Así lo denuncia Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, al recopilar toda la documentación referente a las enormes deudas que tiene el gobierno, las instituciones públicas los patronos privados y el Instituto Nacional de Seguros con la Caja.
Las siguientes cifras están debidamente documentadas en la mayoría de casos con información oficial de la CCSS, al mes de diciembre del año 2009, y son parte de estas deudas:
171 mil millones le debe el gobierno a la CCSS por el no pago de los asegurados por el Estado, Régimen no Contributivo de Pensiones y el Seguro de Salud.
150 mil millones se debe desde hace años por el traspaso del personal del Ministerio de la Salud a la Caja, según el convenio con el gobierno que nunca hizo efectivo.
97 mil millones han dejado de pagar los patronos privados por el pago de las cuotas obligatorias al Seguro Social; dentro de ellos equipos de fútbol de primera y segunda división, empresas transnacionales de trabajadores bananeros, textiles de exportación, de seguridad, vigilancia, etc.
10 mil millones por atención de enfermedades, riesgos del trabajo y accidentes de tránsito que el Instituto Nacional de Seguros no pagó.
986 millones que la Embajada de Estados Unidos no ha cancelado por obligación del artículo 78 de la Ley de Proyección al Trabajador.
300 mil millones del aporte de un 15% de las utilidades de instituciones públicas, bancarias, RECOPE, Racsa, ICE, que obliga a pagar el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
Toda esa deuda a cuenta presente, sería mucho mayor, pues esta cifra de los ¢701.000 millones es con corte a diciembre del 2009, por lo que podríamos estimar que la deuda sea superior si le sumamos los ocho meses del año que llevamos, sin que existan negociaciones o acciones para llegar a un arreglo de pago y recuperar estos dineros.
Mientras esta grave situación sucede a vista, paciencia y complacencia de las autoridades superiores, la Dirección Financiera Contable, el Departamento de Cobros de la CCSS, la Presidenta Laura Chinchilla y el Ministerio de Hacienda, omiten cumplir con los postulados del derecho a la salud y más aún con las promesas de su campaña electoral.
Esta actitud irresponsable dificulta significativamente fortalecer y mejorar la atención al paciente sometido a largas listas de espera de citas, exámenes, falta de equipo, recurso humano, etc.
Pero los trabajadores (as) también pagan las consecuencias con el reiterado atraso en el pago de tiempo extraordinario, recargo de trabajo por no sustitución, pago de salario al personal interino y otras necesidades más, al agotarse los presupuestos en los centros de trabajo.
También hemos tenido algunas denuncias por el aparente atraso en el pago de las incapacidades o subsidios a los asegurados.
Por esta grave situación, UNDECA está valorando un movimiento de paro y manifestación pública en la primera semana del mes de la patria para obligar a cancelar y recuperar estas gigantescas deudas, esperando también contar con el apoyo de los asegurados y usuarios (as).
