ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral

La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.

Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.

ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.

El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.

Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.

Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.

Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.

Ley Marco de Empleo Público está ahogada en un caótico proceso de implementación

SE DEBE DETENER SU ENTRADA EN VIGENCIA

La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido, en nuestro criterio, una demoledora opinión acerca del proceso de implementación de la puesta en práctica de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, la cual impondría un nuevo modelo de empleo público en Costa Rica, a partir del día 10 de marzo de 2023.

Esta ley, adversada fuertemente por ANEP, fue catalogada por el hoy Presidente de la República, siendo candidato, como adefesio, calificativo que ahora se potencia ante el señalamiento crítico de la CGR de que, prácticamente, está ahogada en un caótico proceso de implementación.

Dice la Contraloría que se carece de una “falta de regulación orientadora para la preparación oportuna de la administración pública para la entrada en vigencia de esta ley”.

Además, y lo que reafirma nuestro criterio de que el proceso de implementación de la LMEP se está en un caos, son los siguientes criterios contralores:

  • Ausencia de mecanismos formales de coordinación
  • Ausencia de una oportuna reglamentación
  • Fala una definición de una estrategia de implementación formal
  • No hay objetivos, atribuciones, responsabilidades y rol de las partes
  • No hay criterios y mecanismos de coordinación
  • Se desconoce los recursos que las instituciones invertirán
  • Se desconoce en qué consistirá una gestión de riesgos
  • No hay mecanismos de monitoreo
  • No hay mecanismos de comunicación del avance de las acciones para el cumplimiento efecto de la ley

¡Y estamos, ya, a menos de 3 meses de la entrada en vigencia de la LMEP!

Este adefesio jurídico que es la perversa Ley Marco de Empleo Público, ¡NO DEBE ENTRAR EN VIGENCIA!; mucho menos, ante el señalamiento del ente contralor de que está en un cuadro caótico en su proceso de implementación.

Es opinión de la ANEP que el Gobierno de la República debe comunicar a la Asamblea Legislativa, con toda urgencia, esta realidad pues vamos hacia una institucionalidad sumida en la anarquía, en la confusión, en el desorden más inimaginable.

La perversa LMEP debe ser derogada o, al menos, debe congelarse su entrada en vigencia para abrir un proceso realmente participativo de transformación estructural del Estado, considerando que la Costa Rica actual se volvió totalmente desigual.

Valga indicar que a la Ley Marco de Empleo Público le espera, en sede constitucional, una gran cantidad de acciones jurídico-legales de diverso orden pues, según especialistas, contiene potenciales inconstitucionalidades en, al menos, 35 de sus 50 artículos. Y, por otro, lado, los procesos contencioso-administrativos alcanzarían cifras record, jamás vistas en los tribunales de Justicia.

San José, jueves 15 de diciembre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP denuncia penalmente aparente tortura contra detenidos en el Centro de Aprehensión de Migración en Heredia

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.

Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.

En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, ésta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído.” indica la denuncia.

En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”

También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión.”

Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aun así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.

La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”

Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.

Artículo 338.
-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

Artículo 123 bis.

Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.

Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.

ALUNASA incumple acuerdos conciliatorios de pago de las liquidaciones de sus trabajadores por más de mil millones de colones

105 trabajadores fueron despedidos hace casi un año y a la fecha no han recibido el pago de sus liquidaciones.

Pese a existir un acuerdo con el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; la entonces Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Esquivel Rodríguez; y la ANEP, la empresa ALUNASA incumplió, nuevamente, sus responsabilidades patronales con los trabajadores y con las trabajadoras de la empresa de capital venezolano, que esperaban el día de ayer, 7 de noviembre, recibir el pago de sus liquidaciones.

La deuda de la empresa ALUNASA asciende a poco más de mil millones de colones (1,021,296,900), por el despido de 105 trabajadores realizado el 16 de noviembre del 2021, quienes a la fecha no han recibido ni un solo pago por concepto de liquidaciones.   

José Luis Rosales Elizondo, Presidente de la Seccional ANEP-ALUNASA, detalló que con mucho pesar los trabajadores han comprobado como los representantes patronales han incumplido con el pago acordado con el Ministerio de Trabajo como garante.

“Son muchas las familias que contaban con este dinero, para arreglar pagos con bancos y evitar perder sus propiedades…En pocos días se cumplirá un año desde nuestros despidos, y aquí estamos aun esperando, el justo pago de nuestras liquidaciones…”, manifestó Rosales.

Antecedentes

Las reuniones entre la ANEP, su seccional en ALUNASA y los representantes del actual Gobierno, iniciaron el pasado 29 de julio, cuando la entonces Ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, recibió a los trabajares y los representantes de nuestra organización.

Tan solo 13 días después, el 10 de agosto, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la Ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, anunciaron que, tras conversaciones con los representantes patronales, se había obtenido el compromiso de firmar conciliaciones de pago de liquidaciones laborales.

Pocos días después, cada uno de los trabajadores despedidos, fueron convocados por el MTSS de Puntarenas y por una semana entera, se estuvieron celebrando las audiencias de conciliación, con los 105 trabajadores, acordando el pago por un monto mayor a los mil millones de colones (1,021,296,900), pagaderos como fecha máxima, el lunes 7 de noviembre. Acuerdo que fue incumplido por ALUNASA.

“Desde que la seccional ANEP-ALUNASA fue atendida hasta la fecha, hemos podido sentir el respaldo del Gobierno de Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo. Sabemos que don Rodrigo, con quien también la seccional ANEP-ALUNASA se reunió, acompañados por el Secretario General de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes, entre otras figuras de la alta dirección de nuestra organización sindical, no va a permitir que lo que él mismo anunció en conferencia de prensa, quede ahora como una promesa incumplida, por las acostumbradas maniobras de los representantes patronales de ALUNASA”, sentenció Rosales.

Desde la ANEP, solicitamos a las autoridades pertinentes aplicar todo el peso de la ley, y las sanciones respectivas a la empresa Alunasa por el incumplimiento del pago de las responsabilidades patronales, tal cual fue expuesto por Marta Esquivel Rodríguez, hoy presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El día de hoy, la Seccional ANEP-ALUNASA ha estado en comunicaciones contantes con la presidenta de la CCSS, autoridades del MTSS y el propio Gobierno de la República para buscar soluciones alternas a la vía judicial.

Diputados recortan partida de pago de intereses de la deuda

•ANEP aplaude y celebra recorte de ₡31 mil millones para atender necesidades sociales y comunales.

•Un recorte de ₡31 mil millones es ínfimo: equivale, apenas, a 5 días de pago de esos intereses obscenos.

ANEP aplaude la decisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de recortar ₡31 mil millones de la más que escandalosa cantidad de multi-millones que contempla el proyecto de presupuesto “de la República” para 2023 para el pago de intereses de la deuda pública, que consumirá el 47 % del mismo. 

Atinada decisión legislativa que financia el desarrollo comunal y el municipal, vitales ambos para la Democracia.

Particularmente, los ₡9.802 millones d para las unidades técnicas de las municipalidades, da garantía de estabilidad institucional y sociolaboral que es fundamental en la gestión cotidiana de los gobiernos locales.

Relevante es de destacar que habrá financiamiento para vivienda de interés social, así como para el Museo de los Niños y el Parque La Libertad. 

ANEP estima que hay urgencia social de más recortes en la partida de intereses de la deuda pública para atender carencias y precariedades en los servicios de seguridad ciudadana y en los cuerpos policiales, por ejemplo; o, también, en los estratégicos parques nacionales y áreas de conservación. 

ANEP percibe este recorte de ₡31 mil millones como una lucecita en ese oscurísimo túnel de la deuda pública y de su obsceno pago diario de intereses.

Éste anda, por lo bajo, en unos ₡6 mil millones cada 24 horas. Los ₡31 mil millones de este, sin precedentes, primer recorte en la partida de pago de intereses, representa unos 5 días de pago de intereses. Algo que es “insignificante”. 

Finalmente, el reiterado clamor de la ANEP, que lleva ya varios años de formularse, cobra nueva vitalidad política: hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública y, particularmente, de su más que escandaloso pago diario de intereses.

Amparada en el Código Penal, ANEP solicita al Ministro de Hacienda denunciar y dar a conocer a los grandes evasores

Por medio de una carta enviada al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le solicita denunciar y dar a conocer públicamente los nombres de los grandes evasores fiscales. Lo anterior de conformidad con lo que reseña el artículo 281 del Código Procesal Penal.

Esta solicitud de la ANEP, nace luego de las recientes manifestaciones del propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el pasado 3 de octubre al periódico La Republica, donde indica que “existe una evasión fiscal de 3.600 millones de dólares”, lo que obliga, al jerarca de Hacienda, a denunciar con nombres, apellidos, claridad y precisión, quienes son esos intocables, grandes evasores.

El artículo 281 del Código Procesal Penal, en el cual se ampara nuestra organización, para tal solicitud indica que, “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. c) Las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones”.

Para la ANEP, el pueblo de Costa Rica como depositario de la soberanía de la nación, tiene el derecho de conocer y saber quiénes son esas empresas generadoras de la debacle fiscal en que encuentra sumido este país, cuyas nefastas consecuencias las sufre la clase más necesitada.

Compartimos y carta enviada al despacho del Ministro de Hacienda.

ANEP censura y condena contundentemente el recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos y condenamos los recortes presupuestarios que ya se gestan por parte del Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para el Presupuesto General de la República 2023, al considerarlos irresponsables, irracionales e irreflexivos y con gran impacto social.  

A la vez, brindamos fuerte respaldo político-sindical  a esos diputados y a esas diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.

Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.

Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).

De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.

Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.

Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:

•          La evasión tributaria y la elusión fiscales, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

•          El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.

•          La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.

•          Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.

Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.

Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.

San José, lunes 10 de octubre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.

Recorte presupuestario en Seguridad Pública beneficiará al crimen organizado, impactando negativamente la seguridad ciudadana

•        Reducción imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos

Desde la Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestionamos fuertemente el recorte presupuestario de mil millones de colones que sufrirá el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el año 2023, el cual se verá reflejado, sin lugar a dudas, en la seguridad pública que reciben todos los ciudadanos del país. 

No es la primera vez que se presenta un recorte en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual prácticamente imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos. Esto, en momentos en que seguimos viendo como el narcotráfico se apodera de nuestro país, generando un incremento en los índices de violencia y de inseguridad ciudadana.

En verdad, hace un buen tiempo hemos venido señalando que, pareciera algo planificado, producto de una estrategia, nos referimos al debilitamiento de los cuerpos policiales, que cada día ven achicada su capacidad de respuesta. No hay botas, Los uniformes escasean, no se cuenta con suficientes vehículos, las delegaciones policiales, ciento veinticinco (125) mantienen ordenes sanitarias por deficiencias en la infraestructura, algunas son verdaderas trampas para el personal que pernocta en ellas.

Seguimos careciendo de voluntad política, legislatura tras legislatura se repite la misma historia, diputados que gastan su tiempo en discursos peyorativos, una Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, que hace lo mismo que sus antecesoras, citar a los jerarcas de seguridad pública, en donde no se resuelve nada y únicamente vemos a diputados sin el menor conocimiento cuestionando “él porqué del incremento en la inseguridad ciudadana”.

Es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto, las condiciones están dadas para que el crimen organizado siga tomando nuestro país como su centro de operaciones, si señores, y eso no sucede únicamente por nuestra posición geográfica, fundamentalmente obedece a la falta de visión, al desinterés, a la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad humana.

Tal como se puede apreciar en el documento que se adjunta, la mayoría de delegaciones policiales con órdenes sanitarias se encuentran en, San José, Puntarenas, Limón, Guanacaste y la Zona Sur, ¡mismos lugares en donde se presenta mayor penetración del narcotráfico!

Por ahí vemos a figuras políticas hablando de reformas a la Ley General de Policía, de unificación de cuerpos policiales, de mando único como la estrategia para mejorar la articulación y con ello, fortalecer la seguridad. No señores, para fortalecer la seguridad lo primordial y fundamental es enaltecer el trabajo de los cuerpos policiales, dotando a las personas trabajadoras de condiciones dignas, delegaciones de primer nivel, equipo moderno, botas tácticas de calidad, mínimo dos pares por año, salario justo y acorde el nivel de responsabilidad que implica la función policial y la posibilidad de jubilarse de manera anticipada. En síntesis, voluntad política y presupuesto.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública.

Misión del FMI en Costa Rica: ¡no a las reuniones privadas! ¡no al secretismo!

Demandamos ser escuchados, presencialmente, en reunión abierta

Este lunes 3 de octubre, según ha trascendido, las jefaturas de fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa, se reunirán “en privado”, con una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), presente en el país y encabezada por la ya conocida señora Marcela Goretti, junto a 12 personeros más integrantes de esta “controversial” entidad mundial, parte fundamental del proceso de globalización neoliberal.

Con toda vehemencia, nos pronunciamos en el sentido de que las conversaciones de esta delegación con las autoridades políticas del país, tanto las legislativas como las legislativas, deben ser totalmente transparentes, alejadas de toda opacidad y secretismo.

Es ofensivo, desde un punto de vista patriótico-social, que sea el propio Presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, quien se convierta en vocero de la señora Goretti, al indicar que ésta está pidiendo que ese tipo de reuniones sean “totalmente privadas”.

El secretismo en las esferas de poder que toman grandes decisiones políticas recibe gran repudio ciudadano, como lo ha sido la circunstancia manifestada con ocasión de la elección reciente para la presidencia del Poder Judicial.

Es más, prácticamente, todas las diputaciones actuales del parlamento costarricense “se cortaron las venas”, exigiendo transparencia en dicho proceso. Cómo es que ahora van a aceptar las distintas jefaturas de fracción legislativa, reunirse con la misión del FMI de manera “totalmente privada”.

Las alarmas están encendidas en los amplios sectores político-patrióticos y cívicos ante los anuncios presidenciales de la venta del patrimonio público valiosísimo para el país como el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros INS); o, a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las frecuencias 5G, la electricidad (el CENCE) y/o la marca Kolbi.

Nuestra desconfianza es tal magnitud que creemos que estas ventas de activos podrían ser “ofrecidas” al FMI, en el nuevo “menú” para enfrentar la impagable deuda pública y su socialmente criminal pago diario de intereses.

Por otra parte, hacemos público nuestro interés en ser atendidos, de manera presencial y con tiempo suficientemente decente, por la señora Goretti y su numerosa comitiva. Solicitamos, con respetuosa vehemencia, que se nos reciba de manera presencial. Seguros estamos de que otras entidades de los sectores sociales se identifican con esta petición.

San José, domingo 2 de octubre de 2022.

 Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

No hay necesidad de consultar a la Contraloría el reajuste salarial en la Caja

•Huele a maniobra política

•Le base legal del reajuste salarial en disputa es sumamente sólida

•Directiva CCSS no puede ser destituida y menos por autoritaria orden presidencial

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aclara a la opinión pública nacional que, como corriente sindical de alcance nacional, multi-institucional y multisectorial, ya tenemos perfil propio al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

Contamos con estructuras sindicales de base debidamente acreditadas ante las instancias legales correspondientes (intra y extra-institucionales), varias de ellas ya funcionando en importantes hospitales.

Contamos con una membresía de afiliación directa de personal trabajador de la Caja; membresía que está en crecimiento;

Estamos cerca de la cifra de 100 dirigentes sindicales de base, también debidamente acreditados y acreditadas como en Derecho corresponde; quienes no solamente gozan ya de la protección jurídica clásica que establecen nuestras leyes para el ejercicio de la actividad sindical, sino que pronto ANEP les acreditará como Personas Defensoras de Derechos Humanos, con base en la Opinión Consultiva 27, de mayo de 2021, según ordenanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); tal y como lo hará la organización con todas sus estructuras sindicales de base de los sectores público y privado, a lo largo y a lo ancho del país.

Somos referente interlocutor ante innumerables estructuras jerárquico-institucionales para la resolución de discrepancias cotidianas en el desenvolvimiento de la relación obrero-patronal.

Hemos venido librando luchas de impacto institucional fuerte que ninguna agrupación sindical interna se atrevió a dar. Ejemplo: la del salario mínimo intocable o, como comúnmente se ha venido denominando, inembargable.

Pronto circulará un documento informativo, amplio y detallado, sobre el fuerte accionar de ANEP al interior de la CCSS.

Con relación al candente tema del pago pendiente del reajuste salarial por costo de vida que está pendiente de ser honrado, y que entró a regir desde el 1 de enero de 2020, al contar ANEP ya con la suficiente autoridad moral y sindical para plantear su posición sobre el tema indicamos lo siguiente:

PRIMERO: La actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó el acuerdo de honrar esa deuda salarial pendiente con su personal, acudiendo a sus plenas facultades jurídico-constitucionales. No tiene por qué existir duda alguna.

SEGUNDO: El reajuste por costo de vida pendiente de honrar tiene fuerte base jurídica. ANEP, y sólo ANEP, ha aportado ya dos elementos legales contundentes. Veamos:

No. 1: El reajuste en disputa se definió en el seno de la hoy extinta Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, firmando las partes el acta de rigor el día 17 de diciembre de 2019. El Código de Trabajo, en su artículo 695, señala: “…los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado. (Adicionado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). Hablamos de que esta obligatoriedad jurídica formó parte del proceso de transformación integral del Código de Trabajo, conocido como la Ley de la Reforma Procesal Laboral, de la cual fue ANEP gestora y promotora fundamental, desde lo político-sindical, durante 17 años.

No. 2: El indicado acuerdo no debe enmarcarse dentro la regulación legal de corte ideológico-extremista conocida como la Regla Fiscal, pues ésta entró a regir en el año 2020 y, como indicamos en el párrafo anterior, el acuerdo salarial aludido tiene fecha 19 de diciembre de 2019.

TERCERO: La pretendida consulta que, y bajo las fuertes presiones presidenciales, ahora se saca de la manga la Junta Directiva de la CCSS, diciendo que le van a consultar a la Contraloría General de la Republica (CGR) si tal reajuste procede; no es más que una jugarreta política para intentar frenar el crecimiento cualitativo del descontento laboral del personal de la Caja; y, cuidado si no, ya estaría en desarrollo algún “compadre hablado” para que la CGR diga que no procede. En ANEP hace ya mucho tiempo, dejamos de confiar en las máximas autoridades políticas contraloras pues sus posiciones son muy ideológicas, por una parte; y, por otra, han estado mirando para otro lado mientras la deuda pública crecía escandalosamente, como escandalosamente ha venido creciendo el fraude tributario-fiscal. Ni lo uno, ni mucho menos otro, le importó a la CGR como correspondía.

CUARTO: A pesar de que, en honor a la verdad, debemos decirlo, la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha perdido mucha credibilidad y confianza obrero-sociales, ANEP piensa que nada tienen que ir a consultar a la Contraloría; y, por el contrario, deben “liberarse” de la amenaza presidencial pues están muy aferrados, jurídicamente hablando, a sus respectivos cargos, según la propia Ley Constitutiva de la CCSS que, prácticamente, los cataloga como “inamovibles”, una vez designados en los mismos y mientras dure el correspondiente mandato.

QUINTO: Por otra parte, ANEP tiene como altísima prioridad de su agenda de lucha la decisión final de la Junta Directiva de la Caja con relación al respecto al salario mínimo intocable, como lo ordena el Código de Trabajo. El plazo que les dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que se sometieran a la Ley, a la Constitución y a los Derechos Humanos, está por vencerse; recordándole a cada uno de sus 9 integrantes que un eventual proceso judicial les podría acarrear multas multimillonarias que deberán erogar de sus propios y personales bolsillos.

SEXTO: Por segunda vez, hace ANEP un llamado a las principales autoridades sindicales y gremiales que se han estado pronunciando en esta situación, para establecer un equipo de trabajo con la finalidad de enfrentar, en unidad de acción coyuntural, este delicado proceso. Estaremos con línea telefónica abierta por si la sensatez se impone. El mandato de las bases dirigentes y diversas es “¡únanse!

San José, sábado 17 de setiembre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP