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Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional ANEP

En vísperas de un nuevo proceso de elecciones nacionales, volveremos a escuchar a los “expertos” hablar de las soluciones para mejorar en materia de seguridad ciudadana en nuestro país. No faltara el que diga que, “en los gobiernos de su partido político hicieron las cosas bien”. Sin embargo, considera el suscrito en función de la experiencia, así como del análisis que he venido haciendo del tema, que la (in)-seguridad ciudadana ha venido sufriendo en el tiempo de un desmejoramiento paulatino que se refleja en todo el país.

Se habla mucho en medios de comunicación sobre las diversas operaciones que ejecutan los distintos cuerpos policiales del país, entre ellos, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Migración, Policía Fiscal, Policía de Tránsito, PCD, SVA y Fuerza Pública. Sin embargo, de todos ellos, el único que cuenta con una cantidad considerable de funcionarios es la Fuerza Pública. Por ejemplo, la Policía Profesional de Migración ronda los quinientos miembros, lo cual a todas luces resulta insuficiente para atender la demanda que se presenta en razón de sus competencias, ni que decir de la Policía de Control Fiscal con 150, la de Control de Drogas (PCD) y de la Policía de Fronteras. Encomiables esfuerzos hacen las personas que integran los cuerpos policiales con escaso recurso humano y logístico.

Históricamente el faltante de recursos se ha recargado sobre la “espalda” de los hombres y mujeres que se disponen a servir al país desde alguno de los cuerpos policiales citados, ello, violentando muchas veces sus Derechos Humanos y laborales; en el pasado no muy lejano, se nos hacía trabajar jornadas superiores a las doce horas diarias, sin que mediara para los efectos alguna emergencia nacional. En días recientes, presentamos una gestión de traslado para una funcionaria de la Policía de Tránsito, la cual se encuentra destaca en San José, al momento que su familia y su hijo de siete años se mantienen en Puerto Jiménez de Golfito; en menos de dos horas teníamos respuesta por parte del Sub Director de la Policía de Tránsito, indicando que no se podía conceder lo peticionado, hasta tanto se hiciera la contratación de 200 nuevos oficiales. No le dio importancia al interés superior del menor, que según la Convención Sobre Derechos del Niño y la jurisprudencia constitucional prevalece por sobre el interés público. Aunque es cierto, la Policía de Tránsito carece de personal en todo el país, así como de delegaciones dignas para el desempeño de sus labores. Situación similar se vive en la Policía de Fronteras, con poco personal y en delegaciones insalubres, podemos citar, por ejemplo: Punta Burica, Crucitas, Sixaola, que no reúnen condiciones idóneas para la permanencia de personas y, por ende, para el resguardo de la seguridad ciudadana.

Paradójicamente, al mismo tiempo que vemos el empoderamiento del narcotráfico, la incursión e infiltración del crimen organizado en nuestro país, y el crecimiento de la actividad delictiva producto de la exclusión social, de la falta de oportunidades, se afectó el salario de nuestros policías con la entrada en vigencia de la Ley 9635, pero, tras cuernos palos, se les incluye también en la Ley Marco de Empleo Público. Al efecto, de materializarse dicha ley, los policías, en unos casos verán congelados sus salarios, en otros seguirán “creciendo” a cuenta gotas hasta alcanzar a los que quedaron “congelados”. Además, la Ley Marco de Empleo Público contiene varios capítulos que se deberían aplicar a los cuerpos policiales, por ejemplo, un modelo de evaluación por objetivos ¿qué se pedirá a nuestros oficiales? ¿Acaso se les pedirá que detengan vehículos y personas sin que existan los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal? Peligroso, porque la evaluación podría constituirse en una herramienta para amedrentar, acosar y afectar los derechos laborales de nuestros uniformados.

Por cierto, se plantea dicha ley como la tabla de salvación contra el déficit fiscal, al mismo tiempo que pululan los contrabandos y los evasores siguen haciendo de las suyas, ante una Policía Fiscal raquítica, con apenas 150 personas. No tengo la menor duda, de que la decisión y las ideologías políticas de los últimos años, tienen una relación directa con la incursión del crimen organizado y el empoderamiento del narcotráfico en nuestro país. Lo que no me queda claro, aun, es si esas decisiones han sido circunstanciales o motivadas en favorecer dicha situación. Porque, si algo tengo bien claro, es que, para favorecer la seguridad común, es primordial establecer políticas públicas que vengan a generar oportunidades, paralelamente, dotar a nuestros policías de herramientas, capacitación, salario justo, certeza jurídica, y, en general mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.

Posiblemente, muchos (as) recordaran aquella época en la que uno era parte de un grupo, en el cual, la mayoría eran de una edad superior, a los más pequeños nos decían, “usted juega, pero usted es mantequilla”.  Lo anterior, es traído a colación en razón del proyecto impulsado por la diputada Zoila Rosa Volio, para el uso del polígrafo en los cuerpos policiales; dicho proyecto me regresó a esa época, para los efectos le llamaremos “el proyecto mantequilla”.

En la Asamblea legislativa fue aprobado el proyecto 21490, disque para determinar la idoneidad de las personas que quieran ingresar a las fueras de policía e inclusive, para detectar posibles “filtraciones” al narcotráfico. En sus discursos, la diputada insistió en que la utilización del polígrafo serviría para identificar si algunos oficiales le pasan información al crimen organizado (cajita blanca), olvida la diputada que tal conducta la pueden desplegar otros funcionarios del sistema de justicia, que no fueron incluidos en el proyecto mantequilla. Además, la diputada Volio reitero en el programa siete días radio, que dicha herramienta no podría ser usada para sancionar o para excluir a futuros aspirantes de policía.

Efectivamente, cita textualmente la nueva legislación “Los resultados de dicha prueba no podrán ser utilizados como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza de policía. Tampoco podrán ser utilizados los resultados del polígrafo en procesos judiciales”.

¿Entonces cuáles serían los efectos de su aplicación? Indudablemente, la estigmatización, la exclusión y el reproche, pero, de la misma forma en que se dan en la actualidad, solapadamente al amparo del “régimen de excepción”, sobre el cual se basan para perjudicar a los funcionarios con un traslado que los aleja a cientos de kilómetros de sus hogares, cuando plantean alguna inconformidad o la defensa legitima de un derecho. Aunque la misma legislación “mantequilla” establece que la prueba de polígrafo es voluntaria, en el momento de que algún funcionario se rehúse en aplicarla, no solamente será estigmatizado, será señalado, acosado, perseguido, porque en el Ministerio de Seguridad Pública la presunción de inocencia se invierte, opera la presunción de culpabilidad, el acusado de haber cometido alguna falta, debe demostrar su inocencia. 

La promovente de dicho proyecto se dice afín a los policías, posiblemente lo sea, pero a los de la alta jerarquía, porque su iniciativa no viene a favorecer en nada el bienestar de la población policial, por el contrario, le aporta un insumo más al alto mando, para perseguir, acosar, estigmatizar y violentar los Derechos Humanos y laborales de las personas que integran los cuerpos policiales.

Lo que favorece al gremio policial no recibe el mismo apoyo. En la Asamblea Legislativa fue presentado el proyecto 20920, que vendría a dotar a nuestros policías de cobertura 24/7 mediante una póliza de vida y de riesgos profesionales, cuando en el ejercicio del cargo o como resultado del mismo, aun fuera de su jornada laboral sufren algún tipo de agresión ilegitima. Dicho proyecto no ha sido apoyado por las y los diputados, tampoco por el poder ejecutivo. Sobre el particular, podríamos citar un par de proyectos más, que además de justos, resultan necesarios, entre ellos, el uso de armas menos letales (taser) que permita neutralizar a una persona agresiva o violenta, de manera tal que se evite el forcejeo e inclusive, la pérdida de vidas humanas.

En uno de sus discursos en un medio de comunicación, la diputada Volio decía que, el polígrafo es usado en muchas policías e hizo mención de Colombia, pues bien, la policía de dicho país, cuenta con un régimen especial de pensión para los cuerpos policiales, que no solamente reconoce el desgaste que lleva implícito la función policial, sino que permite el relevo generacional oportuno, de forma tal que, los policías que se van a enfrentar a la criminalidad común u organizada, tengan las condiciones óptimas para tales efectos. No se ha entendido, que lo primordial debería ser dotar a nuestros cuerpos policiales de condiciones dignas, de delegaciones funcionales, de equipo, avituallamiento, vehículos, y de un mejor salario. Por ello, necesitamos de proyectos serios, que favorezcan el derecho de las personas que integran los cuerpos policiales y, por ende, la seguridad ciudadana, no más proyectos mantequilla.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Abogado

Directivo Nacional de ANEP

Recientemente, se conoció el Informe N.° DFOE-PG-IF-00013-2020. de la Contraloría General de la República (CGR), con fecha 27 de noviembre del año 2020; el cual puntualiza una serie de debilidades en la atención de emergencias. Sobre el particular, es importante analizar las diferentes aristas que se presentan alrededor del tema.

 
“Así, entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2020, en la atención de incidentes de emergencia en los cuales está en peligro la integridad física de las personas o sus bienes, el tiempo promedio requerido para la llegada de los recursos al sitio del incidente desde su comunicación el SE-911 al MSP, fue de 38,25 minutos. Al respecto, en México se ha definido un tiempo de 9 minutos para ello; mientras que el Departamento de Policía de Nueva York (DPNY) registra un promedio de 7 minutos para incidentes similares. Además, se determinó que, entre 5 grupos de delegaciones, definidos con base en las similitudes por variables de densidad poblacional, cantidad de incidentes de emergencia recibidos, índice de desarrollo del delito 2017 y el índice de desarrollo social distrital 2017; existe una diferencia de 8,45 minutos de tiempo promedio, para hacer el envío de recursos policiales al lugar del incidente, desde su comunicación por el SE-911. Mientras que, para el grupo de delegaciones con menor tiempo el registro promedio fue de 8,49 minutos, en el grupo de delegaciones con mayor tiempo fue de 16,94 minutos. Dichas situaciones son incongruentes con las responsabilidades del MSP, para dar una atención inmediata y eficiente de los incidentes de emergencia que le traslade el SE-911. Tampoco se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y trato igualitario, para los destinatarios del servicio público.”

Aquí podemos ver que se hace un comparativo con las ciudades de México y de Nueva York, pero el informe no nos dice nada sobre los recursos de que disponen los cuerpos policiales de dichas urbes. De entrada, es importante señalar que ambos países tienen una legislación que respalda muchísimo más la actuación de sus policías. En los Estados Unidos, los uniformados (policías) son considerados profesionales, cuentan con mejores herramientas, disponen del uso de armas menos letales; y, en función del respaldo que el Gobierno les brinda a sus fuerzas de policía, sus órdenes, salvo contadas excepciones, son acatadas por la ciudadanía. En nuestro país, se quiere una policía como la de Nueva York, con patrullas en mal estado, policías sin botas, con chalecos balísticos vencidos, que debe soportar el irrespeto de un sector de la sociedad (“está grabado papi”), y con un Gobierno que muestra su “respaldo” provocándoles una regresividad salarial al incluirles en la Ley 9635. Ni qué decir de nuestros legisladores, que aprobaron la reducción de 5.300 millones en el presupuesto para el año 2021.

El desmejoramiento paulatino de la seguridad se viene dando en todo el país. No obstante, haré mención de lo que conozco de primera mano, en razón de mi experiencia: Palmar Norte de Osa, lugar en el cual me desempeñe por tres años como jefe de la delegación, para el año 2009 contaba con 36 oficiales de policía, tres patrullas y dos motos. Al año 2020 (11 años después), dicha delegación policial cuenta con 22 oficiales (14 menos), dos patrullas (una menos) y cero motos, además mantiene orden de clausura por parte del Ministerio de Salud. Las distancias en zonas rurales son largas y con caminos en mal estado. Por ejemplo, si en Palmar Norte se estuviera atendiendo una incidencia en el sector comercial o comunal, y se presenta una emergencia en finca 7 de Palmar Sur (camino de lastre), es muy probable que el tiempo de respuesta sea el indicado en el informe de la Contraloría General de la República.

Continúa citando el informe de la CGR. “Por otra parte, se identificaron debilidades reportadas por 16 Fiscalías del Ministerio Público, en la cadena de custodia de evidencia, la manipulación, empaque y entrega de objetos recabados por los oficiales de la Fuerza Pública del MSP, lo cual, puede colocar en riesgo la integridad de elementos que podrían ser utilizados como prueba en procesos judiciales. Estas debilidades corresponden a: defectos en el embalaje de objetos a entregar; entrega de objetos sin rotular o sin lacrar; descripción insuficiente o no congruente con el objeto a entregar; daño a objetos durante el traslado; y cadenas de custodia con inconsistencias en el llenado, incompletas, y/o con errores procedimentales.”

Es cierto lo dicho por las fiscalías del Ministerio Público; pero, acá vamos a decir que, por un lado, el Poder Ejecutivo sigue dejando de lado ampliar y mejorar la malla curricular y con ello la capacitación que se imparte en la Academia Nacional de Policía. Por otro lado, me consta, fui parte de la administración de pobreza, que muchas veces se embala en bolsas de pan de la Musmani, porque no se cuenta con los insumos suficientes para cumplir a cabalidad con el embalaje de evidencia, tampoco se dispone de lugares idóneos para la custodia de evidencia, por ello, aplica la famosa frase: “sin cacao no hay chocolate”. La situación tiene un agravante que debe ser advertido: muchos procesos judiciales pueden resultar infructuosos producto de un mal manejo de la evidencia y de la cadena de custodia de la misma.

Es evidente el desmejoramiento en la Seguridad Ciudadana. Indudablemente, el tiempo y/o la capacidad de respuesta en una emergencia puede resultar determinante en el resultado de la misma.  Por ello, aunque puede haber factores operativos que se deban revisar, lo primordial tiene que ser dotar a nuestros policías de herramientas, capacitación y mejores condiciones para el desempeño de sus funciones. Ojalá lo entiendan así el Gobierno y nuestros legisladores.

Lic. Mainor Anchía Angulo, ANEP

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud, ANEP

El Sistema Penitenciario Nacional, en términos generales, muestra un importante deterioro. Esto es reflejo inobjetable del tipo de sociedad que se viene construyendo desde hace muchos años; razón tenía Mandela cuando dijo que: “nadie conoce realmente como es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. La clase política, desde hace mucho tiempo, encontró en la excusa un aliado perfecto. Se le adjudica al mal comportamiento todas las desgracias de la sociedad y se muestra cierta indiferencia ante los problemas estructurales que requieren atención inmediata.

El Sistema Penitenciario, su rol en materia de seguridad, su aporte en trabajo técnico y su comprensión del fenómeno criminal, está pasando a un segundo plano. Un escenario donde no hay espacio para procurar la reinserción, la re-educación, la resocialización. Hoy, el Sistema Penitenciario se observa simplemente como un conjunto de bodegas para apilar “inadaptados” sociales, delincuentes pobres, sujetos violentos que viven al margen de la ley; y, como, un espacio fértil para la escuela del crimen.

Más allá de si la Política Criminal costarricense analiza que la cárcel está dada para retener a los delincuentes pobres, a los del “narcomenudeo”, a quienes no tienen los recursos económicos para evadir la justicia y costearse una buena defensa, lo cierto es que, la clase política tampoco hace mucho por crear las herramientas que permitan eficazmente perseguir a los grandes estafadores, los delitos de cuello blanco o a sus colegas que defraudan al fisco por miles de millones.

La Cenicienta –termino que se toma prestado de una exministra de Justicia- es recreada en el trabajo de las servidoras y de los servidores del Sistema Penitenciario Nacional, hombres y mujeres que en condiciones precarias y con altísima exposición de su integridad física, dan la cara por la seguridad penitenciaria. Los eufóricos discursos parlamentarios señalan a los funcionarios públicos como privilegiados, como vividores, como una horda de “vivillos” con salarios de lujo. Pero muy pocos de estos políticos se atreven a señalar cuáles son los sectores privilegiados y quiénes los afortunados. Cuando, modestamente, señalan que no todos los funcionarios públicos son unos vividores, tampoco le hacen justicia a la inmensa mayoría de ellos que apenas les alcanza para llevar una vida digna.

Recientemente, fue dado a conocer que la Asamblea Legislativa pretende hacer un recorte millonario del presupuesto asignado al Ministerio de Justicia. Una decisión como ésta, de concretarse, implicaría una solemne violación de los derechos humanos de las personas en los centros penitenciarios del país. No se habla sólo de los derechos que debe observar el Estado por mandato directo de organismos internacionales, Tratados y Convenios, en favor de la población privada de libertad, sino de todas las personas que laboran en los centros penitenciarios del país.

Es importante señalar que el Ministerio de Justicia, es un ministerio vivo, en constante movimiento y con tendencia al crecimiento poblacional. No se concibe como la inteligencia parlamentaria podría justificar recortes a una población que se encuentra en una condición de especial vulnerabilidad. Por el contrario, el abandono histórico del Sistema Penitenciario y los efectos propios de la pandemia demandan mayor inversión.

El crecimiento de la población privada de libertad demanda la creación de más espacios carcelarios; de contratación de más policías, de más personal técnico, profesional y administrativo; de modernizar la infraestructura de seguridad; de equipo tecnológico; de capacitación; de atención de emergencias como las actuales; de alimentación y uniformes; entre otros. Ninguno de estos aspectos sería posible ante un irreflexivo recorte, tomando en consideración que el Sistema Penitenciario Nacional arrastra una crisis histórica; y, como si eso fuera poco, la pandemia vino a encrudecer los afectos adversos, ocasionando una mayor vulnerabilidad del Sistema y de la propia seguridad.

Finalmente, el Sistema Penitenciario no puede seguir siendo la “Cenicienta” de la clase política. No es justo que por la falta de recursos el personal que labora en las cárceles del país deban seguir arriesgando sus vidas, sacrificando su tiempo de descanso y con recargo de funciones. No es correcto que las condiciones de salud ocupacional y de infraestructura continúen como están. La falta de uniformes, de zapatos, los chalecos de seguridad, las condiciones de los fortines y de los dormitorios y, hasta la situación salarial del personal policial, es un claro ejemplo de este abandono.

Jonathan Flores Mata, Expolicía – Directivo Nacional de ANEP

Sobra, y por mucho, decir que nuestro país se encuentra experimentando una coyuntura social increíblemente compleja. El descontento acumulado de muchos sectores, tanto de los formalmente organizados, como los creados de hecho, explotó. También está de más señalar que el catalizador y detonante, al mismo tiempo, de esta situación, fue el anuncio del gobierno de cargar la economía de los costarricenses con más impuestos. Esto ante el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, acción que por sí sola ya genera el repudio de varias y diversas representaciones.

Estalló la olla de presión en que se había convertido Costa Rica, por su economía, y las expresiones de protesta social alcanzaron niveles de hostilidad pocas veces vistas en nuestra historia. Lamentablemente, los yerros tácticos y operativos de mandos medios en la Fuerza Pública, sumado a la intromisión de personas agresivas, con problemas personales con las autoridades, conllevó a un enfrentamiento policía-civiles, con saldo diario de persona heridas en ambos bandos.

Al inicio de los bloqueos, muchos y muchas, servidores y servidoras policiales, expresaron su apoyo a la lucha social, y su más absoluta oposición a pagar más impuestos. Estas expresiones de apoyo, y la conciencia de las y los uniformados, como la golpeada clase trabajadora que es, despertaron alucinaciones que hicieron temblar de miedo al Poder Ejecutivo, que alarmistas hasta llegaron a imaginarse al recurso humano de Fuerza Pública negándose a reprimir. (Sin afán alguno de incurrir en alguna instigación impropia, debo decir que creo de corazón, que dentro de unos años podríamos llegar a presenciar ese escenario).

En ese momento, y, reitero, gracias a la infiltración de personas agresivas en las protestas, (no es narcotráfico, no se puede ser tan ingenuo para creer eso), se elevó la temperatura en las confrontaciones y comenzaron a darse actos de violencia, en uno y otro lado. Y por todos es bien sabido, que tal situación es cíclica, y que la violencia genera más violencia, nadie va a poner la otra mejilla, por el contrario, devolverá el golpe.

Debemos recordar que las y los policías son servidores y servidoras públicas, a los que se les han cercenado una considerable parte de sus salarios; que trabajan en condiciones insalubres, riesgosas, y también han sufrido por la crisis económica. Es decir, son parte del pueblo, ciudadanos y ciudadanas costarricenses, igual que los demás. Con la enorme diferencia de que, el sustento de sus familias se gana cumpliendo con las labores de seguridad, lo que les obliga a obedecer las órdenes de Michael Soto y Carlos Alvarado, de no hacerlo, pasarían a ser parte de la infinita lista de desempleados y desempleadas.

La respuesta de parte de Presidencia fue echar mano a la tan arraiga estrategia que ha utilizado una y otra vez en esta Administración, cuyo paso a paso se saben de memoria, y lo admito, desdichadamente, la han aplicado muy bien. Me refiero al método de dividir, ese con el que consiguen debilitar la cohesión de fuerzas que les hacen frente, polarizar la opinión pública y hasta desviar la atención del verdadero problema de fondo.

Fue así como en contubernio con los medios de comunicación, de ideología marcada, y compartida con Alvarado (esos que se han beneficiado con indultos de grandes deudas y que ganan contratos millonarios en publicidad gubernamental), se comenzaron a poner en el foco a las y los policías heridos, patrullas quemadas, busetas destruidas a pedradas y hasta personal policial sometido a revisión de la gente en los bloqueos.

Hecho esto, se sentaron con palomitas de maíz, a esperar la reacción natural de la contraparte, meter un poco más de carbón, y disfrutar de la nueva división que consiguieron crear.

Lógicamente, la respuesta de parte de las y los manifestantes, y otras organizaciones participantes de los movimientos de oposición a más impuestos, no se hizo esperar. Fue así como se dieron a conocer abusos de autoridad, imágenes de civiles heridos, personas inocentes afectadas con el gas… y todo lo que hemos visto en estos días.

De esta manera, los ánimos se enardecieron, tanto en policías, como en manifestantes, y ciudadanía en general. Y fue de esta forma que se polarizó la opinión pública, y la policía empezó a reprimir sin ningún tipo de piedad, y quienes protestaban atacaron sin miramiento alguno del ser humano uniformado tras los escudos.

Y así fue como la asquerosa y cobarde estrategia del gobierno, de poner a pelear al pueblo contra el pueblo mismo, funcionó. Comenzó a correr sangre costarricense, y a señalarse los unos a los otros como responsables, cuando el único culpable permanece en las sombras sin dar la cara.

A estas alturas solo queda darse cuenta de lo sucedido, concientizarse, e intentar no caer en el vil y vetusto juego de quienes son usados como marionetas por los dueños del gran capital. Ciudadanos y policías somos hermanos del mismo pueblo, nos afecta por igual que el gobierno de turno sea proteccionista con los evasores y autoritario con la clase trabajadora. ¡No caigamos más en la trampa!

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional Juventud ANEP

Algunos autores deciden utilizar el término desigualdad en lugar de desigualdades, nada hay de inocente en esta decisión. No obstante, es preferible utilizar el plural para profundizar con mayor certeza sobre los problemas sociales, sin que, por ello, se le deba restar importancia a las intenciones de aquellos autores que prefieren el concepto único de “desigualdad”.

Los datos numéricos que ofrecen regularmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y algunas universidades estatales tienden a coincidir respecto de la distribución de los ingresos y la imperiosa necesidad de aplicar sistemas más justos. Economistas de diferentes partes de la región plantean el asunto del 1 y el 99% y los datos generan una especie de preocupación sin que se atenúen los afectos adversos de las desigualdades.

Quienes hacen de la política una actividad consciente de politiquería no estarán interesados en otra cosa más que en la desigualdad de oportunidades, esa idea clásica de que todas las personas deberían iniciar su carrera desde una misma línea independientemente de las circunstancias, el esfuerzo y las características propias. La idea dominante es que, lo que realmente importa es que las personas tengan un punto de partida igual, sin reparar en los resultados. Esto les da muy buenos insumos para el discurso y la pantomima.

Pese a lo anterior, algunos estudiosos de la materia como Anthony B. Atkinson de manera sutil plantean algunas objeciones a este tipo de análisis. Primero, porque no es correcto que una vez que las personas inician desde un mismo punto de partida se ignore que puede haber circunstancias aleatorias que en el transcurso del camino las condene a un retroceso o aun cruel estancamiento y requieran el abordaje adecuado. Atkinson indica que, “la razón por la que los resultados importan es que no podemos ignorar a aquellos para los que el resultado es la privación – aún si la igualdad de oportunidad ex ante existiera-.”

Por otra parte, analizar detenidamente la desigualdad de resultado es importante por el concepto mismo de competitividad. Suponiendo que todos partimos de un mismo punto, pareciera lógico creer que todos vamos a tener resultados similares, no obstante, y siguiendo la lógica de los juegos, la recompensa no es la misma para todos. Hay quienes podrán servirse con cuchara grande y otros que, por más que se esfuercen sólo lograrán subsistir. Acá podemos analizar el tema de la distribución, que en nuestro caso es altamente desigual.

Tampoco se puede ignorar el impacto de la desigualdad de resultado para las nuevas generaciones, sobre todo por la relación directa sobre la igualdad de oportunidades que va a tener, aspecto que ya se refleja en las personas jóvenes de nuestro país, quienes no logran tener claro el panorama para su futuro. Algunos líderes sociales señalan que, durante su adolescencia y juventud, observaban una Costa Rica que les prometía la oportunidad de desarrollo en unas condiciones moderadamente equitativas, pero que en la actualidad hay una realidad inversa. Notan a las juventudes en una condición de total desesperanza.

De manera que, quienes coincidimos en la necesidad de reducir tanto la desigualdad de oportunidades, como la de resultado, comprendemos que es la manera más efectiva de reducir ciertos tipos de actividades delictivas y la terrible falta de cohesión social.

Según abogado (Diario Extra).

Un grupo de ciudadanos con pasado político (figuras públicas), entre ellas José Miguel Corrales y Célimo Guido, convocaron mediante conferencia de prensa a una huelga (manifestación). Al efecto, amprensa.com, publico la siguiente nota: “Un grupo planea una manifestación indefinida para el próximo 20 de agosto, con el objetivo de «quitar» del gobierno a Carlos Alvarado y su equipo”. “Se trata de un grupo con el nombre Q-Anon Costa Rica, el cual promociona la protesta que tiene como segundo objetivo, «no más corrupción» en el país”.

Por su parte, el medio digital elmundo.cr publicó “Varias publicaciones en redes sociales están llamando a participar en una «marcha masiva» para pedir la renuncia del presidente de la República, Carlos Alvarado”. “Además, el Movimiento de Rescate Nacional liderado por José Miguel Corrales y Célimo Guido para el 25 de agosto hacen un llamado al pueblo a «parar a los opresores».

Ahora bien, he leído comentarios de diversas personas, entre ellas un economista, pero, llamó mi atención la del abogado consultado por Diario Extra, el cual aseguró que la Fuerza Pública no puede tomar fotografías. “El Estado está violentando el derecho a la imagen y la integridad de las personas que se están manifestando de forma pacífica en Casa Presidencial, lo que están haciendo es tachándolos de delincuentes y el Estado abusa de su poder intimidándolos para que no puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión que tiene todo costarricense en un país social y de derecho”, adujo. La negrita y el subrayado son nuestros.

Sobre el particular es oportuno traer a colación lo que indica el Código Civil; “La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público (…)” La negrita y el subrayado no son del original. Al efecto, puede ser que se vea extraño, inclusive desde la perspectiva de estrategia el que uniformados hagan registro fotográfico del evento, sin embargo, el interés de la policía administrativa se circunscribe al ámbito de la vigilancia tal cual lo establece el Código Civil.

Sigue diciendo en su declaración el abogado consultado por Diario Extra: “Cabe señalar que los artículos 24 y 29 de nuestra Constitución Política expresan: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Además, “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

“Como se logra observar la Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten contra las arbitrariedades del gobierno de Carlos Alvarado, generando una inseguridad jurídica en la libertad de expresión y la libertad de manifestación de los costarricenses e imagino pretendiendo que el pueblo sea siervo menguado”, dijo Rivera.

“La Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten”, el “seguro” que utiliza el licenciado Rivera, es un supuesto que surge de la imaginación, no de la ciencia probatoria, por ello, carece de todo fundamento. Las personas pudieron manifestarse, inclusive muchas de ellas colocaron imágenes en sus perfiles del Facebook, mostrando que participaban de la misma, lo cual quiere decir que no hubo ningún impedimento para ejercer ese derecho.

Bien se dice que el derecho es de interpretación, por ello, debo decir con el respeto que merece el Lic. Rivera, que no estoy de acuerdo con sus criterios, lo cual voy a fundamentar de la siguiente manera:

La manifestación se da en la vía publica, es liderada por figuras políticas, ex diputados y diputados de la actual legislatura, los medios de comunicación dan cobertura y muestran en prensa escrita y televisiva todo lo relacionado con la actividad, o sea, es un evento público, no privado como pareciera lo interpreta al citar el artículo 24 que cita: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Seguidamente cita el artículo 29 de nuestra Carta Magna: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

Por otro lado, nuestra Constitución Política cita en el Art. 12: “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”. Al efecto, se debe desarrollar ampliamente el término “vigilancia”, que involucra la tecnología que permita posteriormente identificar actos vandálicos y/o delictivos, así que, el que no la debe no la teme. En ese orden de ideas, las empresas públicas y/o privadas utilizan cámaras de monitoreo en sus instalaciones, ello con la finalidad de “vigilar” el desempeño de su personal, así mismo, como una medida de seguridad de sus instalaciones, lo cual sirve para efectos de denuncia en caso de sufrir algún daño o delito contra su propiedad. Puede ser que al personal no le guste esa medida de seguridad y control, pero nuestra legislación lo permite, con algunas excepciones puntuales.

Así las cosas, en mi criterio, el que oficiales de la Fuerza Pública tomen fotografías del evento que se desarrolló en la vía pública, que fue anunciado por diversos medios, no constituye ninguna violación de la intimidad, mucho menos de los demás presupuestos señalados en los numerales citados por el abogado consultado por Diario Extra.

Por último, mi artículo se basa únicamente en aspectos legales y de competencias, no se relaciona con la legitimidad de la actividad como tal, por cuanto entiendo el malestar popular del momento, además, he participado en muchísimas marchas y manifestaciones, lo haré cada vez que lo crea justo, conveniente y necesario.

Al igual que lo he dicho otras veces, al leer mi artículo usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, únicamente le agradezco ser respetuoso (a) en caso de que quiera comentar.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública

Jonathan Flores Mata, Criminólogo / Directivo Nacional de ANEP

No es una novedad hablar del tema de la pérdida de confianza de muchos costarricenses en la administración del sistema de justicia de nuestro país. Y si nos centramos en el Poder Judicial, como institución encargada de tal función, las circunstancias cuestionables se incrementan.

Los factores que originan tal percepción sientan sus bases en variadas situaciones, que se han dado a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales y medios de comunicación. Así es, lamentablemente, la dama de la justicia en Costa Rica ha sido desnudada en variadas ocasiones, por la exposición de diferentes hechos que dan mucho que pensar sobre la vulnerabilidad y transparencia del Poder Judicial.

En esta ocasión, me gustaría enfocarme en aquel factor que considero más peligroso, la influencia política. Y es que, desde el momento en que vemos el sistema de elección de los magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, nos damos cuenta de la forma en que la clase política comienza a fabricar favores que cobran en el momento que más lo requieran (no por nada se pelean por elegir específicamente los de Sala III-penal).

¿Por qué estoy seguro que la política influencia las decisiones de las altas magistraturas? Muy sencillo: Además de que son ubicados en sus puestos por políticos: ¿Han visto el ataque sistemático que ha sufrido la clase trabajadora en este país en los recientes años? Pues justamente, muchos de los golpes a los bolsillos de las y los trabajadores, han contado con la venia de las Salas de la Corte.

Refresquemos nuestra memoria con la resolución de Sala Constitucional, que prácticamente dio un argumento político para dar luz verde a la Ley 9635 (combo fiscal). A eso le podemos sumar el coincidente y curioso cambio de criterio de mucha jurisprudencia laboral, como en lo referente al cobro de tiempo extraordinario y diferencias salariales, por ejemplo (ojo, esto se las trae).

Por supuesto, no es posible olvidar la forma en que los procesos que son ventilados en medios de comunicación avanzan con más rapidez que los de la ciudadanía común. Tampoco se puede obviar la preocupante impunidad que afronta el país en temas de delitos de cuello blanco, corrupción en la función pública y legitimación de capitales.

Sí, para el suscrito, igual que para gran parte de la población, es muy difícil decir que confía en la transparencia del Poder Judicial, cuando escenarios como los antes indicados evidencian que hay un terrible tráfico de influencias de la clase política. Ahora bien, si dentro del Poder Judicial se promueven acciones bajo dicha influencia, y sabemos de sobra que la política está dominada por grandes empresarios neoliberales (de esos que evaden, eluden, se llevan las grandes licitaciones del Estado y ponen plata para comprar votos), entonces, podemos concluir que estos sectores económicamente poderosos también mandan en la institucionalidad judicial. (JCB fue solo un pequeñísimo ejemplo).

Hace unos meses testificamos como al máximo referente en materia sindical del país, Albino Vargas Barrantes, se le emitió en tiempo récord, una orden de captura en su contra, por parte de las autoridades judiciales del sector Caribe, gracias a la solicitud de una autoridad política del lugar. Recientemente, nos damos cuenta, por medios de comunicación, que curiosamente, se enteran primero que las partes del proceso, de las decisiones judiciales; que el caso seguido contra el Secretario General de la ANEP, por supuesta instigación durante la huelga del 2018, se elevará a juicio.

Así es, mientras cientos de expedientes abiertos por robos, estafas y hasta homicidios, se extinguen bajo los criterios “objetivos” de la fiscalía, que no encuentra suficientes elementos de prueba para llevar la causa a instancias mayores, curiosamente, en este proceso si hay acusación. No es mi intención ofender, pero solo dar una rápida lectura a la acusación inicial es suficiente para saber que la misma estaba plagada de percepciones subjetivas, apoyadas en elementos probatorios risibles.

Si hacemos el sencillo asocie de que Albino Vargas es prácticamente un enemigo declarado de los poderosos neoliberales que acumulan riqueza de manera desigual; con el hecho de que son estos empresarios quienes mueven los políticos que influencian el Poder Judicial, entonces se podría señalar que este proceso está siendo empujado, y será manipulado, por intereses que van más allá de la institucionalidad. En pocas palabras, cuando el acusado difiere de los intereses de la clase con el poder económico, como Albino Vargas, el sistema si actúa eficientemente.

Como ciudadanos debemos preocuparnos, este es el primer antecedente de represión gubernamental, como títeres de las clases que realmente representan, a la libertad de expresión. Sin duda, un espeluznante precedente que nos muestra no solo los alcances que la corrupción y el tráfico de influencias tienen en nuestras autoridades (ni siquiera me quiero imaginar lo que puede estar pasando con el crimen organizado), sino también la forma en que se debilitan los pilares de nuestra democracia.

¿Nos vamos a cruzar de brazos mientras pasa?