PRIMERO. El pasado jueves 8 de noviembre de 2012 hubo una manifestación ciudadana, con presencia de personas de distintas partes del país, incluyendo población campesina, mujeres, niños y niñas, que tomaron parte de su tiempo para defender lo que es de todos y de todas: la Seguridad Social y enfatizar en la grave situación que ésta enfrenta. Como lo documenta diversa información periodística, esta manifestación ciudadana fue atendida con violencia.
SEGUNDO. Las decisiones político-policiales adoptadas por las autoridades, tanto del Ministerio de Seguridad Pública como desde la propia Casa Presidencial, para emplear a efectivos de la Fuerza Pública contra los y las manifestantes, merecen nuestra más enérgica condena; a la vez que reiteramos que nuestra Patria necesita y merece una Policía Civilista, de alto profesionalismo y bien remunerada.
TERCERO. Una Fuerza Pública de estas características requiere la invocación persistente y respetuosa al diálogo; la tolerancia y paciencia franciscana ante todos los episodios de la manifestación de orden pacífico; la inmutabilidad ante los exabruptos verbales que pudieran (aunque no necesariamente), ocurrir. En suma, la Fuera Pública lejos de coaccionar, debe permitir la expresión libre de la queja ciudadana.
CUARTO. Los deplorables hechos que comentamos reflejaron exactamente lo contrario. En consecuencia, los altos mandos policiales y gubernamentales le deben a la ciudadanía una explicación de los fundamentos que tuvieron para emitir la orden de reprimir, que llevó al enfrentamiento violento contra la gente en manifestación.
QUINTO. Desde hace años, la Avenida Segunda ha sido la vía en que, por excelencia, transita la gente que, con base en diversas motivaciones, ejerce lo que desde esta organización acuñamos como la “DEMOCRACIA DE LA CALLE”. Sin embargo, si no nos falla la memoria, jamás había sido lanzada contra la gente en manifestación, acción policial alguna, mientras se hace uso cívico de esa avenida. ¿Por qué sí ocurrió en esta ocasión?…
SEXTO. Para nadie es un secreto que hay en ebullición un descontento popular y ciudadano que responde a diversas motivaciones. Se hace en este contexto urgente contar con mecanismos de Diálogo Social con Negociación Efectiva. Sin embargo, La Presidenta Chinchilla y su Gobierno mina toda posibilidad de avanzar en esa dirección, al punto de que cuando hay un acuerdo supuestamente en firme, lo deshonra; como lo muestran tres casos ocurridos en tan solo unas pocas semanas: la Reforma Procesal Laboral, la ley contra el fotocopiado y la “Ley Mordaza”.
SÉTIMO. Podemos en este marco interpretar la acción policial cuestionada, como un giro hacia el empleo de la fuerza desmedida e irracional contra la gente que protesta. Así las cosas, nosotros pensamos que los y las policías “de abajo”, quienes siguen estando pésimamente mal pagados, no tienen la obligación moral ni ética de agredir a quienes, integrantes de su misma clase, se manifiestan a favor de causas sociales que, también, de un modo u otro, son en concernirles.
OCTAVO. La desobediencia, en estas situaciones extremas cuando se ordena reprimir a ciudadanos pacíficos que protestan, incluyendo personas adultas mayores, niños y niñas es, más bien, un valor democrático de naturaleza cívica; tal y como en aquellos dolorosos momentos de las fase más cruda de la guerra civil salvadoreña, llevó a ese gran hombre de bien, asesinado por estar a favor de su pueblo, a indicarle a las fuerzas represivas del régimen que no tenían que obedecer a las órdenes de agresión contra sus iguales de clase. Nos referimos a monseñor Oscar Arnulfo Romero.
NOVENO. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con las ilustres personas diputadas, integrantes del denominado Primer Poder de la República cuya inmunidad otorgada por el poder popular fue violentada. La señora legisladora Carmen María Granados Fernández y los señores legisladores Claudio Monge Pereira, José María Villalta-Florez Estrada y Juan Carlos Mendoza García, han indicado que su papel fue de mediación ante la crudeza que estaba ya exhibiendo el enfrentamiento.
DÉCIMO. Se puede o no coincidir con el pensamiento político-partidista de cada una de estas ilustres personas. Lo que no se puede es negar su condición diferente en el marco del todavía vigente Estado de Derecho costarricense. A no ser que alguien esté pensando que ya éste es un obstáculo que debe eliminarse…
ONCEAVO. La ANEP lamenta, también, que efectivos policiales a quienes se les dio la incorrecta orden de reprimir, hayan salido heridos, tanto en su humanidad física como en su integridad psicoemocional. Estas personas trabajadoras, integrantes de los mandos “rasos” de la Fuerza Pública, siguen sufriendo una gran discriminación salarial pues “ponen el pecho y arriesgan su pellejo” por salarios hasta diez veces menos que lo que ganan los que les dieron las órdenes de reprimir.
DOCEAVO. El Gobierno debe verse en el espejo por un largo rato, y ojalá reconozca que lo que se ve tiene enormes problemas, tal y como la mayoría de la gente lo reconoce ya. Si el Gobierno hace de la desconexión a los reclamos ciudadanos una “virtud”, es de esperar que muchos tristes episodios se asomen en el futuro. Señora Presidenta: rectifique ya su camino y abra, de una vez por todas, las anchas avenidas del diálogo social verdadero, tal y como usted lo ofreció en un día ya olvidado hace poco más de dos años.
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TRECEAVO.* El cumplimiento de los derechos laborales está urgido de la reforma procesal laboral; los derechos ciudadanos a la salud y la seguridad social exigen que los altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asuman ya sus responsabilidades señaladas ya por unos y por otras; el fundamento democrático más preciado como lo es la libertad de expresión exige la derogatoria de la “ley mordaza”. Estos son sólo algunos ejemplos que casi a todos y a todas nos parecen extremadamente urgentes y evidentes. Sólo falta usted, señora Presidenta: ¡Súmese! Nunca es tarde para hacer lo correcto.
CATORCEAVO. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas sindicales, sociales y cívicas para que juntemos los esfuerzos más honestos y transparentes a fin de que construyamos una agenda compartida de lucha y así, en gran unidad popular y social, salgamos en miles y miles, por todas las calles de este país.
