El proyecto de_ “Ley de Contingencia Eléctrica”_, enviado con carácter de_ “emergencia”_ por el gobierno de Laura Chinchilla a la Asamblea Legislativa, luego de que el PLN perdiera el control del Directorio Legislativo, es una versión comprimida de la Ley General de Electricidad que, al igual que sus versiones anteriores, tiene el único propósito de favorecer la privatización del servicio público, según la consideración del Diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio.
El legislador agregó que ninguno de los artículos del proyecto fortalece o beneficia al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que incluso queda sujeto a “las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo”, en materia de planificación, lo cual interfiere con la autonomía que la Constitución otorga a esta institución.
En contraste, dijo el Diputado Villalta, los empresarios generadores de electricidad del sector privado, podrán exportar sus excedentes al mercado regional centroamericano y podrán vender mediante contrato directo a los_ “grandes consumidores”_ (aquellos cuya demanda sea igual o superior a 1 megawatt).
Agregó que la propuesta del gobierno de Laura Chinchilla aumenta el tamaño de los proyectos privados, pasándolos de 20MW a 30MW, y sube el porcentaje de generación eléctrica paralela, del 15% actual, hasta un 25%.
Además, hizo ver que, al ser declarados “de interés público y conveniencia nacional”, los proyectos de generación privados recibirán autorización para “la remoción de árboles que se requiera”.
“El principal propósito del proyecto de ley es convertir la electricidad en una mercancía, pasando, en primer lugar, su comercialización y exportación a manos privadas, y poco a poco, la generación, con lo cual se perderá el carácter solidario de este servicio público”, expresó.
Además, hizo ver que el Gobierno presentó apresuradamente este proyecto luego de que la alianza opositora tomara el control de la Asamblea Legislativa y, con ello, de la agenda parlamentaria, con lo cual el proyecto original llamado “Ley General de Electricidad” tendría pocas probabilidades de ser discutido prontamente.
“¿Cuál es el apuro? Si el ICE viene planificando eficientemente el desarrollo y la sostenibilidad del sector eléctrico en el largo plazo, ¿cuál es el apuro? ¿A quién se quiere, desesperadamente, favorecer?”, preguntó el diputado del Frente Amplio.
Agregó que antes de seguir un camino equivocado, el país tiene derecho a conocer cuál es el balance de dos décadas de generación privada de energía. Recordó que hay estudios que demuestran que el pueblo costarricense ha estado financiando a las empresas cogeneradoras privados, a través de los precios abusivos que ha debido pagar el ICE a esos empresarios, con los impuestos de las y los costarricenses.
Gracias al ICE, a las cooperativas rurales y a las empresas municipales, Costa Rica ocupa el primer lugar en América Latina con una cobertura eléctrica del 99%, y el uso de energías renovables alcanza el 95% de la producción (hidroeléctrica, geotérmica y eólica), habiéndose demostrado capacidad para satisfacer una demanda eléctrica que se duplica cada 12 años, agregó.
Finalmente, el parlamentario del Frente Amplio llamó a los sectores sociales y a la ciudadanía en general a estudiar este proyecto de ley privatizador, y a disponerse a luchar para defender un modelo solidario que beneficia a las grandes mayorías.
