Ninguna otra actividad es tan rentable como la piñería –minería de suelos, explotación de trabajadores y contaminación–. Sus ventas generaron $743 millones de dólares en 2011 y emplea a 20.000 personas. La pregunta obligada es: ¿adónde va esta riqueza? ¿Cuáles son sus impuestos y quién está soportando los impactos o externalidades?
Adónde va la riqueza. De cada euro que se paga en Europa en la compra de piña, los trabajadores en las plantaciones reciben tan solo 4 centavos; mientras los comerciantes, propietarios de plantaciones y multinacionales se dejan los 96 centavos restantes (Red Consumidores Internacionales, 2010).
Al contrario del banano, la piñería no deja un impuesto específico al Estado o municipio (leyes 5519, 5515, 7313). Sin embargo, las municipalidades sí tienen que arreglarle caminos y brindarle servicios básicos.
Esto lo reclama la Municipalidad de Pococí en su política que prohíbe la instalación de nuevas piñeras en el cantón: “la actividad piñera ha venido a establecer una sensible reducción en los ingresos del Gobierno Local, a causa de que esta actividad no está gravada con impuesto de exportación que sí pagan las empresas bananeras, lo que viene a reducir el volumen de ingreso de los recursos con que cuenta este municipio para sus políticas de desarrollo”, dice el documento Prohibición a la expansión piñera (La Gaceta, 27-04-2012).
Empleo y desarrollo. Según la Municipalidad de Pococí, el desempleo y problemas socioeconómicos han aumentado porque la producción piñera requiere menos mano de obra que la actividad bananera.
En el caso de Buenos Aires de Puntarenas, con más de 30 años de presencia de PINDECO, el cantón tiene un índice de pobreza del 40,4% (Estado de la Nación, 2005), ocupa el lugar número 74 de 81 en el índice de rezago social (Censo, 2000), 77 en el índice de pobreza humana cantonal (IPHC) y en el índice desarrollo humano ocupaba la posición 74 en 2009 (PNUD, UCR 2011). PINDECO es el principal empleador del cantón (SENDER, 2006).
Algunas piñeras tienen la mala costumbre de estar morosas con la Seguridad Social. Trece empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) adeudaban al 30 de mayo de este año más de ¢350 millones según el sistema en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Si el empleo es el medio de retribución de la riqueza, cabe preguntar cuántos de los 20.000 empleados están en realidad asegurados y cotizando para la seguridad social y cuánta de la riqueza piñera no será nunca redistribuida mediante esta forma.
Impactos bien distribuidos. Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos. Ya se han encontrado muestras de polvo en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas, en Cartagena de Guácimo (Solano, Tesis, UNA, 2007). Se han encontrado rastros de hasta siete plaguicidas en el pelo, brazos y limpieza bucal de un grupo de osos perezosos en una finca en Pueblo Nuevo de Guácimo. (Pinnock, Tesis, UNED, 2010).
La contaminación se encontró en aguas superficiales y suelos en la finca Tico Verde en La Perla de Guácimo (Vargas, UCR, 2010), en las aguas subterráneas en el 10% de los pozos muestreados en El Caribe (Ruepert, UNA, 2004). Especialmente con el herbicida bromacil (prohibido en Europa) que se usa en el cultivo de piña y contaminó las aguas de consumo humano en Cairo, Milano, Luisiana y La Francia de Siquirres. Esas comunidades tienen más de cuatro años recibiendo agua en camiones cisterna del AyA.
En la cuenca Río Jiménez se encontraron ocho diferentes agroquímicos, algunos de ellos presentan una toxicidad de alta a extrema (Echeverría et al., UNA, 2010). Todos estos químicos van a drenar al mar donde se han encontrado en agua y en sedimentos en las desembocaduras de El Caribe (UCR et al., Investigación, 2009). A todo esto se le agregan las pérdidas producidas en ganadería por la mosca que se reproduce en altas cantidades por el mal manejo (evidente falta de inversión) de los desechos de la piña. Son cientos de productores locales que han tenido que terminar malvendiendo sus tierras a las piñeras, perdiendo su actividad principal.
Quedan muchas preguntas que el sector piñero y el Gobierno deben explicar a la sociedad costarricense. Continuar expandiendo esta actividad sin responderlas, nos convierte cada vez más en una “ananá republic”, la reconversión de la odiosa fama de “banana republic” que arrastramos del pasado.
Desde hace años sabemos estas implicaciones de seguir expandiendo el cultivo de la piña, de sus impactos a las poblaciones locales y del costo que el país entero debe pagar para que unos pocos sigan abultando su bolsillo.
Es hora de exigir respuestas, soluciones y una moratoria a la expansión incontrolada piñera.
