En visita de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPM), a Puerto Caldera, en el arribo del primer Ferry desde El Salvador, se pudo constatar que no existe espacio físico para que los oficiales de la Policía Profesional de Migración puedan trabajar y realizar los respectivos controles.
Los oficiales realizan el Control Migratorio, primeramente en las oficinas de Puntarenas, donde tienen los sistemas tecnológicos 24 horas antes del pre chequeo y luego en el Puerto donde realizan la inspección física de acuerdo con el manifiesto de salida de la embarcación..
Esta informacion fue confirma por Viviana Moscoso, funcionaria del INCOP, quien manifestó que la Policía de Migración no cuenta con un espacio físico en estas instalaciones, situación también confirmada por el Servicio Nacional de Guardacostas.
Desde la Seccional ANEP-PPM denunciamos que para atender la llegada del Ferry no se dio capacitación al personal, ya que fue suspendida, esta se daría en principio el 9 y 10 de agosto.
Otro de las situaciones detectadas es el faltante de personal, que sigue siendo abrumador, hoy se encontraba en la Oficina Polícial Regional de Puntarenas solamente la coordinadora, quien indicó que “al menos se necesitan 10 plazas nuevas para cubrir todas las funciones de toda esta Regional”
Hacemos un llamado a todas las autoridades de Puerto Caldera para que se le dé una oficina a la Policía Profesional de Migración, así como el equipo necesario para atender esta nueva ruta de Ferry entre Costa Rica y El Salvador.
La Seccional, también hace un llamado al Gobierno de la República, para que se saque de la Regla Fiscal a los Cuerpos Policiales, entre estos a la Policía Profesional de Migración y se le den los recursos que realmente se necesita para atender y resguardar de la mejor manera los puntos y controles migratorios de país.
ANEP felicita a los cuerpos policiales de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial al de la Policía de Control de Drogas (PCD), por esta fuerte acción anti-narco, que logró evitar el embarque a puertos europeos de, prácticamente, 900 kilos de cocaína.
ANEP saluda como correcta la decisión presidencial de la toma del control policial de los muelles limonenses, aunque sabemos que Costa Rica ya estaba con la soga al cuello ante los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE), así como ante la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta fuerte presión política de tan alto nivel y combinada, nos puso contra la pared como país.
ANEP, no obstante, expresa su preocupación de que se tenga que desvestir un santo para vestir otro, es decir que, dada la falta de efectivos debido a los irracionales recortes presupuestarios, especialmente especializados, de la Fuerza Pública, se descuiden puntos geográficos, estratégicamente delicados, como Punta Burica, Peñas Blancas y otros.
ANEP exige la rescisión del contrato leonino con APM Terminals por severo incumplimiento en materia de seguridad y por habernos llevado cómo país al borde del abismo. Se pusieron en riesgo miles de empleos de personas trabajadoras de las producciones bananera y piñera, sin hablar del deterioro de la imagen del país. APM Terminals no puede quedar impune.
ANEP estima que la eventual rescisión del contrato con APM-Terminals no tiene por qué afectar a las personas trabajadoras actuales de esta transnacional y que han venido efectuando su labor de manera impecablemente honesta. Tendrán cabida en las nuevas condiciones de operación de los muelles de Limón y de Moín.
ANEP crítica y condena que, con dineros públicos de la seguridad ciudadana, precarios y escasísimos, se le haga la tarea a APM-Terminals, ¡de gratis! ANEP exige, al menos, elevarle el canon a APM Terminals, ¡pero ya! Además, que se le permita a Japdeva entrar a competir pues tiene el “know-how” y la logística para hacerlo.
ANEP exige la salida-exclusión del personal trabajador de los cuerpos policiales de la perversa Ley Marco de Empleo Público. Se les debe librar de la condena del salario global que los impondrá un congelamiento salarial de varios años continuos.
Por otra parte, ANEP, una vez más, exige que se les pague el reajuste de los 7.500 colones que, por concepto de elevación del costo de la vida, se decretaron al final de 2019 y que entraron a regir desde el 1 de enero de 2020. Al terminar el presente año 2023, se ajustarán una deuda del Estado con cada persona trabajadora asalariada de la seguridad ciudadana de 48 meses, más lo correspondiente a aguinaldo y a salario escolar. ¡Sí hay dinero en las arcas públicas para que el Estado honre esta deuda ya no solamente para el personal policial del país, sino para el resto del personal estatal que está bajo un injusto y severo congelamiento salarial!
ANEP demanda que tanto el Gobierno de la República como la propia Asamblea Legislativa definan, conjuntamente, excluir al presupuesto de la Seguridad Ciudadana de la perversa regla fiscal, no solamente para impartir a los y a las policías una real justicia salarial y laboral; sino para, el fortalecimiento estratégico de su capacidad operativa para enfrentar el ascendente desarrollo delincuencial y del crimen organizado.
San José, domingo 16 de julio de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
•ANEP presenta acción urgente a favor de personas trabajadoras que estaban listas a pensionarse
•Caja les varió las condiciones a pesar de que ya estaban en etapa final de tener todos los requisitos
ANEP acaba de acudir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, recurriendo a sus Procedimientos Especiales, solicitando, con urgencia, intervención protectora relativa al derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En su lenguaje diplomático-técnico y especializado al efecto, se conoce como petición para la emisión de una Other Letter.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.
El 14 de diciembre de 2021, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la reforma de los artículos 5, 23 y 24, y la derogación de las disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; cambios que frustran seriamente las expectativas de pensionarse de un gran número de personas trabajadoras, de los sectores público y privado, mismas que estaban ya cerca de lograr la totalidad de los requisitos antes de la entrada en vigencia de esos cambios, el 12 de enero de 2024.
Las personas trabajadoras afectadas cotizantes al régimen de IVM-CCSS, pese a que obligatoriamente han venido cumpliendo los compromisos que el mismo les ha demandado, abruptamente, se les extiende la edad laboral activa y se les impone menos porcentaje de recuperación jubilatoria), lo cual deja planteada una seria regresividad en materia de Derechos Humanos que van mucho más allá de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad.
Luego de la amplia y especializada argumentación jurídico-legal, centrada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.) que Costa Rica está obligada a respetar y a adoptar, sometiéndose a los dictados específicos y correspondientes según cada caso; el conjunto de petitorias de la ANEP a las personas expertas del Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica, por ejemplo, ésta:
“Se declare que la vigencia y aplicación del acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS del 14 de diciembre del año 2021, acuerdo primero del artículo 6° de la sesión N° 9229, que reforma de manera regresiva los artículos 5, 23 y 24 y deroga de los transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, atenta contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica, y conllevan a una lesión al derecho a la seguridad social de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en su manifestación del derecho a la pensión por vejez, debido a la ilicitud, desproporcionalidad e irrazonabilidad de la medida, así como a la afectación a sus proyectos y planes de vida ya consolidados. Lo anterior, por aplicárseles ese acuerdo con efectos retroactivos en violación de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas”.
La Other Letter pedida por ANEP al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene el carácter de solicitud urgente para la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas demandantes tenían cumplidos al 100 % antes del 12 de enero de 2024; y, que, bajo la tutela de ANEP están presentándose, una por una, ante las instancias expertas y relatoras del indicado Consejo ONU-DD.HH.
Se trata de un primer grupo de 614 personas que, en su condición de asociadas a la ANEP, se inscribieron, de manera oportuna en el formulario oficial diseñado para este histórico proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica. para el caso del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Está abierta ya la inscripción para un segundo grupo, siempre y cuando la persona interesada esté ya asociada a la ANEP o se afilie de inmediato.
ANEP está convencida de que, de manera dolorosa, Costa Rica está viviendo un proceso peligroso de reversión de conquistas sociales, de exclusión económica y de sobre-explotación laboral, lo cual nos lleva a apelar a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y, especialmente, a la serie de tratados internacionales que el país a suscrito al respecto, con condiciones obligantes y de vinculatoriedad imposible de obviar, como un mecanismo de carácter estratégico y de defensa obrero-social de altísima legitimidad.
La ANEP ha venido realizando una inversión financiera cuantiosísima para poder brindarle a toda nuestra membresía las opciones jurídico-legales, en el plano nacional e internacional, más especializadas posibles y de altísima calidad para la defensa de las conquistas sociales y obrero-laborales que nos fueron heredadas.
San José, sábado 8 de julio de 2023.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Ajunto ANEP
El cambio de mando en el Ministerio de Seguridad Pública, al parecer no venía acompañado de presupuesto y recursos para fortalecer la labor de los cuerpos policiales. En la Seccional ANEP Fuerza Pública, miramos con preocupación el cierre de delegaciones. Además, valoramos presentar acciones legales ante la falta de equipo policial, particularmente botas, armas, chalecos, jackets policiales y vehículos.
Todos coincidimos en la necesidad de fortalecer el combate a la criminalidad, pero, eso no será posible en el tanto que nuestros uniformados deban laborar en delegaciones insalubres, participando de comisiones, siendo albergados en lugares que ni siguiera cuentan con servicio de agua potable para el aseo personal y el consumo.
Ante este escenario, reiteramos la necesidad de excluir al Ministerio de Seguridad Pública de la Ley 9635, legislación en la que nunca debió estar la institución encargada de la seguridad del país. Hoy se sufre ante el “amarre” financiero provocado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Código de Trabajo respalda accionar de la seccional
La legislación laboral costarricense respalda lo planteado y denunciado por la seccional ANEP-Fuerza Pública, específicamente en su artículo 69., el cual indica que “Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos”:
“d. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerles tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquéllos no usen herramienta propia;”
Por su parte, señala el numeral 396 del mismo cuerpo normativo:
“Constituyen faltas las acciones u omisiones en que incurran las partes empleadoras, sus representantes y administradores, los trabajadores, las trabajadoras o sus respectivas organizaciones que transgredan las normas previstas en la Constitución Política, los pactos internacionales sobre derechos humanos y los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y las demás normas laborales y de seguridad social, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles.”
Por ello, en la medida en que no se vean mejoradas las condiciones laborales de nuestros uniformados, en el corto plazo, en la Seccional ANEP Fuerza Pública, estaremos presentando las acciones legales correspondientes.
Joyas invaluables de nuestra identidad en grave peligro: Orquesta Sinfónica Nacional y Archivo Nacional
Consternación, estupor e indignación por recorte presupuestario
Con absoluta contundencia, invadidos de consternación, estupor e indignación, denunciamos y condenamos los extremistas recortes presupuestarios que ya están afectando y/o dañarán sensiblemente a instituciones emblemas de la cultura nacional, como la Orquesta Sinfónica Nacional y el Archivo Nacional; recortes en perspectiva y que están siendo tramitados.
Se está anunciando ya, por ejemplo, que la Orquesta Sinfónica Nacional, fundada en 1940 y en el marco del histórico proceso de las Garantías Sociales, sufrirá un demoledor recorte presupuestario de 4 mil millones de colones generando, prácticamente, su cierre.
En el caso del Archivo Nacional, fundado en 1881, cuesta creer que no tenga recursos para terminar el presente año 2023, ni siquiera para pagar los recibos de servicios básicos, como el de la luz; sin mencionar, lo que podría esperarle para el año venidero.
Lanzamos una alerta general a todas las entidades adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud, pues todo indica que el recorte presupuestario a este sector es de dimensiones insospechadas.
ANEP hace un llamado a todo el personal del sector de la cultura costarricense, tanto el que tiene condición de empleo público como el que desde otros espacios lucha, todos los días, para preservar nuestra esencia como nación costarricense a través de la Cultura, para que cerremos filas y nos dispongamos a generar una poderosa y diversa articulación que las circunstancias históricas están demandando a este respecto.
De la misma forma, llamamos a las diputaciones legislativas a que impidan estas atrocidades y otras que están por venir en el marco de esa lógica perversa que es el extremismo fiscalista, el cual prioriza en el pago obsceno y usurero de los intereses de la deuda pública antes que en el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas; en abierta y flagrante violación de los tratados internacionales de Derechos Humanos que el país está obligado a cumplir.
San José, domingo 14 de mayo de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP espera que a nuevo Ministro de Seguridad le den recursos reales para combatir criminalidad
Ante la aún no confirmada e inminente destitución de Jorge Torres como ministro de seguridad y la probable designación Mario Zamora Cordero como nuevo Ministro de Gobernación Policía y Seguridad Pública, la Seccional ANEP-Fuerza Pública considera que independientemente de a quien se nombre es necesario la dotación de recursos necesarios para llevar a cabo el plan de seguridad.
Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, considera que el señor Presidente trajo a su Gobierno al ex ministro de Seguridad de Laura Chinchilla Miranda, posiblemente apostando por la experiencia y basado en los datos estadísticos del pasado.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en aquella época la situación de criminalidad apenas iniciaba. Ahora bien, esperamos que a quien se designe como jerarca le asignen recursos suficientes para que pueda llevar adelante el plan de seguridad definido por el Gobierno de la República, algo que evidentemente no le fue facilitado al señor Torres.
Una de las propuestas que ha sido reiterada por esta organización sindical para dotar de recursos a este ministerio es que se excluya al MSP de la ley 9635, ya que desde sus inicios se les advirtió a los jerarcas de ese entonces lo que iba a generar tener a los cuerpos de policía dentro de la misma y fue el tiempo quien nos dio la razón.
Paradójicamente, no hace mucho se le hizo ver al Gobierno de la República, sobre la necesidad de liberar al MSP del “amarre” financiero provocado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley Fiscal), la contestación fue: “(…) Con la legislación actual, de la mano con la responsabilidad fiscal, lo que corresponde es buscar una mayor eficacia para que el Ministerio de Seguridad pueda cumplir con adecuadamente su labor, aspecto en el cual este Gobierno realiza esfuerzos. En ese sentido, las fuerzas policiales cuentan con el presupuesto asegurado para todas sus plazas, incluso para las 1255 plazas vacantes, (102 administrativas y 1153 puestos policiales), según datos del 3 de marzo del presente año”.
La respuesta fue brindada mediante Oficio PR-DP-0546-2023 el pasado 11 de abril, suscrita por Jorge Rodríguez Vives, Director de Despacho. Posiblemente, don Jorge no tenía información sobre patrullas fuera de servicio por falta de repuestos, pero, además, si se cuenta con el presupuesto para llenar esas 1153 plazas vacantes, porqué se anunció la contratación de apenas 300 policías, 200 para la Fuerza Pública y 100 para la Policía de Control de Drogas, cuando sabemos que el déficit es de aproximadamente 2000 oficiales, esos 200 funcionarios nuevos, apenas serían suficientes para fortalecer las delegaciones del casco central de San José. ¿Qué pasa entonces con Limón, Puntarenas, Alajuela, Cartago, Guanacaste y la Zona Sur?
Es lamentable lo que vive nuestro país en materia de inseguridad ciudadana, pero, para poder disminuir los índices delincuenciales, no basta con cambiar ministros o viceministros, es necesario contar con una ruta clara, es imperativo que se defina una política de Estado basada en mediciones y datos reales del análisis criminal; acompañado lo anterior de políticas públicas. Aunado a ello, se debe invertir en infraestructura, no podrá haber mejoras en seguridad en tanto que nuestros policías sigan trabajando en delegaciones con problemas sanitarios, asimismo, se debe dotar a los cuerpos policiales de avituallamiento, botas tácticas, mínimo dos pares por año, se tiene que fortalecer la flotilla vehicular, la capacitación, etcétera.
El Lic. Mario Zamora Cordero es una persona culta, por lo general mantiene una alta disposición al diálogo, conoce perfectamente las necesidades del personal policial, por lo que no le debería resultar difícil adaptarse al cargo, para lo cual, esperamos que no se haga acompañar de personas que no cuentan con el “aval” o el cariño de la tropa, como de cariño se le conoce al personal de escala básica, esos que ponen el pecho en nuestras calles, océanos y fronteras para resguardar la seguridad de nuestro país.
El día de ayer, la ANEP envió una carta a la Ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado y al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en la cual se detalla las razones por las que no presentará al “diálogo nacional” convocado por el Gobierno, referente a Ley Marco de Empleo Público. Esta última nunca debió entrar en vigencia y debe ser derogada. En la carta se plantea, también, la urgente necesidad de una ley específica para los puestos policiales y sacar de la regla fiscal a la seguridad pública.
Compartimos la carta enviada el día de ayer, así como un anexo con diversos proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa para combatir el fraude fiscal-tributario.
San José, sábado 18 de marzo de 2023.
S.G. 21-25-1478-23
CARTA ABIERTA
Honorable señora
Laura Fernández Delgado
Ministra
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA (MIDEPLAN)
Presente
Estimada señora:
01- Con fecha 9 de marzo, la organización que nos honramos en representar recibió oficio No. MIDEPLAN-DM-OF-0462-2023, digitalmente, de parte de su despacho, en el cual se indica lo siguiente:
“La Presidencia de la República y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) le invitan a ser parte del Diálogo Nacional con el objetivo de discutir, analizar y construir de forma colectiva un anteproyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público. El Diálogo Nacional se desarrollará del 20 de marzo al 13 de abril del 2023”.
02- En el indicado oficio suyo, según se puede notar en el espacio usual acostumbrado para dirigirse a las personas/instancias destinatarias de una carta, se lee:
“Señor(as) Jefes(as) de Recursos Humanos
Representantes Sindicales
03- Destacamos lo anterior porque se expresa una generalización impropia y cargada de confusión de un proceso de “Diálogo Nacional”, sin identificación alguna de las identidades/entidades convocadas. Por ejemplo, las “representaciones sindicales” presuponen que se trata de interlocuciones obreras. ¿Cuáles?… Las de “Recursos Humanos”, agentes institucionales de naturaleza jerárquico-gubernamental y sin autoridad política concerniente a un proceso de “Diálogo Nacional”, no pueden colegirse como representaciones patronales auténticas.
04- El proceso al cual usted nos invita tiene la participación como ente “observador externo” y/o “moderador externo” (otra confusión, según nuestro criterio), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es bueno indicarle que la OIT es de ingrata memoria para la ANEP, dada su “controvertida” participación facilitación-cómplice de un proceso de características similares al que está promoviendo su Gobierno; proceso que terminó en la eliminación-aniquilación del pleno acceso obrero al Derecho Humano y Constitucional a la Huelga, en el 2021 y durante el cuatrienio parlamentario anterior, 2018-2022, mediante la promulgación de la popularmente conocida como “ley anti-huelgas”. Lamentablemente, hubo algunas representaciones sindicales que se prestaron a esa maniobra.
05- Tanto la presencia en el proceso al cual su Gobierno nos invita, de la OIT como la del Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, son imposiciones unilaterales de una de las partes del “Diálogo Nacional”. Al menos, para nuestra representada, este es un elemento que enturbia la transparencia del mismo.
06- Como podrá usted colegir, ya de entrada, un profundo elemento de desconfianza aflora en ANEP, sin siquiera entrar a analizar y pormenorizar la ambigua descripción metodológica y las grandes interrogantes que genera, el contenido central de su invitación, en especial en el no menos polémico punto de los “acuerdos”.
07- Ahora bien, y para ir a lo medular de nuestra respuesta quedándose en el tintero otras relevantes puntualizaciones que enriquecerían los aspectos que acabamos de mencionar; como razones de fondo por las cuales la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza la invitación que se nos formula por su digno medio, mencionamos las siguientes:
08- La ANEP está convencida, plenamente, de que la Ley Marco de Empleo Público, No. 10159, contiene una fuerte cantidad de roces con la Constitución Política de Costa Rica, nuestra Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, aún vigente; y, por ello hemos presentado una Acción de Inconstitucionalidad, contra la práctica totalidad de la ley, desde el pasado viernes 10 de febrero de 2023.
09- La ANEP está convencida, plenamente, de que la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, contiene grave violaciones de Derechos Humanos, considerando el contenido de los tratados que en la materia nuestro país ha firmado, ha ratificado legislativamente y ha protocolizado para someterse a sus dictados.
10- En esta sensible materia, la Doctrina Universal de los Derechos Humanos establece, como pilar cardinal de los mismos, su prohibición de regresividad; es decir, impone su progresividad. En lo específico y en materia laboral, el principio de progresividad y de la no regresividad en materia de Derechos Humanos, es fuertemente violentado en la indicada legislación. Es imposible legitimar un proceso de contrarreforma laboral-social como ya en sí lo es la Ley Marco de Empleo Público.
11- La ANEP, cuyo accionar en los planos sindical y sociopolítico se basa en nuestro Estado Social de Derecho y en la diversa normativa de carácter internacional comprometida por el país en materia de protección de la actividad sindical, la cual se considera Derecho Humano Fundamental; estima que nuestro sistema jurídico es de naturaleza supra-constitucional.
12- Por tanto, si el proceso que hemos abierto en sede constitucional para obtener debida reparación en cuanto a las fuertes violaciones de Derechos Constitucionales y Humanos contenidas en la Ley No. 10159, no arroja los resultados esperados, estamos listos para que sea a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y/o a nivel del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las instancias pertinentes para que las personas empleadas públicas cuyos derechos laborales, económicos y sociales han sido violentados por la Ley Marco de Empleo Público, acudan a demandar la debida reparación del daño recibido por parte del Estado costarricense al efecto; ya sea en forma individual y/o colectiva, según lo deseen y tutelados por la ANEP.
13- Tan sólo una mínima participación de la ANEP, por más insignificante que pudiera ser en ese “Diálogo Nacional”, puede descalificar nuestra convicción de que la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, es pletórica en violaciones de derechos constitucionales y de Derechos Humanos; y, por ende, vulnerar eventuales posiciones de la organización en tribunales/procesos litigiosos de Derechos Humanos en el escenario internacional.
14- No seríamos éticamente congruentes con lo que desde un inicio pensamos sobre la gestación, proceso, aprobación e implementación de tal legislación. Adicionalmente, nuestra presencia físico-activa en el proceso al cual ustedes están invitando, podría servir de elemento manipulador para que el Estado, de llegar la misma a litigios en estrados internacionales de Derechos Humanos, busque descalificar los procesos que, por cientos y hasta por miles con tutela de la ANEP, estarían presentándose en esos tribunales.
15- Por otra parte, la ANEP ha logrado establecer, con inobjetable contundencia, que las causas del desastre de las finanzas públicas costarricenses están en otras partes; menos, en la que tiene que ver con las remuneraciones salariales propias del personal trabajador del Sector Público; ni siquiera en las que pudiesen considerarse “abusivas” que, por supuesto, se pueden corregir sin la necesidad de golpear a los hogares del empleo estatal de ingresos bajos y medios, como de manera cruel lo hace la perversa Ley Marco de Empleo Público; legislación abrumadora y contundentemente rechazada por el personal trabajador estatal.
16- La ANEP, que tiene suficiente criterio y conocimiento informado del tema, jamás puede aceptar que una discusión de Empleo Público y de sus respectivas escalas salariales, pueda darse ni pueda considerarse legítima si, al mismo tiempo y en paralelo, no se analiza la naturaleza doblemente perversa del sistema tributario costarricense: injusto y corrupto. Pagan más impuestos, proporcionalmente hablando, los que menos tienen; y los que tienen más, eluden, evaden y/o esconden sus capitales hasta fuera del país, para no honrar sus impuestos y/o no pagarlos del todo. Recientemente, y para vergüenza nacional, fue la mismísima Unión Europea (UE), la que nos llamó la atención en este ámbito de la evasión fiscal-tributaria a gran escala.
17- Las personas trabajadoras asalariadas del sector Público no roban impuestos: las del nivel profesional pagan el impuesto sobre la renta deducido, directamente de planilla; y, éstas y las no profesionales son puntuales pagadores del de ventas al momento de la compra. Tanto las personas trabajadoras estables, profesionales y no profesionales, así como quienes laboran para el sector privado de la economía y quienes están en el desempleo y/o en la informalidad, son las víctimas de esta especie de crimen social-humanitario que ha adquirido en Costa Rica la persistencia de su corrupto sistema tributario de carácter regresivo y de proporciones incalculables e indescriptibles.
18- Anexamos a la presente un listado descriptivo de 15 proyectos de ley que están en la actual corriente legislativa, mismos que de aprobarse darían los primeros pasos hacia la progresividad del sistema tributario costarricense (“Proyectos de ley alternativos al recortismo para la lucha contra el fraude fiscal y que benefician a la clase trabajadora en las agendas de las comisiones legislativas de Hacendarios y Económicos al 17 de marzo de 2023)”.
19- Y, para empeorar el sufrimiento, la estrechez, la precariedad financiera, la desigualdad y la exclusión económica; es sumamente tramposo entrar en cualquier “Diálogo Nacional”, con la agenda que fuese, si no se aborda, con absoluta transparencia y responsabilidad, el tema de la deuda pública y de su más que obsceno y socialmente criminal el pago usurero en grado sumo de intereses. Esa cruda realidad le ha sido, sistemáticamente ocultada, al grueso de la población costarricense pues, por ejemplo, no es un tema de interés para las matrices mediáticas dominantes, como sí lo ha sido el de la perversa Ley Marco de Empleo Público.
20- Según datos del Ministerio de Hacienda, recogido por el principal vocero mediático del gran capital, en los próximos seis años (2023, 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028), el Gobierno Central debe erogar 25 billones de colones entre abonos de principal y pago de esos intereses obscenos; es decir, unos 11 mil 415 millones de colones por cada uno de los 2.190 días que componen ese sexenio.
21- ¿Adónde iremos a pagar si cada 24 horas al pueblo trabajador (integralmente conceptuado), se le extraen casi 11 mil 500 millones de colones de sus escuálidos bolsillos para atender una deuda pública de la cual la clase trabajadora no es responsable?
22- Así las cosas, sin entrar a analizar la doble intencionalidad de este tipo de procesos de “Diálogo Nacional”, aunque bien claro ello para la ANEP partiendo de experiencias anteriores, muy desprestigiados por la operación de manipulación que de los mismos hace la élite gobernante con sus ejecutivos de turno; para empezar a creer que hablan en serio en esta ocasión, planteamos:
23- PRIMERO: Derogatoria de la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, la cual, con tan solo unos días de puesta en práctica, está mostrando ya un escenario de fuerte confusión intra e interinstitucional de consecuencias impredecibles e imprevisibles. En su lugar, sí, abrir un proceso de real, efectivo y transparente Diálogo Social acerca de la integralidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, dentro de las cuales las remuneraciones del personal estatal sean un componente de ese proceso, no el componente, como incorrectamente está conceptuado este proceso de “Diálogo Nacional”.
24- SEGUNDO: Tramitación urgente de un proyecto de ley para el establecimiento de una normativa legal-integral de regulación de las relaciones obrero-profesiones y salariales justas, de los diferentes cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo; legislación acorde con las demandas de seguridad nacional y ciudadana nunca antes vistas ante la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en la sociedad costarricense de la actualidad; y que, por tanto, el o la policía reciba un salario que le dignifique y que le garantice un nivel de calidad de vida digno para sí mismo y para su respectiva familia, lejos de la tensión financiera que le hace “atractivo” ante el capital sucio. El propio gobierno de los Estados Unidos está demandando la profesionalización de los cuerpos policiales para mejor su condición de enfrentamiento al narcotráfico (según su informe Estrategia Internacional para la Fiscalización de Narcóticos 2023). Tal profesionalización, en criterio de la ANEP, implica esa nueva legislación aquí peticionada y, por supuesto, que el presupuesto de la Seguridad Pública sea liberado de la dictadura de la regla fiscal.
25- Valga indicar que se podrían haber superado y/o dejado de lado los exabruptos presidenciales, cargados de irrespeto, de ironía ofensiva y de soberbia prepotente en contra de la organización que los firmantes representamos, si su oferta-invitación de “Diálogo Nacional” tuviese elementales básicos de transparente seguridad y de equidad en la designación de aspectos tan sensibles como los agentes mediadores-facilitadores, la agenda, la metodología, la toma de acuerdos y el proceso subsiguiente de verificación y cumplimiento de los mismos. Nada de eso tiene su invitación “…para discutir, analizar y construir de forma colectiva un anteproyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público”; invitación que rechazamos como ya hemos indicado.
26- La Ley Marco de Empleo Público solamente obedece a presiones de entes financieros internacionales a las cuales se han prosternado figuras relevantes de la clase política tradicional nacional. Esta legislación no tiene una legitimidad política real y mal haría una organización sindical que sea leal para con sus representados y con sus representadas, otorgarle esa legitimidad que nunca ha tenido.
Lic. Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto
cc: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN).
cc.: Bases obrero-sindicales y sociales de la ANEP.
cc.: Seccionales ANEP en los cuerpos policiales.
cc.: Comunidad de las corrientes sindicales y de los movimientos sociales costarricenses.
cc.: Honorable Sr. Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
cc.: Honorable señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa.
cc.: Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica.
cc.: Oficina en San José de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
cc.: Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.
ANEXO: (“Proyectos de ley alternativos al recortismo para la lucha contra el fraude fiscal y que benefician a la clase trabajadora en las agendas de las comisiones legislativas de Hacendarios y Económicos al 17 de marzo de 2023)”.
PROYECTOS DE LEY ALTERNATIVOS AL RECORTISMO, PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y QUE BENEFICIAN A LA CLASE TRABAJADORA EN LAS AGENDAS DE LAS COMISIONES DE HACENDARIOS Y ECONÓMICOS AL 17 DE MARZO DE 2023.
NÚMERO DE PROYECTO
TÍTULO
OBJETO
20437
LEY CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PARAÍSOS FISCALES
Prohibición de participar o realizar actividades lucrativas en paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria
20438
LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE BIENES SUJETOS A REGISTRO
Establece que todo acto notarial de bienes muebles o inmuebles que requiera inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad, y en los que medie pago, este deberá realizarse mediante transacción o transferencia bancaria en alguna de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Se prohíbe al Registro Nacional inscribir instrumentos notariales en los que no conste que el o los pagos se realizaron mediante transacción o transferencia bancaria; quedando prohibido también la utilización de las monedas y los billetes como medio de pago.
21188
LEY PARA HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS FISCALES
Lograr la total trasparencia de las amnistías creadas mediante la Ley N°9635, para asegurar a futuro que toda amnistía tributaria se apruebe con previo acceso a información requerida para una decisión y un debate público de calidad, y para hacer totalmente transparentes los beneficiarios de amnistías o condonaciones, el presente proyecto de Ley propone: a) que una vez terminado el plazo de tres meses otorgado para acogerse a las amnistías incorporadas en la Ley N°9635, el Ministerio de Hacienda, INDER, IFAM e IMAS, deban hacer público un listado que revele los nombres de todas los contribuyentes que se acogieron a dichas amnistías, indicando los montos que fueron condonados a cada contribuyente por intereses y sanciones. b) que, en adelante, de previo a la aprobación de nuevas amnistías tributarias o condonaciones, sea requisito que la ciudadanía, y la Asamblea Legislativa cuando corresponda, conozcan la lista completa de los potenciales beneficiarios de las amnistías, incluyendo los montos que serían potencialmente condonados. c) que en adelante se haga de conocimiento público el nombre y cédula de todo contribuyente que se acoja a una amnistía tributaria o condonación, incluyendo el monto condonado.
22961
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 14 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 14 BIS) A LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, N° 7558 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS.
Se busca otorgar un rango más preponderante a la meta de promoción del pleno empleo insertar un esquema de democratización de las metas e indicadores de cumplimiento de los objetivos legalmente establecidos.
22239
LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 20 BIS AL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N.º 3284, DE 30 DE ABRIL DE 1964, Y SUS REFORMAS
Se pretende incorporar expresamente en el ordenamiento jurídico costarricense la figura del levantamiento del velo de la personalidad jurídica, con la finalidad de evitar los fraudes y abusos que a menudo se cometen mediante el uso abusivo de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, en perjuicio de los derechos de las y los habitantes de la República.
22357
LEY PARA FORTALECER EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES
El proyecto de ley propone la reforma al artículo 5 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley N° 9416, del 14 de diciembre de 2016 y sus reformas, para que la declaración de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas y sus beneficiarios finales, además de darse anualmente de forma ordinaria, se dé de forma extraordinaria cada vez que se dé alguna variación de cualquier tipo de la información declarada, incluyendo la que modifique la determinación del beneficiario final en cualquier proporción porcentual, ya sea por control directo o indirecto, u otros medios, la cual se efectuaría dentro de los 15 días naturales contados desde la fecha en que se conoció el cambio que se debe declarar. La iniciativa también propone una reforma al artículo 84 bis de la Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios de 03 de mayo de 1971 y sus reformas, para modificar las sanciones por incumplimiento de suministrar la información al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, estableciendo sanciones diferenciadas para personas jurídicas activas, las inactivas o que no hubieren presentado declaración tributaria de utilidades, así como por datos incorrectos o erróneos en las declaraciones. También propone establecer la posibilidad de aplicar las reducciones de sanciones previstas en el artículo 88 de esa misma ley. Por otro lado, se pretende con esta reforma al artículo 84 bis, aclarar la diferencia entre las sanciones pecuniarias y no pecuniarias, estas últimas dejan de aplicar cuando se presentan las declaraciones respectivas. También la reforma aclara que las sanciones pecuniarias son aplicables cuando se entregue información de forma extemporánea, errónea y/o incompleta En otro orden de ideas, se adicionan nuevos incisos c), d) y e) al artículo 9 de la Ley N° 9416, para facultar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL),a la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), a los jueces de la República en las investigaciones que derive el Ministerio Público, cuando se derive de los delitos previstos en la Ley N° 9416, así como de defraudación a la Hacienda Pública, a acceder también al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, para cumplir con sus funciones. Así como el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en cumplimiento de sus competencias legales en materia económica de producir estadísticas macroeconómicas consolidadas, cifras de producción, estadísticas de inversión, datos de la balanza de pagos.
22409
REFORMA AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY N.° 8422, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004 IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
El proponente justifica el proyecto de ley como orientado a la transparencia y lucha contra la corrupción, en sus palabras, cerrando portillos que permiten gozar de la impunidad, siendo uno de ellos la prescripción de los delitos de corrupción.
22552
LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS, PARA DISMINUIR LA IMPUNIDAD POR ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS CON EL GIRO IRREGULAR DE EMPRESAS OFFSHORE Y OTROS ILÍCITOS GRAVES
La presente iniciativa se retoma la recomendación realizada por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, para reformar el artículo 69 de la Ley N.° 7786, de tal forma que dentro del tipo penal se incluya el dolo eventual, así como la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas o debiendo presumir que son producto de actividades ilícitas, además de ampliar los delitos precedentes
23181.
LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN MEDIANTE LA TRANSPARENCIA DE LOS PATRIMONIOS Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS JERARCAS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS OBLIGADAS A DECLARAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL.
Tiene por objetivo avanzar en materia de transparencia, permitiendo que información vital para poder identificar la corrupción sea absolutamente pública. De esta forma, se busca posibilitar que la ciudadanía, los medios de comunicación y los diputados y diputadas en cumplimiento de sus funciones de control político, cuenten con información suficiente para combatir la corrupción de manera óptima. Para alcanzar este objetivo, se propone modificar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N.° 8422, en dos aspectos medulares: Eliminar el carácter confidencial de las declaraciones patrimoniales que realizan personas funcionarias de alto nivel. Según indica la citada ley, las personas funcionarias definidas en su numeral 21, deben hacer una declaración periódica sobre su situación patrimonial. Declaración que incluye información sobre los bienes, las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su patrimonio del funcionario, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero (artículo 29 de la Ley N.° 8422). Ahora bien, de acuerdo con el artículo 24 del mismo cuerpo legal toda esa información declarada es confidencial, limitándose su acceso a “las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley”. En esta iniciativa se propone eliminar ese carácter confidencial de las declaraciones sobre situación patrimonial y que, al contrario de la situación presente, la totalidad de la información de esas declaraciones se haga pública, de acceso total, para toda la ciudadanía. Crear una nueva norma para hacer de acceso público la información sobre la totalidad de personas jurídicas (u otras estructuras jurídicas) en las que cada funcionario de alto nivel, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, participen como accionistas o beneficiarios finales. Se plantea establecer que para todas las personas funcionarias con altos cargos y sus familiares se haga absolutamente trasparente y público en cuáles empresas (personas jurídicas) tienen intereses por ser beneficiarios finales o accionistas, permitiendo, para esos efectos, que el Banco Central proporcione la información correspondiente a la CGR, extrayendo dicha información del ya existente registro de accionistas y beneficiarios finales creado en la Ley N.° 9416.
23208
“LEY PARA RESTITUIR LA DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: MODIFICACIÓN DE LA LEY 8754”
El presente proyecto de ley se compone de un único artículo, en el que se propone la adición de un artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N° 8754), con el fin de volver a incluir su contenido en dicha legislación. De esta manera, según se indica en la exposición de motivos, se revertiría el problema jurídico que ocasionó la derogatoria de esta norma, por la entrada en vigencia temporal de la Ley N° 9481, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.
23090
“REFORMA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA Y LEY DE FORTALECIMIENTO A LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA”
“El texto de reforma que se pone en conocimiento de la Asamblea Legislativa, para su aprobación, busca fortalecer y mejorar la regulación de procedimiento para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada, también enmendar eventuales conflictos que, según se vislumbra, generaría la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, en su regulación actual, así como una operatividad integral y acorde con un presupuesto menor al que se tenía en mente cuando se redactaron y aprobaron la Ley N° 9481 de 13 de septiembre de 2017 (“Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada” y la Ley N° 9769 de 18 de octubre de 2019 (“Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada”). .”
23126
REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA PROTEGER Y ESTIMULAR LA INVERSIÓN PÚBLICA.
Mediante la presente iniciativa se propone una modificación puntual, pero urgente y significativa, a la regulación de la regla fiscal contenida en el inciso d) del artículo 11 del título IV de la Ley9635, para determinar que la limitación de crecimiento del gasto únicamente aplicará para el gasto corriente, no así para el gasto de capital (edificios, carreteras, puentes, equipos de cómputo, etc.). De esta forma, se pretende evitar que resulten afectadas capacidades de inversión indispensables para el desarrollo del país, la reactivación de la economía y la generación de empleo como la construcción de infraestructura pública.
23310
EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO (IVA) A LOS MEDICAMENTOS, LAS MATERIAS PRIMAS, LOS INSUMOS, LA MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA SU PRODUCCIÓN.
Se propone exonerar del pago del valor agregado a los medicamentos destinados al mercado nacional, así como los insumos requeridos para su producción, por cuatro años. De esta manera, se propone exonerar del pago del impuesto al valor agregado por cuatro años la venta de medicamentos a las personas consumidoras finales, pero además a todos los productos que se dedican a la producción de medicamentos que deben pagar IVA en todos los eslabones de su proceso productivo, es decir, exonerar también las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios para su producción por dicho monto porcentual. Esto porque se ve reflejado en el monto que debe pagar la persona consumidora final en su adquisición.
23285
LEY PARA DISMINUIR EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA TRIBUTARIA. ADICIÓN DE UN INCISO 37) AL ARTÍCULO 8, REFORMA DEL ARTÍCULO 10 Y DEROGACIÓN DE LOS INCISOS A) Y B) DEL PUNTO 3 DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N°6826 “LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N°6054 “LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
Esta iniciativa de ley pretende exonerar del pago del impuesto al valor agregado los productos de la canasta básica tributaria y toda su cadena de producción y comercialización.
22762
LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS
Las principales conclusiones de ese estudio, arrojan que nuestro mercado de medicamentos posee serias fallas tanto en la oferta, como en la demanda y por tanto el proyecto de ley 21.368 incluyó un capítulo para regular las medidas necesarias para promover la oferta de medicamentos (Capítulo II) y otro para la demanda, centrado en los pacientes como consumidores de medicamentos (Capítulo III). Adicionalmente a estos dos capítulos centrales, se incluyó el capítulo de disposiciones generales (Capítulo I), un capítulo para crear un mecanismo continuo de seguimiento de este mercado, que no existe hasta el momento (Capítulo IV) y, finalmente, se adapta un procedimiento para la regulación de precios, en caso de que fuera necesario (Capítulo V).
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Lic. Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto
-Se realizará el martes 21 de marzo, 10 de la mañana en las afueras del INA, Avenida 10
-ANEP hace un llamado para apoyarla
Con base en el profundo malestar, la gran indignación y el generalizado rechazo a la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), a su cuestionable reglamento y a las ofensivas tablas salariales “transitorias” anunciadas; personal trabajador policial de base de la Fuerza Pública, adscrito a la Seccional ANEP-Fuerza Pública, ha decido realizar una protesta policial, a cielo abierto, el próximo martes 21 de marzo, a partir de las 10 de la mañana.
Esta actividad democrático-social de lucha cívica y de naturaleza sindical, se convierte así, en la primera de una cadena de eventos de protesta que se ven venir ante la perversidad de dicha legislación, impuesta a contrapelo y mostrando una gran carga de odio de clase en contra de las personas trabajadoras asalariadas estatales.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en cuanto tal, está respaldando el accionar de su Seccional ANEP-Fuerza Pública; e, insta, con vehemencia, a que las demás restantes seccionales de la organización, especialmente, a nivel de sector Público, envíen delegaciones, como muestra de respaldo activo y solidario, de esta digna acción de protesta.
Será muy importante y para aportar a la construcción de la unidad sindical y social en la acción, la presencia de las organizaciones que así lo estimen conveniente, dándoseles desde ya una calurosa bienvenida.
Igualmente, daremos la bienvenida a ciudadanos y a ciudadanas de buena fe que estimen justa esta causa.
Por otra parte, es necesario destacar que la Seccional ANEP-Fuerza Pública viene impulsando la correcta tesis de que todos los cuerpos policiales del país, con dependencia directa del Poder Ejecutivo, deben tener su propia ley profesional-salarial; planteamiento que tiene el aval de la ANEP.
En esta tesitura están otras seccionales de ANEP en los cuerpos policiales como la Penitenciaria, la de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la de Control de Drogas, la de Vigilancia Aérea, la de Fronteras, la de Guardaparques.
Precisamente, aparte de expresar un fuerte repudio a lo que la precarización y miseria salarial total a que son condenados los cuerpos policiales con la perversa LMEP, la actividad pretende darle un nuevo auge y una gran fortaleza movilizatoria a la propuesta de ley profesional-salarial propia de los cuerpos policiales de Costa Rica.
La actividad tendrá lugar en las afueras de las instalaciones del Centro Nacional Especializado en Turismo (Cenetur), del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en Avenida 10, cerca de la sede de A y A en el Paseo de Los Estudiantes.
Mainor Anchía Ángulo, Presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Compañeros y compañeras anepistas Clase trabajadora estatal Ciudadanía costarricense:
PRIMERO: La perversa LMEP jamás debió incluir ni a una sola persona trabajadora asalariada estatal de las actuales planillas de todo el aparato del sector público costarricense que serán cubiertos por esta ley. Solamente debe cubrir a quien entrase a laborar a partir de este día, 10 de marzo de 2023, según el especializado criterio y la calificada asesoría de la ANEP al respecto.
SEGUNDO: En función de lo anterior, podemos afirmar que ocurrió la más grave y masiva violación de Derechos Humanos y de Derechos Constitucionales nunca antes perpetrada, desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, nuestra Carta Magna, del 7 de noviembre de 1949.
TERCERO: En estricta congruencia político-jurídica con lo anterior, a las 330 mil personas trabajadores estatales les ha sido violentado el principio más básico de la teoría, de la doctrina y de los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), que es el de la NO REGRESIVIDAD en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
CUARTO: Costa Rica ha firmado todos esos tratados internacionales de DD.HH. convirtiéndolos en leyes de la República, comprometiéndose a respetar y poner en práctica sus dictados, resoluciones, opiniones consultivas y sentencias. Todos esos tratados contienen ese principio fundamental de la NO REGRESIVIDAD. Por tanto, cada una de esas 300 mil personas puede acudir a demandar al Estado costarricense por los derechos económicos, sociales y culturales que le violentó la perversa LMEP. Las eventuales indemnizaciones son imposibles de cuantificar, dejando pálidas las cifras fiscales oficiales de la supuesta “economía” que la perversa LMEP tendría en las arcas públicas.
QUINTO: En el plano interno, las acciones individuales y/o colectivas, en sede ordinario- laboral, contencioso administrativo y/o constitucional pueden alcanzar cantidades inimaginables. El principio de DD.HH. de la NO REGRESIVIDAD y su expresión concreta en el plano de los Derechos Adquiridos y de las Situaciones Jurídicas Consolidadas, constituye un desarrollo jurisprudencial imposible de invisibilizar en más de 7 décadas de desarrollo del Derecho Laboral desde el 7 de noviembre de 1949, lo cual nos dice de lo consistentemente sólido que pueden ser esos miles de procesos administrativos y jurídicos en instancias nacionales.
SEXTO: Resulta imposible separar la violación colectiva de Derechos Humanos que genera la perversa LMEP, de su vínculo con la impagable deuda pública y su monstruosísimo pago obsceno de intereses, lo que es debido a la gigantesca e inconmensurable evasión-elusión fiscal-tributaria que provocó esa deuda durante los últimos 40 años. De esta forma, de manera totalmente injusta, se le impone condena al pueblo trabajador costarricense del pago de esa deuda sin tener la más mínima responsabilidad al respecto. En especial, al del empleo público se le materializa esa condena mediante la perversa LMEP.
SÉTIMO: Tal condena adquiere, adicionalmente, connotaciones de tragedia social inimaginable: la perversa LMEP impone un congelamiento salarial brutal de, al menos, una década; congelamiento que se suma a los cuatro años que van en tal sentido (2020, 2021, 2022 y 2023). Sin duda alguna, algo va a pasar.
San José, a las 17 horas del viernes 10 de marzo de 2023.
Comunicado oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
En próximos días se presentará una Acción de Inconstitucionalidad.
Ley Marco de Empleo Público no garantiza una sana Reforma del Estado.
La Secretaría General de la ANEP envió una carta a la Presidencia de la República a fin de que, por parte del mandatario, Rodrigo Chaves Robles, se gestione detener la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo cual está prevista para el 10 de marzo.
La preocupación surge ya que en 40 días calendario entraría a regir la Ley, pero de momento son un misterio puntos como la reglamentación, aplicación o la serie de dispositivos operativos para su entrada en vigencia, entre otros factores. Es por esto que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se le solicita al Presidente detenerla.
Asimismo, se le recordó a don Rodrigo cuando afirmó en campaña electoral que la Ley Marco de Empleo Público era un adefesio y que habría que revisarla bien.
Desde nuestra organización, y que siempre nos opusimos a la misma, existe un rotundo rechazo a su entrada en vigencia, ya que generará un desastre de gestión institucional y multi-institucional dentro de la Administración Pública.
Sumado a nuestros análisis jurídicos y políticos, está el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) , la cual, señaló en un informe la cantidad de irregularidades que hallaron en el estudio del presunto proceso de reglamentación.
Por tal motivo, en días próximos la ANEP presentará una Acción de Inconstitucionalidad para que desde la Sala Cuarta se ordene que no entre en vigencia la LMEP, puesto que está plagada de roces con la Constitución y además, la ley no es una necesidad nacional.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.
Gran reto es la lucha social de estos días para lograr que se puedan convertir a todas esas familias en poderes desafiantes del perverso modelo de organización económica que las tiene contra la pared de la exclusión.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
