A la comunidad laboral penitenciaria
A todo el personal del Ministerio de Justicia y Gracia
A la opinión pública nacional
¡Juzgue usted!
Nota de ubicación: El 9 de octubre de 2006, ocurrió una sangrienta fuga de varios privados de libertad internados en el Complejo Penitenciario La Reforma; acontecimiento que dejó una dolorosa pérdida humana: la del policía penitenciario Marco Tulio Prado Monge (q.d.D.g). El Gobierno indicó que la fuga se dio facilitada por la introducción de armas de fuego y por el presunto pago de dinero en sobornos a varios funcionarios de dicho cuerpo policial, la Policía Penitenciaria. ANEP asumió la defensa de la mayoría de los agentes de seguridad acusados por el Gobierno de tales supuestas irregularidades. El proceso fue arduo y duró muchos meses, llegándose al extremo de que, por “órdenes superiores”, el proceso se suspendió a mitad de camino pues hubo una directriz política de “replantearlo”. La acuciosa gestión jurídica de la ANEP en defensa de los acusados, estaba demostrando que la cadena de negligencias jerárquicas en cuanto al irresponsable descuido de la seguridad en La Reforma, generó las condiciones para una fuga de tal calibre. Al Gobierno le disgustó mucho estas derivaciones de su propio proceso acusatorio y, por ende, los acontecimientos se desencadenaron como se denuncia seguidamente. Valga indicar que por iniciativa de la ANEP, se hizo un homenaje póstumo al compañero caído en cumplimiento de su deber, y su nombre está en una placa colocada a la entrada de La Reforma; algo que ni al propio Gobierno se le ocurrió.
1- A las 9:36 de la mañana, del viernes 21 de diciembre anterior, último día laboral del año en muchas entidades del Sector Público y a las puertas de la Navidad del 2007 y del Año Nuevo 2008, la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP recibió por fax una escueta nota, firmada por Reinier Tosso Jara, Asistente Judicial 3, Sala Constitucional. Básicamente se indica lo siguiente:
“Por medio de la presente me permito comunicarles, para los fines correspondientes, que dentro del RECURSO DE AMPARO número 07-016208-0007-CO promovido por Carlos Granados Calderón, Juan Carlos Carvajal Pérez, Marcos Castro Varela, Mario Alberto García hernández, Virgilio Prado Murcia, Zenén Méndez Meléndez contra MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SUBDIRECTOR GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL, se ha dictado el voto número 18493-07 de las ocho horas treinta minutos del veintiuno de diciembre del dos mil siete, cuya parte dispositiva, literalmente dice: “Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese.-“ “
2- El citado “documento” indicó, así de manera totalmente escueta, la resolución POR EL FONDO, de los recursos de amparo interpuestos por la ANEP a favor de los compañeros trabajadores de la Policía Penitenciaria, acusados por el Ministerio de Justicia y Gracia de supuesta complicidad en los acontecimientos de fuga en La Reforma, ocurridos en octubre del 2006; fuga que dejó la dolorosa pérdida humana de un trabajador del citado cuerpo de seguridad de las cárceles costarricenses.
3- Esta resolución POR EL FONDO había sido emitida tan solo una hora antes, a las 8:30 a.m. “Curiosamente”, cerca de la 1 de la tarde de ese viernes 21, el Ministerio de Justicia y Gracia entregaba en la sede central de la ANEP, las comunicaciones de despido, ya oficiales, haciendo efectivo el cese de funciones sin responsabilidad patronal, de los compañeros afectados por la sentencia sumaria, que ya en su contra había emitido por la prensa, la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de Justicia y Gracia.
4- Contrariamente, la ANEP, hizo en este caso una defensa apegada al principio constitucional de presunción de inocencia; es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario; y, por ejemplo, la institución no pudo determinar quién fue la persona que introdujo armas a La Reforma para esa fuga y, mucho menos, que fuera alguno de los policías penitenciarios hoy ya despedidos.
5- Tan sólo unos dos días duraron restaurados en sus puestos, los policías penitenciarios que, en su momento, la Sala IV había ordenado reinstalar luego de que la ANEP acudiera a dicho tribunal, en resguardo de sus derechos procesales, violentados en sede administrativa, por una cadena de vergonzosos acontecimientos que fueron armados para complacer la directriz política de despedirlos a cómo diera lugar.
6- Para mayor precisión, tómese nota de la “extraordinaria” celeridad con que funcionó la “justicia” de nuestro país en este caso.
7- El lunes 17 de diciembre tuvimos que realizar una acción de presión, en la sede central del Ministerio de Justicia y Gracia, para que se procediera cumplir la orden de la Sala IV de reinstalar en sus puestos a los policías indebidamente despedidos en ese momento, aunque sentenciados políticamente y condenados sumariamente por la máxima jerarca de Justicia y Gracia.
8- Entre el martes 18 y el miércoles 19 de diciembre, la oficina de personal del citado ministerio, acatando a regañadientes la orden constitucional, comunicó las debidas reinstalaciones. Los despedidos empezaron a reinstalarse en sus puestos entre ese miércoles 19 y el jueves 20; sin embargo, ya para la tarde del viernes 21, se les empezó a comunicar los despidos definitivos, luego de que en un inusual, extraordinariamente rápido acto constitucional, la Sala IV resolvió POR EL FONDO en contra de los afectados, el recurso de amparo que en su favor les interpuso a ellos la ANEP.
9- Adivinen quién fue el magistrado instructor del caso. Nada más y nada menos que don Luis Paulino Mora Mora, Exministro de Justicia y Gracia en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez; compañero liberacionista de la hoy ministra Chinchilla Miranda.
10- Seguramente que don Luis Paulino Mora Mora, tuvo que hacer un gigantesco esfuerzo de análisis pues en menos de 16 horas se estudió los siete tomos del expediente de este caso, con toda la documentación aportada por la ANEP; algo que no tiene antecedente alguno, según nuestro entender. La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP ejerció una defensa de altísima calidad y seriedad profesional para demostrar la vulnerabilidad de la seguridad de un centro penal como La Reforma, dejando al desnudo las irresponsabilidades jerárquicas de las autoridades políticas involucrados en este tema de la seguridad en una cárcel de las dimensiones de La Reforma.
11- ¿Podrá alguien creer que hubo “objetividad” e “imparcialidad” en este caso?. Presumiblemente existiría alguna “coordinación telefónica” entre “alguien” del Ministerio de Justicia y Gracia y “alguien” de la oficina del Magistrado Mora Mora, Exministro de dicha cartera ministerial en la primera Administración Arias Sánchez.
12- Ya en enero, y levantando el nuevo expediente para abordar el caso de los compañeros policías penitenciarios despedidos en otros escenarios, fuimos a fotocopiar el legajo del recurso de amparo a la mismísima Sala IV y ¿saben qué?, pues nos encontramos, escrito a mano, un “papelito” con la siguiente leyenda: “Don Jorge revisar proyecto Laura” y sobrepuesto, en marcador negro “imp voto”.
13- Sorpresivamente, el Magistrado Mora Mora habría indicado a su asistente, que tal recurso necesitaba de un “importante voto”. Y el nombre “Laura”, presuntamente también, habría indicado que se trataba del expediente que tanto le interesaba a la señora Ministra de Justicia y Gracia cuyo nombre es, precisamente “Laura”. ¿Ó, estaremos equivocados y hay otra persona de nombre_ “Laura”_ en el despacho del citado magistrado?…
14- Así las cosas, en una muestra completamente inusual, atípica, extraordinariamente veloz, la Sala IV falló un recurso de amparo que, en el más rápido de los casos y para resolver POR EL FONDO, habría tardado, al menos, tres meses. Pero no, como a “alguien” en el Ministerio de Justicia y Gracia tanto le interesaba echar a la calle, a cómo diera lugar, a los policías penitenciarios del caso en mención, la Sala IV lo resolvió, POR EL FONDO, en unas ¡16 horas!. Vamos a ver cómo se hace para mandar al Libro de los Récords Guinnes este caso de “justicia pronta y cumplida”.
15- Pero hay más, del primer recurso de amparo interpuesto por la ANEP, se quedó por fuera un compañero que por diversas razones no se incluyó en ese momento. Se lo tramitamos en enero y ya fue acogido, ordenándose su reinstalación. La diferencia es que esta vez el caso no cayó en manos del despacho del Magistrado Mora Mora. Estamos esperando a ver cómo se tramita.
16- En ANEP estamos absolutamente convencidos de que ocurrió un vergonzoso acto de tráfico de influencias entre “alguien” del Ministerio de Justicia y Gracia y “alguien” del despacho del Magistrado Luis Paulino Mora Mora, Exministro de Justicia y Gracia en la primera Administración Arias Sánchez. No tenemos elementos para acusar, directamente, a los dos personajes aquí ya nombrados, el citado jurisconsulto y la mencionada Ministra Laura Chinchilla Miranda. Pero nos preguntamos, ¿es que acaso podría haber ocurrido entre ambos alguna conversación telefónica al respecto?… Saque usted sus propias conclusiones…
17- Triste Navidad y triste Año Nuevo pasaron los compañeros policías penitenciarios condenados “sumariamente” y víctimas de una justicia “pronta y cumplida” como nunca habíamos visto en la historia de la Sala IV. Las familias de estos compañeros, también debieron haberla pasado muy mal.
18- Estos jefes de hogar fueron echados a la calle, sin prestaciones, con sus honras manchadas, porque la Ministra Laura Chinchilla Miranda se encargó de “marcarlos” ante la ciudadanía. Quizás no encontrarán trabajo porque, prácticamente, el Ministerio de Justicia y Gracia se encargó de mancharlos por la prensa ante la ciudadanía y la Sala IV le dio la “razón” al vergonzoso y acomodaticio, y poco ético, proceso administrativo que se llevó a cabo en acato de directrices políticas.
19- Para justicias el tiempo. Ahora llevaremos los casos de estos compañeros a los tribunales laborales ordinarios, teniendo fe que en este nivel judicial no funcionará “coordinación” alguna. Pasarán dos o tres años, tal vez un poco más. Tenemos un enorme compromiso ético con ellos. Se trata de restaurarles su honra y su honor, para que sus familiares y sus respectivos hijos, no tengan nada de que avergonzarse de sus padres, señalados como “corruptos” ante la opinión pública, o peor aún, casi “terroristas”, porque la Ministra Chinchilla Miranda dijo por televisión que este caso era un asunto de “seguridad nacional”.
20- Todavía nos queda algo de fe en los sectores sanos de Poder Judicial y si al final del camino, es el erario público el que debe desembolsar muchos millones de colones en salarios caídos y en otro tipo de indemnizaciones, demandaremos para que la licenciada Laura Chinchilla Miranda, aunque ya no sea del Gobierno, desembolse de su propio bolsillo los dineros públicos que todos pagaremos por la sentencia sumaria que ella emitió contra los policías penitenciarios hoy despedidos, en la calle en el desempleo, sin plata y con deudas y, lo peor de todos, con sus honras manchadas lo que prácticamente les impide pedir trabajo en otras partes.
21- Igualmente, al final del camino de la demanda laboral, podría haber otros que también deberán presentarse ante los estrados a responder por los dineros que, eventualmente, el Estado tendría que erogar. Para eso hoy hay un nuevo CODIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que nos permitirá, ganados esos juicios, demandar lo indicado.
22- ANEP reafirma su vocación de lucha por el pleno respeto de los derechos laborales en el Sistema Penitenciario Nacional y en el Ministerio de Justicia y Gracia. Condenamos, vigorosamente, esta cadena de vergonzosos acontecimientos que muestran una profundización del descrédito ciudadano en instituciones tan vitales para la democracia como el Poder Judicial.
23- En tal sentido, plantearemos la queja ante Corte Plena y aunque “no pase nada”, la sola circunstancia de que usted, que nos ha hecho el honor de leernos hasta aquí, se sensibilice ante tanta injusticia y se indigne por este presunto tráfico de influencias, tome conciencia de que el país no puede seguir así, habremos ganado en el campo moral y en el campo ético. La democracia es un bien ciudadano de inapreciable valor que nos obliga a pensar que este estado de cosas no puede seguir así. Algo tenemos que hacer para el rescate de la institucionalidad vulnerada.
San José, 11 de enero de 2007.
