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Sigue, continúa desenfrenado y contra toda ética, contra toda moral, contra toda decencia; sin pudor alguno, sin el menor sonrojo, el ataque coordinado desde varios flancos, especialmente el que en estos momentos se despliega a través de la_ “gran”_ prensa, en contra del Movimiento Sindical Costarricense; un ataque como jamás habíamos visto en las últimas décadas.
Los sindicatos hemos cometido la_ “herejía”_ de cuestionar el más grande chorizo nunca antes gestado desde las entrañas del poder político dominante, aprovechando posiciones públicas de poder político para favorecer un negociazo privado de unos cuantos.
Riteve y Alterra palidecen ante la magnitud del negocio de la privatización (vía “concesión”), de los muelles de Limón y de Moín; a cambio de un “pago”, de una mordida, de un soborno de ¡80 mil millones de colones!, para que se lo “repartan” entre 1.400 personas: el actual personal de Japdeva.
La cruzada fundamentalista antisindical por esta razón, ha llegado a impresionantes niveles de manipulación mediática, al punto de que varios enfoques de prensa destilan profundo odio, poniéndonos a los sindicalistas que nos oponemos a semejante chorizo, casi como delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes son los que están ofreciendo tal mordida, tal soborno.
Dice el artículo 52 de la Ley No. 8422,_ “Ley contra la corrupción y en enriquecimiento ilícito en la función pública”_ lo siguiente: “Artículo 52. Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita mano, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”.
Más adelante dice: “Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los supremos poderes, …”.
Una gigantesca pregunta salta a flote al reparar en los alcances de esta avanzada ley anticorrupción: ¿Porqué esa prensa que destila odio antisindical no quiere que usted, la persona ciudadana común y corriente, la gente, el pueblo, se fije en lo que representa ofrecerle 80 mil millones de colones a 1.400 personas trabajadoras empleadas públicas, para qué faciliten, acepten la conceción-privatización de los muelles costarricenses de la costa atlántica de nuestro país?…
¿Por qué, prácticamente, todos esos enfoques de prensa con odio atacan a mansalva, sin asco, brutalmente, sin posibilidad de defensa alguna, a los sindicalistas de SINTRAJAP, a todos los sindicalistas, que nos estamos oponiendo a semejante chorizo, a semejante corruptela?…
Con base en esa ley, ¿no cree usted que los hermanos Arias Sánchez, su Ministro de Trabajo, el señor Álvaro González Alfaro; el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA; el “sicario administrativo” del Golpe de Estado a SINTRAJAP (el señor Joaquín Orozco), no deberían estar siendo procesados ya, al menos indagados penalmente, por el Ministerio Público?…
Es impresionante, incluso, cómo ahora los amanuenses de tercera y los escribanos asalariados de la corrupción, a fuerza de argumentos, caen en el insulto personal para defender la indefendible: el pretendido pago de una mordida, de un soborno, de 80 mil millones de colones.
No importante que nos llamen comunistas, terroristas, homosexuales, desvergonzados, vagos, holgazanes, corruptos, traficantes, etc., etc.; pero la historia hará constar que el Movimiento Sindical Costarricense (completamente unido, sin distingos político-ideológicos), ha denunciado, está denunciando y seguirá denunciando, este gigantesco tráfico de influencias promovido desde la Casa Presidencial, con la connivencia espernible y sucia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y, además, en medio de una operación psicológica de agresión terrorista a la población, a través de una campaña descarnada, para denigrar a los sindicalistas ya no solamente por oponernos a la indicada corruptela de los 80 mil millones de colones; sino porque estamos en contra de que sea el pueblo el que pague de sus empobrecidos bolsillos el precio de este negocio completamente oscuro.
Cuando se está hablando de pagar una mordida, un soborno, a contrapelo de la ley y en medio de un escandaloso tráfico de influencias, por un monto gigantesco de 80 mil millones de colones (137 millones de dólares); entonces, ¿cuánto se espera ganar después?; ¿cuánto deja la actividad portuaria de los muelles de Limón y de Moín?; ¿cuáles son las empresas que, finalmente, se dejarán para sí semejante dineral si se está dispuesto a “invertir” en una mordida de ¡80 mil millones de colones!… Los hermanos Arias Sánchez siguen sin decir nada al respecto.
