La noticia titulada “Ejecutivo insiste en disminución de salarios y jornada laboral”, que publicó La Prensa Libre el día martes 13 de abril en la Sección Nacionales, página 6, presenta algunas imprecisiones, por lo que le ruego tomar en cuenta la siguiente información, que aclara el tema.
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El “Proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio y Modificación del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de Mayo de 1953 y sus Reformas”, presentado en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 17.628 no fue elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), ni enviado por el Poder Ejecutivo, como se consigna en la nota titulada “Ejecutivo insiste en disminución de salarios y jornada laboral”, publicada el martes 13 de abril en la página 6 de la Sección Nacionales.
La Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE) elaboró un documento denominado Proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio, el cual aún no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo, ya que MIDEPLAN lo está consultando ante diversas organizaciones laborales y también está prevista la consulta al Ministerio de Trabajo, proceso liderado por el Ministro Roberto Gallardo Núñez.
La similitud en el nombre y gran parte del articulado de ambas propuestas ha generado confusión en diversos sectores relacionados con la temática del empleo en el sector público.
El proyecto tal cual se le ha presentado a las organizaciones de trabajadores difiere en varios aspectos del expediente 17.628. Uno de ellos es lo referente a la reducción de la jornada laboral, incluido en el artículo 66, lo que no se contempla en la propuesta de la CEARE.
El texto redactado por la CEARE tampoco incluye una modificación integral al Estatuto del Servicio Civil, como sí lo incorpora el expediente 17.628 del diputado Jorge Luis Méndez Zamora.
El Proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio, propuesto por la CEARE y avalado por MIDEPLAN es una Ley marco que contempla principios generales que ordenan y desarrollan los conceptos y relaciones del empleo en la función pública, cuyo alcance no aplica a las instituciones regidas por leyes específicas.
