR le solicitó al Gobierno que informe “(…) sobre la evolución del mencionado proyecto de ley de empleo público, y confía en que en el marco de este se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.”

Es necesario señalar que el Gobierno prefirió, a falta de toda argumentación para desvirtuar las múltiples infracciones que contiene el proyecto, hacerse de la vista gorda y, en consecuencia, no presentar, en su momento, ninguna información complementaria a la Comisión.

A raíz de esta desatención del Gobierno, la CEACR reiteró sus comentarios del Informe de 2019, los cuales son de extraordinaria importancia y plena actualidad.

En estos comentarios, la CEACR recordó -para que nadie lo olvide- que, desde hace muchos años, viene examinando una serie de obstáculos en la plena aplicación del artículo 4 del Convenio N°98, en el sector público del país.

La CEACR subrayó que los servidores públicos, tales como los empleados de empresas públicas, municipalidades, empleados de entidades descentralizadas, docentes, personal de transportes, entre otros, “deben gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones.”

Finalmente, indicó que confía en que el Gobierno, en consulta con las organizaciones sindicales, tomará las medidas para reforzar el derecho de negociación colectiva en la función pública, y pide que se comunique a la OIT toda acción al respecto.

Así de claras y contundentes han sido las advertencias del organismo internacional, que no hay más que pedir.

No obstante, el Gobierno y la Asamblea Legislativa lanzaron al tarro de la basura estas rigurosas observaciones de la OIT al promover frenéticamente el proyecto de ley de empleo público como moneda de cambio de un desaguisado préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo proyecto violento palmariamente el Convenio N° 98, por los siguientes motivos:

1.- El proyecto de ley suprime, de un solo mazazo, el derecho de negociación colectiva en la Administración Pública, comprendiendo los tres poderes del Estado, instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, municipalidades, universidades, la Caja Costarricense de Seguro Social y empresas públicas.

2.- Como si lo anterior fuera poco, la destrucción del derecho de negociación colectiva se remata imponiendo la prohibición expresa –para que no quede la menor duda- de la negociación de las remuneraciones y cualquier otro extremo laboral que tenga alguna implicación económica en los presupuestos institucionales.

3.- Además, se violentó la legislación internacional, porque el proyecto se tramitó unilateralmente, de manera antidemocrática, excluyendo el Diálogo Social y toda instancia consultiva de participación de las organizaciones representativas de los trabajadores.

No es ocioso traer a colación, para que la memoria no nos juegue una mala pasada, que ya la OIT, en el consistente y amplio Memorando que rindió el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza (2020), a solicitud de la propia Comisión de Gobierno y Administración que dictaminó el proyecto de ley, precisó  que el proyecto contenía un cúmulo de normas que no concordaban, no solamente con el Convenio N°98, sino además, como en feria, con otros convenios, entre ellos el C100,  C111, C156 y C159 OIT.

Pero, no fue solo que las observaciones que contiene el Memorando fueron totalmente ignoradas por la comisión legislativa, sino que después, en sentido contrario a las recomendaciones de OIT, en una abierta afrenta a los cuestionamientos del organismo internacional, el proyecto tuvo un giro más antisindical, una vuelta de rosca más regresivo y autoritario, hasta configurar el monstruoso e impresentable Frankenstein que se fue armando y someterá a primer debate en los próximos días.

De esta manera, queda retratado, de cuerpo entero, el constante desprecio gubernamental y legislativo de los pronunciamientos de la OIT, lo cual significa una burla de los compromisos que nuestro país tiene asumidos con este prestigioso organismo internacional.

¿Tenemos un Narco-Estado?

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Por Mainor Anchía, Directivo Nacional ANEP

En los últimos días varios medios de comunicación nos han informado sobre la “desarticulación” de un grupo, presuntamente, ligado con el narcotráfico. Se ha informado que dicho grupo tenía entre sus actividades, desarrollar proyectos hoteleros y habitacionales.

Sin duda alguna, estamos hablando de lavado de dinero, legitimación de capitales, algo sobre lo cual se refirió en su momento el entonces Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves Robles, quien mencionó algo así como que, veintidós puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (22 % PIB), provienen del lavado de dinero. Dicho de otra manera, es dinero proveniente del narcotráfico.  

Como si caer en cuenta de la penetración del narcotráfico no fuera suficiente, se nos informa que, al menos, trece legisladores, ¡sí!, trece diputados y diputadas de la República habrían mantenido alguna relación o contacto con el grupo recientemente desarticulado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); mismo que habría venido siendo asesorado por funcionaros judiciales.

No hacía mucho se había detenido otro grupo, presuntamente vinculado con narcotráfico, a los cuales se les relacionó con un diputado y con algunos alcaldes de la zona sur del país, grupo que aparentemente también habría logrado reclutar a funcionarios del Poder Judicial. Tendrá alguna relación la aparente penetración del narcotráfico, con la inercia en torno con aprobar la Ley de Extinción de Dominio, legislación que permitiría incautar bienes obtenidos producto del ilícito negocio de las drogas.

En días recientes, decía el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal Soto, que por Sierpe de Osa y por la zona sur, en general, en promedio, pasan 500 toneladas de cocaína por año ¿Cuánto se detiene por año en todo el país? Si acaso un 0.5%, que posiblemente es el “diezmo”, algo así como para que el actual ministro del ramo salga a dar conferencia de prensa para anunciar un nuevo “golpe” al narcotráfico.

“Antes los colombianos pagaban con dinero en efectivo, ahora el negocio lo controlan los mexicanos, ellos pagan con droga. Se calcula que un poco más del 20 % se queda en Costa Rica, eso quiere decir que cerca de 200 toneladas de cocaína, o más, se quedan en el país. Esto lo saben las autoridades actuales y pasadas; si no lo saben, es cuestión de que envíen al ministro de Seguridad Pública y al director de la DIS a enterarse en Washington o Bogotá, ahí se los van a explicar. Esto no puede seguir así.” Lo dijo el señor don Fernando Berrocal Soto.

La penetración del crimen organizado (narcotráfico) en la institucionalidad del país, ha dejado de ser una presunción, Por ello, más allá de sus discursos trillados, las diputadas y los diputados que han sido señalados por no solamente mantener contacto, atender, sino inclusive interceder por personas líderes de estas organizaciones criminales, deberían renunciar de inmediato a sus cargos.

Ese cuento de que andaban recogiendo una “llave maya o documentos”, como si tal fueran mensajeros; o de que únicamente estaban tratando de impulsar proyectos de vivienda en algunas comunidades, no nos termina de convencer, porque un diputado de la República, máximo si es integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, tiene acceso al Ministro de Seguridad, a la DIS, a la institucionalidad, lo que le permitiría conocer detalles sobre las empresas y las personas con las cuales se está reuniendo.

No me vengan con el cuento de que “son diputados de puertas abiertas”, porque nosotros, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, llevamos mucho tiempo tratando de acceder a varias comisiones, entre ellas la de Seguridad y Narcotráfico. En lo individual, hemos procurado dialogar con algunos legisladores con la finalidad de solicitar respaldo para varios proyectos que favorecerían al gremio policial y, por ende, a la seguridad común, sin que hayamos conseguido la atención que sí recibieron las personas presuntamente integrantes de una agrupación narcotraficante.

Mi experiencia en la función policial me permite decir que, el Ministerio de Seguridad Pública y, por ende, los cuerpos policiales adscritos al mismo, son manejados siguiendo intereses políticos. Por ello, no puedo dejar de lado que el debilitamiento que se ha venido dando a la capacidad operativa de nuestros cuerpos policiales; las paupérrimas condiciones que deben enfrentar nuestros uniformados para el desempeño de sus cargos, en delegaciones insalubres, con patrullas en mal estado, con uniformes deteriorados, con chalecos balísticos vencidos, sin una póliza que les cubra 24/7, con armamento obsoleto, en una gran incerteza jurídica, podría obedecer a una estrategia que tienda a favorecer la actividad delictiva.

La presunción surge en virtud de que, en paralelo de una mayor incursión del narcotráfico en nuestro país, se habla de una aparente penetración del mismo en algunos partidos políticos.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Directivo Nacional de ANEP

¡Policías sin derechos humanos fundamentales!

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Si bien la Ley 7410, en el numeral 2, señala que los funcionarios policiales son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, por una parte; y, por otra, nuestra Carta Magna establece en el artículo 12 la prescripción del ejército como institución permanente; lo cierto es que nuestras fuerzas de policía tienen un modelo de corte militar, con un mando vertical que, inclusive, establece sanciones para los funcionarios de escala básica que no cumplan con la “obligación” de hacer el saludo militar al momento de cruzarse con un funcionario de rango.

Lo anterior, se ve correlacionado con una serie de prohibiciones en el ámbito laboral, que no es acorde con el salario que perciben nuestros uniformados.

Por ejemplo: Se les prohíbe la celebración de una convención colectiva de trabajo, no pueden obtener un segundo trabajo para mejorar sus ingresos, no les asiste el derecho de pago de jornada nocturna establecido en el Código de Trabajo, tampoco lo establecido en el numeral 58 de nuestra Constitución Política; en torno con la jornada laboral de ocho horas, o sea, su jornada ordinaria tanto diurna como nocturna es de doce horas.

Pero todo esto no termina ahí. Tampoco le asiste el derecho a la familia, estipulado en el artículo 51 constitucional, porque al ser policía se “renuncia” a todo, inclusive a la familia. “Bienvenido a la Fuerza Pública”, fue la frase que alguna vez escuché.

Como si lo anterior no fuera suficiente, a nuestros policías, funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, tampoco se les permite participar del derecho al sufragio, aunque se encuentren en tiempo libre, o sea, no les alcanzan los artículos 54, 90, 91 y 93 de nuestra Constitución Política.

ARTÍCULO 54.- Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.

ARTÍCULO 90.- La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho años.

ARTÍCULO 91.- La ciudadanía sólo se suspende:

1)  Por interdicción judicialmente declarada;

2)  Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de

     derechos políticos.

ARTÍCULO 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.

Inclusive, quedan fuera nuestros policías de lo indicado en la Convención Americana de Derechos Humanos:

Artículo 1- Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Por cierto, hace falta voluntad política para dotar a nuestros cuerpos policiales de una póliza de vida que les brinde cobertura las veinticuatro horas del día, porque en la actualidad la póliza únicamente cubre si se da un evento dentro de la jornada laboral. Pero, así como a nuestros policías se les establece la condición de autoridad las veinticuatro horas del día, el riesgo les persigue durante esa misma cantidad de horas, por ello, la cobertura de la póliza debe ser 24/7.

Entre los pocos derechos que aún pueden ejercer nuestros uniformados, son el de asociación sindical y el de manifestación pacífica en tiempo libre, no obstante, es tal el nivel de “adoctrinamiento”, que de manera tacita se renuncia a ellos. Por último, el llamado régimen de excepción que se aplica a nuestros cuerpos policiales, debería concederles algunos derechos que permitan compensar el que sean excluidos de Derechos Humanos Fundamentales, como los supra indicados.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública

La lógica de la Junta Directiva de la CCSS: fauleados 154,807 pensionados de IVM de pensiones bajas (I parte)

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Por: Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Para quienes creen que la JD-CCSS se volvió cristalina y transparente como el agua de manantial solo por dar tres meses más de plazo para acordar elevar las edades de retiro, bajar beneficios y aumentar las cotizaciones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), desafortunadamente sigo con malas noticias. Ya abordé el asunto por este mismo medio (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-vacilan-a-reymundo-y-a-todo-el-mundo-zancadillean-a-cotizantes-pensionados-y-mesa-de-dialogo-parte-iv/), ahora lo refresco y profundizo.

1) El artículo 29 del Reglamento de IVM dice: “La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal”. Destacados míos. A este salario mínimo de contribución también se le llama Base Mínima Contributiva (BMC).

2) En el artículo 26 de la sesión N° 8682 del 28 /11/2013 la JD-CCSS, acordó el plan de relación entre la BMC y el Salario Mínimo Legal (SML) del cuadro siguiente. Esto significaba que a partir del 1/10/2019 la pensión mínima de IVM sería igual a un 50% del SML según el artículo 29 del reglamento de IVM.

3) Sin embargo, en el Artículo 8 de la sesión N° 8992 del 27/9/2018 y el 25 de la sesión N° 9072 del 19/12/2019, la JD-CCSS se “arrepintió” y acordó que la BMC en IVM quedara en 87% del SML y en 92.95% del SML en el Seguro de Salud. Por lo tanto, topó la pensión mínima de IVM a un 43.5% del SML. Fue una zancadilla sin previo aviso, a escondidas y sin mesa de diálogo.

Así que, como desde enero de 2021 el SML es ₡319.574, el monto de la pensión mínima hoy hubiera sido ₡159.787 si la JD-CCSS no se hubiera arrepentido; pero gracias al arrepentimiento la topó en ₡139,015. ¿Será esto un favor al Estado-Gobierno?  ¿O un desvío de fondos? Porque según el artículo 29 del Reglamento de IVM la CCSS le cobra al Estado -los contribuyentes- un 0.66% sobre los salarios de IVM para pagar esos beneficios.

Usando la planilla de IVM de noviembre de 2020 resultan 154,807 pensionados afectados, que representan la mitad del total de pensionados, según el detalle del cuadro siguiente:

Sumando la diferencia entre ₡159.787 y el monto de pensión pagado a esos 154,807 pensionados, considerando que son trece pagos al año, adicionando el costo diferencial de las pensiones nuevas del año 2021, un posible reajuste por inflación y el costo del seguro de salud, el ahorro estimado en 2021 que la JD-CC hizo a costa de las pensiones más bajas es de ₡42 mil millones (el faul o zancadilla).

Por otro lado, en el año 2021 el IVM dejaría de recibir unos ₡14 mil millones de colones de cuotas por tener una BMC de ₡278,030 en lugar del SML, mientras que el Seguro de Salud dejaría de recibir un monto similar por tener una BMC de ₡297,044 en lugar del SML. En adición, como la JD-CCSS usa la BMC para estimar el costo que le cobra al Estado por la atención de la salud de las personas de escasos recursos -Artículo 2 de Ley 5349- dicho fondo dejará de recibir del Estado unos ₡15 mil millones de colones en 2021.

Entonces restándole a la zancadilla que la JD-CCSS propinó a esos 154,807 pensionados, resulta un ahorro neto de ₡42 – ₡14 – ₡14 – ₡15 = -₡1 mil millones, un poco más, un poco menos, no importa, lo importante es que el “ahorro” más bien se traducirá en posibles pérdidas para la CCSS en 2021, como fue en 2020 y 2019; pero es castigo o garrote para la mitad de los pensionados que más necesitan de una pensión. Insisto: ¿Es o no es desvío de fondos? ¿Cómo le podríamos llamar a esto? ¿Será otro maquillaje? ¿Habrá sanciones? ¿O la torta la pagarán solo los pensionados?

Sobre el asunto existe una denuncia en la Auditoría Interna de la CCSS desde el 14 de setiembre de 2020 que tiene el número DE-126-2020 (https://drive.google.com/file/d/183VhpSfKdtCt8EUAHZRJhskzJa8Ck1m-/view?usp=sharing), con el fin de descartar cualquier maquillaje, abultamiento de cifras y violación al principio de legalidad. Estoy a la espera de que me notifiquen el resultado de la investigación.

Mencioné que a partir de enero de 2021 la pensión arrepentida debería ser de ₡139,015. Sin embargo, mejor revisen sus billeteras, pues no se descartan otras zancadillas aún en época de pandemia.

Rodrigo Arias López

Actuario Matemático

Aumento en la edad de jubilación, igual a “policías con bastón”

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Por: Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional de ANEP

Al mismo tiempo que en la Seccional ANEP-Fuerza Púbica, le hemos solicitado a los señores diputados y a las señoras diputadas una reforma que permita la jubilación anticipada de las personas trabajadoras integrantes de los cuerpos policiales; la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), nos quiere aumentar la edad de retiro a los sesenta y cinco años (65), tanto hombres como mujeres. Se aduce problemas de sostenibilidad en el régimen de pensiones; lo que no se dice, es cuáles son las razones de esa dificultad.

En relación con la edad de jubilación, existen estudios técnicos que demuestran que el desgaste físico y emocional, así como el deterioro en la salud, en general, de las personas trabajadoras de cuerpos policiales, es mayor al que sufren las que se vinculan con otras labores. El trabajo del o de la policía es una ocupación de alta exigencia, responsabilidad y expectativa social con respecto a su servicio y rol, por tanto, se califica como una ocupación altamente estresante, así es, basta ponerse el uniforme para sentir esa presión que conlleva la función policial.

Criterios técnicos señalan que, “Es un proceso de desequilibrio entre las demandas y la capacidad de respuesta de la persona que se enfrenta a ellas, dado que entran en juego multitud de factores (personales, de la situación y de las relaciones interpersonales), entre los que destaca la percepción que la persona tenga sobre si sus recursos (personalidad, experiencia, capacidad, etc.) son suficientes o no para hacer frente a los requerimientos que se plantean.”

Estos estudios han demostrado que la edad de jubilación de un policía no debe exceder los cincuenta y cinco años de edad.

El INFORME TÉCNICO DE-ST-ITE-3-2017, del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), determinó que la función policial es insalubre y peligrosa. Aunado a ello, entre los argumentos que se presentan en los estudios mencionados se rescatan los siguientes:

– La complicada trayectoria de la vida policial genera enfermedades que, por su naturaleza, repercuten fuertemente a determinada edad, lo cual atenta contra la eficiencia del servicio de seguridad ciudadana.

– El policía es especialmente propenso a desarrollar padecimientos tales como:  hipertensión arterial derivada del frecuente estrés, estados de vigilia constantes, comidas rápidas ingeridas en su propio lugar de trabajo, falta de actividad física, etc.

– Insuficiencias y enfermedades cardíacas, trastornos vasculares periféricos causados por las extensas jornadas en las que debe permanecer de pie.

– Perturbaciones digestivas y enfermedades respiratorias derivadas de sus largas horas a la intemperie.

– Accidentes laborales producto del quehacer preventivo o represivo.

– Deterioro de la columna vertebral, motivado por osteoporosis propia de la edad o por la portación cotidiana del equipo de protección (chalecos antibalas, armas de reglamento, vara policial, botas, radio de comunicación y otros).

– El nivel de tensión emocional que la persona policía maneja acelera el quebranto de su estado de salud en general, y es propenso a desarrollar patologías psiquiátricas por cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento físico, y separación familiar en muchos casos.

– Desde la óptica psicológica, el policía sufre un desgaste gradual por la exposición a eventos extremos, fatiga mental acumulada por los pesados horarios de trabajo, sensación de inseguridad constante en el policía y sus familiares directos ante probables represalias y acciones de venganza por parte de la delincuencia, etc.

En Colombia, por ejemplo, las y los oficiales, así como los miembros del nivel ejecutivo se pueden retirar por solicitud propia, siempre y cuando tengan 20 años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido 55 años de edad los hombres y 50 años de edad, las mujeres.

La función policial se relaciona estrechamente con la vida. Las personas que trabajan como guardianes del orden, se saben expuestas a enfrentarse, en cualquier momento, con un criminal, teniendo que jugarse el físico, ya sea para repeler una agresión ilegitima o para evitar la comisión de un delito.

Para nadie es un secreto que la criminalidad cada día es más sofisticada, más preparada, más atrevida; por ello, resulta un riesgo para la seguridad común mantener a personas de más de sesenta años en labores de seguridad ciudadana. Eso, amén, de la injusticia que representa para quienes exponen su vida constantemente y ven pasar los años lejos de sus hijos e hijas, perdiéndose de graduaciones, cumpleaños, navidades, etcétera.

En momentos de mayor criminalidad, sabidos de la penetración del crimen organizado en nuestro país, resultaría peligroso, grosero y hasta inhumano, retardar la jubilación de nuestros y de nuestras policías. De ser así, la delincuencia posiblemente sacará provecho, al enfrentarse con personas adultas mayores, en algunos casos; a policías que, por su edad y el desgaste que provoca la función policial, se harán acompañar de un “bastón”.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Abogado

Directivo Nacional de ANEP

“Narco empoderado, PCD debilitada”

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Jonathan Flores Mata, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP

Respecto a la diferencia desproporcional, entre la evolución de las narco-estructuras organizadas y la Policía de Control de Drogas, las cosas siguen siendo tema de preocupación. Anteriormente ya me había referido a este tema, lo sé, en varias ocasiones, y en distintos espacios, también lo sé, pero no es majadería, es solo que este no es un asunto que se pueda solo dejar de lado y ya, se debe tener el dedo en el renglón. Porque mientras el aumento en la producción de sustancias ilícitas, así como la demanda de este sucio mercado, sigue en crecimiento, también incrementan sus secuelas de sangre y destrucción social. Y las barreras formales policiales, contrario a la impresión que quieren dar a la opinión pública, están estancadas.

Vamos a dejar momentáneamente de lado que Costa Rica mantiene un plan antidrogas reciclado, no cuenta con verdaderas políticas de seguridad ciudadanas, y por alguna razón inexplicable, ni siquiera se dignan las autoridades a declarar el problema de las drogas como un asunto de salud pública. Esos serán temas que veremos en otra ocasión.

Con el contexto por todos y todas conocido, sobre los homicidios, familias destruidas, asaltos, sobre población carcelaria, imposibilidad de reinsertar a quien nunca estuvo dentro de la sociedad, y demás, la lógica nos dicta que el Estado debe tener una atención prioritaria en los Cuerpos Policiales, especialmente en la Policía de Control de Drogas. No obstante, el diálogo con las y los valientes que ejecutan estas arriesgadísimas labores, así como las conversaciones con quienes ocupan cargos jerárquicos en el Ministerio de Seguridad Pública, más las respuestas a nuestras consultas desde ANEP, me permiten, lamentablemente, afirmar con completa seguridad, que esta policía (PCD) se rezaga cada vez más.

¿En qué ámbitos se requiere de un fortalecimiento de la PCD? En todos, la pregunta es necia. No alcanza con que las y los oficiales cuenten con una infraestructura adecuada, punto que si se le debe reconocer a la Administración. Las condiciones de salud, motivación, equipamiento, cantidad de personal y demás, son trascendentales para que ellos y ellas presten el más óptimo servicio en sus labores.

Empecemos por el equipamiento. Servidores y servidoras que se desenvuelven en las fronteras acuden al sindicato para externar su molestia por la falta de uniformes (recordemos que se tienen que “tirar” al piso a revisar camiones, en medio de un clima caliente). También demandan que sus labores las ejecutan con solamente, un punzón y un foco, que son comprados con su propio dinero.

Lo siguiente que les externa son los tiempos de descanso, y las odiosas diferencias en materia de jornadas de trabajo, en comparación con los demás cuerpos policiales. Este personal (y tenemos los registros de asistencia que lo comprueba), de manera muy frecuente, se ve obligado a trabajar jornadas de 18, 20 y hasta 32 horas seguidas (hay casos que alcanzan más horas). Se les convoca a presentarse en sus días libres para participar en allanamientos. Les obligan a presentarse desde el día antes de su entrada oficial. Por motivos de seguridad personal y de su familia (para no ser reconocidos por los narcos) todos y todas están destacados lejos de su residencia. Y a pesar de todas estas circunstancias, tienen 2 días menos de descanso que los demás Cuerpos Policiales, sin que exista ningún argumento técnico al respecto, solo la prepotencia de una Dirección General que parece empeñada en desmotivar al personal.

Vinculado con el punto anterior, debemos decir que las y los compañeros de PCD están sufriendo de desintegración familiar, sus núcleos sociales y afectivos se están desgastando considerablemente, (con ello su motivación y parte psicológica). Sus extenuantes y autoritarios roles de trabajo tampoco les permiten estudiar, ese derecho lo han perdido. Producto de esto, desde hace poco más de 3 años que por mes renuncian 1 o 2 personas, números que afectan claramente a una policía tan pequeña. Me disculpo con las y los funcionarios de PCD por todas las otras situaciones que no mencioné, pero de hacerlo terminaría escribiendo un libro y ese no es el fin de este espacio.

Finalmente, aunque los números son fríos, la verdad nos presentan una realidad objetiva. Por ello, me voy a apoyar en ellos, para reforzar mi punto. Según los datos que aportan los documentos oficiales proporcionados por el mismo Ministerio de Seguridad Pública, se visualiza que en los últimos 5 años hay un incremento del recurso humano en PCD de 0 (sí, cero). Mientras en 2015 se contaba con menos de 155 plazas policiales, para el 2021 hay la misma cantidad, pero con menos investigadores, o sea, según la perspectiva, podría incluso decir que son menos. El ministro está al tanto de la situación, se le ha informado, por escrito y personalmente, desde hace dos años que se le insiste en el tema. Lastimosamente, no se ha visto que mueva un solo dedo para cambiar la situación.

En síntesis, mientras la producción de cocaína en el cono sur del continente aumenta, se incrementan los homicidios (en su mayoría por rencillas referente a drogas), el equipo, cantidad de personas y estrategias que usa el crimen organizado, es mayor y más especializado; en Costa Rica tenemos una Policía de Control de Drogas que no crece en personal, en equipo y con funcionarios y funcionarias cada vez más desmotivados. Esto debe salir a la luz y lo debe conocer el pueblo.

Señores; Ministro de Seguridad Pública y Director General de PCD, si este panorama solo beneficia a las narco-estructuras y ustedes lo saben: ¿Qué esperan para actuar? ¿O es que en sus puestos están defendiendo los intereses del narco…?