La ciudadanía debe conocer que existen propuestas de solución. Antes de asumir el cargo el Ministro de Justicia y Paz solicitó a ANEP apoyo para encontrar soluciones a la profunda crisis. ANEP efectuó en mayo del 2010 las “JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ESTUDIO. PRESENTE Y FUTURO. PERSONAL Y SISTEMA PENITENCIARIO” y le entregó propuestas para ser coordinadas una vez reelecto en el nuevo gabinete.
Las propuestas de ANEP se basaron en información cuantitativa y cualitativa proveniente de funcionarios y funcionarias de las distintas esferas de trabajo del SPN: profesional, técnico, de seguridad y administrativo. También, de instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda. De organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) . Las propuestas de ANEP acerca de lo que denominamos como la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, buscaron desentrañar las causas profundas, generar soluciones realistas y adaptadas a las condiciones nacionales limitadas.
Para sorpresa de ANEP, el Ministro respondió el 24 junio de 2010 pidiéndonos dirigirnos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de la fallida consulta sobre política de seguridad (POLSEPAZ). No obstante que el propio señor ministro París formaba parte del comité consultivo de POLSEPAZ creado por la Presidenta y considerando la situación apremiante, la ANEP las hizo llegar también al PNUD. Tampoco obtuvimos respuesta alguna. No se hizo nada.
ANEP propuso procesos ordenados, sistemáticos, calendarizados, incluyentes y en consonancia con los señalamientos de la Defensoría de los Habitantes. Todas las propuestas de ANEP podrían ser cumplidas antes de que terminara el primer año de gobierno, contaban con indicadores para medir su avance e impacto. Asimismo, invitaba a formar parte del esfuerzo, entre otros, a relevantes gremios empresariales, a organismos internacionales y al Poder Judicial. Se trataba de una tarea urgente por el país, por la seguridad de todos.
Las propuestas de ANEP atendían, principalmente, tres preguntas medulares del quehacer penitenciario. A saber:
- • ¿Cómo enfrentar el aumento en el número de personas encarceladas, las tasas de encierro, la nueva criminalidad y la ausencia de contrapesos y salvaguardas que garanticen que la acción institucional ocurra dentro del marco y los objetivos que la sociedad le ha fijado?
- • ¿Cuál debiese ser la agenda de acciones de carácter urgente para atenuar necesidades inaplazables y evitar riesgos sociales de mayor envergadura?
- • ¿Cómo mejorar la gestión y la gobernabilidad penitenciaria, la organización del trabajo, las condiciones laborales y la planificación operativa?
El Ministro prefirió seguir improvisando, echándole la culpa a otros, hablando de un préstamo del BID cuyo documento se desconoce aunque nos endeuda a todos. Deuda que comenzamos a pagar desde el día que se firmó. Los intereses corren desde ese momento y por los próximos 25 años. Ahora que la jarana salió en la cara y a la luz pública la ANEP exige saber:
- • ¿Qué va a hacer señor Ministro para que la sociedad sepa cuál es la política integral penitenciaria (criminológica, de derechos humanos, de justicia penal)?
- • ¿Cuál es su respuesta para el hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente en todo el país?
- • ¿Cuál es la oferta de servicios en las prisiones: de salud, educación, trabajo, relación con la comunidad – y seguridad humana para responder a las necesidades de vulnerabilidad o de la delincuencia organizada?
- • ¿Cuál es su respuesta ante la insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación, procesos de inducción y acompañamiento?
- • ¿Cuál es su respuesta para el equipamiento, materiales e instrumentos de trabajo para el personal y la población privada de libertad?
- • ¿Cuál es su respuesta para efectuar coordinaciones externas institucionales estatales, con la empresa privada, ONG’s…?
ANEP sí cree en el diálogo, la buena fe, la construcción de consensos y la búsqueda de soluciones a los problemas de seguridad ciudadana, en este caso, específicos del Sistema Penitenciario Nacional. Las actividades del personal penitenciario se ubican en el marco de un sector que conforma el núcleo estratégico del Estado costarricense responsable de la fase culminante de la justicia penal: la ejecución de la pena. Implica, por tanto, el ejercicio de poder y autoridad para garantizar la adecuada provisión de servicios públicos puros en el marco legal que nos ampara. Tiene usted la palabra señor Ministro de Justicia y Paz.
