La venidera alza en las tarifas de autobús, sin duda alguna, representará un duro golpe económico a los bolsillos de las personas trabajadoras asalariadas de menores ingresos, de salarios más bajos; con lo cual se da un impulso más al grave problema nacional de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.
Particularmente el golpe económico a los bolsillos hogareños donde el ingreso está circunscrito al salario mínimo de ley, es mayor; considerando que hay una gran deuda salarial acumulada a lo largo de los últimos años que ha propiciado mayores niveles de empobrecimiento familiar.
Ni hablar de lo que ha de suceder en los hogares cuyos proveedores son personas trabajadoras del mercado informal, del cuentapropismo, con ingresos irregulares.
Este caso de esta alza tarifaria, considerada abusiva por la propia Defensoría de los Habitantes de la República, contribuye a nulificar, en gran parte, la más reciente fijación de reajuste a los salarios mínimos, pues junto a otras alzas por venir en varios servicios y artículos básicos, deteriorarán todavía más el poder adquisitivo de las familias de ingresos bajos y medios.
Por otra parte, esta alza tarifaria que se hace en medio de serios cuestionamientos sobre su transparencia, confirma la nada despreciable percepción ciudadana acerca del sesgo pro-empresarial de la actual orientación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), con la cual se incrementa la sensación de indefensión que tienen las personas usuarias, particularmente en el caso de los autobuses, a la hora en que estas alzas se definen.
El “premio de consolación” que ofrece la Aresep en cuanto a “mejor” atención de quejas, es, en realidad, más que burlesco para la gente usuaria de los servicios de autobús; toda vez que bien es conocida la incapacidad reiterada de esta entidad para controlar los diversos aspectos inherentes a la elevación cualitativa del servicio, reforzándose la situación de indefensión de las personas usuarias del mismo.
Por otra parte, cientos y cientos de choferes de autobús siguen siendo víctimas de los rebajos salariales abusivos e ilegales producto de las barras electrónicas cuyo funcionamiento está completamente manejado de manera unilateral; sin que el chofer pueda defenderse de los cargos que, al día, se le hacen por supuestas apropiaciones personales de los dineros recaudados con el cobro de pasajes.
Además, muchos son hostigados, perseguidos y hasta despedidos por intentar defender sus derechos organizadamente en sindicatos, tal y como se los permite la Constitución y la Ley.
No descansaremos en nuestro empeño estratégico de la lucha por una modificación estructural de los salarios mínimos que se hace hoy en día más que necesaria; y que, establezca la diferenciación fundamental entre reajuste y aumento; pues lo que viene ocurriendo es que solamente se otorgan, semestralmente, reajustes por inflación que rápidamente son devorados por las alzas subsiguientes y que no incrementan el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, como sí lo haría un verdadero aumento.
