Ante la posición que el periódico La Nación atribuye en estos días a uno o varios de los rectores universitarios que conforman el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) expresamos lo siguiente ante las comunidades y autoridades de las universidades públicas y la ciudadanía costarricense en general:
1) Lamentamos profundamente la manipulación que se ha hecho de CONARE, y por su medio de las universidades públicas, con el fin de respaldar la imposición del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Tal es lo que han hecho autoridades del gobierno y poderosos medios comerciales de prensa, con motivo de la invitación que en días pasados fue realizada a los rectores y la rectora a Casa Presidencial. Ello contradice y mancha toda una tradición universitaria basada en el pensamiento crítico e independiente y en el compromiso con la soberanía, la justicia y la democracia. Al respecto, no es en modo alguno aceptable el que CONARE haya podido olvidar que este Tratado tan solo viene a radicalizar la agenda neoliberal que por más de veinte años se ha demostrado incapaz de promover un desarrollo justo, inclusivo, democrático y ambientalmente respetuoso. Recordemos, además, que esos medios se caracterizan por violar sistemáticamente los principios más básicos del pluralismo y la libertad de expresión, y que las citadas autoridades hacen un ejercicio antidemocrático del poder al negar todo espacio de diálogo ciudadano abierto y equitativo. Es simplemente deplorable que se manipule de esta manera la imagen y el prestigio de las universidades públicas para hacerlas aparecer respaldando tan tristes realidades.
2) Advertimos que un compromiso con la promoción del diálogo, para ser genuino, necesariamente debe reconocer lo inapropiado y peligroso que resulta la idea de una democracia reducida a simple ritual y procedimiento, tal cual sucede en este momento en la Asamblea Legislativa. Si la democracia consiste tan solo en emitir el voto cada cuatro años y, a partir de ahí, guardar manso silencio, de lo que estamos hablando es, en realidad, de una democracia sin contenido. Por el contrario, sectores cada vez más amplios del pueblo costarricense exigen un ejercicio pleno de la ciudadanía, cosa que inevitablemente conlleva la vigencia de una participación efectiva y la certeza de que las voces ciudadanas serán escuchadas y respetadas. No nos queda claro que es lo que, según La Nación, proponen al respecto alguno o algunos de los rectores ¿Se trata acaso de acallar a esa ciudadanía, negarle voz y derecho a manifestarse y participar a fin de que reine, sin límites ni contrapesos, un simple ritual basado en los procedimientos? Esta es, a todas luces, una idea de raigambre antidemocrática, que, además, resulta por completo falaz a la luz del hecho, bien demostrado, de que la ruptura del orden institucional ha venido precisamente de estos mismos sectores oficiales.
3) Enfatizamos que nada pone en mayor peligro esa institucionalidad por la que ciertos medios y autoridades gubernamentales se rasgan hipócritamente sus vestiduras que la negativa al diálogo. El movimiento social de oposición al TLC ha sido reiteradamente injuriado por autoridades del gobierno y de la Asamblea Legislativa y por los medios comerciales de prensa que son sus aliados y, frente a eso, ese movimiento ha respondido una y otra vez con argumentos serios y fundamentados y con una actitud de gran madurez cívica. Frente a esta sistemática violencia gubernamental y mediática, ha primado la protesta y resistencia pacíficas. Negarse al diálogo con un movimiento ciudadano a tal punto pluralista, democrático y maduro no solo es cerrar las vías para que, a futuro, podamos avanzar hacia una efectiva profundización y ampliación de la democracia. Es también negarse a canalizar los procesos sociales por vías civilizadas y respetuosas. Si esto no se hace, con ello se propiciará la acumulación de las tensiones sociales y, por lo tanto, se crearán las condiciones para que la paz social pueda verse alterada. Pero, en tal caso, los responsables serán quienes se parapetan en el ritual como medio para acallar la voz de la ciudadanía ¿Es a esa idea de “diálogo” a la que se hace referencia cuando se insiste que tan solo son aceptables los procedimientos estatuidos? ¿Resulta éticamente aceptable y políticamente conveniente esa tesis que promueve una aplicación de la ley divorciada de las realidades sociales e ignorante de la vida concreta de la personas? ¿No instituye esto la injusticia como criterio de base del orden social? ¿Están concientes aquellos rectores, que aparentemente apoyan esta idea, acerca de las graves implicaciones que esto conlleva?
Es en este contexto que hacemos un respetuoso llamado al CONARE para que restituya el respeto a la tradición universitaria pública, hoy tristemente mancillada, y para que, si en efecto le interesa el diálogo, no se deje atrapar en el ritualismo de los procedimientos por cuyo medio se quiere vaciar de contenidos democráticos efectivos el sistema político de Costa Rica.
Mercedes de Montes de Oca, martes 13 de marzo del 2007
Por Frente UNED Contra el TLC
Luis Paulino Vargas Solís
Catedrático Universitario
Jaime García González
Catedrático Universitario
Mario Valverde Montoya
Presidente, Asociación de Tutores
Mario Alfaro Zúñiga
Secretario General, Sindicato UNE-UNED
