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Es que no es cosa de todos los días, la pretensión de darle una mordida, un soborno de 80 mil millones de colones a un grupo laboral del sector Público: las 1.400 personas trabajadoras de JAPDEVA, aunque ya quedó demostrado que la gran mayoría de las mismas no acepta tal corruptela.
¿Quién pondrá la plata para la mordida de los 80 mil millones de colones (137 millones de dólares? ¿Cuál es la eventual procedencia de esa gigantesca suma? ¿Cuál es el bufete que está sirviendo de “asesor jurídico”? ¿cuál es el monto de las eventuales comisiones, visibles e invisibles, en juego?
¿Será la eventual concesión de los muelles de Limón una “oportunidad” para lavar dinero del narcotráfico? ¿Cuáles son las empresas transnacionales que están ya “contactadas” para que entren en el “negocio”? ¿Cuáles son sus contrapartes, sus socios nacionales?…
Al hablar de tanta plata, surge una inmensa cantidad de preguntas pues es tanta la desesperación de los hermanos Arias en concretar este “negocio” que las interrogantes se multiplican en todas direcciones.
Deberían pensarlo dos veces, tres veces, más veces, tanto los que pretenden dar esa mordida como los que tienen aspiraciones de recibirla. Es que no es jugando enfrentarse con los oportunos contenidos de la Ley Contra la Corrupción y en Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento.
En dicha legislación, por ejemplo, se establecen delitos con severas consecuencias penales y civiles en materia de “tráfico de influencias”, “soborno transnacional”, “reconocimiento ilegal de beneficios laborales”, “influencia ilegal en contra de la Hacienda Pública”, “fraude de ley en la función administrativa”.
Evidentemente nuestra profesión no es el Derecho pero dada la magnitud del pretendido chorizo, hemos realizado consultas a especialistas y, en verdad, aquí hay mucha materia para que algunos de los más connotados involucrados en la pretendida mordida de los 80 mil millones de colones, se alisten para rendir cuentas; tanto los promotores de altísimo nivel político, como los_ “facilitadores”_ ubicados en el Ministerio de Trabajo, así como los testaferros_ “sindicalistas”_ de Japdeva inmersos en este nefasto precedente de “negocios” con la cosa pública.
Nuestro criterio es que las personas responsables de estos bochornosos acontecimientos deben dar cuentas en las instancias judiciales correspondientes, ya sea que se concrete o que no se concrete la pretensión de la mordida, del soborno, de los 80 mil millones de colones.
Por otra parte, en este sucio proceso, las monstruosidades jurídicas son tan evidentes y los atropellos al Estado de Derecho han sido tan vulgarmente evidentes que, al momento de escribir estas líneas, surgió un asomo de esperanza de que la ética, la moral y la transparencia de la cosa pública no está perdida del todo: el más alto tribunal de la República, la Sala IV, está estudiando un recurso de amparo constitucional interpuesto a favor de la legítima directiva del sindicato SINTRAJAP, cuyo actual mandato vence hasta enero del 2011 y que es a la cual se le dio un “Golpe de Estado”, precisamente por negarse a aceptar el soborno, la mordida, de los 80 mil millones de colones (80.000.000.000.00).
Porque los promotores de la privatización, vía concesión, de los muelles de Moín y de Limón, debieron haber usado las reglas de la democracia y esperar a que en el próximo proceso electoral de SINTRAJAP, el grupo afín a la “mordida” ganara las correspondientes elecciones sindicales, de tal suerte que tuvieran así la “herramienta legal” para legitimar el ofrecimiento de la mordida: un adendum a la actual Convención Colectiva de Trabajo de Japdeva; esa misma que ha sido acusada por la “gran” prensa de la oligarquía neoliberal de tener_ “odiosas prebendas”_, “vergonzosos privilegios”, “beneficios excesivos”.
¡Que ironía! Es a través de la vilipendiada, una y otra vez, Convención Colectiva de Japdeva que se pretende, vía adendum, legalizar la mordida, el soborno de los 80 mil millones de colones. ¿Acaso esto no es una odiosa prebenda, un vergonzoso privilegio, un beneficio excesivo que se quiere meter, a golpe de tambor, en la actual Convención Colectiva de Japdeva para que lo disfruten un grupo reducido de empleados a costa del aporte de toda la sociedad? ¡Ah!, ¡qué bonito! Ahora sí esa “gran” prensa no ataca la Convención Colectiva de Japdeva pero sí a los sindicalistas honestos que se oponen a que la misma se utilice para legalizar lo inmoral.
Por favor, reparen en esto. Se le dio un Golpe de Estado a la dirección sindical de SINTRAJAP que se ha opuesto a que en la actual Convención Colectiva de JAPDEVA se meta una cláusula, un adendum, para “legalizar”, para “legitimar”, la odiosa prebenda, al vergonzoso privilegio, al beneficio excesivo, de los 80 mil millones de colones. Este es el fondo del asunto. Ojalá que la justicia constitucional lo valore en toda su real dimensión.
