Primero: porque el sistema vigente del salario mínimo, permite que un patrono, con solo 100 colones que le pague de más a una persona trabajadora, ya queda liberado de aplicar ese “reajuste”.
Segundo: porque ya es bien conocido de que casi medio millón de trabajadores son estafados salarialmente hablando, pues ni siquiera se les paga el mínimo de ley, ya de por sí bajísimo (y ahora “ajustado” en cifras tan indignas y vergonzosas como el 2.60 %).
Tercero: porque la fórmula de cálculo del salario mínimo conspira contra el bolsillo del trabajador y no hay voluntad política alguna en cambiarla, pese a la reiterada insistencia de los sindicatos en que esto debe variarse.
Cuarto: porque el sistema tributario que tenemos es tan perversamente injusto que estos reajustes salariales, aunque queden en cifras tan humillantes, lo que refuerzan es el camino de la desestabilización social por cuanto fortalecen el tránsito del país por una senda de concentración de riqueza y de crecimiento de la desigualdad.
Esta chocante realidad del empobrecimiento salarial de la clase trabajadora nos obliga a reflexionar sobre dos aspectos esenciales. El primero tiene que ver con la paz social y con la estabilidad democrática y la misma integración de la sociedad. Este reiterado proceso de atacar, de golpear, de humillar la dignidad laboral, vía empobrecimiento salarial, es un alimento políticamente fuerte para incentivar la desestabilización de la institucionalidad democrática, incrementando la sensación obrera de que este sistema político ya no funciona para toda la gente, solamente para unos cuantos.
Quienes estamos metidos en esto de los movimientos sociales, lo sabemos hace ya bastante tiempo. La ventaja a nuestro favor es que el proceso subversivo de este injusto sistema político se promueve desde “los de arriba” y es cuestión de tiempo para que “los de abajo”, entiendan la importancia de una acción política activa para lanzarse a la tarea histórica de cambiarlo profundamente para, al menos, imponer la lógica de la promoción del bien común en toda acción de política pública.
El segundo aspecto esencial tiene que ver con la tesis del Diálogo Social, supuestamente para lograr acuerdos nacionales en función precisamente de eso: el bien común. Particularmente, somos abanderados de esta tesis y firmes creyentes de que el desarrollo del sistema democrático hacia superiores niveles de integración social, ocupa de acuerdos nacionales multisectoriales para que construyamos nuevas formas de inclusión y de solidaridad en las que quepamos todos.
No obstante, cuando observamos el comportamiento de la alianza gobierno-empresarios para golpear a la clase trabajadora asalariada, se cuestiona uno qué sentido tiene entrar en un proceso de Diálogo Social que parece que no irá para ningún lado, que es insustancial, que es atolillo con el dedo, que es de cosmética política, que no arrojará acuerdo alguno.
Y aquí es donde, por ejemplo, cuando se habla de revitalizar instancias como el Consejo Superior de Trabajo (CST), de composición tripartita (gobierno, cámaras y sindicatos), uno casi llega a concluir que se trata de una “perdedera de tiempo” y de “operación embarre” que en nada ha de beneficiar a la clase trabajadora. Sería conveniente que el Movimiento Sindical Costarricense, en su conjunto, reflexione, con urgencia y con seriedad en los próximos días acerca de todo esto.
Reflexione, por ejemplo, si en verdad vale la pena esto del Consejo Superior de Trabajo (CST). Si en verdad vale la pena participar de ese ritual semestral (casi ridículo) del Consejo Nacional de Salarios (CNS), que nos arroja en la pura cara la naturaleza de clase del actual gobierno, de los últimos gobiernos, contra la clase trabajadora asalariada.
Definitivamente, aunque la “subversión” del sistema no se genera “desde abajo”, nos corresponde a “los de abajo”, impulsarla. No podemos dejar que sigan pervirtiendo la democracia tal y como lo vienen haciendo en los últimos años.
