Aplaudimos con fuerza la decisión de la actual cúpula política de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de rectificar la pésima decisión adoptada en el anterior Gobierno, encabezado por el hoy Expresidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, de condonarle al Estado el pago de intereses con relación a la gigantesca deuda que mantiene con la Caja; decisión ésta completamente desafortunada adoptada por la anterior Presidencia Ejecutiva de la institución, en manos del Ing. Eduardo Doryan Garrón.
Somos del criterio de que la más importante y querida institución pública del pueblo costarricense, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está pasando por la encrucijada más difícil y dramática de toda su historia, incluso con grave riesgo de deterioro financiero irreversible. Por tal razón, la ciudadanía activa y sus distintas organizaciones deben promover una especie de cruzada patriótica para salvar a la Caja.
Si desafortunada fue la errónea decisión política del binomio Arias Sánchez-Doryan Garrón, de perdonarle al Estado el pago de intereses con relación al arreglo de su deuda con la Caja, adoptado en octubre de 2007; no menos errónea y perniciosa fue pagar el principal de esa deuda con papeles, con bonos, cuya colocación en el mercado financiero le ha resultado sumamente difícil a la Caja, lo que la obligó a endeudarse por primera vez en toda la historia de su existencia, para funcionar a nivel mínimo.
No basta con que la Asamblea Legislativa convoque al señor Doryan Garrón a comparecer y ofrecer explicaciones sobre el particular, como se anuncia para el próximo viernes 16. También deben ser convocados el propio Expresidente Arias Sánchez y su Ministro de Hacienda, el señor Guillermo Zúñiga Chaves, protagonista directo del arreglo de pago que el Estado hizo con la Caja, por un monto de 123 mil millones de colones, pero sin cobro de intereses.
Además, si bien es importante esta rendición de cuentas en el escenario político, la propia Asamblea Legislativa debe abrir el camino para las responsabilidades penales inmersas en este problema. Es más, el propio Ministerio Público debería de actuar de oficio sin esperar una denuncia formal.
La Caja, víctima de poderosos intereses corporativos internos y externos, debe ser salvada de quienes, intra y extramuros, la tienen “_secuestrada_”.
