Proyecto de Ley en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
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Planteamientos de la ANEP al paquete de impuestos
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Oposición garantiza “entierro de lujo” a plan fiscal
30 de abril de 2011
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SEMANARIO UNIVERSIDAD SEMANA DEL 20 DE ENERO DE 2011
Una reforma tributaría que apoyaríamos (I Parte)
MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 22:04
ESCRITO POR HENRY MORA JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL, OBSERVATORIO DE LA COYUNTURA)
Introducción
Ha sido una puntual costumbre de los últimos gobiernos, y el actual no hace la excepción, presentar a conocimiento de la Asamblea Legislativa distintos proyectos o “paquetes” de reforma tributaria. Esta práctica evidencia, en sí misma, que los efectos de estas reformas no suelen ser duraderos, sino que se limitan a unos pocos años. No es sólo un problema del limitado alcance de esas reformas, sino que, evidentemente, las mismas no logran superar las deficiencias estructurales del sistema tributario costarricense; de ahí que se propongan con tanta periodicidad.
Con el propósito de valorar y tomar una posición fundamentada sobre el paquete de reformas propuesto por la actual administración, presentamos los siguientes lineamientos y criterios de valoración, los cuales pretenden servir de guía para el estudio sistemático de las propuestas de reforma. En sendos artículos posteriores nos referiremos en detalle a la proyecto de ley que el Ministerio de Hacienda hará público el próximo 17 de enero.
Breve caracterización de la situación tributaria en Costa Rica
De manera sucinta, y como punto de partida, podemos caracterizar la actual situación tributaria costarricense de la siguiente manera:
Una carga tributaria baja y claramente insuficiente (cercana al 13.5% del PIB), lo que limita considerablemente la pretensión de que el Estado pueda ofrecer servicios y bienes públicos de calidad y con una amplia cobertura.
Una estructura tributaria que incluso los más optimistas consideran “moderadamente regresiva”, al menos si nos comparamos con el resto de países centroamericanos; y basada fundamentalmente en impuestos indirectos (70% del total recaudado). Además, una parte significativa de los muy modestos impuestos directos (sobre la renta y al patrimonio) son aportados por los asalariados del sector formal de la economía, con amplias exenciones y exoneraciones para los sectores empresariales más dinámicos y rentables.
Una evasión fiscal de cuantiosas proporciones, tanto en el impuesto sobre las ventas como en el impuesto sobre la renta (renta empresarial, especialmente), que ronda los ¢500 000 millones anuales (según cálculos de la Contraloría General de la República).
Una administración tributaria que ha logrado algunos avances en los últimos años (profesionalización del personal, fortalecimiento institucional, mayor control y fiscalización, aumento en las declaraciones electrónicas); pero que todavía mantiene importantes limitaciones (alta evasión, grandes deudas morosas acumuladas o prescritas, fallas evidentes en el régimen sancionatorio, atrasos “calculados” en el pago de impuestos, etc.).
Una legislación tributaria sumamente generosa con ciertos sectores económicos (“guerra de incentivos fiscales”), dedicada a favorecer el turismo, las exportaciones no tradicionales, incluyendo la maquila; con amplias o totales exoneraciones, no solo de aranceles, sino también del impuesto sobre la renta, de los impuestos municipales y sobre los activos.
Una política tributaria, y fiscal en general, que enfrenta hoy el siguiente dilema: a) al tiempo que tiende a debilitarse la generación de recursos tributarios debido a la reducción de aranceles (reducción del arancel externo común en el seno del MERCOMUN, ajustes estructurales y apertura comercial, ingreso al GATT/OMC, y suscripción de TLC) y a las amplias exenciones y exoneraciones para atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones; b) por otro lado se requiere aumentar los recursos públicos disponibles para favorecer el avance de una mayor competitividad con equidad social y desarrollo humano. Esta tensión también involucra la demanda (incluso exigencia por parte de los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riego país) de una mínima estabilidad macroeconómica, para la cual un déficit fiscal reducido es considerado uno de sus elementos centrales.
Principios normativos para una reforma tributaria que podamos respaldar
Ante un panorama como el descrito, creemos que el norte de una reforma tributaria en Costa Rica debería guiarse por los siguientes principios o criterios de orientación:
El primer principio para la evaluación de cualquier reforma tributaria consiste en un imperativo ético: enfrentar radicalmente el grave problema de la evasión. Con esto no queremos decir que basta con “cobrar bien los impuestos existentes”, ya que muy posiblemente, el logro de ese objetivo presupone (entre otros aspectos) cambios sustanciales en la legislación tributaria que hagan posible enfrentar con éxito las muchas deficiencias legales y administrativas que permiten, facilitan o incluso promueven la evasión.
En segundo lugar, la reforma tributaria que apoyaríamos no puede agravar las inequidades de la actual estructura tributaria. Por ello, la misma debe tener como claro efecto, una mayor progresividad en esa estructura (“que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”).
No es necesario que cada propuesta individualmente tenga este efecto progresivo, pero ese sí debe ser el resultado de la propuesta en su conjunto. Además, hay que tener en cuenta que esta progresividad debe evaluarse para la política fiscal en general, y no solo para la política tributaria, aisladamente considerada.
En tercer lugar, la propuesta debe ser transparente. Esto significa que la ciudadanía debe tener acceso a la información básica, a las justificaciones y a los estudios que la fundamentan: ¿cuánto se espera recaudar en cada tipo de impuesto?, ¿cuáles son los efectos previsibles sobre la inflación y sobre la actividad económica?, ¿quiénes van a ser exentos o exonerados (gastos tributarios)?, ¿qué deducciones, créditos o tasas preferenciales se contemplan? Evidentemente, esta transparencia es necesaria para poder valorar la propuesta en función de los dos principios anteriores (combate a la evasión y equidad –vertical y horizontal).
Como parte de esta transparencia, el Gobierno debe ser claro en sus metas de recaudación: metas claras de mayor progresividad deben indicar cómo cambiará la actual estructura tributaria con la propuesta de reforma. Igualmente, metas claras en cuanto a evasión, eficiencia y recaudación.
En quinto lugar, la reforma tributaria debería atacar de manera integral los problemas tributarios arriba mencionados. Lo mejor sería no seguir “poniendo parches”, sino resolver los problemas estructurales que explican la existencia de tales problemas (la baja carga tributaria, la evasión, la inequidad tributaria, la baja elasticidad ingreso de los impuestos, etc.)
No obstante, y dado que una solución integral podría requerir un aumento significativo en la carga tributaria (de hasta cinco o seis puntos porcentuales del PIB), este aumento debe ser gradual, por ejemplo, al menos un punto porcentual del PIB por año, durante un plazo de cinco o seis años.
Por último, consideramos imprescindible que el gobierno se comprometa abiertamente ante la ciudadanía, a explicar cómo piensa utilizar los nuevos recursos tributarios. Creemos que estos deberían tener como prioridad la mejora en la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la infraestructura. No sería ético que el gobierno reclame nuevos impuestos justificándolos para subsanar este tipo de demandas y luego los utilice en otros usos, como sufragar las pérdidas del Banco Central o el pago de intereses de la deuda interna. La transparencia también tiene que abarcar este campo de compromisos y responsabilidades.
En nuestros siguientes comentarios veremos si la actual propuesta de reforma tributaria del Gobierno cumple con estos y otros criterios que consideramos pertinentes.
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Inicio»Opinión»Hoy en la U»Universidades privadas piden quedar fuera de Reforma Fiscal
Universidades privadas piden quedar fuera de Reforma Fiscal
MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 15:45
ESCRITO POR JAVIER CÓRDOBA
La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE) le solicitó hoy martes a la presidenta Laura Chichilla, que se excluya a estos centros de educación superior de la Reforma Fiscal entregada ayer a la Asamblea Legislativa.
El plan fiscal del Gobierno pretende gravar a las universidades privadas con un impuesto al valor agregado (IVA) del 14% sobre las carreras que no están acreditadas, y del 10% en las acreditadas.
La presidenta de la UNIRE, Rosa Monge, confirmó a UNIVERSIDAD que se planteó este martes la inquietud a la presidenta Chinchilla, a lo que ella respondió con la promesa de una reunión junto al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman.
“Es un tema que nos preocupa, porque, más allá de las universidades, toca directamente a los estudiantes e incrementa considerablemente el costo de las colegiaturas”, explicó Monge.
La presidenta de la UNIRE confirmó que le pedirán al Gobierno quedar exentos del impuesto que promueve.
“Creemos que definitivamente la educación privada no debe ser tocada. Nosotros atendemos a cerca del 60% de la población estudiantil, de manera que se quedaría un porcentaje importante de esos estudiantes sin poder pagar el costo”, comentó.
Monge aseguró que los más afectados serían los estudiantes que trabajan de día para poder cubrir el costo de sus estudios en las noches, y recalcó que el sistema de educación superior público no tiene los cupos suficientes para atender a esta población.
La UNIRE está integrada por 38 de las 52 universidades privadas inscritas en el Consejo Nacional de Enseñanza Superior (CONESUP).
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Inicio»Opinión»Hoy en la U»Gobierno busca ¢500.000 millones con la Reforma Fiscal
Gobierno busca ¢500.000 millones con la Reforma Fiscal
LUNES, 17 DE ENERO DE 2011 15:57
ESCRITO POR JAVIER CÓRDOBA
El Gobierno entregó hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, con el cual pretende recaudar ¢500.000 millones adicionales (2.5% del Producto Interno Bruto).
El documento bajo el expediente 17.959, fue entregado este lunes por el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, y el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, durante el regreso a labores de los diputados.
Herrero explicó que la propuesta procura no afectar los bienes y servicios que consumen las personas de menos ingresos, y recarga el 60% de los nuevos impuestos sobre el 20% más rico del país.
El proyecto pretende gravar a todos los servicios con un impuesto de ventas, el cual aumentará de un 13% a un 14%, con algunas excepciones como es el caso de los servicios de salud privada.
Los servicios de educación privada pagarán un impuesto del 10% en el caso de universidades con carreras acreditadas, y un 14% en los centros con carreras sin acreditar.
En el caso de escuelas y colegios privados, estarán exentos del impuesto aquellos que cobren mensualidades menores a los ¢110.000. La educación pública en todos los niveles no tiene ningún tipo de gravamen.
Herrero indicó que se realizará una “canasta básica diferenciada” con los productos que consumen las personas más pobres, pues actualmente hay muchos artículos que pueden considerarse “de lujo” que no pagan ningún tipo de tributo.
También se cobrará a los profesionales liberales un impuesto sobre la renta similar al que pagan las empresas pequeñas, según sea su volumen de ingresos. El impuesto a las grandes empresas no tendría variaciones.
Otros servicios que quedarán exentos serán los de transporte público (taxis y autobuses), mientras que el impuesto a la propiedad de vehículos se incrementará de manera generalizada en un 10%.
Los alquileres, y el consumo de electricidad y agua, tendrán un umbral a partir del cual serán gravados. En el caso de los impuestos sobre los salarios, estos mantendrán invariables las tasas actuales.
El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, afirmó que la situación fiscal del país es “grave”, por lo cual es necesario implementar una solución cuanto antes.El año anterior las finanzas del gobierno cerraron con un déficit equivalente al 5.5% del PIB.
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Inicio»Noticias»País»Reforma tributaria sí recaerá en la clase media
Reforma tributaria sí recaerá en la clase media
MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 22:35
ESCRITO POR VINICIO CHACÓN (VINICIO.CHACON@UCR.AC.CR)
Las medidas que propuso el Gobierno para aumentar la recaudación fiscal en 2,5% del producto interno bruto (PIB), unos ¢500.000 millones, no convencen a los economistas de que no afectará principalmente a la clase media, pese a que desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que la reforma es “solidaria”.
Entre los principales puntos de la propuesta gubernamental, denominada “Proyecto de Solidaridad Tributaria”, destaca que todos los servicios se graven con un impuesto al valor agregado (IVA) del 14%, aunque algunos se protegerán de esa carga. Por otro lado, todas las rentas pasivas, es decir los ahorros, pagarán por igual un 15% del impuesto de renta, según explicó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
La propuesta gubernamental va acompañada de las promesas por mejorar los sistemas de recaudación, reducir la evasión fiscal y recortar el gasto público. Sin embargo, la introducción del IVA no sólo implica un aumento de un 1% respecto del impuesto de ventas, sino que lo amplía a cubrir todos los servicios y sigue siendo un impuesto indirecto que pagan todos los costarricenses por igual.
Del mencionado aumento en la recaudación de 2,5% del PIB que pretende lograr el Gobierno con esta propuesta, el principal impulso recae en el IVA con un 1,7%. Este impuesto se aplicará incluso a servicios como la medicina privada, la educación particular, el agua o la luz, aunque en estos dos últimos rubros Herrero dijo que se tomarán disposiciones para no gravar el consumo mínimo. Otras medidas incluyen un aumento del 10% al impuesto de propiedad de automóviles.
El economista Helio Fallas dijo a UNIVERSIDAD que el IVA es un “impuesto regresivo”, pues es indirecto, aunque haya casos “en los que por diversas circunstancias son pagados por personas de altos ingresos”. En ese sentido, contradijo el criterio del Gobierno de que con la disposición de gravar los servicios se afecta al sector más rico de la población.
“Por ejemplo, cuando una persona se enferma y ocupa un especialista, en la seguridad social puede tener que esperar un año, entonces busca un médico privado; por ello se debe ver caso por caso y en qué circunstancias se afecta a los más pobres”, detalló.
Consultado por UNIVERSIDAD sobre si la propuesta fiscal no castiga de manera particular a la clase media, ya que el sector asalariado mantiene su aporte además de tener que pagar un 15% sobre los servicios que consuma, mientras que el exportador conserva sus exenciones, Herrero respondió que gravar los servicios incide en que el 60% de su propuesta recaiga en el 20% más rico del país.
Previo a conocer el proyecto del Gobierno, Fallas criticó el hecho de que en Costa Rica la mayor parte de lo que se recauda, el 70% de los ingresos, ingresa al Estado por concepto de esos impuestos indirectos. “Estudios de la Contraloría General de la República y del Proyecto Estado de la Nación han analizado cómo la estructura tributaria del país no es la más apropiada en términos de que los impuestos indirectos son una de las características principales del sistema tributario, así como el tema de la amplia evasión fiscal”, recordó.
URGENCIA
Esta iniciativa gubernamental llega en momentos en que las finanzas del país muestran números en rojo. Por ejemplo, el déficit del Gobierno central aumentó más de 3% entre el 2008 y el 2009 y sigue creciendo (Ver recuadro Número en rojo).
El ministro Herrero pidió la aprobación de la reforma puesto que hay gastos como los salarios, que se están financiando con deuda nueva. “El sistema actual tiene gran cantidad de exoneraciones que favorecen a los grupos de mayores ingresos. La solidaridad de esta propuesta radica en que el IVA elimina las exoneraciones a servicios consumidos por la población de más altos ingresos”.
Fallas apuntó que la situación fiscal del país se ha deteriorado por una serie de factores entre los que citó la recesión del 2009, que afectó los ingresos fiscales, o el hecho de que no se puedan establecer controles cruzados efectivos para reducir la evasión.
A ello se suma el hecho de que “nuestro sistema es regresivo, eso se manifiesta en la estructura de impuestos en la que los indirectos tienen mayor preponderancia”, además de que a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC), que baja los impuestos a las importaciones, “la estructura productiva se ha tenido que transformar y se han sustituido ingresos que dependían de comercio exterior por otros como los provenientes de las rentas”.
Para el economista Leiner Vargas, una verdadera reforma fiscal no sólo debe referirse a los impuestos, sino que “pasa por una renovación del sector público en general en su capacidad de realizar tareas, y de la forma en que se rinden cuentas, además de una revisión de cuáles instituciones cumplen sus objetivos”.
“Una vez más, como tantas a lo largo de 30 años, el Estado muestra una situación crónica deficitaria. Cuando era ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga se vanagloriaba de un superávit y decía que no era necesaria la reforma, pero ahora vemos que el país vuelve a caer en un ciclo de deterioro de la situación fiscal”, criticó.
Para este economista, el Gobierno requiere atender “de manera urgente” temas como la educación, el combate a la pobreza o la infraestructura, “todo ello es una deuda pendiente que tenemos como país”, mientras tanto el déficit fiscal es cercano al 5% y según el ministro Herrero podría ser mayor en el 2011.
Tras recordar que la mayor carga tributaria recae sobre los asalariados y en particular los del sector público, Vargas indicó que otra variable importante es el mecanismo para recoger los impuestos.
“El IVA implica una carga que tocará los servicios de los profesionales liberales. En 20 años la economía se ha vuelto de servicios, no de bienes, por lo que para tener una base tributaria más amplia se requiere de un impuesto particular, pero si ese impuesto permite las fugas volvemos a lo mismo, pues la tasa efectiva de recaudación costarricense está por debajo de otros países y los instrumentos de impuestos no han sido favorables para remediarlo”, señaló.
“La gente se siente muy mal cuando muchos profesionales liberales defraudan al fisco como si se tratara de un deporte nacional”, acotó.
Fallas ponderó además que la propuesta recorrerá un camino largo en la Asamblea Legislativa, “todo está complicado, pues Liberación Nacional requerirá de los votos de otros partidos y tendrá que negociar, es de esperar que el Movimiento Libertario se oponga y hay que preguntarse hasta qué punto la fracción del Gobierno es compacta. Difícilmente habrá consenso y la aprobación de esto será muy difícil”.
Números en rojo
El déficit del Gobierno central pasó de un 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2008 a un 3,4% en el 2009, mientras que en el mismo periodo la deuda interna del Gobierno pasó de un 17,5% a un 21,5%.
Los ingresos tributarios del Gobierno en el 2009 alcanzaron ¢2.262.290 millones, de los cuales ¢1.312.096 millones, un 58%, provenieron de impuestos sobre bienes y servicios, como el impuesto de ventas.
Concretamente, por concepto de impuesto de ventas el Estado percibió ingresos por ¢830.530 millones, pero las exportaciones sólo aportaron ¢4.677 millones.
El recorte del 20% del Presupuesto Nacional para el 2011, implicaría un ahorro de ¢15.500 millones.
La evasión fiscal en el país puede alcanzar unos ¢500.000 millones anuales.
Fuente: Informe Estados de la Nación y el sitio web de Casa Presidencial, economista Henry Mora.
SEGUIDAMENTE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL FINANCIERO – DE GRUPO NACION
Del editor: Esta nota fue actualizada posterior a su publicación
Ministro de Hacienda entregó reforma fiscal a los diputados
17/01/2011 02:42 PM
Mario Bermúdez Vives
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, presentó este lunes un plan fiscal bajo el nombre “Solidaridad Tributaria”, que propone pasar de un impuesto de ventas a uno de Valor Agregado, que grava todos los servicios y aumenta la tasa del 13 al 14% .
El proyecto presenta algunos cambios en relación con lo anunciado por el Ministro en diciembre, tras conversaciones con sectores productivos.
Descargue el resumen del proyecto.
El objetivo del Gobierno de Laura Chinchilla es recaudar un 2,5% adicional del Producto Interno Bruto (PIB) , unos ¢500.000 millones .
Con este paso al IVA esperan recaudar 1,7% del Producto Interno Bruto. Además, las reformas al impuesto sobre la Renta debería generar 0,6% del PIB. También anunció dos ajustes a otros impuestos para el 0,2% restantes.
De esta forma se pretende reducir el déficit del Gobierno central, que fue de 5,3% del PIB en el 2010.
La propuesta para IVA
Herrero entregó la propuesta a las 2 p.m. de la tarde al presidente de la Asamblea Legislativa Luis Gerardo Villanueva y al presidente de la comisión de Hacendarios Guillermo Zúñiga.
Descargue el comunicado oficial con la justificación de la reforma.
La columna vertebral son las reformas a los impuestos de ventas y de renta, que representan dos terceras partes de los ingresos tributarios del Gobierno Central.
En ventas, se plantea pasar a un Impuesto de Valor Agregado (IVA), en el que se invierte el tratamiento de los servicios: en lugar de quedar excluidos, se les incluye y se señalan las excepciones. El plan de Herrero propone aumentar la tasa de 13% a 14%.
Según anunció Herrero, a instituciones académicas de baja matrícula y a las carreras acreditadas de las universidades pagarían un 10%.
En salud, quedarán exoneradas las medicinas.
En alquileres, establecerán un trato diferenciado para quienes tienen menos ingresos.
La propuesta para Renta
En renta, se pretende pasar a un impuesto de utilidades que grava las ganancias de capital, Fondos de Inversión y las entidades públicas.
Las cooperativas que estaban exoneradas deberán pagar el impuesto del 15% . Sin embargo, el impuesto a las utilidades se les exonerará a aquellas que distribuyen los excedentes entre sus agremiados.
El Gobierno propuso subir 10 puntos los impuestos a todos los vehículos , y además aumentar el impuesto al traspaso de bienes inmuebles, que pasa 1,5% a 3%.
Con estos dos impuestos nuevos espera recaudar el 0,2% del PIB para mantenerse en la meta del 2,5% del PIB.
El proyecto también establece una escala progresiva con tasas de 10, 20 y 25% de impuesto sobre la renta para las pequeñas y medianas empresas (registradas como tales ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio), con base en el volumen de las utilidades y no en el de las ventas.
El proyecto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios quedó pendiente para un proyecto posterior.
Polémica moción
Los partidos de oposición, PAC, el PUSC, el PASE y el Frente Amplio, están presionando con una moción para que en lugar de que el proyecto pase a Comisión de Hacendarios vaya a una Comisión Especial. El Gobierno se opone.
El Movimiento Libertario, por su parte, ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a aumentar la carga tributaria.
El diputado liberacionista Guillermo Zúñiga, que agitó el receso legislativo al anunciar que renunciará a su cargo en mayo porque no se le tomó en cuenta para la preparación de la propuesta fiscal, suavizó su posición.
Cuando recibió el proyecto, el diputado Zúñiga recordó que antes se oponía a subir al 15% en ventas, pero ahora dijo que “el 14 no es el 15” y resaltó que era un proyecto “de gran importancia nacional y mi compromiso es dedicar el mayor tiempo a su discusión para que avance bien”.
En medio de este panorama, el Gobierno presentó la Política de Sostenibilidad Fiscal la semana pasada , con la que pretende controlar el gasto público y de paso, lograr simpatía en la oposición.
La fracción opositora del PAC, que el Gobierno confía sea aliada en este tema, ha tomado prudente distancia.
Por el contrario, los hasta ahora aliados del Movimiento Libertario (ML), han reiterado que combatirán la creación de nuevos impuestos.
En medio de este panorama, el pulso subterráneo del Gobierno con el movimiento arista que encabeza el exministro Rodrigo Arias complica el panorama. Zúñiga, el principal francotirador oficialista contra la reforma hasta el momento, es cercano a los hermanos Arias.
Tampoco ayudó el anuncio del canciller René Castro la semana pasada sobre que el país debería evaluar el pacifismo y la posibilidad de crear una fuerza armada para defender el territorio nacional.
La presidenta Laura Chinchilla habló de crear un impuesto para la defensa nacional, que estaría incluido en esta reforma fiscal.
Colaboró con esta información Gustavo Arias.
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Uccaep considera que reforma fiscal debe atacar la informalidad
17/01/2011 03:53 PM
Leticia Vindas
Aunque aún no cuentan con una posición sobre el plan fiscal que el Gobierno presentó hoy ante la Asamblea Legislativa , la Uccaep enfatizó en que debe atacar la informalidad para incrementar la cantidad de contribuyentes.
La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) destacó también la necesidad de que el gasto público sea más eficiente. “Debe orientarse a inversiones que generen mejores condiciones para el desarrollo económico tales como educación e infraestructura entre otros”, detalló en el comunicado.
La Uccaep reiteró en un comunicado que analizará cuidadosamente el contenido del expediente presentado antes de expresar una opinión concreta .
“En aras de alcanzar como meta un aumento en los ingresos tributarios, y la disminución significativa en los índices de evasión, deben simplificarse los trámites que los contribuyentes realizan ya que tributos cuyo cálculo y procedimientos son poco claros, aumentan sin lugar a duda la evasión”, agregó Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras.
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PAC exige comisión especial para discutir reforma fiscal
17/01/2010 04:47 PM
Leticia Vindas
La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) propuso la creación de una comisión especial que se encargue de estudiar y dictaminar el expediente 17.959 de la reforma fiscal que entregó hoy el Gobierno a la Asamblea Legislativa.
La propuesta se presentó formalmente ante el Plenario Legislativo, junto con las firmas de los representantes de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y el Frente Amplio (FA). El Movimiento Libertario (ML) todavía no confirma su apoyo y se espera que Liberación Nacional (PLN) considere la iniciativa.
La moción de orden se conocería durante la sesión ordinaria del martes 18 de enero y propone la creación de una comisión especial con una representación proporcional de casi todos los partidos –nueve miembros en total– que garantice una discusión transparente, equilibrada y participativa. El plazo para dictaminar sería de seis meses prorrogables.
Para los diputados Jeannette Ruiz Delgado, subjefa de fracción, y Gustavo Arias Navarro, miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, ése órgano no guarda al equilibrio necesario para discutir el tema, ya que seis de los once miembros pertenecen al PLN.
Juan Carlos Mendoza García, jefe de fracción del PAC, explicó que el presidente del Congreso elegiría a los integrantes de la comisión , atendiendo las recomendaciones de los jefes y jefas de fracción.
“Proponemos, como mínimo, la participación de tres diputados del PLN, dos del PAC, dos del ML, uno del PUSC y uno del PASE”, explicó Mendoza en un comunicado.
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LEER CON DETENIMIENTO ESTE ARTICULO ES INTERESANTE:
Los argumentos de Fernando Herrero a favor de su nuevo paquete de impuestos son los mismos de hace quince años. Según él, esta vez sí tendremos escuelas de calidad y carreteras de primera. Esta vez sí se solucionará de una vez por todas el problema fiscal. Esta vez sí dejaremos de discutir paquetes de impuestos cada 4 años. Si la historia de hace década y media nos sirve de lección, no deberíamos comer cuento esta vez.
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Fernando Herrero
“Lo último que necesita este país, es discutir una nueva crisis fiscal en tres o cuatro años”.
Fernando Herrero, Ministro de Hacienda, 1995.
Fernando Herrero anda tras un nuevo paquete de impuestos. No es la primera vez. Ya él fue ministro de Hacienda anteriormente (1994-1996) y le tocó impulsar una “reforma fiscal” durante el segundo año de la administración Figueres Olsen. En momentos en que pretende un nuevo aumento de impuestos, vale la pena repasar los argumentos de Herrero de hace 15 años y compararlos con los de ahora. Nos sorprenderemos por sus semejanzas, y nos daremos cuenta que, al igual que hace 15 años, nos quiere dar atolillo con el dedo.
La Ley de Ajuste Tributario entró en vigencia en septiembre de 1995 y entre otras cosas aumentó durante 18 meses el impuesto de ventas del 10% al 15% (para luego dejarlo en un 13%) y creó un impuesto sobre los activos cuyo valor excediera los ¢30 millones. El ministro Herrero acudió a la Comisión de Hacendarios en dos ocasiones a defender la propuesta del gobierno. En su primera comparecencia (23 de enero de 1995, Acta N° 109), Herrero hizo un repaso de las recurrentes crisis fiscales de Costa Rica y señaló cómo el aumento del gasto al final de cada administración (el famoso ciclo político) “nos ha llevado a discutir una reforma fiscal cada cuatro años”. Por lo que Herrero advirtió: “[Queda] claro que la sociedad costarricense demanda una solución integral al problema fiscal, no un parche ni un simple paquete de impuestos”. ¡Amén!
Herrero procedió a describir la sociedad a la que aspiramos: “Queremos que las escuelas sean motivo de orgullo y que brinden a todos los costarricenses una educación de primera categoría… debemos continuar la lucha por la erradicación de enfermedades… necesitamos más policías, mejor entrenados y mejos equipados… debemos realizar una inversión de grandes proporciones a fin de tener una red vial de gran cobertura y excelente estado…” Y remató con una frase que ya nos es conocida: “Si queremos todo lo anterior tenemos que ponernos de acuerdo en cómo financiarlo”.
Al igual que ahora, el ministro de Hacienda señaló la baja carga tributaria como una de los responsables de la precaria situación fiscal del país, por lo que indicó la necesidad de generarle más recursos al gobierno (como indiqué la semana pasada, el argumento de la baja carga tributaria en Costa Rica es puro cuento). Sin embargo, a diferencia de ahora, Herrero en aquel entonces sí reconoció que había que recortar el gasto: “La tarea es muy dura y tenemos que ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos, y esto ya de por sí es difícil, cuando por muchos años nos hemos acostumbrado a gastar más de lo que ganamos… Creo que la solución integral al problema fiscal debe comprender los dos lados de esta ecuación, los ingresos y los gastos… la tarea que enfrentamos como sociedad no es solo la de una reforma tributaria, sino de una reforma fiscal”. De tal forma, Herrero prometió “enterrar de una vez por todas” el problema fiscal.
Del lado del gasto Herrero mencionó medidas concretas de su reforma fiscal. Una era la reforma del Estado: “Aquellas instituciones o departamentos que ya no tengan razón de ser, serán eliminados”, advirtió Herrero y mencionó específicamente al MIDEPLAN, la Dirección de Aduanas, IFAM, MAG y al CNP como los entes en la mira para una reestructuración. Como sabemos quince años después, ninguna de estas instituciones o departamentos fueron cerrados o recortados, y más bien ahí continúan vivitos y coleando generándole pérdidas al fisco.
Admitiendo que “sin reglas claras y transparentes sobre el crecimiento del gasto público, corremos el riesgo de que los ingresos adicionales que el Gobierno está solicitando fuesen anulados por un crecimiento aún más acelerado del gasto público”, Herrero anunció la creación de una “Comisión Presidencial para la reducción del gasto público que está examinando el problema desde una perspectiva global y que cuenta con el pleno respaldo del Presidente de la República”. Ya sabemos cómo terminan estas comisiones…
Luego de haber cumplido con el formalismo de decir que lucharía contra el gasto superfluo y la evasión, Herrero procedió a presentarles a los diputados su proyecto de impuestos (Acta N° 110), señalando que “Esta reforma nos permitirá financiar adecuadamente el Plan Nacional de Combate contra la Pobreza y hacer inversiones sustanciales en los programas de seguridad, educación y salud. También nos permitirá continuar con la reparación y ampliación de la red vial y realizar las inversiones que necesitamos en puertos y telecomunicaciones”. ¿Se acuerdan Uds de todas esas obras que fueron financiadas gracias a la Ley de Ajuste Tributario? Yo tampoco.
Herrero presentó su paquete de impuestos como la “solución integral y de largo plazo” a los problemas fiscales de Costa Rica. Y concluyó diciendo que “Lo último que este país necesita, es discutir una nueva crisis fiscal en tres o cuatros años”. Como sabemos, en el 2001 la administración Rodríguez Echeverría pasaría un nuevo aumento de impuestos, y del 2002 al 2006 la administración Pacheco de la Espriella se consumió en un debate sobre otro paquete tributario. El aumento de impuestos de Herrero ciertamente no fue ni integral ni de largo plazo.
No hay que ser mezquinos. La administración Figueres Olsen hizo un trabajo bastante decente en cuanto a la contención del gasto público, el cual creció aproximadamente un 4.2% en términos reales durante los 4 años del gobierno, e incluso experimentó una reducción como porcentaje del PIB, del 16.7% en 1994 al 14.7% en 1997. Sin embargo esos eran los años en que Fernando Herrero hablaba de la necesidad de reducir el gasto público (lo cual no ocurrió en términos absolutos, como vemos). La actual versión 2.0 de Fernando Herrero descarta por completo la necesidad de recortes sustanciales en el gasto, equiparándolos demagógicamente con despidos de maestros y mora en el pago de pensiones.
Los argumentos de Fernando Herrero a favor de su nuevo paquete de impuestos son los mismos de hace quince años. Según él, esta vez sí tendremos escuelas de calidad y carreteras de primera. Esta vez sí se solucionará de una vez por todas el problema fiscal. Esta vez sí dejaremos de discutir paquetes de impuestos cada 4 años. Si la historia de hace década y media nos sirve de lección, no deberíamos comer cuento esta vez.
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Colaboró en la compilación informativa:
Luis Rivas Quirós
Secretario de Administración y Finanzas de ANEP
