Colectiva por el Derecho a Decidir
En el marco de la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, varias organizaciones que trabajan temas de derechos sexuales y derechos reproductivos enviaron al Comité CEDAW un documento que cuestiona el Informe de Avance y Cumplimiento que el gobierno costarricense entregará el próximo mes de junio. El Estado costarricense está presentando dicho informe con un atraso de 8 años y para un período que va de 2003-2007.
“_Hay muchos temas que el Informe oficial deja por fuera y que son de vital importancia para poder decir que Costa Rica está avanzando_” indicó Larissa Arroyo, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones promotoras de la iniciativa.
En este “_informe sombra_”, entregado a la CEDAW el pasado 25 de mayo, las organizaciones valoran temas como: el acceso al aborto terapéutico, a servicios de planificación familiar y anticonceptivos modernos, las carencias en materia de educación sexual integral, la prohibición de la fertilización in vitro y la discriminación contra las mujeres lesbianas en los servicios de salud.
Deudas en salud reproductiva: Prevenir las muertes maternas
El informe presentado destaca que en Costa Rica, las mujeres y niñas adolescentes tienen acceso restringido a los servicios de aborto legal, a pesar de que desde 1971, según el artículo 121 del Código Penal, el aborto no es punible en casos de riesgos a la vida o la salud de la mujer. Tampoco se cuenta con un protocolo o con una guía de atención que indique al personal de salud cuándo y cómo deben realizar este servicio, ni se brinda un procedimiento administrativo o judicial por medio del cual las mujeres puedan reclamar su derecho. Sin este mecanismo formal el personal de salud opta por no hacer la interrupción del embarazo aunque la salud de la mujer o la niña corra peligro. De acuerdo con este informe, “_el incumplimiento del Estado en poner a disposición el servicio de aborto terapéutico puede ser parte del motivo por el cual están aumentando las muertes maternas debidas a causas indirectas_”. El mismo Ministerio de Salud indica que al menos el 52% de estas muertes pudieron evitarse.
De acuerdo con las organizaciones firmantes, otra de las fallas del Estado costarricense está en el ámbito de la planificación familiar: los bajos índices de uso de anticonceptivos, las disparidades entre zonas rurales y urbanas y las dificultades de acceso para las mujeres no aseguradas, indican que no se ha logrado que la planificación familiar se convierta en una realidad para todas las mujeres. A ello debe sumarse el hecho de que la oferta de métodos anticonceptivos que ofrece la CCSS no contempla las tecnologías más modernas ni ofrece opciones adecuadas para las adolescentes.
También en este apartado el informe recalca la falta de accesibilidad absoluta de la Anticoncepción de Emergencia. “_Este tipo de anticonceptivos ni siquiera están incluidos en los protocolos de atención a víctimas de violación, a pesar de ser una forma segura de prevenir embarazos no deseados_”, señaló Arroyo.
Deudas en educación sexual y en igualdad de derechos: mejorar la calidad de vida de todas las mujeres.
En 2003, el Comité CEDAW recomendó a Costa Rica implementar con urgencia un programa nacional integral de educación sexual, sin embargo, hasta la fecha no se han tomado acciones concretas que lo hagan realidad en la práctica. Los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Juventud y por la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como informes recientes sobre infecciones de transmisión sexual, señalan que las mujeres y en particular las jóvenes y adolescentes, se mantienen en una situación de riesgo. A ello se suman los índices en aumento de embarazo en adolescentes y de violencia de género. “_Todo ello nos lleva a pensar en que los pocos esfuerzos por brindar educación sexual no están cumpliendo el objetivo de promover una sexualidad segura, libre y responsable_” señaló Arroyo.
Por otra parte, las mujeres lesbianas en Costa Rica no solo se enfrentan a discriminación social, estereotipos y discriminación formal ante la ley, también son víctimas de actitudes negativas en el sector salud, especialmente cuando buscan consejería o atención relacionada con su salud sexual y reproductiva. Es probable que estas actitudes se repitan también hacia las mujeres bisexuales y trans.
Con el envío de este informe se espera que el Comité CEDAW tenga más elementos para cuestionar al Estado Costarricense y elaborar recomendaciones que contemplen los temas expuestos.
