Este grave problema es amenazante desde todo punto de vista y de este problema, en nuestro criterio, se alimentan otros también nefastos para una convivencia democrática con verdadera justicia social y real libertad. La violencia en todas sus manifestaciones, la penetración del narcotráfico y la corrupción pública y privada (con ropaje legal ó sin él), de una u otra forma, tienen una raíz común: el crecimiento de la desigualdad que, en concreto, nos indica de que un reducido grupo de la sociedad sigue acumulando riqueza, mientras que la mayoría de la población está en pobreza, va rumbo hacia ella y/o se ha endeudado peligrosamente para no caer en tal abismo.
Pueden ser varias las políticas que un Gobierno, relativamente decente, debería adoptar para atajar, atenuar, desacelerar y hasta revertir el crecimiento de la desigualdad. Por ejemplo, un ámbito de acción en tal sentido que tendría gran impacto, es de la política salarial para las personas trabajadoras con empleo formal, tanto en el sector Privado como en el Público.
Una política salarial relativamente justa, inspirada en principios democráticos de inclusión y movilidad social, es de una urgencia mayúscula en ese escenario de creciente desigualdad. Si bien es cierto, estamos ya constatando la dolorosa realidad de que cerca de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) está en el mercado informal (el cuentapropismo); lo real es que la gran masa trabajadora asalariada sigue jugando un extraordinario papel en el crecimiento económico, en la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social todavía vigente aunque maltrecho; y, además, es imprescindible en el dinamismo del aparato productivo, incluidos los servicios.
La clase dominante, esa misma que siempre está en el control de la gestión política pese a los “cambios” de gobierno, cada vez que puede pega el grito al cielo por una tal “ingobernabilidad” de la gestión ejecutivo-administrativa de la cosa pública; dejando de lado que la verdadera esencia que estaría explicando tal “ingobernabilidad”, no es otra que la dificultad que tiene la “gente de arriba” para seguir controlando y manipulando a “los y las de abajo”, léase, en este caso, la clase trabajadora asalariada, misma que está más que llamada a movilizarse antes de la extingan completamente. La lucha salarial, sin duda alguna, se relaciona mucho con esa “ingobernabilidad”, pues la carencia de salarios e incrementos justos alimenta las condiciones para la violencia social en todas sus manifestaciones.
La semana próxima se hablará mucho del incremento salarial para quienes laboran en el sector Privado; tema que estará centrado, básicamente, en cuánto han de aumentar los salarios mínimos. El gran esfuerzo sindical de los últimos meses por instaurar una nueva fórmula de cálculo en el monto de los mismos, debe tener una gran fuerza social para imponerse a la alianza natural gobierno-empresariado que, en mancuerna, en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), toda la vida votan en alianza contra las propuestas salariales sindicales impregnadas éstas de justicia social y de montos tendientes a elevar la capacidad adquisitiva de los salarios.
Una campaña de empoderamiento de la gente trabajadora asalariada del sector privado se muestra como un desafío para los sindicatos en estos tiempos de TLC’s. ¡Qué genial sería un esfuerzo mancomunado intersindical, al respecto, desplegado en las afueras de las grandes fábricas y comercios; y/o, en las barriadas de la clase obrera y popular; o bien, las ferias sindicales en parques de importantes centros poblaciones, como los ha ensayado en diversas oportunidades, con éxito y sacrificio, personeros de la organización para la cual laboramos.
La mejor lucha salarial y/o las posibilidades de obtener éxito para beneficio de la clase trabajadora en esta cuestión salarial, es con base en la organización y en la movilización. La solidez argumentativa y técnica así como la base de profunda justicia social que impregna las propuestas sindicales, en el caso del sector Privado, termina estrellándose contra el muro consolidado de la otra clase que se manifiesta en estos procesos: la alianza gobierno-empresarios que se manifiesta en el seno del CNS, instancia donde se definen los incrementos salariales para el sector Privado de la economía.
Entonces, la historia es la misma: 2 a 1, perdiendo “los y las de abajo”, la clase asalariada, esa misma a la que, en montones de casos, le roban el salario porque ni siquiera le pagan el mínimo de ley; mínimo de ley hoy más que ofensivo y mínimo de ley para el cual los sindicatos tienen una nueva propuesta, muy responsable, profesional y justa que los elevaría sustancialmente. La organización y la movilización resultan, en consecuencia, fundamentales. Lo mismo sucede para el sector Público aunque aquí la cosa es un poco distinta. De ello hablaremos la próxima semana, si Dios, Nuestro Señor, nos lo permite.
