Somos una sociedad con una creciente desigualdad social; una sociedad en la cual la concentración abusiva de la riqueza está más que demostrada; una sociedad donde su clase media (otrora bastión de la institucionalidad democrática y sólido sostén de la paz social), está en vías de desaparición, mucha de ella en una situación de vulnerabilidad de pobreza, altamente endeudada y casi sin esperanzas.
La gente que vive en las dolorosas condiciones de pobreza sigue sin perspectivas estructurales de salir de la misma, pues el poder político dominante necesita que permanezca así, dado que es la fuente fundamental de su clientelismo electoral cuatrienal, fundamental para “ganar” elecciones.
La micro, pequeña y mediana empresa está abandonada de sólidas políticas públicas. El mercado informal crece sin cesar: uno de cada dos empleos que se genera presenta tales condiciones de precariedad laboral. 600 mil personas trabajadoras asalariadas, básicamente del sector Privado, ni siquiera reciben el salario mínimo de ley, ya de por sí bajo.
La depredación ambiental y ecológica sigue sin cesar y la producción de energía eléctrica nacional, amenaza con exportarse al mercado centroamericano, por el jugoso negocio privado que representa, si llega a aprobarse la Ley General de Electricidad. El saliente Presidente Ejecutivo del ICE dijo que le “asustaba” tal ley.
Nuestra joyas de la abuela, como el ICE y el INS, son cercano manjar para ser devoradas por las transnacionales ya situadas en el país y sus testaferros nacionales. En perspectiva, tal suerte le espera a la Caja y a AyA. El negociazo portuario del Atlántico, mediando una gigantesca corruptela, parece que terminará como el del Pacífico: en manos extranjeras sin ninguna rebaja tarifaria en beneficio de la población consumidora de los productos que por ingresan por las fronteras marítimas nacionales.
Aunque no nos aterroriza un déficit fiscal dependiendo con qué objetivos de política pública se comprenda, la torta que dejaron los hermanos Arias de un millón de millones de colones de déficit, más o menos un 5 % del producto interno bruto (PIB), será la excusa perfecta de los neoliberales de emprenderla contra el sector Público.
Ya empezaron: la tramitación escondida de la ley de privatización de los servicios municipales, la ley del salario único, una futura propuesta de “ley general de empresas públicas”, junto a fuertes restricciones salariales, bajos aumentos semestrales…
¿Habrá recortes presupuestarios y de programas afectando a miles de familias costarricenses, tanto las que dependen salarialmente hablando de la Administración Pública como las que dependen, en lo social, de muchos de esos programas potencialmente amenazados por el volumen de ese tortón?
Cínicamente, el hoy Expresidente Arias dijo que urgía una reforma tributaria, ya cuando se iba del gobierno, pero no se ve espacio político desde el poder para propiciarla.
En lo inmediato, falta plata para honrar el compromiso, ahora presidencial, de los 57 mil millones de colones para invertir en seguridad; falta plata para las redes de cuido, ahora que los CEN-CINAI fueron transformados en el “Instituto de Desarrollo Infantil” (tramitándose, al igual la ley de privatización de servicios municipales, su ley de manera escondida y silenciosa, para que nadie se diera cuenta); faltará plata para pagar salarios en el sector Público; faltará plata para más asistencia y obra social; faltará plata para etc., etc.
Por otra parte, el empresariado neoliberal anunció que insistirá en su ley de “flexibilidad” laboral”, para reducir derechos consagrados en el Código de Trabajo.
Doña Laura está ofreciendo diálogo y más diálogo. Lo oficializó cuando asumió el pasado 8 de mayo. Estamos de acuerdo. Este país ocupa institucionalizar, como política estratégica de Estado, el diálogo social.
Sin embargo, las transformaciones sociales sencillas y profundas para enfrentar tal cuadro de situación, en perjuicio de las grandes mayorías populares del país, requerirá que ese diálogo sea realmente efectivo; por tanto, con mucha movilización social, mucha organización ciudadana, mucha acción cívica pacífica. En fin, del ejercicio sistemático y persistente en los niveles institucional, local, regional y nacional, de la legítima acción patriótica conocida como la Democracia de la Calle.
Algunos “entendidos” en la ciencia política afirman que doña Laura dará una “sorpresa”, distanciándose de todo lo que representan los hermanos Arias, con su gerencia plutocrática de negocios concentradores de la riqueza. Otros “entendidos” plantean que lo del diálogo es una estrategia mediatizadora de la acción y reacción cívica popular. Otros que la continuidad es de carácter estratégico y solamente la “forma” es lo que ha de cambiar para llegar el punto máximo deseado del grupo neoliberal en el poder: acabar con lo poco que queda de institucionalidad pública; de leyes sociales, laborales y ambientales; para culminar en una “Asamblea Constituyente” como lo prometió el propio señor Oscar Arias.
Nosotros somos de esta última opinión aunque quisiéramos estar equivocados. Así las cosas, es mejor apostar a que aquella política pública más exitosa en pro del bien común, será aquella que muestre enorme base social, abiertamente manifiesta y en movilización constante. Es la única forma para “equilibrar” el abusivo rumbo que al país le fue impuesto por lo que venimos llamando la “hegemonía del capital”. A ésta hay que anteponerle, confrontarle, enseñarle, la “hegemonía de la gente”. No hay de otra. Es la mejor forma de ayudarle a doña Laura para que Costa Rica vuelva a ser nuestra “casa común”, como ella lo dijo en su mensaje inaugural.
