Durante el 2009 se presentaron dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa: Ley General de Electricidad y Fortalecimiento del Sector… Fueron resumidos a principios del 2010 en otro “Combo”, según expediente No. 17.666.
Tales proyectos, impulsados por el gobierno del Dr. Óscar Arias Sánchez, pretenden una apertura total del sector eléctrico, similar a la decretada en telecomunicaciones, actualmente en proceso.
La justificación, de nuevo falaz y engañosa, es la necesidad de asegurarle al país los servicios eléctricos, para lo cual consideran indispensable la participación de la empresa privada, para hacer que su “eficiencia” baje lo costos y la “competencia” los precios.
Sin embargo, y a pesar de que la realidad es que la participación privada aumenta los costos, al tener que considerar en los precios las “utilidades” que cualquier empresa privada con razón demanda, y por los costos de intermediación, sería aceptable revisar los topes de la generación privada, hoy limitados por las leyes 7200 y 7508, pero no cambiar el modelo de desarrollo, cambio que el proyecto conlleva. Si lo que se pretende resolver sinceramente es el problema de la falta de más inversión, suficiente sería con autorizar al ICE para que la hiciera.
Es inconcebible pretender un cambio de modelo, pues el actual ha demostrado ser el más eficiente, efectivo y solidario del continente, haber hecho uso de fuentes renovables, limpias y nacionales, alcanzado la mayor cobertura (casi del 99% de la población), precios que garantizan un servicio para toda la población y una excelente calidad (pregúntenle a Intel).Tampoco es aceptable liberalizar la comercialización del servicio, lo cual implicaría que cualquier gran consumidor pudiera contratar con algún generador privado sus necesidades, permitiéndose de esa forma que los grandes clientes pudieran obtener ventajas económicas sobre el resto, los que jamás podrían lograr algo similar, en detrimento, por tanto, de los más débiles, los clientes residenciales. Esto atenta contra el modelo solidario que nos ha caracterizado por más de 60 años, con tan excelentes resultados para el país.
La liberalización de la comercialización implicaría la intermediación de muchos agentes de mercado, que no aportarían nada productivo, pero en cambio harían aumentar enormemente los gastos transaccionales, incrementando los precios del servicio.
Tampoco es aceptable debilitar y mucho menos desintegrar el ICE. Las redes eléctricas, que son monopolios naturales, para ser competitivas necesitan de las economías de escala, especialmente en países con una extensión geográfica pequeña como la nuestra, por lo que desintegrar el ICE implica de nuevo aumentar los costos.
Tampoco es razonable pasar de una planificación normativa a una indicativa, pues el servicio eléctrico es vital y no puede ponérsele en riesgo al dejar esa responsabilidad a las fuerzas del mercado. La sustitución de la planificación centralizada y eminentemente técnica que ha ejercido históricamente el ICE ha demostrado excelentes resultados. La única vez que el país debió someterse a racionamientos se debió a las limitaciones financieras que le impusieron al ICE y que le impidieron hacer a tiempo las inversiones, luego del asedio de que fue objeto a partir del “Combo” del 2000
*Ingeniero
Fuente: Diario Extra – Página Abierta
Miércoles 07 de Julio de 2010 13:21
