Mercado atunero revuelto por Cafta
El conflicto entre dos atuneras que disputan el mercado costarricense le ayudará a entender cómo funciona el Cafta en la práctica, sus ventajas, contradicciones y la coexistencia con otros tratados internacionales.
En resumen, la historia es esta: Una empresa nacional consiguió mejores condiciones para exportar a Estados Unidos. Todo iba bien hasta que ese mismo tratado abrió las puertas a mayores importaciones de su principal competidor en Centroamérica, amparadas a las disposiciones del tratado.
Sin embargo, el mismo acuerdo contempla mecanismos para defender a esa producción local cuando demuestre que las importaciones reciben subsidios, considerados prohibidos a nivel internacional.
Lo que es bueno para el ganso…
Los protagonistas de esta historia son Sardimar, empresa costarricense que opera en Puntarenas, y Grupo Calvo, compañía española con una planta ubicada en zona franca de El Salvador, desde la cual exporta hacia Costa Rica a partir del 2005.
Sardimar, una de las más acérrimas defensoras del Cafta, objeta que desde enero el Grupo Calvo importa latas de atún desde El Salvador a Costa Rica sin pagar aranceles.
Grupo Calvo sostiene que ellos solo se amparan en un beneficio arancelario que les da el propio tratado.
Antes de enero del 2009, cualquier importación desde un régimen especial, como zona franca, debía pagar aranceles según el Tratado General de Integración Centroamericana.
Con la entrada en vigencia del Cafta, la situación cambió, o más bien, se abrió una alternativa basada en la aplicación multilateral del tratado, según la cual los beneficios se aplican no solo de Centroamérica a Estados Unidos, sino entre los mismos centroamericanos o de estos a República Dominicana y viceversa.
Al menos esta es la interpretación del Ministerio de Comercio Exterior, y fue analizado así por la exjefa de negociación de este acuerdo, Anabel González, en el libroEstudios jurídicos sobre el TLC (2005).
El ministro Marco Vinicio Ruiz confirmó que ahora el importador o exportador puede escoger con cuál tratado comercia en la región, según el monto del arancel que mejor le convenga.
Amparados en esta disposición del Comex, el Grupo Calvo escogió importar bajo Cafta y así dejó de pagar el 15% de arancel por sus importaciones a partir de enero de este año.
Ahora paga cero arancel para importar atún en aceite y 2,2% en agua, que se desgrava con los años.
$74 millones
Consumo del atún de Costa Rica en el 2008, un 30% más que en el 2007. |
55 millones
Latas de atún vendidas en el mercado costarricense durante el 2008. |
Del 2006 al 2008, Calvo tuvo que cancelar a regañadientes un monto de $1,3 millones por concepto de aranceles.
La firma cuestiona esta disposición pues asegura que en el Tratado de Integración no existe una norma expresa que impida el libre comercio a las mercancías de zona franca, en el tanto cumplan con la norma de origen.
Aún así, desde que Calvo entró al mercado costarricense lo hizo con tanta agresividad que agitó las aguas de sus competidores, en especial las de Sardimar.
Víctor Pérez, director comercial de Calvo, confirmó que las ventas crecieron de $1,2 millones a $6,5 millones en dos años.
Pérez asegura que la estructura de costos, economías de escala, tener flota de barcos propia, operar sin intermediarios en Costa Rica y ahora importar con aranceles de cero ó 3% les facilita una estrategia de precios competitivos. Para él, los subsidios no son relevantes para competir ni explican las ventajas de la empresa, que emplea a 1.500 personas, 90% mujeres.
Así han abarcado cada vez más porción del mercado. Datos de la empresa de estudios de mercado Nielsen, citados por Calvo, indican que entre junio y julio del 2008 Sardimar era la marca líder con el 35% del mercado y Calvo tenía un 7,2%. Calvo estimaba, al cierre de la pasada Semana Santa, que ahora tiene entre el 8 y 10%.
Hasta ahora, los subsidios los someten a un conflicto comercial pues en el resto de países de la región donde exportan no deben pagar aranceles a pesar de que sus bienes provienen de zona franca.
Una norma, varias versiones
Este caso también explica cómo un tratado multilateral debe convivir con otros tratados regionales, lo cual siempre dará lugar a discusiones sobre su correcta interpretación.
El abogado de Sardimar, Francisco Chacón, sostiene que el punto de la discrepancia con Comex es si esa multilateralidad, como quedó plasmada en Cafta, implica derogar el artículo 11 del Tratado de Integración Económica, según el cual ningún país podrá exportar a un mercado de la región con subsidios a la exportación.
Chacón fue viceministro de Comercio Exterior y está casado con Anabel González, exjefa de negociación del Cafta.
El abogado sostiene que los instrumentos de integración prevalecen en Cafta, razón por la cual las mercancías de zona franca deberían pagar aranceles.
El Comex admite que ambos regímenes de preferencias comerciales coexisten, pero el importador o exportador elige bajo cuál de los dos desea ingresar su producto a un país.
“A ese producto se le aplicarán las reglas del régimen que se escoja, y no las del régimen que no se escoja”, aclaró el ministro Ruiz.
En vista de que no lograron convencer al Comex, Sardimar optó por denunciar al Grupo Calvo ante la Unidad de Prácticas de Comercio Desleales del Ministerio de Economía, una gestión que está pendiente de trámite.
El gerente general de Sardimar, Tomás Gilmore, aseguró que su denuncia tiene mucho potencial de ganar.
“Está claro el subsidio. Esta empresa opera en una zona franca de El Salvador, no pagan impuesto de renta, no pagan aranceles por importaciones de materias primas en insumos y tampoco impuestos municipales y ahora con Cafta encontraron este portillo para no pagar aranceles”, dijo Gilmore.
Si el Ministerio de Economía comprueba el subsidio, podría establecer un arancel adicional a Calvo para compensar a Sardimar el supuesto daño provocado.
El caso Sardimar-Calvo también demuestra cómo durante la negociación del Cafta las empresas se concentraron en conseguir mejor acceso a Estados Unidos, en lugar de valorar en toda su dimensión los alcances generales de esa multilateralidad, una norma compleja y sujeta a diversas interpretaciones.
Gilmore dijo que al apoyar el Cafta estaban conscientes de que uno de los impactos sería abrir las puertas al ingreso del atún de otros países en mejores condiciones, como las que ellos disfrutan hoy en Estados Unidos, donde esperan crecer un 102% este año en ventas a raíz de los beneficios del tratado.
“Acá el problema es el subsidio. Si operaran igual que nosotros sería una competencia justa”, enfatizó.
Fuente: El Financiero, Edición 714
Kattia Bermúdez Mora