Lea también: – Temen que indemnización sea inconstitucional – En defensa de la libertad sindical
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Hacia la Gran Asamblea de SINTRAJAP. 1ra Convocatoria 26-02-10
Video de ANEPtv
Documentos del ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Álvaro González, enviados en un anónimo a UNIVERSIDAD evidencian que el despacho analizó paso a paso las distintas posibilidades de intervención del MTSS en SINTRAJAP, el sindicato de JAPDEVA, que se ha atravesado en los planes del Gobierno de dar en concesión los muelles de la entidad estatal a una empresa privada (ver recuadro “Temen que indemnización sea inconstitucional”).
Sindicatos nacionales e internacionales y otras organizaciones condenaron lo que catalogan como una grosera injerencia del Gobierno en el sindicato de trabajadores de los muelles de Limón. Algunos exigieron incluso la renuncia del ministro y la de Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), a los que acusan de prestarse a maniobras para destruir el sindicato (ver recuadro_ “En defensa de la libertad sindical”_).
Virgilio Levaggi, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, se comprometió a enviar a la sede central en Ginebra una denuncia que el pasado lunes le presentó el movimiento sindical contra el Estado de Costa Rica por violación de la libertad sindical y convenios internacionales en el caso de SINTRAJAP.
La queja fue presentada por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democrática, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Central Social Juanito Mora Porras y Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses contra CMTC, dirigida contra el presidente Óscar Arias, los ministros de Trabajo, la Presidencia (Rodrigo Arias), y del presidente Ejecutivo de JAPDEVA.
“Vamos a actuar con transparencia, sin favoritismos y la queja será enviada mañana de forma expedita a Cleopatra Doumbia-Henry, Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, en Ginebra”, dijo Levaggi al tiempo que manifestó confianza en que prime el derecho.
El Gobierno, a través de la administración de JAPDEVA facilitó un polémico nombramiento de una nueva directiva sindical afín a los planes oficiales de privatizar los dos puertos de Limón en el Caribe.
Tras una resolución del MTSS que avaló hace dos semanas el nombramiento de una nueva directiva sindical, se desarrolla una guerra de recursos legales y administrativos con los antiguos directivos en la disputa por la representación del sindicato.
Los mencionados documentos del ministro de Trabajo incluyen informes, recomendaciones y copias de reglamentos, con subrayados y anotaciones escritas a mano, incluso del propio ministro, sobre las medidas y procedimientos que el MTSS podría o no emprender en el caso de JAPDEVA.
Al mostrárselos el pasado martes 23, el ministro González reconoció los documentos como suyos, y preguntó cómo habían aparecido en manos del periodista.
Negó, sin embargo, que su despacho esté involucrado en una estrategia del Gobierno para descabezar el sindicato y allanar así el camino a la concesión de los muelles, pues lo que hace es aplicar lo establecido por la ley y los reglamentos.
El Gobierno ofrece a los trabajadores JAPDEVA una indemnización de $137 millones (¢80 mil millones), jubilación anticipada y planes de reinserción laboral y desarrollo de pequeña empresa, a cambio de que aprueben una modificación a la convención colectiva, que prohíbe la concesión de los muelles.
El pasado 19 de febrero, el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS inscribió una nueva junta nombrada el 15 de enero último en una asamblea de trabajadores que aceptaron la oferta oficial. La entidad consideró que la asamblea contó que la asistencia mínima requerida, el 25% de los afiliados de SINTRAJAP, por lo que la declaró válida.
Por el contrario, los antiguos directivos, que ya tenían convocada una asamblea para el pasado 26 de febrero, calificaron de espuria la otra convocatoria del llamado “grupo mediador”, a los que califican de “testaferros” al servicio de la administración, y afirman que solo asistieron poco más de 300 de los 1.500 afiliados, por lo que no podía haber quórum.
Por otro lado, en un proceso paralelo, la Inspección General de Trabajo del MTSS investigó en tiempo récord de un mes y acusó judicialmente a los antiguos directivos de SINTRAJAP (ver la edición de UNIVERSIDAD de la semana pasada). Sin embargo, el proceso terminó con una conciliación entre las partes en el juzgado de menor cuantía de Limón el pasado 19 de febrero, el mismo día en que el MTSS legalizó el nombramiento de la nueva directiva.
El pasado viernes, la antigua directiva realizó la asamblea general de medio período que tenía convocada y, según José Luis Castillo, secretario de Finanzas, la asistencia fue “doblemente exitosa”, si se toma en cuenta que era la primera convocatoria, usualmente una formalidad para fijar segunda convocatoria, y que los trabajadores no obtuvieron permiso y recibieron amenazas directas e indirectas de parte de la administración. Para asistir lo que hicieron fue utilizar su hora de almuerzo. Llegaron 382, aunque solo pudieron firmar 300 debido a que la lista se cerró a la 1 p.m por formalidades legales.
La administración de JAPDEVA trató de impedir el uso del Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, el cual, sin embargo, se mantuvo abierto para la reunión, luego de que cuatro sindicalistas se encadenaran la tarde anterior a los portones para evitar que JAPDEVA cerrara las instalaciones.
La segunda convocatoria se fijó para el jueves 4 de marzo en salón Black Star Line, ante la imposibilidad de utilizar las instituciones del Estado, dijo Liroy Pérez, secretario de prensa de SINTRAJAP.
“La reunión se convocó para las cuatro de la tarde, cuando sale la gente del trabajo administrativo y parte del trabajo operativo, aunque siempre habrá un grupo trabajando y tenemos que ver cómo hacemos para que puedan participar”, dijo Pérez.
El vocero contrastó la actitud del Gobierno que el 15 de enero facilitó una bodega a los 300 trabajadores que acordaron destituir a la directiva sindical, y aprobaron la oferta de indemnización para privatizar los puertos.
“Sabemos que es difícil reunir a los 1.100 trabajadores que se requieren para hacer quórum (las dos terceras partes de los 1.519 afiliados de SINTRAJAP), debido a las amenazas y represalias de parte de la administración de JAPDEVA. Sin embargo, esta primera convocatoria era importante en razón de ir sentando lo que siempre hemos dicho, que los trabajadores nos están apoyando, que no están de acuerdo con lo que pasó en esa bodega el 15 de enero”, dijo Pérez, según el cual, Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, “tiene que irse”.
Mientras tanto, el sindicato presentó el pasado fin de semana ante el MTSS un recurso de revocatoria y apelación de la decisión de inscribir la nueva directiva. También presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un contencioso administrativo contra la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, el cual fue aceptado, y se presentaría igualmente un proceso ordinario con demandas civiles y penales, explicó Pérez.
SITUACION DIFÍCIL
Según el ministro de Trabajo, lo de JAPDEVA es una de las situaciones “más difíciles” que le ha tocado enfrentar en su cargo. “Nosotros siempre hemos estado a la par de los sindicatos, dispuestos a ayudarles en todos los temas, y ahora, este tema me enganchó a mí; así que yo que era amigo, voy a terminar siendo enemigo” (de los sindicalitas), comentó.
González sugirió que los directivos de SINTRAJAP hubieran evitado el conflicto si hubieran puesto a votación de los trabajadores la propuesta del Gobierno.
¿Y el Gobierno no está metido en un plan como dicen los sindicalistas ofreciéndoles ventajas al llamado grupo mediador de trabajadores para que descabecen el sindicato y allanen el camino a la concesión?
“No, no. Yo estuve en una reunión en Casa Presidencial, donde estaba Eugenio Solano (Viceministro de Trabajo), Marco Vargas (Ministro de Coordinación Institucional), estaba el sindicato y muchos otros, y don Rodrigo Arias (Ministro de la Presidencia) les dijo: convoquen a una asamblea, dennos la oportunidad de ir a explicar el proyecto y ustedes deciden, si les conviene bien, y si deciden que no, archivamos el asunto”, explicó González.
Justificó la actuación de las autoridades diciendo que se trata de “instalaciones del Estado que nos han puesto a administrar, y si no podemos administrar, entonces mejor nos vamos para la casa.”
Por su parte, preguntado Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, si con el nombramiento de la nueva directiva en el sindicato se quitan la piedra del zapato para aprobar la concesión, respondió: Yo diría que más que quitarnos la piedra del zapato, lo que ha sucedido es que las cosas se están poniendo en la verdadera dimensión en que corresponde. La democracia y el respeto a la legalidad se han venido imponiendo. La verdad es que hay criterios encontrados pero se ha venido siguiendo un proceso.”
¿Qué sigue de ahora en adelante? “Yo esperaría que el grupo que en este momento ostenta la representación sindical y el grupo que ya no está puedan llegar a establecer un acuerdo.” Hay un asunto que más que ideológico tiene que ver con la decisión país, y aquí hay que entender claramente que si se ha recurrido a pedirles a los trabajadores su criterio y someter a votación si hay cambio de modelo de gestión de los puertos, obedece a una particular decisión del Poder Ejecutivo de consultar a los trabajadores” (las declaraciones completas se publicarán en la edición de la próxima semana).
Fuente: Semanario Universidad
Escrito por Jorge Luis Araya (jorge.araya@semanario.ucr.ac.cr)
