Como ya habíamos comunicado por este medio, en días pasados el Secretario General de SUNTRACS, señor Saúl Méndez, fue detenido en la terminal aérea del aeropuerto panameño indicándole que no podía abandonar el país.
Después de gestiones legales y presiones políticas dicha prohibición fue revocada ya que no tenía ningún asidero legal. Logramos entrevistar en tierras costarricenses a este dirigente sindical quien nos cuenta lo sucedido y nos hace una reflexión sobre la situación actual de los derechos humanos en Panamá.
El sindicalista panameño del gremio de la construcción y afines, junto con otros representantes sindicales también del SUNTRACS y de FRENADESO, visitaron la sesión de la Junta Directiva de la Central Social Juanito Mora Porras, donde expusieron la actualidad de sus luchas reivindicativas. Además, agradecieron toda la solidaridad mostrada por nuestras organizaciones sociales, principalmente por nuestro Sindicato ANEP. Como muestra de agradecimiento nos entregaron una placa que deja registrada la hermandad de nuestras organizaciones.
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NUEVA INFORMACION 29-09-10
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Por Martín Rodríguez Espinoza
martinrodriguez@ anep.or.cr
Fallo de la Corte Suprema de Justicia confirma que existe una Gestapo al servicio de Martinelli
Se ha dado a conocer que el pleno de la Corte Suprema de Justicia de forma unánime advirtió al Ministerio Público (MP) que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona en un proceso no pueden convertirse en un “régimen preliminar de detención”.
El pronunciamiento del 23 de julio está contenido en un fallo que declaró no viable un recurso de hábeas corpus a favor de Saúl Méndez, Secretario General del SUNTRACS (para la fecha ya no existía orden de conduccioón ni de detención contra el dirigente popular), y señala que la orden de conducción “debe manejarse con prudencia”, de manera que sólo se aplique cuando “se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso”. (La Prensa)
Los medios de comunicación se han hecho eco de la información y diversos grupos de la sociedad civil, gremios profesionales y organizaciones del movimiento social se han pronunciado en concordancia con el hecho de que la forma de proceder del Ministerio Público viola la Constitución Nacional.
Pero la noticia ha obviado las denuncias previas de FRENADESO.
El 10 de julio pasado, cuando arreciaba la represión en Bocas del Toro y era cobardemente asesinado el hoy mártir Virgilio Castillo, unos 300 participantes del Encuentro de Dirigentes Populares convocado por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo y FRENADESO, eran arrestados por manifestarse pacíficamente en solidaridad con el pueblo bocatoreño.
El Hotel Soloy, que había sido sede del Encuentro, fue rodeado por unidades del Control de Multitudes, la Policía ingresó al edificio, allanó habitaciones, y presionó a los dirigentes allí presentes a entregarse sin presentar orden alguna ni los motivos del arresto.
Durante varias horas se mantuvo en vilo a los dirigentes, situación que se resolvió gracias a la oportuna intervención de representantes de la Iglesia Católica, grupos de abogados y de la sociedad civil.
Ese mismo día, luego de ser liberados los casi 300 manifestantes, el compañero Ronaldo Ortíz, dirigente kuna, del FER-29 y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO se le mantuvo en prisión sin que se le dieran a conocer los motivos.
Mientras tanto en David, Chiriquí, el compañero Jaime Caballero, Sub Secretario General del SUNTRACS y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO, era arrestado y su residencia allanada en presencia de su esposa e hija.
Caballero fue trasladado a la ciudad capital en un avión junto a detenidos y heridos de la Masacre de Bocas del Toro. Nunca se le dieron a conocer las causas de su detención ni quien la ordenaba. Tampoco se le permitió la asistencia de un abogado.
Paralelamente, un bloque de búsqueda de la Policia Nacional montaba una feroz cacería y allanaba la residencia del compañero Saúl Méndez, miembro también de la Dirección Nacional de FRENADESO, así como también las de su madre y otros familiares.
Horas después se sabía que la casa de Genaro López y otros familiares también eran allanadas en persecución contra este reconocido dirigente nacional de CONUSI, SUNTRACS y FRENADESO.
Luego se conoció que el Fiscal Auxiliar, Angel Calderón, en base a la supuestas informaciones de un testigo sin nombre y sin rostro, identificado sólo por un número, había acusado a 17 dirigentes populares de participar de una reunión en la Universidad de Panamá donde se preparaba un complot contra el Canal. No se aportaba ninguna prueba al respecto.
La situación de arbitrariedad era tal que a la abogada que inicialmente asistió a Jaime Caballero, se le comunicó de parte de la Policía, que el caso del dirigente chiricano era de tal gravedad que no permitía siquiera que fuera atendido por un profesional del Derecho (sic).
Jaime Caballero, demostró que nunca estuvo en semejante reunión, pues el día y la hora en que el testigo fantasma señalaba que se había realizado, él se encontraba junto a su hermano moribundo, en el Hospital en Chiriquí donde luego éste lamentablemente fallecería.
Aún así el Fiscal Calderón persistió en su detención, por lo que el compañero Jaime Caballero inició de inmediato una huelga de hambre que se prolongó por casi 7 días.
Desde las mismas mazmorras se logró conocer que la intención de la Fiscalía era trasladar a Jaime Caballero, junto a los demás dirigentes que fueran detenidos, al Centro Penitenciario de La Joya y La Joyita, para allí exponerlos a la acción criminal de delincuentes comunes al servicio de los organismos de seguridad del Estado.
Estos aviesos y miserables propósitos de la Fiscalía se lograron frenar gracias a las denuncias, a la acción legal de los abogados, de los grupos de derechos humanos y a la solidaridad nacional e internacional.
Pero el expediente amañado contra 17 dirigentes sindicales y populares sigue abierto, pendiendo como una espada de Damocles sobre sus cabezas.
Por este hecho el Fiscal Auxiliar ha sido denunciado y demandado ante los tribunales por las organizaciones populares. Sin embargo, poca confianza tenemos que se haga justicia, pues aquí persiste el reino de la impunidad, tal como se demostró recientemente con el fallo absolutorio en favor de los policías que asesinaron en Isla Viveros al obrero de sólo 23 años, Luiyi Argüelles.
Lo más seguro es que se tendrá que buscar en otros tribunales y foros internacionales, la Justicia que en Panamá le es negada a los pobres, trabajadores y demás ciudadanos honestos.
Para esos mismos días, 28 trabajadores en Colón que se solidarizaban con sus compañeros de lucha en el proyecto de Ampliación del Canal eran detenidos por el Comisionado de la Policía Nacional, Mauricio Nelson, hoy separado de su cargo por su presunta relación con un caso de narcotráfico. Luego de que los trabajadores estuvieran más de una semana en prisión, los arrestos fueron declarados ilegales.
El Goberno autoritario de Ricardo Martinelli, no conforme con el baño de sangre causado al pueblo bocatoreño en su lucha contra la repudiada Ley 30 (Ley Chorizo), fomenta el terrorismo de Estado y la persecución selectiva contra los luchadores sociales.
El fallo unánime del pleno de la Corte Suprema de Justicia refleja el proceder de un Ministerio Público y de una Fiscalía Auxiliar que actúan al margen de la Ley y que se han convertido en una especie de Gestapo de Ricardo Martinelli que pincha teléfonos, promueve el terrorismo judicial y actúa políticamente contra la dirigencia sindical, popular y los opositores al régimen autoritario.
Esta Gestapo, tal como ya hemos advertido, actúa en combinación con la Policía Nacional, institución plagada por agentes corruptos, tumbadores de droga, narcotraficantes, coimeros, protectores de mafiosos, envueltos en escándalos de robos, violaciones carnales, violencia intrafamiliar, homicidios, abuso de la fuerza, que pisotean los derechos humanos y las garantías fundamentales de los ciudadanos; que fomentan el terrorismo de Estado y atropellan a los panameños pobres a quienes diariamente someten con el injusto sistema “pele-police” arrestando a cientos de trabajadores por delitos no comprobados y convirtiéndose con el mismo en una simple agencia recaudadora de un Gobierno autoritario sediento de ingresos y afanado en saquear los bolsillos de los panameños humildes.
A todo esto, mientras en México se anuncia el arresto de otras personas vinculadas a un banda que lavaba en Panamá dinero prodente del Narcotráfico, y de la que hacían parte el primo del Presidente y ex Tesorero de Cambio Democrático, Ramón Ricardo Martinelli Corro, preso en una cárcel de máxima seguridad en aquel país junto a otros copartidarios del mandatario panameño; en Panamá nadie conoce que el Ministerio Público esté realizando investigación alguna sobre este sonado caso.
