Posiblemente, muchos (as) recordaran aquella época en la que uno era parte de un grupo, en el cual, la mayoría eran de una edad superior, a los más pequeños nos decían, “usted juega, pero usted es mantequilla”. Lo anterior, es traído a colación en razón del proyecto impulsado por la diputada Zoila Rosa Volio, para el uso del polígrafo en los cuerpos policiales; dicho proyecto me regresó a esa época, para los efectos le llamaremos “el proyecto mantequilla”.
En la Asamblea legislativa fue aprobado el proyecto 21490, disque para determinar la idoneidad de las personas que quieran ingresar a las fueras de policía e inclusive, para detectar posibles “filtraciones” al narcotráfico. En sus discursos, la diputada insistió en que la utilización del polígrafo serviría para identificar si algunos oficiales le pasan información al crimen organizado (cajita blanca), olvida la diputada que tal conducta la pueden desplegar otros funcionarios del sistema de justicia, que no fueron incluidos en el proyecto mantequilla. Además, la diputada Volio reitero en el programa siete días radio, que dicha herramienta no podría ser usada para sancionar o para excluir a futuros aspirantes de policía.
Efectivamente, cita textualmente la nueva legislación “Los resultados de dicha prueba no podrán ser utilizados como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza de policía. Tampoco podrán ser utilizados los resultados del polígrafo en procesos judiciales”.
¿Entonces cuáles serían los efectos de su aplicación? Indudablemente, la estigmatización, la exclusión y el reproche, pero, de la misma forma en que se dan en la actualidad, solapadamente al amparo del “régimen de excepción”, sobre el cual se basan para perjudicar a los funcionarios con un traslado que los aleja a cientos de kilómetros de sus hogares, cuando plantean alguna inconformidad o la defensa legitima de un derecho. Aunque la misma legislación “mantequilla” establece que la prueba de polígrafo es voluntaria, en el momento de que algún funcionario se rehúse en aplicarla, no solamente será estigmatizado, será señalado, acosado, perseguido, porque en el Ministerio de Seguridad Pública la presunción de inocencia se invierte, opera la presunción de culpabilidad, el acusado de haber cometido alguna falta, debe demostrar su inocencia.
La promovente de dicho proyecto se dice afín a los policías, posiblemente lo sea, pero a los de la alta jerarquía, porque su iniciativa no viene a favorecer en nada el bienestar de la población policial, por el contrario, le aporta un insumo más al alto mando, para perseguir, acosar, estigmatizar y violentar los Derechos Humanos y laborales de las personas que integran los cuerpos policiales.
Lo que favorece al gremio policial no recibe el mismo apoyo. En la Asamblea Legislativa fue presentado el proyecto 20920, que vendría a dotar a nuestros policías de cobertura 24/7 mediante una póliza de vida y de riesgos profesionales, cuando en el ejercicio del cargo o como resultado del mismo, aun fuera de su jornada laboral sufren algún tipo de agresión ilegitima. Dicho proyecto no ha sido apoyado por las y los diputados, tampoco por el poder ejecutivo. Sobre el particular, podríamos citar un par de proyectos más, que además de justos, resultan necesarios, entre ellos, el uso de armas menos letales (taser) que permita neutralizar a una persona agresiva o violenta, de manera tal que se evite el forcejeo e inclusive, la pérdida de vidas humanas.
En uno de sus discursos en un medio de comunicación, la diputada Volio decía que, el polígrafo es usado en muchas policías e hizo mención de Colombia, pues bien, la policía de dicho país, cuenta con un régimen especial de pensión para los cuerpos policiales, que no solamente reconoce el desgaste que lleva implícito la función policial, sino que permite el relevo generacional oportuno, de forma tal que, los policías que se van a enfrentar a la criminalidad común u organizada, tengan las condiciones óptimas para tales efectos. No se ha entendido, que lo primordial debería ser dotar a nuestros cuerpos policiales de condiciones dignas, de delegaciones funcionales, de equipo, avituallamiento, vehículos, y de un mejor salario. Por ello, necesitamos de proyectos serios, que favorezcan el derecho de las personas que integran los cuerpos policiales y, por ende, la seguridad ciudadana, no más proyectos mantequilla.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Abogado
Directivo Nacional de ANEP
