Categoría: Comunicados de Prensa

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a la opinión pública, que ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes contra la Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Alejandra Mora Segura, y la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, por el uso injustificado de recursos públicos en la compra de un vehículo de lujo para uso de la Presidencia Ejecutiva.

Mucho se ha dicho en los medios de comunicación sobre la adquisición de dicho vehículo, sin embargo, los verdaderos responsables de tramitar y facilitar esta compra, para complacer los gustos personales del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, permanecen sin ser llamados a cuentas. Este sindicato ha decidido actuar con responsabilidad institucional y denunciar los hechos concretos, con base en pruebas y fundamentos jurídicos claros.

Según consta en la documentación oficial, la institución contaba con un vehículo en excelente estado, con apenas 14.831 kilómetros recorridos, y en buen estado de conservación, el cual fue entregado como parte del pago de una nueva unidad valorada en más de $92.000, sin que existiera una justificación técnica válida para su reemplazo. Esta decisión se tomó a pesar de que la institución aún debe ejecutar un presupuesto millonario para la compra de vehículos esenciales, como camiones y unidades pick-up, indispensables para las tareas operativas del AyA.

Este tipo de decisiones administrativas comprometen gravemente la eficiencia del gasto público, violan los principios de legalidad y probidad que deben regir en la función pública, y representan un claro acto de despilfarro institucional.

La ANEP considera de suma importancia, que la Asamblea Legislativa también asuma su responsabilidad en el control político y cite a comparecer tanto a la Gerente General, Alejandra Mora Segura, como a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, a fin de que den cuentas ante el país sobre estos hechos.

Desde la ANEP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos públicos, el combate a la discrecionalidad administrativa y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los fondos que pertenecen a toda la población.

¡El país no tolera más lujos ni privilegios con dinero público mientras tantas necesidades básicas siguen sin ser atendidas!.

-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?

En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.

Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.

Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?

Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.

Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?

En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.

Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.

Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

– Denuncias evidencian vulneraciones sistemáticas a los derechos de la niñez bajo protección del PANI.

– ANEP exige renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva para restaurar la confianza institucional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en cumplimiento de su deber de defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, así como de vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, denuncia ante la opinión pública una serie de hechos gravísimos ocurridos en la oficina del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la Región Huetar Caribe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Estos hechos constituyen no solo una vulneración directa de las condiciones laborales del personal técnico institucional, sino también una violación alarmante a los derechos fundamentales de personas menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección. Las actuaciones denunciadas reflejan una preocupante improvisación institucional, un desacato a los protocolos de protección integral y una exposición inaceptable de personas menores de edad a tratos indignos y riesgosos.

Desde el mes de mayo de 2025, la Directora Regional a.i., ha ordenado que adolescentes varones sean alojados de manera improvisada dentro de las oficinas administrativas del DARI Huetar Caribe. Estos menores han sido obligados a dormir sobre colchonetas en el piso, permanecer en las oficinas hasta por tres días consecutivos, sin posibilidad de salir del inmueble, sin condiciones mínimas de habitabilidad, sin acceso pleno a servicios básicos y sin acompañamiento técnico especializado.

Además, se ha instruido al personal técnico del DARI —profesionales en trabajo social, psicología, derecho, criminología, entre otros— a asumir funciones totalmente ajenas a su formación y perfil profesional, tales como la custodia directa, la supervisión continua y la contención conductual de estos adolescentes. Estas tareas han sido impuestas incluso fuera de la jornada laboral y durante días libres del personal, bajo promesas informales de pago de horas extra, lo cual agrava aún más la situación.

Estas prácticas representan una violación directa a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y los protocolos técnicos de la institución. Utilizar oficinas administrativas como albergues improvisados constituye una forma de trato degradante, contraria a la dignidad humana y al deber reforzado de protección que el Estado costarricense debe garantizar.

De igual forma, se infringen normas del ordenamiento jurídico-laboral costarricense, al imponer funciones no contempladas en los perfiles de puesto, alterar jornadas sin acuerdo previo ni justificación legal, y exponer al personal a responsabilidades de alto riesgo sin respaldo institucional, lo que podría derivar en consecuencias administrativas, penales y éticas para los funcionarios afectados.

Una vez más, bajo la administración de la señora Kennly Garza Sánchez, se registran hechos en los que los derechos de las personas menores de edad son vulnerados de forma sistemática y alarmante. La ANEP cuenta con fotografías y videos que evidencian estas prácticas y que demuestran la gravedad de las decisiones adoptadas por la Dirección Regional.

En oficio enviado a la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, la ANEP solicita de manera inmediata y categórica:

1- La intervención urgente y directa de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, a fin de detener de inmediato estas prácticas irregulares y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.

2- La prohibición expresa y definitiva del uso de oficinas administrativas como espacios de abrigo temporal (albergues), dado que carecen de las condiciones mínimas legales, técnicas y éticas para la atención de personas menores de edad bajo medida de protección.

3- Que se dispongan medidas correctivas inmediatas que garanticen el cumplimiento de los protocolos de atención integral, el respeto al principio de legalidad y el resguardo de los derechos humanos de las personas menores de edad en protección.

4- Que se asegure el pleno respeto a las condiciones laborales, profesionales y humanas del personal institucional, protegiéndoles de decisiones arbitrarias que los expongan a escenarios ilegales, de riesgo o contrarios a su formación.

La ANEP, en el ejercicio de su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez costarricense y la integridad institucional del Patronato Nacional de la Infancia, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples irregularidades que persisten bajo la actual administración del PANI.

Dichas irregularidades han derivado en graves vulneraciones a los derechos de personas menores de edad que se encuentran bajo protección institucional, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas para corregir esta situación. La ausencia de respuestas contundentes, así como el incumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo, han comprometido seriamente la misión y el funcionamiento del PANI.

Por lo tanto, la ANEP exige la renuncia inmediata de la señora Presidenta Ejecutiva del PANI, como medida indispensable para restaurar la confianza en la institución y garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez costarricense.

San José, 13 de junio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más profunda preocupación y consternación ante la denuncia de presunto abuso sexual a una persona menor de edad en un albergue, hecho que ha trascendido públicamente mediante un video difundido en redes sociales y que ha generado alarma a nivel nacional.

De acuerdo con lo expuesto en dicho video, la persona menor de edad habría sido víctima de abuso sexual en un albergue que estaría bajo la responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo cual amerita una respuesta institucional clara, urgente y transparente.

Ante la gravedad de esta situación, la ANEP ha enviado una solicitud formal de información dirigida a la Presidenta Ejecutiva del PANI, señora Kennly Garza Sánchez, y a la Gerente Técnica a.i., señora Anagerie Alvarado Ulloa, en la que se requiere conocer:

¿Qué acciones ha emprendido el PANI desde que tuvo conocimiento del caso?

¿Cuál es el estado actual de protección y atención que se le brinda a la persona menor de edad?

¿Qué medidas de protección inmediatas fueron aplicadas en el albergue involucrado?

¿Se han activado los protocolos institucionales correspondientes, incluyendo la articulación con las autoridades competentes, judiciales y medicas para las valoraciones respectivas?

¿Qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad de otras personas menores de edad bajo la responsabilidad institucional, en dicho albergue?

Aclaramos expresamente que esta solicitud no pretende obtener datos sensibles, confidenciales o identificadores de la persona menor de edad, en resguardo absoluto de su dignidad, privacidad e integridad. La información solicitada se limita únicamente a aspectos puntuales que permitan esclarecer las acciones institucionales adoptadas, dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

En relación con este caso, el asesor sindical de ANEP en el PANI, Jeffry Hernández Rojas, cuestiono el accionar del PANI.

«Una vez más, el PANI le falla a la niñez costarricense. No podemos permitir que la institución rectora en materia de niñez y adolescencia incumpla con su deber de brindar protección integral a las personas menores de edad. Los albergues institucionales, al no existir recursos familiares o comunales para protección de las personas menores de edad, deben ser espacios seguros, de cuidado y resguardo, no escenarios donde se repitan violaciones graves a los derechos humanos. Este caso es sumamente alarmante, y la Presidenta Ejecutiva debe responder con claridad, transparencia y responsabilidad. El país no puede tolerar más indiferencia institucional frente al sufrimiento de su niñez. Si el PANI no puede garantizar entornos seguros, está fallando en su razón de ser y esto es responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva.»

Los niños, niñas y adolescentes no son simples estadísticas o datos para reportes; son personas cuya protección y bienestar deben ser prioridad absoluta. La ANEP solicita al PANI y a sus autoridades que asuman con responsabilidad y prontitud su deber constitucional de garantizar un entorno seguro, digno y libre de violencia para la niñez y adolescencia del país.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Compartimos declaraciones de Jeffry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.

Con mucha preocupación la Seccional ANEP-INA, se dirige a la opinión pública dejando constancia y evidenciando una serie de irregularidades que están sucediendo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

Y es que, siendo conscientes como personas funcionarias, de que esta noble institución, requiere de modernización para poder evolucionar, ser competentes en el mercado y lograr de manera objetiva, así como cumplir con la misión y visión del INA, los hechos que acontecen, están muy lejos de lo que se plasma en el papel, la institución está perdiendo su norte, su razón de ser, para muestra un botón.

Existe un oficio, emitido el pasado mes de mayo 2025, mediante el cual, el Presidente Ejecutivo, Christian Rucavado Leandro, de forma, en apariencia, sigilosa, instruyó a unidades estratégicas de la institución, para que incluyeran dentro de la formulación del presupuesto 2026, la “módica” suma de más ₵900.000.000,00 (novecientos millones de colones), para atender la “iniciativa del inglés”, producto del “estudio” de demanda nacional de inglés que se promoviera desde la misma Presidencia Ejecutiva del INA. A esta fecha no se conoce, al menos no ésta Seccional, la ruta que se llevó a cabo para estimar dicho monto.

Surgen paralelamente, otras preguntas ¿quién o quiénes son los interesados en que el INA esté inmerso en el tema del inglés? ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto?, ¿por qué razón no se impulsa con la misma fuerza las demás áreas productivas a las que la institución no debe, ni puede dejar de atender?

Se viene observando, como una y otra vez, en cada período presupuestario, los presupuestos de la institución, no se direccionan para fomentar y reforzar las verdaderas áreas prioritarias, prueba de ello y ya conocido en el Plenario Legislativo, existe desabastecimiento de materiales,  afectando a estudiantes y docentes, estos últimos, también, sin recursos para desplazarse a atender los cursos asignados, existe insatisfacción en la demanda a falta de docentes,  sencillamente por escasez de estos, al no existir interés claramente por contratar más, o bien, porque no se encuentran al100% capacitados y esto último, no porque ellos así lo hayan preferido o sugerido, sino porque, así están dadas las “líneas estratégicas”.

Tenemos un presidente ejecutivo ausente, que fue enviado a la institución, en apariencia, única y exclusivamente para acatar órdenes superiores y que para infortunio del INA, no son las mejores y mucho menos las más transparentes.

Qué decir de las personas que recién se suman a puestos Gerenciales, unos sin experiencia en la institución y otros “amigos del Gobierno de Turno”, ¿qué se puede interpretar de esto? sencillo, entre más llano esté el camino, más fácilmente logran su cometido, o sea, otra forma más de dañar a la institución no importa el costo, el perjuicio va.

Por otro lado, no menos preocupante, figura quien ocupa el cargo de Auditor Interno y de las personas Encargadas de Jefatura que lo acompañan, no cuestionan lo que está sucediendo en el INA y no se interprete esto, que se requiere que el Auditor Interno, sea un coadministrador, papel que presuntamente también lleva a cabo, sino más bien, haciendo y ejerciendo el rol que le corresponde, entre otros, siendo vigilante del uso de los recursos públicos.

Como representantes de esta Seccional, hemos en infinidad de ocasiones, señalado ante las instancias externas correspondientes, que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración, propiciando entre otros aspectos, desprotección a las demás áreas técnicas productivas del país, que sabemos, nos demandan y que, evidentemente nos necesitan. En este particular, se desconoce si existió un muestreo probabilístico, si ha sido validado técnicamente o en su defecto contiene un sesgo de autoselección.

El INA se nos está escapando de las manos y a quienes tratan desesperadamente de hacer algo para salvarla de lo casi inevitable, simplemente, los apartan del camino, de una u otra manera, en algunos casos, ha mediado hasta la persecución.

Freddy Bonilla García, presidente Seccional ANEP-INA.

• Denuncia se presenta ante posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó, este lunes 2 de junio, ante la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una denuncia contra el nuevo proyecto del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ante una serie de irregularidades.

Según la denuncia presentada por la ANEP, en el año 2022, “la Junta Directiva de la CCSS acordó elegir al Director del Plan de Innovación; sin embargo, la Presidenta Ejecutiva de ese momento, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, al parecer, habría realizado presuntas gestiones no muy transparentes, terminado con una elección a dedo de un funcionario que no tendría las capacidades técnicas para dicho proyecto, pero con una posible alta afinidad política a los designios de la citada hoy exjerarca”.

“El proyecto, al parecer, habría estado manipulado por Juan Ignacio Monge, ex directivo de CCSS, por Manuel Montillano, ex Director del Proyecto de Innovación y por la misma Esquivel Rodríguez, al punto de lograr expulsar de forma grotesca y con tintes de presunto hostigamiento y persecución laboral, a las personas de experiencia que estaban apoyando el proceso, pero que no mostraron ser dóciles a ciertos enfoques”, indica la denuncia.

Otro de los puntos que nuestra organización pide sea investigado, es una serie de yerros que condujo a potenciar nuevas equivocaciones de distinto tipo que, como siempre, terminan debilitando lo estructural- institucional, esto debido a una reconstrucción del proyecto con el nombramiento de Héctor Arias Mora como Director del Plan de Innovación.

“Llama poderosamente la atención que el Lic. Héctor Arias, indicó en su oficio GG- PIMG-1978-2024, que todo estaba listo, pero, pese a eso, no se salió en enero 2025 y se mantuvo a más de 100 personas trabajando, aspecto a indagar, entre otros”.

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.

Otro elemento que debe revisarse, según nuestra organización, es si la Caja ha pagado a las empresas de tecnologías por productos que no satisfagan los intereses institucionales por estar incompletos. Adicionalmente, debe revisarse con especial cuidado la participación de la empresa PwC, si cumplió el objetivo de ser una contraparte técnica y bien los motivos reales de terminación de su contrato.

También, la ANEP solicita, que la Auditoría, entre otros aspectos, se avoque a revisar la ejecución contractual con la empresa implementadora del ERP, para que luego “no broten a la luz sorpresas que arrojen más oscuridades en este tema”.

“De igual forma, se solicita revisar el producto que inició en enero 2025, relativo a proyectos, para ver si los mismos son de utilidad pues en principio parece que la CCSS podría estar pagando por productos en principio inservibles”, indica la denuncia.

Desde la ANEP, se insta a la Auditoría, de forma vehemente, a que revise los elementos asociados a este tan cuestionado proyecto y emitan las advertencias, informes o similares, para arrojar alta transparencia, probidad y ética en todo lo relativo al cuestionado sistema ERP.

Finalmente, la ANEP respalda, los criterios que han emitido diversas instancias de la institución contrarios a la implementación de este proyecto y rogamos a la Auditoría proceder con la más contundente celeridad que el caso amerita.

La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (PPM), expresa su preocupación ante el reciente anuncio realizado por el Gobierno en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en relación con el plan piloto que exonerará del pago de pasajes en buses a los Oficiales de la Fuerza Pública.

Este convenio, denominado informalmente como «Bus Seguro», establece que los oficiales deberán portar su uniforme completo y el carné de identificación policial para acceder al beneficio, con el argumento de que su presencia aumentará la percepción de seguridad entre los usuarios del transporte público. No obstante, la medida excluye a los Oficiales de la Policía Profesional de Migración, pese a que estos también desempeñan funciones esenciales de seguridad y forman parte del cuerpo policial del país.

Según palabras del propio Ministro de Seguridad, esta es «una primera etapa» y «luego vendrán las otras fuerzas policiales». Sin embargo, no se ha proporcionado una fecha concreta ni compromisos verificables respecto a la inclusión de los demás cuerpos policiales, lo cual genera incertidumbre y malestar entre nuestros afiliados.

Inconvenientes del uso del uniforme en buses:

ANEP-PPM considera necesario advertir sobre las siguientes inconveniencias y riesgos de viajar uniformado en el transporte público:

1. Exposición innecesaria: Portar el uniforme en lugares públicos puede convertir a los oficiales en blanco de agresiones, asaltos o represalias, especialmente cuando no se encuentran en servicio activo.

2. Confusión de roles: Aunque se afirma que los oficiales serán “pasajeros más”, el hecho de portar el uniforme crea expectativas sociales y legales de que deben intervenir ante cualquier incidente, lo cual podría generar consecuencias disciplinarias si no actúan o si lo hacen sin los recursos adecuados.

3. Riesgos operativos y legales: Algunos oficiales deben dejar sus armas en las armerías al finalizar su turno. ¿Qué ocurre si un incidente requiere respuesta armada? Además, no se ha informado sobre actualizaciones en las pólizas del INS que respalden al oficial en caso de eventualidades mientras porta el uniforme sin portar chaleco antibalas, lo cual actualmente es una condición de cobertura en ciertas situaciones.

4. Carga simbólica y funcional: Decir que esto no significa “más trabajo” para el oficial no se ajusta a la realidad. Estar uniformado conlleva una obligación tácita y pública de ejercer autoridad, aún fuera del horario laboral.

Reivindicaciones Justas:

Reconocemos que cualquier medida que procure mejorar las condiciones de vida de los policías es bienvenida, pero insistimos en que el enfoque debe ser integral, justo y equitativo.

Lo que realmente urge es descongelar los salarios policiales y aplicar los aumentos que por ley corresponden, reconociendo de forma concreta el esfuerzo y sacrificio diario de quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional.

Exigimos claridad, equidad y respeto para todos los cuerpos policiales, sin distinciones arbitrarias.

Atentamente,

Gerardo Mora Ordoñez

Directivo Nacional de ANEP

Presidente Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración