San José (elpais.cr) – El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, visita Costa Rica para despedir al jefe de estado, Óscar Arias, y darle la bienvenida a la presidenta electa, Laura Chinchilla, en momentos en que Estados Unidos ha bajado el nivel a la relación diplomática con el retiro prematuro de su embajadora.
Las autoridades norteamericanas están preocupadas por el rumbo autoritario del gobernante del vecino país del sur y la forma cómo destruye la capacidad de las instituciones judiciales para combatir el crimen organizado, dijeron diversas fuentes panameñas y estadounidenses.
La concentración de poderes emprendida por el gobierno panameño es vista por esas fuentes como un blindaje para la impunidad de Martinelli Berrocal, un multimillonario de derecha cuya fortuna es de origen dudoso, se construye a la medida y que abre las puertas a la corrupción, no solo la que se teje al amparo de los jugosos contratos que otorga el gobierno sin licitaciones, sino también aquella que provendría de dinero del narcotráfico.
El arresto en México de Ramón Ricardo Martinelli Corro, primo del presidente panameño, vinculado al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, en noviembre pasado, y encarcelado en febrero último en un penal de máxima seguridad en Jalisco, complica aún más el escenario.
De acuerdo a un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Martinelli Corro y otros tres panameños, incluyendo una mujer,- “integrantes de una célula dedicada al transporte de dólares de México” hacia Panamá que “pertenecen a la organización criminal de los Beltrán Leyva y son enviados para el pago de droga, lavado de dinero y adquirir bienes inmuebles”-. fueron detenidos in fraganti con $400,000 en efectivo.
Además de la consanguinidad, Martinelli Corro fue designado en 1999 por el hoy presidente de Panamá, como Tesorero de su partido y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Con la inmunidad otorgada por el Parlacen había logrado eludir varios casos con la justicia panameña.
“La relación de Martinelli Corro con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva se remonta a cuando el panameño tenía un curul en la sede del Parlacen”, reveló el diario panameño La Estrella en su edición del 30 de noviembre pasado.
“Pitazo” abortó operación
Fuentes investigadoras independientes panameñas dijeron a Elpaís.cr que la PGR de México, conducía una operación secreta contra una red de traficantes de dinero que lo transportaba hacia Panamá, donde lo lavaban para luego ingresarlo al sistema financiero de Estados Unidos, Europa y Asia. Pero no tenían conocimiento de que en la jurisdicción panameña había una operación gemela que involucraba al primo del presidente Martinelli Berrocal.
La contraparte de cada equipo nacional era la oficina local de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Ambas pesquisas se mantenían estrictamente compartimentadas, aseguraron las fuentes, por lo que era prioritario evitar la fuga de información para no poner en peligro la operación y que no se frustrara la identificación de las empresas y bancos panameños donde se lavaban los dineros ilícitos.
La DEA sospechaba que Martinelli Corro, como tesorero del ahora partido oficial, había trasladado fondos del narcotráfico a la campaña electoral de mayo del 2009 en Panamá en la que ganó su primo Martinelli Berrocal.
Además, las sospechas apuntaban a que parte del dinero ilícito, transportado desde México, era lavado a través de una cadena de 33 supermercados y una fundación creada por el actual presidente panameño.
“El pitazo a las autoridades judiciales mexicanas fue dado por el ex fiscal de Drogas, José Abel Almengor Echeverría”, afirmaron las fuentes, porque conocía la contraparte mexicana con quien había desarrollado en el pasado una relación de trabajo.
Añadieron que “abortar la operación tenía como propósito evitar que Martinelli Corro fuera detenido en Panamá y que identificara a sus cómplices locales en la red de lavado de dinero”.
“Al ser apresado en México se evitó el escándalo en Panamá. Pero también se frustró el resultado de una operación que habría tocado al mismo presidente y figuras del actual gobierno”, concluyeron las fuentes.
Al momento de dar “el pitazo”, Almengor Echeverría era Secretario de Seguridad Nacional nombrado por Martinelli Berrocal en julio pasado. En diciembre fue promovido por el propio mandatario como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pese al repudio generalizado por su designación.
Blindaje de Martinelli
Analistas panameños dijeron a El País que “el blindaje” de Martinelli Berrocal “también pasa por entregar la seguridad del Estado a los servicios de inteligencia de Israel, para evadir la vigilancia de Estados Unidos sobre la gestión mafiosa del gobierno” del vecino país del sur.
La presencia del Mossad israelí, y sus compañías contratistas asociadas, compromete la seguridad del canal de Panamá y su neutralidad, un compromiso avalado por las principales potencias del planeta, pero también sustrae a Panamá de la tradicional área de influencia de Estados Unidos en el continente.
Una serie de estaciones aeronavales concebidas en su momento para proteger la seguridad del transporte y el comercio marítimo panameño, particularmente con Estados Unidos, han sido convertidas por el actual mandatario panameño en bases de apoyo para operaciones militares en otras latitudes.
Sectores políticos y medios de prensa panameños han denunciado el claro objetivo de Martinelli Berrocal de involucrarse en el conflicto en Colombia y de servir de plataforma para una eventual agresión contra Venezuela.
Estados Unidos contrapeso en Panamá
Todo ese escenario despierta preocupaciones entre distintas instancias de poder en Estados Unidos.
“Altas figuras de la administración Obama, tanto en Washington como en sus visitas a Panamá, han considerado que, en este momento, Estados Unidos es el único contrapeso para el estilo dictatorial y mafioso del gobierno de Martinellli”, dijo a este medio una fuente estadounidense, consultada vía telefónica.
Pocas semanas atrás, al anunciar el final prematuro de su misión diplomática en Panamá, tras solo 21 meses en el puesto, la embajadora estadounidense, Barbara Stephenson, advirtió que “el crimen organizado está corrompiendo las instituciones judiciales” del país.
David Gilmour, quien fungirá como encargado de negocios, presumiblemente hasta cumplir el año que le faltaba en el puesto a la embajadora saliente, tiene el mandato del Departamento de Estado de “bajarle el perfil a la relación con el gobierno de Panamá”.
Antes de las declaraciones de Stephenson, el senador demócrata Christopher Dodd, uno de los líderes políticos más influyentes en Washington, tras reunirse con las autoridades panameñas, había advertido en febrero que “el crimen organizado y la falta de seguridad jurídica inquieta a Estados Unidos”.
El tema del combate al crimen organizado y la seguridad del canal es prioridad para Washington, reiteró el subsecretario de Defensa, Frank Mora, durante su reciente visita a Panamá. “El desborde del crimen organizado, podría afectar el canal de Panamá, y eso preocupa a Estados Unidos”, precisó.
Antes del viaje de este jueves y viernes a Panamá del subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, quien llevó en la agenda el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado, el embajador estadounidense retirado, John Maisto, había cuestionado al gobierno panameño.
Maisto dijo que cuando figuras económicamente poderosas dirigen un gobierno hay “corrupción”. Su fórmula para eliminar la corrupción es “instituciones que funcionen, jueces y policías no comprables, fiscales independientes y poderes separados”.
De acuerdo con el diplomático estadounidense la concentración de poder de Martinelli Berrocal conduce a la corrupción y provoca un retroceso a la agenda democrática de Panamá.
“En una democracia debe haber balance de los tres órganos. Monarquía y dictadura son otra cosa”, añadió el diplomático que jugó un papel clave en el derrocamiento del ex dictador Manuel Noriega en 1989.
Sobre la destitución por parte de Martinelli Berrocal de la Procuradora General de la Nación en Panamá, Ana Matilde Gómez Ruiloba, Maisto señaló que “las democracias deben tener sistemas de justicia confiables, y la actuación de los procuradores no puede estar politizada”.
Destitución ilegal de Procuradora
Gómez Ruiloba fue destituida abruptamente en diciembre pasado, cuando todavía le faltaban cinco años para culminar su mandato constitucional, en un ardid de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, controla por Martinelli Berrocal, por el supuesto delito de extralimitación de funciones en el caso de escuchas telefónicas contra un fiscal hallado in fraganti recibiendo coimas por vender un fallo judicial.
Fuentes judiciales panameñas consultadas por Elpaís.cr dijeron que la destitución tuvo por objeto interrumpir las investigaciones que Gómez Ruiloba avanzaba sobre el flujo de dineros ilícitos en la campaña del ahora presidente Martinelli Berrocal y el posible blanqueo de capitales a través de su cadena de supermercados y una fundación.
Las investigaciones descubrieron que quien movía esos fondos del narcotráfico era el primo del presidente, apresado en México.
En los últimos días, Gómez Ruiloba reveló que el presidente panameño la presionaba por medio de llamadas telefónicas buscando manipular el rumbo de investigaciones sensibles. Denunció que por “represalias” se le retiraron los agentes que resguardaban su seguridad y que ha recibido amenazas contra su vida, por lo que responsabilizó al mandatario panameño por cualquier atentado contra su integridad física o la de su familia.
En un acto ilegal e inconstitucional, como lo calificaron sectores políticos y medios de prensa panameños, Martinelli Berrocal nombró como Procurador General de la Nación al abogado Guiseppe Bonissi, miembro activo del partido oficial.
“La designación de Bonissi viola la Constitución y el ordenamiento jurídico panameño. Todos sus actos son ilegales, viciados de nulidad absoluta y, por lo tanto, carecen de legitimidad para desempeñar el cargo”, dijo un jurista panameño consultado por este medio.
La preocupación de las fuentes estadounidenses es que con la llegada de Bonissi, los casos de alto perfil, incluidos aquellos sensibles que a Estados Unidos le preocupan, no se investigarán y serán archivados.
Un ejemplo es el sobreseimiento que declaró recientemente la Procuraduría panameña sobre el caso del colombiano, David Murcia Guzmán, extraditado a Colombia en el 2008 donde fue condenado a 30 años de prisión por lavado de dinero producto del narcotráfico y extraditado a Estados Unidos en enero pasado para enfrentar cargos por lavado de $150 millones.
Murcia Guzmán había sido señalado, por medios de prensa panameños, de haber contribuido con $800,000 a la campaña de Martinelli Berrocal a través del ahora ministro de Turismo, Salomón Shamah, un colombiano nacionalizado panameño.
En toda esta trama, opositores panameños y diplomáticos estadounidenses ven con estupor la forma cómo han sido expulsados del sistema judicial panameño, jueces, fiscales, oficiales de inteligencia e investigadores de todos los rangos, formados tras años de cooperación interinstitucional por agencias como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA.
Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)
